Ma. Guadalupe Torres Aguilar
Expediente 1313/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1313/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Torres Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION QUE DICE: an Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por la quejosa Ma. Guadalupe Torres Aguilar, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada por auto de veinte de diciembre del año en curso; en atención a su contenido, se provee: Examinada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, en esencia, el acuerdo de ocho de diciembre del año en curso, dictado por el Juez de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, dentro de los autos del juicio ordinario civil por petición de herencia 09/2020, en el que se acordó que resultó improcedente la substanciación del recurso de queja promovido por la parte quejosa, contra la determinación de veinte de octubre del año en curso, que negó admitirle el diverso recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo dictado por la propia responsable en el juicio de origen, que resolvió no admitir por extemporánea, la prueba confesional ofertada en dicho sumario. Al respecto, el que aquí resuelve estima que en el presente caso se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que motiva a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo instada por Ma. Guadalupe Torres Aguilar, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito de cuenta signado por la quejosa Ma. Guadalupe Torres Aguilar, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada por auto de veinte de diciembre del año en curso; en atención a su contenido, se provee: Examinada la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, en esencia, el acuerdo de ocho de diciembre del año en curso, dictado por el Juez de lo Familiar del Segundo Distrito Judicial con residencia en Matehuala, San Luis Potosí, dentro de los autos del juicio ordinario civil por petición de herencia 09/2020, en el que se acordó que resultó improcedente la substanciación del recurso de queja promovido por la parte quejosa, contra la determinación de veinte de octubre del año en curso, que negó admitirle el diverso recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo dictado por la propia responsable en el juicio de origen, que resolvió no admitir por extemporánea, la prueba confesional ofertada en dicho sumario. Al respecto, el que aquí resuelve estima que en el presente caso se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que motiva a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo instada por Ma. Guadalupe Torres Aguilar, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la misma y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. En ese orden, resulta evidente que al surtirse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que procede, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta; en atención a su contenido, hágase de su conocimiento que en virtud del nuevo esquema de trabajo y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado por la Covid-19, este juzgado no cuenta con un centro de fotocopiado con el fin de obtener las reproducciones a que se refieren. Sin embargo, se precisa a los comparecientes que las copias que refiere pueden obtenerlas a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, (una vez que soliciten a este tribunal la autorización correspondiente, precisando los usuarios para tal efecto), e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de laJudicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Es así, ya que, no obstante la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es claro que aún continúa vigente la necesidad de tomar las medidas conducentes para mitigar la probabilidad de contagio del virus en comento, por lo cual, las partes, en la medida de lo posible, deberán procurar tramitar y dar seguimiento a sus asuntos con la utilización de herramientas tecnológicas; de ahí que, al no exponer algún impedimento para hacer uso de ellas, no es factible acordar de conformidad su petición. Notifíquese.
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