Ma. del Carmen Juárez Casas
Expediente 839/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 839/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ma. del Carmen Juárez Casas
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
"...Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."
- Principal
Con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c de la Ley de Amparo vigente procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la quejosa Ma. del Carmen Juárez..., el auto de ocho de julio de dos mil diecinueve, misma PUBLICACIÓN que aparecerá en la lista que se coloca en los estrados del juzgado de mi adscripción el día hábil siguiente al de la fecha en que se levanta la presente, y que se fija a las nueve horas del dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Doy fe. SÍNTESIS DEL AUTO DE OCHO DE JULIIO DE DOS MIL DIECINUEVE: "...Vista la demanda promovida por...; regístrese bajo el número 839/2019-III. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la responsable de iniciar la carpeta de investigación derivada de la denuncia que presentó el cuatro de junio de dos mil diecinueve. DESECHAMIENTO Este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad que se debe agotar previamente a la promoción del juicio biinstancial. La disposición normativa en cita refiere que es improcedente la acción de amparo cuando se promueva contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. En el caso concreto la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la responsable de iniciar la carpeta de investigación derivada de la denuncia que presentó el cuatro de junio de dos mil diecinueve; sin embargo, contra ello debió interponer, previamente a la presentación de la demanda de amparo, el recurso innominado a que hace referencia el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El numeral citado refiere que en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. Si bien el citado precepto no establece expresamente que todos los actos u omisiones de la autoridad ministerial, que pudieran considerarse negligentes, puedan ser impugnados a través de ese medio de defensa, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, interpretó el alcance del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales e indicó que de su interpretación sistemática con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI del propio código, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación a través del referido medio de defensa. Esto, por ser idóneo para se puedan controvertir, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también señaló que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Por ello, tales determinaciones no se limitan únicamente a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan por efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. Consecuentemente, debe entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Por ende, se debe presentar interponer previamente a la promoción del juicio de amparo. De dicha contradicción derivó la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, visible a página 945, del rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por ser manifiesta y notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, se tienen como autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente..."
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