Ma.Ines Reynosa Salinas
Expediente 796/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma.Ines Reynosa Salinas
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de ocho de agosto de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Devuélvase al Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, las copias certificadas del juicio de tramitación especial por divorcio encausado número 47/2019, que remitió como justificación a su informe de ley. En otro orden de ideas, visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En virtud de lo anterior, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en proveído de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se desechó la demanda con la que se formó este expediente, auto que causó estado el día de la fecha; por tanto, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"RAZÓN. En ocho de agosto de dos mil diecinueve, el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con el oficio y anexo(s) registrado con el número de control interno 9918.- Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, a través del cual transcribe el proveído de dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo directo civil 479/2019, del que se desprende que la Presidencia de ese Tribunal Colegiado declaró su incompetencia legal para conocer del controvertido constitucional, y acompaña los diversos oficios 1380/2019 y 1379/2019 signados por el Juez Familiar del Tercero Distrito Judicial, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, la demanda de amparo promovida por Ma. Inés Reynosa Salinas, por derecho propio, así como copia certificada del juicio de tramitación especial por divorcio encausado número 47/2019, del índice de la autoridad responsable. Anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 796/2019-IV, fórmese el expediente respectivo, y avóquese al conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, con el anexo remitido fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contiene- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. En otro orden, el suscrito procede al estudio de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda y anexo(s), a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, el análisis integral de tal escrito (y conforme lo resolvió el Tribunal Colegiado oficiante) se pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en el acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Familiar del Tercero Distrito Judicial, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, en el expediente 47/2019, por medio del cual se admitió la demanda de divorcio incausado en la vía de tramitación especial, instado por Leonardo Segura Cruz, contra la aquí quejosa Ma. Inés Reynosa Salinas, ordenando emplazar a esta última para que dentro del término de cinco días, conteste lo que a sus intereses corresponda, asimismo manifieste su conformidad con el convenio o de lo contrario presente su contrapropuesta del mismo, apercibida que de no hacerlo se le declarará por presumiblemente ciertos los hechos de la demanda que se le atribuyen y se seguirá el juicio en rebeldía. Ante ello, el suscrito considera que respecto de dicho acto, de modo manifiesto e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten directamente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, de conformidad con el artículo 86 Bis del Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí , el trámite del juicio génesis del acto reclamado, se inicia con la demanda del cónyuge a la cual deberá acompañar una copia certificada del acta de matrimonio y de las de nacimiento de sus hijas o hijos, copia simple de la solicitud y propuesta de convenio, tendiente a regular las consecuencias jurídicas de la disolución del vínculo matrimonial. Con el convenio de referencia, se dará vista al otro cónyuge, para que al contestar la demanda, manifieste su conformidad con el mismo o, en su caso, presente contrapropuesta de convenio. Para el caso de que las partes no se pongan de acuerdo en los temas relativos a la guarda y custodia de las o los hijos; el régimen de convivencia con la madre o padre no custodio; los alimentos, entre otros, la autoridad judicial se pronunciará respecto de la solicitud de divorcio; y en la vía incidental que corresponda, se deberá continuar hasta la total resolución de los demás temas que se hayan ventilado. Sobre tales bases se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del gobernado, tales como la vida, la libertad o sus posesiones y propiedades, sino que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales puesto que el perjuicio irrogado puede ser reparado por un acto jurídico posterior. En efecto, el acuerdo que admitió a trámite el juicio de divorcio incausado 47/2019, del índice del Juzgado Familiar del Tercero Distrito Judicial, con sede en Rioverde, San Luis Potosí, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada, no tiene otros efectos que los de continuar con el procedimiento jurisdiccional en que los litigantes sean oídos y sea tramitado por todas sus etapas hasta la emisión de la resolución definitiva. Es aplicable, por identidad de razón, la tesis 1a. XLII/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, página 807, del tenor siguiente: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. LOS ARTÍCULOS 266, 267 Y 287 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO. Los numerales indicados no violan las referidas garantías contenidas en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si bien es cierto que de la reforma tanto al Código Civil como al Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la entidad el 3 de octubre de 2008, el legislador local introdujo la figura del divorcio sin expresión de causa, que se distingue por un régimen de fácil paso a la disolución del vínculo, pues para acceder a él es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio, para que el juez decrete el divorcio sin necesidad de que el actor exprese la causa que generó esa petición, también lo es que el legislador contempló, previo al acto privativo de derechos, los instrumentos necesarios para no dejar en estado de indefensión a la demandada en un juicio de esta naturaleza. Además, porque en función de las pretensiones que la actora formule en su demanda, que son básicamente la petición de divorcio y la resolución de las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, el demandado, en principio, tiene expedito su derecho para oponerse a éstas, ya sea al contestar la demanda o el convenio respectivo; asimismo, puede incorporar a la litis sus propias pretensiones, ofrecer pruebas, ya sea para desvirtuar las pretensiones de la actora o para justificar aquellas que quiera incorporar a la litis y tiene derecho de alegar y de que el proceso termine, según la postura de las partes, con una sentencia o un auto definitivo". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 137/2009, de la Sala referida, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Abril de 2010, página 175, que ordena: "DIVORCIO POR DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD. ANTE LA FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES RESPECTO DEL CONVENIO PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES QUE PERSISTEN DESPUÉS DE DISUELTO EL MATRIMONIO, EL JUEZ DE LO FAMILIAR DEBE DECRETAR AQUÉL Y RESERVAR PARA LA VÍA INCIDENTAL LA RESOLUCIÓN DE TODAS LAS DEMÁS CUESTIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2008). Conforme a los artículos 88, 255, fracción X, 260, fracción VIII, 272-A y 272-B del Código de Procedimientos Civiles y 287 del Código Civil, ambos para el Distrito Federal, cualquiera de los cónyuges puede unilateralmente reclamar del otro la disolución del vínculo matrimonial, sin necesidad de invocar alguna causa y sin importar la posible oposición del cónyuge demandado. Asimismo, en la demanda relativa y en el escrito de contestación, el actor y el demandado deben ofrecer las pruebas para acreditar la propuesta o contrapropuesta del convenio que regule las consecuencias derivadas de la disolución del matrimonio, como pueden ser, en su caso, las relacionadas con los hijos menores e incapaces, los alimentos para los hijos y/o para el cónyuge, el uso del domicilio conyugal y menaje, la administración de los bienes de la sociedad conyugal hasta su liquidación y el señalamiento de la compensación prevista en la fracción VI del artículo 267 del citado código sustantivo para el caso de que el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes. Ahora bien, la conformidad de los cónyuges respecto del indicado convenio no es suficiente para su aprobación, sino que debe satisfacer los requisitos legales y, para verificarlo, el juez de lo familiar ha de apoyarse en las pruebas que las partes ofrezcan en los escritos de demanda y contestación y que habrán de desahogarse en la vía incidental; de manera que si el cónyuge demandado está de acuerdo con la propuesta de convenio presentada por su contrario y reúne los requisitos legales, el juez lo aprobará y decretará el divorcio, sin necesidad de dictar sentencia, pues en realidad no decide alguna cuestión litigiosa. Así, de la interpretación sistemática de los referidos preceptos se concluye que ante la falta de dicho acuerdo, el juez de lo familiar únicamente debe decretar el divorcio y reservar para la vía incidental la resolución de las demás cuestiones, entre ellas la de la mencionada compensación, en tanto que el exacto cumplimiento de los requisitos del convenio aludido debe sustentarse en las pruebas ofrecidas por las partes. Lo contrario implicaría permitir que el juez resuelva sobre un aspecto que debe ser materia de convenio sin contar con pruebas admitidas y desahogadas conforme a las formalidades legales correspondientes, lo cual violaría el derecho de contradicción de los cónyuges y rompería con las condiciones de impartición de justicia imparcial". Así, en la presunción de existir alguna transgresión con motivo del auto reclamado a través de la cual, la responsable pudiera estar irrogando algún perjuicio a la ahora quejosa, dicha violación no encuadra dentro de los casos en los que deba reclamarse en la vía de amparo indirecto, que son aquellos actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución material de imposible reparación; en virtud de que, como ya se dijo, es un simple acto procesal, que únicamente da lugar a continuar con las siguientes etapas del procedimiento y se pronuncie el fallo que habrá de decidir ese juicio en lo principal, y dentro de la cual, la autoridad podrá analizar los temas propuestos en la demanda, que integra la litis junto con la contestación de ésta realizada por la aquí quejosa, al ser parte demandada, y desde luego, ello a la luz de todo lo actuado en el procedimiento. Por lo que en caso de que el fallo definitivo resulte favorable a los intereses de la parte quejosa, entonces la violación procesal aducida no se manifestaría en manera alguna en la esfera de sus derechos sustantivos y, por tanto, puede quedar superada al resolverse el juicio en definitiva En caso contrario, si dicha violación trascendiere al resultado del fallo y este no fuere conveniente a sus intereses, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente que en su caso se interponga contra aquel fallo, e incluso a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en el que podrán hacerse valer como violaciones procesales aquellas que hayan trascendido al resultado del fallo, dejando sin defensa a la quejosa. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo: 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 220, del tomo IX, febrero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octava época, cuyo tenor es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA EL AUTO ADMISORIO DE UNA DEMANDA. El auto que admite la demanda no está comprendido en lo dispuesto por la fracción III del artículo 107 constitucional; por tanto, al no ser un acto del procedimiento que deje sin defensa al quejoso ni teniendo el carácter de irreparable, el juicio de garantías que contra el referido auto se promueva, es improcedente." Además, debe decirse que la irreparabilidad de los actos procesales no depende de la dedicación del tiempo y molestias, dentro de los cuales se encuentran los gastos que deben realizarse por la tramitación o defensa en un juicio, ya que de ser así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, pues entonces se le causarían daños de imposible reparación porque fuera llamada a deducir sus derechos. Antes bien, el haber instado al órgano jurisdiccional a través del ejercicio de una acción y la tramitación respectiva, obliga a las partes a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales, por lo que no puede considerarse la sola sujeción al procedimiento judicial como un acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo y molestias (gastos) que se ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues dicho procedimiento es el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia actualmente identificada con el número 498, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la página 437, del tomo VI, materia común, del Apéndice del 2000 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 113 del ordenamiento invocado, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de amparo, a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente a la promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.- *Miguel.- EN _____________________________ NOTIFIQUÉ LA ANTERIOR RESOLUCIÓN A LAS PARTES Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, POR MEDIO DE LISTA AUTORIZADA QUE SE FIJÓ EN LOS ESTRADOS A PRIMERA HORA DE DESPACHO. ART. 26 FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. ACTUARIO JUDICIAL SISE LIBROS "
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