Ma. Hilda Andrés Martínez
Expediente 252/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Hilda Andrés Martínez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, a través del cual acusa recibo del comunicado 9034 de nueve de mayo del año en curso y anexo, e informa que acepta la competencia planteada por este juzgado y se asume el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto lo actuado dentro del presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que en auto de nueve de mayo actual este órgano jurisdiccional, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Colima, en turno, con residencia en Colima, y como se advierte del comunicado de cuenta el Juzgado Segundo asumió el conocimiento del líbelo constitucional de que se trata; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo aplicable, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente asunto no existen documentos originales por entregar. En la inteligencia de que este asunto es destruible de conformidad con el punto vigésimo del acuerdo general 1/2009 anteriormente mencionado. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En razón de que la parte quejosa MA. HILDA ANDRÉS MARTÍNES o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el diez de mayo del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, proveído que en lo conducente dice: DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Hilda Andrés Martínez, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Segunda, de la Subprocuraduría General de Procedimientos Penales de la Fiscalía General de Colima, Colima, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 252/2019. INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares. Lo anterior es así, dado que la competencia constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente señala como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo las siguientes: C. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Segunda, de la Subprocuraduría General de Procedimientos Penales de la Fiscalía General de Colima (PGJ Ahora Fiscalía General) La autoridad señalada como ejecutora tiene su domicilio oficial el ubicado y bien conocido en el libramiento Ejército Mexicano, colonia los Trabajadores, número 200, Colima, Colima, CP. 28067." "IV.- ACTO RECLAMADO: El acto reclamado de la autoridad que señalo como ejecutora y que lo son: C. Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Segunda, de la Subprocuraduría General de Procedimientos Penales de la Fiscalía General de Colima (PGJ Ahora Fiscalía General). Reclamo el decomiso sin causa justificada del vehículo automotor de mi propiedad, la negatividad de proporcionarme información y la devolución del mismo." De lo que se desprende que el acto reclamado en el presente asunto, lo hace consistir en el decomiso sin causa justificada de un vehículo automotor de la propiedad de la quejosa, así como la negativa de proporcionarle información y la devolución del mismo. Precisado lo anterior, resulta pertinente destacar que este Juzgado advierte que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por razón de territorio, pues el acto reclamado por la quejosa tiene ejecución material en Colima, Colima y es atribuido a una autoridad cuya residencia se ubica en Colima, Colima, lugar en donde no ejerce jurisdicción por territorio este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos antes citados establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. Es decir, la quejosa reclama el decomiso sin causa justificada de un vehículo automotor de la propiedad de la quejosa, así como la negativa de proporcionarle información y la devolución del mismo. Por tanto, se tiene que la ejecución del acto reclamado, tiene efecto material en el Distrito de Colima, Colima, lugar que no se encuentra dentro del territorio sobre el cual este Juzgado ejerce jurisdicción, de ahí que resulta la incompetencia legal por razón de territorio de este órgano judicial para conocer la demanda. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, en turno, en virtud de que la emisión del acto reclamado proviene de una autoridad cuya residencia está dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado, máxime que dicho acto se ejecutó y sus efectos continúan en su territorio; lo anterior, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el acuerdo de 28/2016 por el que se modificó. En tales condiciones, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio de amparo con las copias de traslado al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda, y autorizado para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Leopoldo Ramírez Escobedo y Abel Diego Juan Herrera, por no tener registrada su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza a la Actuaria de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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