Ma. Hortensia Juárez Martínez
Expediente 1140/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1140/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Benito Juárez García
- Ma. Hortensia Juárez Martínez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, de conformidad en el artículo 20,1 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Resguardo y destrucción. El presente expediente deberá resguardarse en el archivo de este Juzgado de Distrito por el término de tres años, contado a partir de haberse dictado el presente acuerdo. Cumplido dicho plazo deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, segundo párrafo del referido Acuerdo General. Devolución de documentos. De acuerdo con la interpretación más favorable al citado Acuerdo General,2 que dispone que en caso de que alguna persona solicite al órgano jurisdiccional la devolución de documentos y acredite tener derecho a recibirlos, previo acuerdo que recaiga a la petición, se le entregarán por el órgano jurisdiccional. Siendo que en el particular, la parte quejosa exhibió documentos; se le requiere para que acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa razón que de su recibo se agregue a los autos. En el entendido que la parte requerida podrá acudir a este órgano jurisdiccional a recoger dichos documentos hasta antes de que se realice la trasferencia del presente asunto al archivo de concentración dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de documento Se tiene por recibido y se agrega al expediente el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México Determinación En atención a la solicitud del órgano oficiante, se informa que este juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo 540/2022 del Índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. Asimismo, que con fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós, causó estado la determinación por la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que este expediente se encuentra concluido; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo donde fue tomado. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente la certificación que antecede, se desprende que se encuentran debidamente integradas las constancias de notificación relativas al proveído por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión. Remisión de recurso de revisión. En ese sentido, como está ordenado en autos, ya que se encuentra debidamente integrado el presente expediente, remítase de inmediato, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, los autos originales del presente juicio; el original del escrito por el que se expresan agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Publico de la Federación de su adscripción; a fin de que tenga a bien proveer lo conducente respecto del recurso de revisión de que se trata. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Recepción, formación y registro de expediente. Téngase por recibida la demanda promovida por Ma. Hortensia Juárez Martínez, por sí y en representación de Benito Juárez García, contra actos del Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Rioverde, San Luis Potosí y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1140/2023-II. Se desecha de plano la demanda. Del estudio de la demanda de amparo, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia en el juicio, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo, se desecha de plano. Analizada en su integridad la demanda de amparo, se advierte que Ma. Hortensia Juárez Martínez, por sí y en representación de Benito Juárez García, reclama del 1) 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Juez Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en Rioverde, San Luis Potosí; y, 2) Actuario del Juzgado Familiar del Tercer Distrito Judicial con residencia en Rioverde, San Luis Potosí, lo siguiente: ? La sentencia declarativa de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente 1032/2022, mediante la cual se resuelven las diligencias de jurisdicción voluntaria, en la parte donde se declaró a María de la Luz Hernández Hernández como tutora de Benito Juárez García y a Benito Alberto Juárez Hernández, como curador de la persona adulta mayor mencionada. De lo que se sigue que el juicio de amparo es improcedente, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, y 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.]." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo será improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo. Luego, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y se esté ante una eventual concesión del amparo, los efectos serán para restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, estableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Siguiendo en este mismo contexto, cuando la parte quejosa promueve juicio de amparo indirecto en contra de los actos consistentes en la sentencia declarativa dictada; por manifestar que es parte legítima oponiéndose a lo ahí resuelto. Existe imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de una eventual concesión del amparo, que llegase a dictarse en el juicio constitucional. Ello en virtud de que, si la sentencia declarativa finaliza las diligencias de jurisdicción voluntaria, al concederse el amparo, no podría ordenarse a la responsable que la dé nuevamente por concluida para que después el opositor haga valer sus derechos en la vía contenciosa que legalmente corresponda; máxime que esa posibilidad de hecho la tiene desde antes de la promoción del juicio de amparo. Lo anterior, con fundamento en el artículo 801 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí,2 que establece que cuando en un procedimiento de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte 2 "ART. 801.- Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Si la oposición se hiciera por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho al opositor." legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Sirve de apoyo, por analogía, la tesis en materia común, civil (IV Región) 2o.2 C (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz de Ignacio de la llave, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, undécima época, libro 26, junio de 2023, tomo VII, página 6770, con registro 2026707, con rubro y texto: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. CUANDO SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS POR SENTENCIA DECLARATIVA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR QUIEN SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA A ESE PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO). Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo indirecto en el cual, ostentándose con el carácter de tercera extraña, reclamó su falta de emplazamiento y todo lo actuado en un expediente relativo a diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial ad perpetuam (prescripción positiva), incluyendo la sentencia dictada y su ejecución, consistente en la orden de desalojo y entrega de un inmueble del cual la promovente de amparo manifestó ser legítima poseedora. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre prescripción adquisitiva han concluido, existe imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de la sentencia concesoria que, en su caso, se dicte en el juicio de amparo promovido por quien se ostenta tercera extraña a ese procedimiento y reclama todo lo actuado, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso precepto 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque si bien conforme al artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Hidalgo, cuando en un procedimiento de jurisdicción voluntaria se presenta oposición de parte legítima pueden ocurrir dos hipótesis consistentes en que: 1) Si la oposición no se funda en la negativa del derecho, se seguirá el procedimiento sumario; y, 2) Si la oposición se funda en la negativa del derecho, se sustanciará con los trámites establecidos para el juicio que corresponda; ello debe entenderse bajo el contexto de que ese procedimiento no ha terminado ni se ha emitido la sentencia declarativa correspondiente ya que, de lo contrario, carecerá de utilidad práctica una eventual concesión del amparo, pues es evidente que al estar finalizada la jurisdicción voluntaria no podría ordenarse a la responsable que la dé por concluida para que el opositor haga valer sus derechos en la vía que legalmente corresponda; máxime que esa posibilidad de hecho la tiene desde antes de la promoción del juicio de amparo." En el caso de estudio, la quejosa reclama la sentencia declarativa de veintitrés de junio de dos mil veintitrés (acto que puso fin a las diligencias), dictada dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 1032/2022, del índice de la responsable, en la parte donde se declaró a María de la Luz Hernández Hernández como tutora de Benito Juárez García y a Benito Alberto Juárez Hernández, como curador de la persona adulta mayor mencionada. Lo anterior, en atención a que argumenta que es hija mayor de Benito Juárez García y que en conjunto con Sofía Ugarte Salazar, quien es la concubina de su padre; son quienes lo han atendido en sus necesidades dándole una mejor calidad de vida, por lo que menciona que le asiste el derecho de comparecer a la jurisdicción voluntaria y que a la pareja de su padre le corresponde la tutela legítima. Por lo expuesto, el juicio de amparo resulta improcedente, en virtud de que al haberse dictado la sentencia declarativa el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, la jurisdicción voluntaria se finalizó, por lo que existe imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios en el fallo constitucional, pues no podría ordenarse a la responsable que la dé nuevamente por concluida para que la opositora aquí quejosa haga valer sus derechos en la vía que legalmente corresponda. Da lugar agregar, que lo que caracteriza a las diligencias de jurisdicción voluntaria, es la inexistencia de contienda entre partes; por ello, la oposición de parte legítima sólo es admisible durante su trámite y tiene como consecuencia legal su conclusión anticipada, a fin de que sea en una instancia diversa (litigiosa) donde se diriman los derechos de las partes. Esto es, el artículo 801, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, es muy puntual en establecer que la oposición presentada después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, se desechará de plano, reservando el derecho al opositor. Cabe precisar que lo anterior, no transgrede derecho alguno, pues las resoluciones dictadas en la jurisdicción voluntaria no constituyen cosa juzgada, dada la inexistencia de contienda litigiosa y, por ende, lo resuelto en ellas es anulable en juicio contencioso en el que se diluciden los derechos de las partes. En otros términos, cuando en una jurisdicción voluntaria existiere oposición de parte legítima, ese procedimiento debe concluir, para que éste tome las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora. Por ello, si el artículo 801, en su primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, establece que, si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. Como es de verse, dicha disposición se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria; de ahí que éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe concluir y, el negocio, deberá transformarse en contencioso con motivo de la cuestión jurídica surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla. Determinación que se sustenta en la jurisprudencia en materias común-administrativa PC.III.A. J/17 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 32, julio de 2016, tomo II, página 1311, registro 2012119, de rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER EL AMPARO EN QUE SE IMPUGNA LO ACTUADO EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA. Lo que caracteriza a las diligencias de jurisdicción voluntaria, es la inexistencia de contienda entre partes, como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 205/2006, publicada en la página 675 del Tomo XXV, enero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR."; por ello, la oposición de parte legítima sólo es admisible durante su trámite y tiene como consecuencia legal su conclusión anticipada, a fin de que sea en una instancia diversa (litigiosa) donde se diriman los derechos de las partes. Esto es, el artículo 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Agraria, es tajante en señalar que si la oposición se hiciere después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, se desechará tal oposición, reservándose los derechos al opositor. Esa forma de actuar no transgrede derecho alguno, pues las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria no constituyen cosa juzgada, dada la inexistencia de contienda litigiosa y, por ende, lo resuelto en ellas es anulable en juicio contencioso en el que se diluciden los derechos de las partes. Luego, si en el juicio de amparo se impugna lo actuado en un procedimiento concluido de jurisdicción voluntaria en materia agraria, por violación a los derechos de audiencia y defensa, no debe concederse la protección federal para que se deje insubsistente la resolución emitida, a efecto de dar al agraviado intervención en el expediente agrario de que se trate y manifieste su oposición, ya que esa forma de actuar contraviene el principio de expeditez en la administración de justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al retardar el inicio del juicio contencioso respectivo, en tanto que ya concluidas las diligencias, quienes no intervinieron tienen por ley a salvo todos sus derechos, sin necesidad de declaratoria alguna en ese sentido, ya que lo resuelto, a más de que no constituye cosa juzgada, no puede causar perjuicio jurídico a los que no intervinieron en su desarrollo, por lo que quedan en aptitud legal de promover el juicio contencioso procedente, todo lo cual, debe ser así definido en el amparo." También es de invocarse la jurisprudencia en materia administrativa 2a./J. 205/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, enero de 2007, página 675, registro 173554, de rubro y texto: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. ANTE LA OPOSICIÓN DE PARTE LEGÍTIMA, EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONCLUIR. De conformidad con lo establecido en los artículos 530 y 533 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria, según lo dispone su artículo 167, si en el procedimiento de jurisdicción voluntaria en materia agraria, se opone parte legítima, ese procedimiento debe concluir, ya que lo que caracteriza las diligencias promovidas en esa vía es la inexistencia de contienda entre partes; esto es así, porque al oponerse parte legítima, el procedimiento toma las características de un negocio contencioso con motivo de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora, por ello, el artículo 533 antes citado, que se interpreta, dispone que ante la oposición de parte legítima a la solicitud promovida en la vía de jurisdicción voluntaria, "se seguirá el negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio"; como se advierte, dicha disposición se refiere a la continuación del negocio conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a la continuación del procedimiento abierto con motivo de la jurisdicción voluntaria; de ahí que éste, al dejar de tener la característica propia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, debe concluir y, el negocio, al transformarse en contencioso con motivo de la cuestión jurídica surgida entre la parte promovente de la vía de jurisdicción voluntaria y la parte legítima que se opone a la pretensión de aquélla, debe seguirse conforme a las reglas establecidas para el juicio, esto es, en un procedimiento diferente a la jurisdicción voluntaria que concluye con motivo de la oposición. Lo anterior se refuerza si se considera que, por un lado, el legislador se refirió en el primer párrafo del artículo 533 del Código aludido, a que el negocio se seguirá conforme a los trámites establecidos para el juicio, mas no a que el procedimiento de jurisdicción voluntaria continuará transformado en contencioso, conforme a dichas reglas y, por otro, que el legislador no estableció la obligación a cargo de la autoridad jurisdiccional de actuar oficiosamente para transformar el propio procedimiento de jurisdicción voluntaria en un procedimiento contencioso." Por todo lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es que se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Andrés Nájera López y José Francisco Chávez Lugo, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a la persona que señala, por así solicitarlo. Correo electrónico. Se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. Medios electrónicos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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