Ma. Guadalupe Valdovinos Ceja

Expediente 480/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
480/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Valdovinos Ceja
  • M. J. G. V. y Otros.
  • M. J. G. V.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de uno de octubre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. En otro orden de ideas, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, ....Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental,....En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que elabore el Centro de Documentación y Análisis, ..... En la inteligencia de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO CONSTITUCIONAL, EL PROVEÍDO DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, A LA QUEJOSA MA. GUADALUPE VALDOVINOS CEJA Y AUTORIZADOS, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:DEMANDA Y RADICACIÓN. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a *******, por derecho propio y en representación de la menor M.J.G.V., contra actos que atribuye al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se manda formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno bajo número 480/2018. DESECHAMIENTO Expuesto lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: ********* Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: **********Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se advierte que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Situación que quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), con número de registro 2011580, visible en la página 1086, Libro 30, mayo de dos mil dieciséis, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional Común, que es del rubro y texto siguientes: ***********La interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, contenida en la jurisprudencia antes citada, en cuanto se ha establecido que la condición de afectación a las partes de manera preponderante y superior no implica irreparabilidad, es vinculatoria para este Juzgador Federal conforme a lo dispuesto por el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que ha quedado resuelto el tema específico sobre lo que debe entenderse por acto de imposible reparación dentro del proceso, aun cuando dicho criterio se haya emitido al analizar lo relativo a la personalidad. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama el acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 179/2018, que dejó sin efectos la audiencia preliminar, señalada para el día catorce del mes y año antes aludidos, relativa a dicho juicio, toda vez que al encontrarse inmersos derechos de un menor, debía contar con todos los medios probatorios para la celebración de dicha audiencia. En ese sentido, lo indispensable en el caso particular es determinar si los efectos de dichos actos son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa, para lo cual, debe tenerse en cuenta, en principio, que el auto de doce de septiembre pasado que dejó sin efectos la audiencia preliminar señalada para el catorce siguiente, no es un acto de imposible reparación, porque no afecta derecho sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros; pues en todo caso, de existir violación al momento de dictar dicho auto, únicamente redundaría en el aspecto procedimental, al solo producir efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, asimismo, de las propias declaraciones manifestadas por el promovente de amparo, el Juez de origen, dicto dicho auto, privilegiando al bien superior del menor M.J.G.V., habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en el procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería la violación alegada, por lo que el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto; y, en caso contrario, si la sentencia definitiva le afectara, entonces podrá hacer valer las violaciones procesales a que se refiere, en el amparo directo que, en su momento y previo el cumplimiento de los principios rectores, llegue a promover en los términos de lo establecido por los artículos 171, fracción I y 172, fracción V, XI y XII, de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Además la improcedencia del presente juicio de amparo no viola los derechos humanos, pues el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, pues a través de ésta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su libelo constitucional, autorizando en términos del articulo 12 de la Ley de Amparo a Luis Daniel Mendoza Magallón, al tenor de la copia certificada de la cedula profesional 09581778, expedida en su favor por la Secretaria de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que para tal efecto señala. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otro lado, en cuanto a su petición de que se le autoricen los medios electrónicos, infórmese a la parte actora que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. Por ello, al no advertirse dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo al otorgar lo solicitado, se autoriza el uso de dichos medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa MA. GUADALUPE VALDOVINOS CEJA, el proveido de UNO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, en cumplimiento al acuerdo de tres del mismo mes y año, ACUERDOS que en en lo conducente dicen: Visto el estado de autos, específicamente la razón actuarial de esta propia fecha, de la que se advierte la imposibilidad material que tiene, para notificar el auto de uno de los actuales, a la tercera interesada. Ahora, toda vez que mediante auto de uno de los actuales, se ordenó notificarlo personalmente a la tercera interesada, sin embargo, de autos se advierte que no se le reconoció a persona alguna dicho carácter, por tanto, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se ordena regularizar el procedimiento para lo cual, se deja sin efectos dicha notificación decretada, dado a la naturaleza de dicho acuerdo, esto eso, desechada; y para el único efecto de notificar personalmente a la quejosa, el contenido de dicho auto. Por tanto, se comisiona a la Actuaria Judicial adscrita, para que de inmediato proceda a notificar personalmente a la parte quejosa, el contenido íntegro del proveído dictado por este Órgano Jurisdiccional, el uno de octubre de dos mil dieciocho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a MA. GUADALUPE VALDOVINOS CEJA, por derecho propio y en representación de la menor M.J.G.V., contra actos que atribuye al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, se manda formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno bajo número 480/2018. Expuesto lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. ...Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: ... En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama el acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 179/2018, que dejó sin efectos la audiencia preliminar, señalada para el día catorce del mes y año antes aludidos, relativa a dicho juicio, toda vez que al encontrarse inmersos derechos de un menor, debía contar con todos los medios probatorios para la celebración de dicha audiencia. En ese sentido, lo indispensable en el caso particular es determinar si los efectos de dichos actos son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa, para lo cual, debe tenerse en cuenta, en principio, que el auto de doce de septiembre pasado que dejó sin efectos la audiencia preliminar señalada para el catorce siguiente, no es un acto de imposible reparación, porque no afecta derecho sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros; pues en todo caso, de existir violación al momento de dictar dicho auto, únicamente redundaría en el aspecto procedimental, al solo producir efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, asimismo, de las propias declaraciones manifestadas por el promovente de amparo, el Juez de origen, dicto dicho auto, privilegiando al bien superior del menor M.J.G.V., habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en el procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería la violación alegada, por lo que el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto; y, en caso contrario, si la sentencia definitiva le afectara, entonces podrá hacer valer las violaciones procesales a que se refiere, en el amparo directo que, en su momento y previo el cumplimiento de los principios rectores, llegue a promover en los términos de lo establecido por los artículos 171, fracción I y 172, fracción V, XI y XII, de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: ...Además la improcedencia del presente juicio de amparo no viola los derechos humanos, pues el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, pues a través de ésta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su libelo constitucional, autorizando en términos del articulo 12 de la Ley de Amparo a Luis Daniel Mendoza Magallón, al tenor de la copia certificada de la cedula profesional 09581778, expedida en su favor por la Secretaria de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que para tal efecto señala. ... Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita. Por otro lado, en cuanto a su petición de que se le autoricen los medios electrónicos, infórmese a la parte actora que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. Por ello, al no advertirse dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo al otorgar lo solicitado, se autoriza el uso de dichos medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  4. Principal

    DEMANDA Y RADICACIÓN. Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a *******, por derecho propio y en representación de la menor M.J.G.V., contra actos que atribuye al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Jiquilpan, Michoacán, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se manda formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno bajo número 480/2018. DESECHAMIENTO Expuesto lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: ********* Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: **********Asentado lo anterior, se sostiene que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, como se lee de la siguiente inserción: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De esta manera, se advierte que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Situación que quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquellos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo cual quedó plasmado en la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), con número de registro 2011580, visible en la página 1086, Libro 30, mayo de dos mil dieciséis, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Constitucional Común, que es del rubro y texto siguientes: ***********La interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, contenida en la jurisprudencia antes citada, en cuanto se ha establecido que la condición de afectación a las partes de manera preponderante y superior no implica irreparabilidad, es vinculatoria para este Juzgador Federal conforme a lo dispuesto por el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que ha quedado resuelto el tema específico sobre lo que debe entenderse por acto de imposible reparación dentro del proceso, aun cuando dicho criterio se haya emitido al analizar lo relativo a la personalidad. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora, en el caso particular la parte quejosa reclama el acuerdo de doce de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 179/2018, que dejó sin efectos la audiencia preliminar, señalada para el día catorce del mes y año antes aludidos, relativa a dicho juicio, toda vez que al encontrarse inmersos derechos de un menor, debía contar con todos los medios probatorios para la celebración de dicha audiencia. En ese sentido, lo indispensable en el caso particular es determinar si los efectos de dichos actos son de imposible reparación, esto es, si afecta materialmente derechos sustantivos de la quejosa, para lo cual, debe tenerse en cuenta, en principio, que el auto de doce de septiembre pasado que dejó sin efectos la audiencia preliminar señalada para el catorce siguiente, no es un acto de imposible reparación, porque no afecta derecho sustantivos como la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros; pues en todo caso, de existir violación al momento de dictar dicho auto, únicamente redundaría en el aspecto procedimental, al solo producir efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, asimismo, de las propias declaraciones manifestadas por el promovente de amparo, el Juez de origen, dicto dicho auto, privilegiando al bien superior del menor M.J.G.V., habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en el procedimiento de origen, podría serle favorable a sus intereses, en cuyo caso desaparecería la violación alegada, por lo que el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto; y, en caso contrario, si la sentencia definitiva le afectara, entonces podrá hacer valer las violaciones procesales a que se refiere, en el amparo directo que, en su momento y previo el cumplimiento de los principios rectores, llegue a promover en los términos de lo establecido por los artículos 171, fracción I y 172, fracción V, XI y XII, de la Ley de Amparo, preceptos que disponen lo siguiente: Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Además la improcedencia del presente juicio de amparo no viola los derechos humanos, pues el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, pues a través de ésta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado. Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indica en su libelo constitucional, autorizando en términos del articulo 12 de la Ley de Amparo a Luis Daniel Mendoza Magallón, al tenor de la copia certificada de la cedula profesional 09581778, expedida en su favor por la Secretaria de Educación Pública, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que para tal efecto señala. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de oficios; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8°, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6°, del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otro lado, en cuanto a su petición de que se le autoricen los medios electrónicos, infórmese a la parte actora que la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, refiere únicamente que no existe inconveniente por parte del referido Órgano Colegiado, en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y tribunales, a través de medios electrónicos, pero no obliga a que se autoricen dichos medios en todos los casos. Por ello, al no advertirse dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo al otorgar lo solicitado, se autoriza el uso de dichos medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada; en el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de garantías, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea, además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

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