Ma. Guadalupe Tirado Rodríguez

Expediente 957/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
957/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/08/2021

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Tirado Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón actuarial que antecede, suscrita por el Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional, en la que manifiesta su imposibilidad de notificar a la parte quejosa, el auto de séis de agosto de dos mil veintiuno, por las razones que en ella expone, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte el acuerdo de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. ************************** Cuernavaca, Morelos, seis de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por Ma. Guadalupe Tirado Rodríguez, por derecho propio, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; fórmese el expediente 957/2021-IV, que por orden le corresponde; en su atención se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO. De acuerdo con el artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese orden de ideas, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a las siguientes: A) ORDENADORAS: 1. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 2. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 3. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 4. Secretario de Gobernación. 5. Director del Diario Oficial de la Federación. B) EJECUTORA: 6. Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos. Asimismo, como actos reclamados refirió los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO. De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión se reclama el dictado y aprobación de la Ley del Instituto de Seguridad v Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual contiene artículos que se tildan de inconstitucionales y contrarios a los instrumentos internacionales signados por el Estado Mexicano, como lo es el artículo 51, fracción ll, inciso C, vigente al 31 de marzo de 2007. Dado que la respuesta mediante el oficio No. SP/DPSHT/2951/2021, del 29 de junio del año en curso, emitida por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, notificado en mi domicilio el viernes 09 de julio del presente año, da respuesta a mi petición de otorgamiento de pensión de concubinato por muerte del trabajador, en el que aun y cuando con fundamentos se le ha hecho saber que es mi derecho la pensión por viudez, señala que, reitera lo manifestado en los oficios No. SP/DPSHT/0918/2020 y SP/DPSHT/3356/2020, del IO de marzo 2020 y del 29 de septiembre de 2020, respectivamente, en los que la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, me informa que habiendo realizado un análisis de los documentos presentados y derivado a una búsqueda en el Sistema Integral de Pensiones, se encontró que soy trabajadora en activa e incorporada al régimen del ISSSTE, por lo que el beneficio solicitado da origen a una incompatibilidad, de acuerdo con los establecido en los artículos: 48 y 51 fracción ll, inciso C, de la Ley del ISSSTE en vigente hasta el 31 de marzo de 2007, determinando que con fundamento en dichos artículos, por el momento no es posible proceder a mi petición, negándome conceder la pensión de viudez que solicite, con aplicación en mi perjuicio de los artículos 48 y 51 fracción ll, inciso C de la Ley del ISSSTE, vigente hasta el 31 de marzo de 2007. SEGUNDO. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación del decreto que contiene la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en sus artículos que se impugnan. TERCERO. Del Secretario de Gobernación, el refrendo del decreto que contiene la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. CUARTO. Del Director del Diario Oficial de la Federación, la publicación del decreto que contiene la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. QUINTO. De la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, la negativa de otorgar pensión por viudez, señalando incompatibilidad por ser trabajadora activa e incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Lo anterior, toda vez que mediante el ilegal oficio No. SP/DPSHT/2951/2021, del 29 de junio del año en curso, emitido por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, notificado en mi domicilio el viernes 09 de julio del presente año, reitera lo manifestado en los oficios No. SP/DPSHT/0918/2020 y SP/DPSHT/ 3356/2020, del 10 de marzo 2020 y del 29 de septiembre de 2020, respectivamente, en los que la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, me informa que habiendo realizado un análisis de los documentos presentados y derivado a una búsqueda en el Sistema Integral de Pensiones, se encontró que soy trabajadora en activa e incorporada al régimen del ISSSTE, por lo que el beneficio solicitado da origen a una incompatibilidad, de acuerdo con los establecido en los artículos: 48 y 51 fracción ll, inciso C, de la Ley del ISSSTE en vigente hasta el 31 de marzo de 2007, determinando que con fundamento en dichos artículos, por el momento no es posible proceder a mi petición." [Lo resaltado es propio]. Al respecto, el suscrito juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman se consideran consentidos tácitamente, al no haberse promovido el juicio de amparo dentro del término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, como en seguida se pondrá de manifiesto. El artículo 61, en su fracción XIV, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En ese orden de ideas, el numeral 17 de la Ley de la materia, prevé que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, con excepción de aquellas que se reclame normas generales de carácter autoaplicativo o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, será hasta en un término de ocho años; tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, ya sea en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión o disfrute de derechos agrarios a grupos de población comunal o ejidal, será de siete años: y, tocante a los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, incluso, de aquellos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, su presentación podrá efectuarse en cualquier tiempo. Cabe precisar que el acto aquí reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción para al término de quince días para la presentación de la demanda, que establecen las fracciones I a IV del artículo 17 de la ley de la materia. En el caso, se está ante un amparo contra leyes puesto que el quejoso combate la regularidad constitucional de los artículos 48 y 51 fracción ll, inciso C de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete que refiere le fueron aplicados con el oficio SP/DPSHT/2951/2021, de veintinueve de junio del año en curso, emitido por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, en el que le reiteró lo manifestado en los oficios SP/DPSHT/0918/2020 y SP/DPSHT/3356/2020, de diez de marzo de dos mil veinte y veintinueve de septiembre de dos mil veinte, respectivamente, en lo que se le informa que habiendo realizado un análisis de los documentos presentados y derivado de una búsqueda en el Sistema Integral de Pensiones, se encontró que es trabajadora activa e incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que el beneficio solicitado da origen a una incompatibilidad, de acuerdo con los establecido en los artículos 48 y 51 fracción ll, inciso C de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, determinando que con fundamento en dichos artículos, no era posible proceder a su petición. El acto combatido es de naturaleza heteroaplicativa, en virtud de que los efectos y obligaciones de la disposición legal reclamada, no surgieron de manera automática con su sola entrada en vigor, se requirió de un supuesto legal previo que condicionó su aplicación, esto es, la solicitud de la pensión de viudez que solicitó la promovente; por tanto, no le es aplicable el término de treinta días, a que alude el precepto legal precisado, pues este corresponde a los normas autoaplicativas, siendo aplicable en el caso concreto, el plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia P.J/J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página cinco, tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.". Por otra parte, el artículo 18 de la Ley de la materia, dispone que los plazos a que se refiere el artículo citado en el párrafo precedente se computarán de la siguiente manera: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) A partir del día siguiente en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a), es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 17 de la Ley de la materia para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados. Lo anterior, por similitud jurídica, tiene sustento en la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página mil novecientos treinta y uno, tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establecen "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA).". Precisado lo anterior, si la parte quejosa en el presente asunto tuvo conocimiento de la negativa de otorgar la pensión por viudez que solicitó, por ser trabajadora activa e incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respuesta que le fuera dada mediante oficio número SP/DPSHT/2951/2021, del veintinueve de junio del año en curso, emitido por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, el nueve de julio del presente año. De lo antes expuesto, así como de lo señalado en los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad y de la documental que adjuntó la parte quejosa señaló que tuvo conocimiento del acto que por esta vía combate el día nueve de julio de dos mil veintiuno. Por ende, dicha manifestación como confesión hace prueba plena de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral segundo. Luego entones, el cómputo a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda (quince días), empezó a computarse a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, esto es, el nueve de julio de dos mil veintiuno, de conformidad con el artículo 19 de la ley en consulta, pues fue en esa data, cuando la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que fue notificada del acto reclamado; por lo que, el plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo corrió de la siguiente forma: ACTO IMPUGNADO NOTIFICACIÓN CÓMPUTO Oficio número SP/DPSHT/2951/2021, del veintinueve de junio del año en curso, emitido por la nueve de julio de dos mil veintiuno. Del doce al treinta de julio de dos mil veintiuno. Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos. Lo anterior, sin contar en ese lapso los días inhábiles que mediaron entre ellos; en esa tesitura, si la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se advierte que fue presentada fuera del plazo legal de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, y como consecuencia se ha consentido tácitamente el acto que se reclama. En ese contexto, como quedó precisado la parte quejosa señaló que tuvo conocimiento de la negativa de otorgar la pensión por viudez que solicitó, por ser trabajadora activa e incorporada al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), respuesta que le fuera dada mediante oficio número SP/DPSHT/2951/2021, del veintinueve de junio del año en curso, emitido por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Morelos, el nueve de julio de dos mil veintiuno; asimismo, lo cierto es que al concurrir su voluntad y haber sido enterada del citado oficio, tuvo conocimiento de la afectación en su perjuicio; por lo que no es dable que su situación jurídica se defina respecto del momento en que se le notificó; por tanto, no puede desvincularse el estudio de la procedencia del amparo contra una disposición normativa impugnada, del relativo a la procedencia de ese medio de control constitucional contra su acto de aplicación. Por tanto, la demanda de amparo resulta improcedente por extemporánea, respecto del acto de aplicación de las normas impugnadas y, en consecuencia, también resulta improcedente respecto de las normas impugnadas que se concretaron en su esfera jurídica con motivo de dicho acto, por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Sirve de sustento la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de Registro: 2020056, Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 14 de junio de 2019 10:20 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 83/2019 (10a.), Décima época de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA." Por ende, tomando en consideración que para la procedencia de la acción constitucional intentada en contra de leyes heteroaplicativas, esto es, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación, como acontece en el presente asunto, es necesario que se demuestre la existencia de dicho acto y que éste no sea extemporáneo para efectos del juicio de amparo, dado que constituye un requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías; de ahí que, al ser extemporáneo el acto concreto en el que se aplicó la norma tildada de inconstitucional, el juicio de amparo efectivamente resulta improcedente en contra de la misma. En lo conducente robustece lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 95/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos veintiocho, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil cinco, Materia Común, Novena Época, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN.". Asimismo, apoya lo anterior la Tesis: 2a. IV/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos veintisiete, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. EL PLAZO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DEMUESTRE LA NOTIFICACIÓN DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, SI AQUÉLLA NO SE DESVIRTÚA." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa; asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a los profesionistas y persona propuestas. Respecto a la solicitud en el sentido que se autorice el correo electrónico que proporciona; en su atención, se toma del conocimiento los medios que proporciona a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales y acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Asimismo, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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