Ma. Guadalupe Reyes Reyes
Expediente 224/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 22 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 224/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Margarita Hernández Lozano
- Analia Lira Rivas
- Ma. Guadalupe Reyes Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Amparo en revisión
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio remitido por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de garantías 1010/2022-II-B de su índice así como testimonio de la sentencia emitida en el presente asunto. Finalmente, al haberse revocado la sentencia sujeta a revisión y haberse negado la suspensión definitiva, mediante ejecutoria de seis de julio del año actual; y, al no existir documento original que devolver, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente, por otra parte; con fundamento en los artículos, con fundamento en los artículos 12, 14, y 17 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es CONSERVABLE íntegramente. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 202, en relación con el numeral 214, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra de la resolución de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, mediante ejecutoria dictada en el presente asunto el ocho de noviembre de dos mil veintidós; y, al no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente; por otra parte, con fundamento en los artículos 12, 14, 18, fracción tercera, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citados; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL EN LO QUE NOS INTERESA DICE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, del juicio de amparo directo 224/2022 se advierte que en sesión de ocho de noviembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo a las labores de este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Guadalupe Reyes Reyes, bajo las consideraciones siguientes: "Del contenido de la ejecutoria transcrita, se advierte que se analizaron los requisitos contenidos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, necesarios para el otorgamiento de una pensión de viudez, concluyendo que no se precisan los contenidos en la fracción VI, de dicho numeral, ya que conforme a la acción reclamada, solamente debe atenderse a su naturaleza, por lo que, se requiere demostrar el vínculo marital o de concubinato entre la parte actora y el trabajador asegurado, el hecho del fallecimiento de este último, y que al momento de ocurrir este hecho, el asegurado hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrare disfrutando de una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. No obstante, como ya se destacó en esta sentencia, el juez laboral determinó que no se tenía por cumplida la prevención mediante la cual se requirió a la actora para que exhibiera la constancia de negativa de pensión expedida por el instituto demandado. Ello, porque la actora se limitó a manifestar, bajo protesta de decir verdad, haber solicitado la pensión de viudez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que éste fue omiso en otorgarla -sostuvo la responsable-, era insuficiente para tener por cumplido los requisitos previstos en el artículo 899-C, fracciones VI y VII, de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de acreditar contar con la constancia escrita expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de la pensión correspondiente o en su caso, cuando menos el acuse de recibo por escrito. Lo anterior en razón, esencialmente, de que las partes están obligadas a proporcionar todos los elementos necesarios que constituyan los presupuestos de su acción, es decir, en el caso, el otorgamiento de la pensión de viudez; por lo que bajo su óptica al haberse dejado de satisfacer dicho requisito, no era dable subsanar dicha omisión. Esta determinación carece de sustento jurídico pues, conforme lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, atento a la interpretación dada por este tribunal colegiado al artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, efectivamente los requisitos previstos en dicho precepto normativo no pueden entenderse como simples formalidades de la demanda, sino como condiciones para la existencia de la misma y procedibilidad de la acción entablada; siempre que esos requisitos sean propios y resulten congruentes con la acción correspondiente, esto es, sin que exista la necesidad de que todas las acciones deban contener la totalidad de los requisitos previstos en el referido precepto, sino únicamente los que sean inherentes con la acción intentada. Es así, dada la estrecha relación que existe con los hechos relatados, pues como se ha precisado, de éstos derivan los requisitos que la demanda laboral ha de cumplir. Por tanto, si conforme los antecedentes relatados y en atención al requerimiento que le fue hecho a la actora, ésta puso de manifiesto ante el juez responsable que se le había negado la pensión de manera "verbal"; entonces, es de concluirse que la determinación a la que arribó el juez laboral de tener por "no presentada" la demanda es incongruente y desproporcionada, pues con su proceder estaba obligando a la quejosa a lo imposible, ya que había informado que solicitó la constancia sin obtener respuesta favorable y, aun así, se le exigió la exhibiera, lo que materialmente es imposible. Se estima de esta manera, pues el precepto normativo en que el juez laboral apoyó su requerimiento, debe considerarse aplicable a los casos en que, conforme lo relatado por la propia actora, se advierta que una vez seguido el procedimiento correspondiente ante el organismo asegurador, la pensión en comento se negó, pero no para aquéllos casos, como el que nos ocupa, en el que "verbalmente" se negó la prestación. Porque en la especie, debe considerarse que la accionante acudió directamente ante la autoridad jurisdiccional a hacer su reclamo. Lo anterior, en el entendido de que no existe precepto legal que impida a un asegurado acudir directamente ante el juez laboral para reclamar el otorgamiento y pago de una pensión de viudez. En relación con esta última afirmación, es conveniente traer a contexto la ejecutoria mediante la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 34/2005, en la cual, si bien el punto jurídico a dilucidar se centró en determinar a partir de cuándo comienza el derecho a percibir una pensión de invalidez; cierto es también que resulta ilustrativa en relación con la temática que nos ocupa, la cual refiere a la posibilidad de que un asegurado reclame directamente ante la autoridad laboral el otorgamiento de una pensión, esto es, sin que previamente acuda para esos efectos ante el organismo asegurador. En efecto, la parte que interesa de le ejecutoria en comento, dispone: 'SÉPTIMO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que respecto del problema jurídico planteado, debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio que a continuación se desarrolla. [.] En lo que interesa al tema, la Ley del Seguro Social, en su artículo 128 establecía que existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su salario habitual percibido durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. La invalidez, pues, surge de una enfermedad o accidente no profesional, por defectos o agotamiento físico o mental, o bien, cuando se padece una afección o un estado de naturaleza permanente que impida al asegurado trabajar. Por las características de los padecimientos que producen invalidez, el artículo 133 de la Ley del Seguro Social disponía que los asegurados que soliciten el otorgamiento de una pensión de invalidez debían sujetarse a las investigaciones de carácter médico, social y económico que el instituto estimara necesarias, para comprobar si existe el estado de invalidez. El artículo citado establecía: Artículo 133. [se transcribe]'. Esa disposición se justificaba y entendía en el contexto de las características de los padecimientos que producen el estado de invalidez, pues para determinarlo se requería la práctica de exámenes e investigaciones de carácter médico con la finalidad de conocer la naturaleza, origen y evolución de los padecimientos para comprobar la existencia del estado de invalidez, así como aquellos estudios de orden social y económico que permitieran determinar el entorno del asegurado e, inclusive, si su estado le impedía procurarse un ingreso. Por su parte, el artículo 134 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, que en términos similares lo contempla el ordinal 125 de la actual legislación, disponía: 'Artículo 134. [se transcribe]'. Cabe precisar que de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el asegurado tiene la opción de acogerse a los beneficios de la anterior ley, lo que hace aplicable el artículo 134 citado. Pues bien, como se puede observar, el ordinal 134 establecía dos supuestos para determinar la fecha en que iniciaba el derecho a la pensión de invalidez y, en consecuencia, el pago correspondiente: [.] Así, del análisis conjunto y relacionado de los artículos 133 y 134 de la anterior Ley del Seguro Social, se obtiene que cuando un asegurado sufre un accidente no profesional o presenta un padecimiento o enfermedad del orden general y solicite al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión, deberán sujetarse a los exámenes e investigaciones de carácter médico, social y económico para comprobar la existencia del estado de invalidez; en el supuesto de que ese hecho sea comprobado por el instituto, el derecho a la pensión de invalidez comenzará desde la fecha de presentación de la solicitud para obtenerla (se hace referencia únicamente al caso en que se presente la solicitud, porque es el supuesto que se presenta en los expedientes que dieron origen a la contradicción de criterios). Lo anterior es así, porque de los preceptos sujetos a análisis se desprende que la intención del legislador es que los asegurados que presenten un estado de invalidez acudan ante el propio instituto, en una primera instancia, a solicitar el otorgamiento de una pensión, pues siendo la institución que a través de sus unidades médicas le ha tratado e integrado un expediente clínico, se encuentra en la posibilidad de determinar lo conducente, de modo que la procedencia del pago de la pensión de invalidez, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, se justifique por dos razones, siendo la primera el hecho de que es en ese momento cuando el asegurado estima, por su estado de salud, tener derecho a que le sea reconocida la invalidez y se le otorgue el pago de la pensión correspondiente, esto es, cuando exterioriza su voluntad de que se le otorgue la pensión por haber reunido los requisitos exigidos por la ley; la segunda, porque una vez presentada la solicitud, corresponde al instituto efectuar diversos exámenes e investigaciones de diversa índole que, desde luego, requieren de días o semanas cuyo transcurso no puede repercutir en el disfrute del derecho del asegurado. Ahora bien, el hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social negara el otorgamiento de la pensión y con motivo de ello el trabajador acudiera ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a demandar el reconocimiento y otorgamiento de la pensión, no significa que el disfrute del derecho se prorrogue hasta la fecha de presentación de la demanda, pues la solicitud a que se ha hecho referencia es propiamente el acto por el cual el asegurado exterioriza el ejercicio del derecho y la demanda laboral sólo es la consecuencia de no haber obtenido su pretensión por las vías que establece la ley que regula el régimen del Seguro Social, verlo de otra forma implicaría desatender la disposición contenida en el artículo 134 en perjuicio del trabajador y propiciaría que el obligado deje de cumplir una obligación, pues el resultado del juicio laboral sólo vino a comprobar la procedencia de un derecho que el instituto negó indebidamente cuando se acudió ante él. Lo considerado hasta aquí no se opone con el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4a./J. 49/93, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 72, diciembre de 1993, página 56, con el rubro y texto que a continuación se trasuntan: 'PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONALES, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO (Transcribe) En efecto, el caso analizado por la jurisprudencia se refiere a aquellos en que el asegurado presenta directamente su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin haber acudido previamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, supuesto en el cual se considera como fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión aquella en la que se presentó la demanda y no en la que se notificó la petición contenciosa al instituto demandado; lo que permite advertir que se trata de casos diversos al que ahora se analiza". De lo anterior se obtiene que, si bien es cierto que el máximo tribunal del país al interpretar los artículos 133 y 134 de la anterior Ley del Seguro Social, indicó que la intención primaria del legislador fue que los asegurados que presentaran un estado de invalidez acudieran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social -en una primera instancia-, a solicitar el otorgamiento de una pensión, ya que dicho instituto a través de sus unidades médicas es quien le debería haber tratado e integrado un expediente clínico; cierto es también que, de la propia ejecutoria se vislumbra la posibilidad de que, los asegurados de ese Instituto, tienen la posibilidad de acudir de manera directa a la autoridad jurisdiccional laboral a reclamar el otorgamiento y pago de la pensión en comento. Es por ello que, como se destacó al inicio de este estudio, es incorrecto el criterio adoptado por el juez laboral en el sentido de que, de manera previa y necesaria, el operario tenía que acudir al organismo asegurador a solicitar el otorgamiento de la pensión y, de manera obligatoria, exhibir ante dicha autoridad jurisdiccional el documento en que constara la negativa de su otorgamiento, o bien, la solicitud correspondiente. Consecuentemente, por este diverso aspecto procede conceder la protección constitucional al quejoso. En las relatadas condiciones, ante lo fundado de los argumentos propuestos por el quejoso, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable haga lo siguiente: 1. Deje insubsistente el proveído de once de febrero de dos mil veintidós. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte un nuevo acuerdo, tomando en consideración lo determinado en esta ejecutoria." El Tribunal responsable informó mediante oficio 862/2022-II, de dos de enero de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, así como que había dejado insubsistente el auto impugnado de once de febrero del año en curso. Sin embargo este órgano jurisdiccional en acuerdo de quince de febrero siguiente, consideró que no se había dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, porque la responsable no atendió las consideraciones de la misma, porque en el punto uno del auto dictado en cumplimiento, el tribunal laboral, previno a la actora para que señale si ha solicitado por escrito al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de pensión por viudez, y en su caso, adjunte la constancia respectiva, lo que justamente, fue analizado en la ejecutoria que se cumplimenta y en la que se precisó que en atención al requerimiento que le fue hecho a la actora, ésta puso de manifiesto ante el juez responsable que se le había negado la pensión de manera "verbal"; entonces, es de concluirse que la determinación a la que arribó el juez laboral de tener por "no presentada" la demanda es incongruente y desproporcionada, pues con su proceder estaba obligando a la quejosa a lo imposible, ya que había informado que solicitó la constancia sin obtener respuesta favorable y, aun así, se le exigió la exhibiera, lo que materialmente es imposible, por lo que es incorrecto el criterio adoptado por la autoridad laboral en el sentido de que, de manera previa y necesaria, el operario tenía que acudir al organismo asegurador a solicitar el otorgamiento de la pensión y, de manera obligatoria, exhibir ante dicha autoridad jurisdiccional el documento en que constara la negativa de su otorgamiento, o bien, la solicitud correspondiente, de ahí que se afirme que no se hayan atendido las consideraciones de la ejecutoria concesoria, requiriéndola para que diera cumplimiento en su totalidad con la sentencia concesoria. En virtud de lo anterior, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo responsable, informó mediante oficio 197/2023-II, de veinte de febrero de dos mil veintitrés, con el que remitió el nuevo acuerdo de la misma fecha, que en lo medular indica: "Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de febrero de dos mil veintitrés. TCC REQUIERE CUMPLIMIENTO Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal en Materia (sic) Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que, en proveído de quince de febrero del año en curso dicho órgano tuvo por no cumplida totalmente la ejecutoria del juicio de amparo 224/2022 de su índice, y requiere este tribunal para que dentro del plazo de tres días cumpla en su totalidad con la ejecutoria de mérito, atendiendo las consideraciones establecidas en la misma. Atento a su contenido, hágase del conocimiento de la autoridad de amparo que con fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo la parte actora desahogando la previsión efectuada en proveído de dos de enero del año en curso, por lo que respecto a la prevención marcada con el numeral uno, bajo protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente: 'Hago del conocimiento que con fecha 5 de agosto del año 2021 se me notificó OFICIO DE DESECHAMIENTO DE TRÁMITE DE PENSIÓN, de misma fecha 05 cinco de agosto de 2021, impresa por un solo lado, constante en una foja útil tamaño carta, emitida por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN ESTATAL EN HIDALGO SUBDELEGACIÓN TULA DE ALLENDE DEPARTAMENTO DE PENSIONES, expedida a favor de la C. REYES REYES MA. GUADALUPE, documento firmado por el C. LIC. CARLOS ALBERTO SALINAS PÉREZ, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES. Bajo protesta de decir verdad no cuento con copia de dicho documento, obra en poder de la demandada con los documentos originales que obran en el expediente del trabajador fallecido AGUILAR JUÁREZ DONACIANO, con número de seguridad social 13-71-53-0534-1 que obran en el DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE HIDALGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio en BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 4604, FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.' En ese sentido, atendiendo a las consideraciones de la ejecutoria de referencia, este tribunal con fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, admitió la demanda a trámite en la vía de conflicto individual de seguridad social, ordenando emplazar a juicio a la parte demandada, así como realizar las diligencias para la investigación de presuntos beneficiarios del extinto trabajador Donaciano Aguilar Juárez. En razón de lo anterior, remítanse al Segundo Tribunal en Materia Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito copias certificas del escrito de por el que la parte actora desahoga la prevención, así como del proveído que admitió la presente demanda a trámite. COMPARECENCIA DE DESISTIMIENTO Agréguese a los autos la comparecencia de esta misma data, por la que se hizo constar el desistimiento tanto de la instancia como de la acción intentada por la actora Ma. Guadalupe Reyes Reyes en el presente juicio en contra del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social. No se desatienda que la persona actora compareció a este Tribunal acompañada de su apoderado legal, quien igualmente firmó la comparecencia de ratificación de desistimiento. En ese sentido, con fundamento en los artículos 17, 685, párrafo segundo, 687 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, se acuerda de conformidad con la petición de la persona actora y se le tiene por desistida tanto de la instancia como de la acción para todos los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 92/2017 (10a.), de rubro y texto siguientes: 'DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN LABORAL. ES INNECESARIA LA RATIFICACIÓN DEL ACTOR, CUANDO EL APODERADO LEGAL CUENTA CON FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.' (Transcribe). Hágase del conocimiento de dicha circunstancia al Segundo Tribunal en Materia (sic) Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, asimismo, remítase copias certificadas de la comparecencia de desistimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, personalmente al demandado y por oficio al Segundo Tribunal en Materia (sic) Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito." De la lectura de la anterior transcripción, se considera que la responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este tribunal, porque por auto de dos de enero de dos mil veintitrés dejó insubsistente el auto impugnado de once de febrero de dos mil veintidós, en el que tuvo por no presentada la demanda laboral, y dictó uno diverso el veinte de febrero del año que transcurre, en el que con libertad de jurisdicción tuvo por desahogada la prevención hecha a la actora, admitiendo a trámite en la vía de conflicto individual de seguridad social, ordenó emplazar a la parte demandada y realizar la investigación de presuntos beneficiarios del extinto Donaciano Aguilar Juárez. No obstante lo anterior, informó a este órgano jurisdiccional que la actora Ma. Guadalupe Reyes Reyes se desistió de la acción intentada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acompañada de su apoderado legal acudió a ratificar el mismo en el local del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, por tanto, en auto de veinte de febrero del presente año se le tuvo por desistida tanto de la instancia como de la acción. Por lo anterior, se concluye que la responsable ha dado cumplimiento total a la ejecutoria, en términos del cuarto párrafo del precepto 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, ha transcurrido el plazo de diez días que se dio a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, según se aprecia del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, siendo omisas
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto, el estado de autos, del juicio de amparo directo 224/2022 se advierte que en sesión de ocho de noviembre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo a las labores de este órgano jurisdiccional, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa María Guadalupe Reyes Reyes, bajo las consideraciones siguientes: "Del contenido de la ejecutoria transcrita, se advierte que se analizaron los requisitos contenidos en el artículo 899-C de la Ley Federal del Trabajo, necesarios para el otorgamiento de una pensión de viudez, concluyendo que no se precisan los contenidos en la fracción VI, de dicho numeral, ya que conforme a la acción reclamada, solamente debe atenderse a su naturaleza, por lo que, se requiere demostrar el vínculo marital o de concubinato entre la parte actora y el trabajador asegurado, el hecho del fallecimiento de este último, y que al momento de ocurrir este hecho, el asegurado hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrare disfrutando de una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. No obstante, como ya se destacó en esta sentencia, el juez laboral determinó que no se tenía por cumplida la prevención mediante la cual se requirió a la actora para que exhibiera la constancia de negativa de pensión expedida por el instituto demandado. Ello, porque la actora se limitó a manifestar, bajo protesta de decir verdad, haber solicitado la pensión de viudez ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y que éste fue omiso en otorgarla -sostuvo la responsable-, era insuficiente para tener por cumplido los requisitos previstos en el artículo 899-C, fracciones VI y VII, de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de acreditar contar con la constancia escrita expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de la pensión correspondiente o en su caso, cuando menos el acuse de recibo por escrito. Lo anterior en razón, esencialmente, de que las partes están obligadas a proporcionar todos los elementos necesarios que constituyan los presupuestos de su acción, es decir, en el caso, el otorgamiento de la pensión de viudez; por lo que bajo su óptica al haberse dejado de satisfacer dicho requisito, no era dable subsanar dicha omisión. Esta determinación carece de sustento jurídico pues, conforme lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, atento a la interpretación dada por este tribunal colegiado al artículo 899-C, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, efectivamente los requisitos previstos en dicho precepto normativo no pueden entenderse como simples formalidades de la demanda, sino como condiciones para la existencia de la misma y procedibilidad de la acción entablada; siempre que esos requisitos sean propios y resulten congruentes con la acción correspondiente, esto es, sin que exista la necesidad de que todas las acciones deban contener la totalidad de los requisitos previstos en el referido precepto, sino únicamente los que sean inherentes con la acción intentada. Es así, dada la estrecha relación que existe con los hechos relatados, pues como se ha precisado, de éstos derivan los requisitos que la demanda laboral ha de cumplir. Por tanto, si conforme los antecedentes relatados y en atención al requerimiento que le fue hecho a la actora, ésta puso de manifiesto ante el juez responsable que se le había negado la pensión de manera "verbal"; entonces, es de concluirse que la determinación a la que arribó el juez laboral de tener por "no presentada" la demanda es incongruente y desproporcionada, pues con su proceder estaba obligando a la quejosa a lo imposible, ya que había informado que solicitó la constancia sin obtener respuesta favorable y, aun así, se le exigió la exhibiera, lo que materialmente es imposible. Se estima de esta manera, pues el precepto normativo en que el juez laboral apoyó su requerimiento, debe considerarse aplicable a los casos en que, conforme lo relatado por la propia actora, se advierta que una vez seguido el procedimiento correspondiente ante el organismo asegurador, la pensión en comento se negó, pero no para aquéllos casos, como el que nos ocupa, en el que "verbalmente" se negó la prestación. Porque en la especie, debe considerarse que la accionante acudió directamente ante la autoridad jurisdiccional a hacer su reclamo. Lo anterior, en el entendido de que no existe precepto legal que impida a un asegurado acudir directamente ante el juez laboral para reclamar el otorgamiento y pago de una pensión de viudez. En relación con esta última afirmación, es conveniente traer a contexto la ejecutoria mediante la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis 34/2005, en la cual, si bien el punto jurídico a dilucidar se centró en determinar a partir de cuándo comienza el derecho a percibir una pensión de invalidez; cierto es también que resulta ilustrativa en relación con la temática que nos ocupa, la cual refiere a la posibilidad de que un asegurado reclame directamente ante la autoridad laboral el otorgamiento de una pensión, esto es, sin que previamente acuda para esos efectos ante el organismo asegurador. En efecto, la parte que interesa de le ejecutoria en comento, dispone: 'SÉPTIMO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que respecto del problema jurídico planteado, debe prevalecer con carácter jurisprudencial el criterio que a continuación se desarrolla. [.] En lo que interesa al tema, la Ley del Seguro Social, en su artículo 128 establecía que existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su salario habitual percibido durante el último año de trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. La invalidez, pues, surge de una enfermedad o accidente no profesional, por defectos o agotamiento físico o mental, o bien, cuando se padece una afección o un estado de naturaleza permanente que impida al asegurado trabajar. Por las características de los padecimientos que producen invalidez, el artículo 133 de la Ley del Seguro Social disponía que los asegurados que soliciten el otorgamiento de una pensión de invalidez debían sujetarse a las investigaciones de carácter médico, social y económico que el instituto estimara necesarias, para comprobar si existe el estado de invalidez. El artículo citado establecía: Artículo 133. [se transcribe]'. Esa disposición se justificaba y entendía en el contexto de las características de los padecimientos que producen el estado de invalidez, pues para determinarlo se requería la práctica de exámenes e investigaciones de carácter médico con la finalidad de conocer la naturaleza, origen y evolución de los padecimientos para comprobar la existencia del estado de invalidez, así como aquellos estudios de orden social y económico que permitieran determinar el entorno del asegurado e, inclusive, si su estado le impedía procurarse un ingreso. Por su parte, el artículo 134 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y siete, que en términos similares lo contempla el ordinal 125 de la actual legislación, disponía: 'Artículo 134. [se transcribe]'. Cabe precisar que de conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el asegurado tiene la opción de acogerse a los beneficios de la anterior ley, lo que hace aplicable el artículo 134 citado. Pues bien, como se puede observar, el ordinal 134 establecía dos supuestos para determinar la fecha en que iniciaba el derecho a la pensión de invalidez y, en consecuencia, el pago correspondiente: [.] Así, del análisis conjunto y relacionado de los artículos 133 y 134 de la anterior Ley del Seguro Social, se obtiene que cuando un asegurado sufre un accidente no profesional o presenta un padecimiento o enfermedad del orden general y solicite al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de una pensión, deberán sujetarse a los exámenes e investigaciones de carácter médico, social y económico para comprobar la existencia del estado de invalidez; en el supuesto de que ese hecho sea comprobado por el instituto, el derecho a la pensión de invalidez comenzará desde la fecha de presentación de la solicitud para obtenerla (se hace referencia únicamente al caso en que se presente la solicitud, porque es el supuesto que se presenta en los expedientes que dieron origen a la contradicción de criterios). Lo anterior es así, porque de los preceptos sujetos a análisis se desprende que la intención del legislador es que los asegurados que presenten un estado de invalidez acudan ante el propio instituto, en una primera instancia, a solicitar el otorgamiento de una pensión, pues siendo la institución que a través de sus unidades médicas le ha tratado e integrado un expediente clínico, se encuentra en la posibilidad de determinar lo conducente, de modo que la procedencia del pago de la pensión de invalidez, a partir de la fecha de presentación de la solicitud, se justifique por dos razones, siendo la primera el hecho de que es en ese momento cuando el asegurado estima, por su estado de salud, tener derecho a que le sea reconocida la invalidez y se le otorgue el pago de la pensión correspondiente, esto es, cuando exterioriza su voluntad de que se le otorgue la pensión por haber reunido los requisitos exigidos por la ley; la segunda, porque una vez presentada la solicitud, corresponde al instituto efectuar diversos exámenes e investigaciones de diversa índole que, desde luego, requieren de días o semanas cuyo transcurso no puede repercutir en el disfrute del derecho del asegurado. Ahora bien, el hecho de que el Instituto Mexicano del Seguro Social negara el otorgamiento de la pensión y con motivo de ello el trabajador acudiera ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a demandar el reconocimiento y otorgamiento de la pensión, no significa que el disfrute del derecho se prorrogue hasta la fecha de presentación de la demanda, pues la solicitud a que se ha hecho referencia es propiamente el acto por el cual el asegurado exterioriza el ejercicio del derecho y la demanda laboral sólo es la consecuencia de no haber obtenido su pretensión por las vías que establece la ley que regula el régimen del Seguro Social, verlo de otra forma implicaría desatender la disposición contenida en el artículo 134 en perjuicio del trabajador y propiciaría que el obligado deje de cumplir una obligación, pues el resultado del juicio laboral sólo vino a comprobar la procedencia de un derecho que el instituto negó indebidamente cuando se acudió ante él. Lo considerado hasta aquí no se opone con el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 4a./J. 49/93, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 72, diciembre de 1993, página 56, con el rubro y texto que a continuación se trasuntan: 'PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONALES, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO (Transcribe) En efecto, el caso analizado por la jurisprudencia se refiere a aquellos en que el asegurado presenta directamente su demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin haber acudido previamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, supuesto en el cual se considera como fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión aquella en la que se presentó la demanda y no en la que se notificó la petición contenciosa al instituto demandado; lo que permite advertir que se trata de casos diversos al que ahora se analiza". De lo anterior se obtiene que, si bien es cierto que el máximo tribunal del país al interpretar los artículos 133 y 134 de la anterior Ley del Seguro Social, indicó que la intención primaria del legislador fue que los asegurados que presentaran un estado de invalidez acudieran ante el Instituto Mexicano del Seguro Social -en una primera instancia-, a solicitar el otorgamiento de una pensión, ya que dicho instituto a través de sus unidades médicas es quien le debería haber tratado e integrado un expediente clínico; cierto es también que, de la propia ejecutoria se vislumbra la posibilidad de que, los asegurados de ese Instituto, tienen la posibilidad de acudir de manera directa a la autoridad jurisdiccional laboral a reclamar el otorgamiento y pago de la pensión en comento. Es por ello que, como se destacó al inicio de este estudio, es incorrecto el criterio adoptado por el juez laboral en el sentido de que, de manera previa y necesaria, el operario tenía que acudir al organismo asegurador a solicitar el otorgamiento de la pensión y, de manera obligatoria, exhibir ante dicha autoridad jurisdiccional el documento en que constara la negativa de su otorgamiento, o bien, la solicitud correspondiente. Consecuentemente, por este diverso aspecto procede conceder la protección constitucional al quejoso. En las relatadas condiciones, ante lo fundado de los argumentos propuestos por el quejoso, lo que procede es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la autoridad responsable haga lo siguiente: 1. Deje insubsistente el proveído de once de febrero de dos mil veintidós. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte un nuevo acuerdo, tomando en consideración lo determinado en esta ejecutoria." El Tribunal responsable informó mediante oficio 862/2022-II, de dos de enero de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, así como que había dejado insubsistente el auto impugnado de once de febrero del año en curso. Sin embargo este órgano jurisdiccional en acuerdo de quince de febrero siguiente, consideró que no se había dado cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, porque la responsable no atendió las consideraciones de la misma, porque en el punto uno del auto dictado en cumplimiento, el tribunal laboral, previno a la actora para que señale si ha solicitado por escrito al Instituto Mexicano del Seguro Social el otorgamiento de pensión por viudez, y en su caso, adjunte la constancia respectiva, lo que justamente, fue analizado en la ejecutoria que se cumplimenta y en la que se precisó que en atención al requerimiento que le fue hecho a la actora, ésta puso de manifiesto ante el juez responsable que se le había negado la pensión de manera "verbal"; entonces, es de concluirse que la determinación a la que arribó el juez laboral de tener por "no presentada" la demanda es incongruente y desproporcionada, pues con su proceder estaba obligando a la quejosa a lo imposible, ya que había informado que solicitó la constancia sin obtener respuesta favorable y, aun así, se le exigió la exhibiera, lo que materialmente es imposible, por lo que es incorrecto el criterio adoptado por la autoridad laboral en el sentido de que, de manera previa y necesaria, el operario tenía que acudir al organismo asegurador a solicitar el otorgamiento de la pensión y, de manera obligatoria, exhibir ante dicha autoridad jurisdiccional el documento en que constara la negativa de su otorgamiento, o bien, la solicitud correspondiente, de ahí que se afirme que no se hayan atendido las consideraciones de la ejecutoria concesoria, requiriéndola para que diera cumplimiento en su totalidad con la sentencia concesoria. En virtud de lo anterior, el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo responsable, informó mediante oficio 197/2023-II, de veinte de febrero de dos mil veintitrés, con el que remitió el nuevo acuerdo de la misma fecha, que en lo medular indica: "Pachuca de Soto, Hidalgo, veinte de febrero de dos mil veintitrés. TCC REQUIERE CUMPLIMIENTO Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal en Materia (sic) Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que, en proveído de quince de febrero del año en curso dicho órgano tuvo por no cumplida totalmente la ejecutoria del juicio de amparo 224/2022 de su índice, y requiere este tribunal para que dentro del plazo de tres días cumpla en su totalidad con la ejecutoria de mérito, atendiendo las consideraciones establecidas en la misma. Atento a su contenido, hágase del conocimiento de la autoridad de amparo que con fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo la parte actora desahogando la previsión efectuada en proveído de dos de enero del año en curso, por lo que respecto a la prevención marcada con el numeral uno, bajo protesta de decir verdad, manifiesto lo siguiente: 'Hago del conocimiento que con fecha 5 de agosto del año 2021 se me notificó OFICIO DE DESECHAMIENTO DE TRÁMITE DE PENSIÓN, de misma fecha 05 cinco de agosto de 2021, impresa por un solo lado, constante en una foja útil tamaño carta, emitida por el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN ESTATAL EN HIDALGO SUBDELEGACIÓN TULA DE ALLENDE DEPARTAMENTO DE PENSIONES, expedida a favor de la C. REYES REYES MA. GUADALUPE, documento firmado por el C. LIC. CARLOS ALBERTO SALINAS PÉREZ, TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES. Bajo protesta de decir verdad no cuento con copia de dicho documento, obra en poder de la demandada con los documentos originales que obran en el expediente del trabajador fallecido AGUILAR JUÁREZ DONACIANO, con número de seguridad social 13-71-53-0534-1 que obran en el DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE LA DELEGACIÓN ESTATAL DE HIDALGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, con domicilio en BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO 4604, FRACCIONAMIENTO EL PALMAR, 42088 PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.' En ese sentido, atendiendo a las consideraciones de la ejecutoria de referencia, este tribunal con fecha dieciséis de enero de dos mil veintitrés, admitió la demanda a trámite en la vía de conflicto individual de seguridad social, ordenando emplazar a juicio a la parte demandada, así como realizar las diligencias para la investigación de presuntos beneficiarios del extinto trabajador Donaciano Aguilar Juárez. En razón de lo anterior, remítanse al Segundo Tribunal en Materia Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito copias certificas del escrito de por el que la parte actora desahoga la prevención, así como del proveído que admitió la presente demanda a trámite. COMPARECENCIA DE DESISTIMIENTO Agréguese a los autos la comparecencia de esta misma data, por la que se hizo constar el desistimiento tanto de la instancia como de la acción intentada por la actora Ma. Guadalupe Reyes Reyes en el presente juicio en contra del demandado Instituto Mexicano del Seguro Social. No se desatienda que la persona actora compareció a este Tribunal acompañada de su apoderado legal, quien igualmente firmó la comparecencia de ratificación de desistimiento. En ese sentido, con fundamento en los artículos 17, 685, párrafo segundo, 687 y 773 de la Ley Federal del Trabajo, se acuerda de conformidad con la petición de la persona actora y se le tiene por desistida tanto de la instancia como de la acción para todos los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 92/2017 (10a.), de rubro y texto siguientes: 'DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN LABORAL. ES INNECESARIA LA RATIFICACIÓN DEL ACTOR, CUANDO EL APODERADO LEGAL CUENTA CON FACULTADES EXPRESAS PARA ELLO.' (Transcribe). Hágase del conocimiento de dicha circunstancia al Segundo Tribunal en Materia (sic) Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, asimismo, remítase copias certificadas de la comparecencia de desistimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese, personalmente al demandado y por oficio al Segundo Tribunal en Materia (sic) Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito." De la lectura de la anterior transcripción, se considera que la responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este tribunal, porque por auto de dos de enero de dos mil veintitrés dejó insubsistente el auto impugnado de once de febrero de dos mil veintidós, en el que tuvo por no presentada la demanda laboral, y dictó uno diverso el veinte de febrero del año que transcurre, en el que con libertad de jurisdicción tuvo por desahogada la prevención hecha a la actora, admitiendo a trámite en la vía de conflicto individual de seguridad social, ordenó emplazar a la parte demandada y realizar la investigación de presuntos beneficiarios del extinto Donaciano Aguilar Juárez. No obstante lo anterior, informó a este órgano jurisdiccional que la actora Ma. Guadalupe Reyes Reyes se desistió de la acción intentada en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acompañada de su apoderado legal acudió a ratificar el mismo en el local del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, por tanto, en auto de veinte de febrero del presente año se le tuvo por desistida tanto de la instancia como de la acción. Por lo anterior, se concluye que la responsable ha dado cumplimiento total a la ejecutoria, en términos del cuarto párrafo del precepto 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, ha transcurrido el plazo de diez días que se dio a las partes para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, según se aprecia del auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, siendo omisas. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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