Ma. Guadalupe Silva Cavazos
Expediente 560/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Silva Cavazos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento y la negativa de amparo de la Justicia de la Unión. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente no es de relevancia histórica y documental; y, es depurable, ya que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en este asunto; y, el original del incidente de suspensión es depurable, pues se concedió la medida cautelar, por lo que deberá glosarse a este juicio. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 560/2020-I; y, R e s u l t a n d o s: Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, Ma. Guadalupe Silva Cavazos demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. Este juzgado registró y admitió la demanda bajo el número 560/2020-I; solicitó informes justificados; dio intervención al Ministerio Público de la Federación y, señaló fecha para la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede. Tercero. Ampliación. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la demanda respecto a diversas autoridades responsables. C o n s i d e r a n d o s: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 1°, fracción I, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo, por reclamarse actos de autoridades administrativas cuya ejecución afirma la quejosa se lleva a cabo dentro del territorio en el que este órgano ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables los actos siguientes: La ejecución del embargo precautorio o congelamiento de las siguientes cuentas, número 6145522414 aperturada en la Institución HSBC México, S.A. y la número de contrato 92632457992, con número de tarjeta 5256780528861690, chequera 9012000000132171, aperturada en el Banco Nacional de México, S.A. (Citibanamex). Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la autoridad señalada inicialmente como responsable por la quejosa Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negó la existencia de los actos reclamados, sin que la quejosa aportara prueba en contrario para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" Cuarto. Existencia del acto reclamado. Las autoridades que el quejoso denominó como: Director de la Dirección General de atención a autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Director de la Dirección General Adjunta de atención a autoridades "A", "B" y "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fueron omisas en rendir su informe justificado a pesar de encontrarse oportunamente notificadas de esa petición. En esas condiciones, lo procedente es presumir cierto el acto que se les atribuye, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo cuarto, del artículo 117, de la Ley de Amparo. Quinto. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo. En esas condiciones, este juzgador no advierte de manera oficiosa la existencia o actualización de alguna causal en ese sentido ni alguna de las partes las invocó, por lo que se procede al análisis de fondo. Sexto. Negativa del amparo. En la especie debe negarse la protección federal, teniendo en cuenta lo dispuesto por el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. De la regla establecida en ese numeral se desprende que la parte quejosa tiene la carga de probar la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se presuma cierto y en sí mismo no sea violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia. El acto que del análisis integral de los autos se advierte reclama el quejoso, no puede considerarse de aquellos que en sí mismos transgredan los derechos y garantías, pues conforme el artículo 25 de la Constitución, el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Para ello, se creó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de esta Ley, la que entre otras facultades tiene la de analizar, las solicitudes de información y documentación, así como las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas, a efecto de verificar su apego a los requisitos legales de procedibilidad y, en su oportunidad de ser el caso, dar trámite a las mismas. Es decir, que la autoridad administrativa en cita cuenta con facultades para emitir ese tipo de actos, si es que se reúnen los extremos previstos por la propia norma suprema -formalidades que rigen el procedimiento- artículo 14 de la Constitución y las reglamentarias expedidas al efecto. De ahí que, en este caso se necesita de pruebas en contrario para demostrar que el acto transgrede derechos humanos reconocidos y las garantías previstas en la Constitución. Lo que no aconteció en este asunto ya que la quejosa no allegó probanzas idóneas para demostrar a este órgano que el acto que se presumió transgrede sus derechos, pues las aportadas, tienden a demostrar únicamente su carácter de derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y la titularidad de las cuentas bancarias; consecuentemente, los argumentos en el sentido de que se viola lo establecido en los numerales 1°, 14, 16, 17 y 123, apartado A, fracción VII, de la Norma Suprema devienen infundados. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 64, Abril de mil novecientos noventa y tres, con el VI. 2o. J/250, Página: 45, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. FALTA DE. De acuerdo con lo establecido por el artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer contra el acto reclamado, lo procedente es negar a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por... Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ...
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos, se advierte que la parte quejosa dentro del plazo otorgado acudió a ratificar el contenido y la firma de su escrito mediante el cual ocurrió a ampliar la demanda de amparo respecto de nuevas autoridades responsables. AMPLIACIÓN DE DEMANDA En esas condiciones, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda formulada y se tiene como nuevas autoridades responsables a las que la parte quejosa denomina como Director de la Dirección General de Atención a Autoridades y Director de la Dirección General adjunta de Atención a Autoridades "A", "B" y "C", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. REQUERIMIENTO A AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades Director de la Dirección General de Atención a Autoridades y Director de la Dirección General adjunta de Atención a Autoridades "A", "B" y "C", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Córraseles traslado con copia del escrito de demanda. Asimismo, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato, y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Para tal efecto, se les apercibe que en caso de no dar cumplimento a lo anterior, con fundamento en los artículos 260, fracción II y 251, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, respectivamente. La información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232); o al correo (tomas.martinez.moscoza@correo.cjf.gob.mx); confirmando en la extensión 1242. Por otro lado, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificaran por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, visible en la página 1253, de enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Para dar tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y para que tenga verificativo se fijan las nueve horas con treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil veinte. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa, por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita ...
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Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de octubre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días otorgado a las partes para que se impongan del contenido del informe justificado rendido en representación del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y para que tenga verificativo se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte.
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