Ma. Herlinda Segura Segura

Expediente 313/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
313/2019
Año
2019
Actuaciones
19
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Ma. Herlinda Segura Segura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de veintisiete de agosto del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, asimismo, que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que en sentencia de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa en el presente juicio, misma que causó ejecutoria el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, este expediente es susceptible de depuración; lo anterior deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años, conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 196, de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito: 1. Dejara insubsistente el emplazamiento de seis de mayo de dos mil dieciséis y repusiera el procedimiento únicamente en cuanto a la quejosa Herlinda Segura Segura o Ma. Herlinda Segura Segura a partir de dicha diligencia; 2. Dejara insubsistentes todas las actuaciones relacionadas con la quejosa (como son la audiencia de tres de junio de dos mil dieciséis, aquéllos en los que se le tenga perdiendo diversos derechos durante el juicio, incluyendo la sentencia de dos de enero de dos mil diecisiete); 3. Dejara intocadas o subsistentes todas las demás actuaciones relacionadas con los diversos demandados Martín, Salomé, Victoria, María de Jesús y Mauricio, todos de apellidos Cano Lara, así como Dominga Cano Rincón y Eusebio Cano Lara, hasta antes de emitirse la sentencia que correspondiera. Sin que ello implicara que -en su caso- al momento de dictar nueva sentencia, debieran reiterarse las consideraciones y lo determinado respecto a Martín, Salomé, Victoria, María de Jesús y Mauricio, todos de apellidos Cano Lara, así como Dominga Cano Rincón y Eusebio Cano Lara, dado que merced al litisconsorcio pasivo necesario, las excepciones que opone un demandado (en el caso, la aquí quejosa) bien pueden destruir la acción en lo general beneficiando a su litisconsorte. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados de la Actuaría Notificadora adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito. En ese orden, en proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la misma. En cumplimiento a lo anterior, el Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el doce de agosto de dos mil diecinueve, remitió copia certificada del acuerdo dictado el siete de agosto del mismo año, dentro del expediente 115/2016, del cual se advierte que: -Se dejó sin efectos jurídicos, únicamente por lo que respecta a la parte quejosa, la resolución emitida el dos de enero de dos mil diecisiete, así como el emplazamiento realizado a la misma el seis de mayo de dos mil dieciséis, así como todas sus consecuencias jurídicas (como lo es la audiencia celebrada el tres de junio de dos mil dieciséis y todos aquellos derechos que se le tuvieran por perdidos durante el juicio). -Se dejaron intocadas y subsistentes todas las actuaciones relacionadas con los diversos demandados Martín, Salomé, Victoria, María de Jesús, Mauricio y Eusebio, todos de apellidos Cano Lara, así como Dominga Cano Rincón, hasta antes de emitirse nueva sentencia. -Se repuso el procedimiento a partir de la diligencia de seis de mayo de dos mil dieciséis, por lo que se refiere a la parte quejosa. -Se instruyó al actuario de la adscripción a efecto de que notificara personalmente a la quejosa la determinación mencionada, purgando los vicios y omisiones precisados en la ejecutoria pronunciada en el presente asunto. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a la disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente."

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 196, de la Ley de la Materia y tomando en consideración los elementos de prueba que obran en este expediente, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se expresan. En primer término, es menester precisar que el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito: 1. Dejara insubsistente el emplazamiento de seis de mayo de dos mil dieciséis y repusiera el procedimiento únicamente en cuanto a la quejosa Herlinda Segura Segura o Ma. Herlinda Segura Segura a partir de dicha diligencia; 2. Dejara insubsistentes todas las actuaciones relacionadas con la quejosa (como son la audiencia de tres de junio de dos mil dieciséis, aquéllos en los que se le tenga perdiendo diversos derechos durante el juicio, incluyendo la sentencia de dos de enero de dos mil diecisiete); 3. Dejara intocadas o subsistentes todas las demás actuaciones relacionadas con los diversos demandados Martín, Salomé, Victoria, María de Jesús y Mauricio, todos de apellidos Cano Lara, así como Dominga Cano Rincón y Eusebio Cano Lara, hasta antes de emitirse la sentencia que correspondiera. Sin que ello implicara que -en su caso- al momento de dictar nueva sentencia, debieran reiterarse las consideraciones y lo determinado respecto a Martín, Salomé, Victoria, María de Jesús y Mauricio, todos de apellidos Cano Lara, así como Dominga Cano Rincón y Eusebio Cano Lara, dado que merced al litisconsorcio pasivo necesario, las excepciones que opone un demandado (en el caso, la aquí quejosa) bien pueden destruir la acción en lo general beneficiando a su litisconsorte. Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución reclamados de la Actuaría Notificadora adscrita al Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito. En ese orden, en proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la citada resolución y se requirió a las autoridades responsables para que informaran sobre el cumplimiento dado a la misma. En cumplimiento a lo anterior, el Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante oficio recibido en este juzgado el doce de agosto de dos mil diecinueve, remitió copia certificada del acuerdo dictado el siete de agosto del mismo año, dentro del expediente 115/2016, del cual se advierte que: -Se dejó sin efectos jurídicos, únicamente por lo que respecta a la parte quejosa, la resolución emitida el dos de enero de dos mil diecisiete, así como el emplazamiento realizado a la misma el seis de mayo de dos mil dieciséis, así como todas sus consecuencias jurídicas (como lo es la audiencia celebrada el tres de junio de dos mil dieciséis y todos aquellos derechos que se le tuvieran por perdidos durante el juicio). -Se dejaron intocadas y subsistentes todas las actuaciones relacionadas con los diversos demandados Martín, Salomé, Victoria, María de Jesús, Mauricio y Eusebio, todos de apellidos Cano Lara, así como Dominga Cano Rincón, hasta antes de emitirse nueva sentencia. -Se repuso el procedimiento a partir de la diligencia de seis de mayo de dos mil dieciséis, por lo que se refiere a la parte quejosa. -Se instruyó al actuario de la adscripción a efecto de que notificara personalmente a la quejosa la determinación mencionada, purgando los vicios y omisiones precisados en la ejecutoria pronunciada en el presente asunto. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento total del fallo protector, pues es evidente que se restituyó a la disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararla cumplida. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copias de los mismos; en la inteligencia que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo Notifíquese; y personalmente a las partes.

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