Ma. Guadalupe Brito Almazán
Expediente 1834/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1834/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Brito Almazán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1834/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. En el entendido que el horario para dicha devolución es de lunes a viernes, en que las labores lo permitan, para recibir los documentos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del diecinueve de febrero del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1834/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días comparezca al local de este juzgado, debidamente identificada, a efecto de que le sea devuelta la documentación que anexó a su escrito de demanda, previo cotejo y certificación de la copia que exhiba para tal efecto, así como previa toma de razón y recibo que quede en autos, de conformidad con el último párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibiéndole que de no hacerlo así, aquellos podrán ser destruidos con el expediente. En el entendido que el horario para dicha devolución es de lunes a viernes, en que las labores lo permitan, para recibir los documentos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el trece de noviembre de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día en este juzgado, MA. GUADALUPE BRITO ALMAZÁN, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Superintendente Zona Morelos, de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Cuernavaca, Morelos. (fojas 2 a 20) SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de noviembre de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. (fojas 21 a 23) Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Superintendente Zona Morelos, de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Cuernavaca, Morelos de dar respuesta al escrito de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad Superintendente Zona Morelos de la Comisión Federal de Electricidad con residencia en Cuernavaca, Morelos, toda vez que así se advierte de la lectura de su informe justificado; además el quejoso exhibió como prueba el escrito de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, del cual solicita se de contestación; documental que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 133, 297 y 203 la cual amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia por ser una cuestión oficiosa en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el Superintendente Zona Morelos, de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Cuernavaca, Morelos, hace valer que no es autoridad para efectos del juicio de amparo, respecto a los actos que se combaten. Es fundada la causal de improcedencia señalada, que se estima contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Estas disposiciones legales son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: .II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". De esos dispositivos legales transcritos, se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente contra "actos de autoridad", concepto éste que precisamente es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado del Superintendente Zona Morelos, de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Cuernavaca, Morelos en este juicio de amparo. El artículo 1, en sus fracciones I a III, estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos; y por normas generales, actos u omisiones de autoridad de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos. A su vez, la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, establece claramente: "los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", por lo que para determinar si un particular debe ser llamado al juicio de amparo como autoridad responsable, debe examinarse el tipo de acto que realiza, esto es, sí realiza un acto equivalente a uno de autoridad, entonces se le considerara como autoridad responsable, pero si sus actos, no reúnen dichas características, no pueden ser llamados con tal carácter. De tal modo, se considera que la responsable en cita no actúa como autoridad para efectos del amparo, al ser omisa en dar contestación al escrito de la quejosa de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. En efecto, el hecho de que el citado organismo no ha dado contestación en breve término al escrito presentado por la peticionaria el dieciocho de octubre del año pasado, no significa que se considere acto de autoridad para el juicio de amparo, ya que con independencia de que el contrato de energía eléctrica cuya cancelación pretende a través del citado escrito, se encuentra a nombre de Oscar Córdova Brito, hijo difunto de la aquí quejosa, esta circunstancia no cambia la naturaleza del acto reclamado que deriva de una relación contractual. Lo anterior, porque el omitir dar contestación al escrito relacionado con el suministro de energía eléctrica no coloca al nombrado organismo en un grado de superioridad o supra-subordinación respecto del gobernado-usuario, ya que no crea, modifica o extingue una situación que afecte la esfera jurídica del usuario de manera unilateral. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. Como premisa fundamental para apoyar tal consideración, debe tenerse en cuenta que, por regla general, el Superintendente Zona Morelos, de la Comisión Federal de Electricidad, con residencia en Cuernavaca, Morelos, no puede ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que sus actos normalmente derivan de la relación contractual inherente a la prestación del servicio público que tiene encomendado, siendo considerados dentro de un plano de coordinación; sin que incluso la determinación de no dar una contestación en breve termino a la -aquí quejosa-, pueda ser considerado, por esa sola circunstancia, un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, puesto que tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, siendo por regla general, que los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con su obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades o en su caso, que todos los reclamos que se susciten a virtud o en relación a dichos servicios se desnaturalicen y se conviertan en actos de autoridad, ya que estos se generan en rezón del aludido acuerdo de voluntades respecto al servicio publico contratado; por lo que, resulta inconcuso, que el acto que se reclama de la autoridad responsable no genera que la relación contractual con dicho organismo se transforme en acto de supra a subordinación y que por tanto se atribuya como acto de autoridad. Lo anterior, encuentra apoyo en lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 43/2014 (10a.), de la Décima Época, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Tomo II, Mayo de 2014, visible en la página 888, que dice lo siguiente:"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Así como en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.44/2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, publicada el viernes treinta de mayo de dos mil catorce, con registro 2006544, de rubro y texto siguiente:"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De lo que se tiene, que la omisión de no dar contestación al escrito presentado por la peticionaria ante el Superintendente señalado como responsable en el cual solicitó la cancelación de un servicio de energía eléctrica prestado en un domicilio del que se dice propietaria pese a no ser la directa contratante no se encuentra revestido de imperio frente al particular y, por lo tanto, no se ajusta al concepto de acto de autoridad en los términos de los artículos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque carece de las características de unilateralidad propias de un acto de autoridad, pues como se indico, se encuentran directamente relacionadas con la prestación del servicio de luz contratado con ésta aunque por diversa persona. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2006, visible en la página 293, tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de 2006, con el registro 174533; de rubro siguiente:"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del ordenamiento en cita. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Época: Décima Época, Registro: 2016656, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 20 de abril de 2018 10:24 h, Materia(s): (Común, Civil), Tesis: 2a./J. 30/2018 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se debe sobreseer en el juicio al Superintendente Zona Morelos, de la Comisión Federal de Electricidad, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley en comento. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR MA. GUADALUPE BRITO ALMAZÁN, contra el acto reclamado al Superintendente Zona Morelos, de la Comisión Federal de Electricidad, por los motivos expuestos en el considerando tercero. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del diez de enero de dos mil diecinueve, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5083/2018 de fecha dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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