Ma. Guadalupe Baños Escobedo

Expediente 132/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 37 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
37
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Ismael Martínez Cruz
  • Ma. Guadalupe Baños Escobedo
  • César Pineda Zarate
  • Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio del Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, a través del cual informa sobre el cumplimiento que dice dar a la ejecutoria de amparo, dictada en el presente asunto, para lo cual, remite copia certificada del laudo de veintisiete de los corrientes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de diez días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; hecho lo anterior, díctese el acuerdo correspondiente Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos; de los que se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, para manifestar lo que a su derecho conviniese en relación al oficio STPSH/TECA/AMP/1849/2023, que contiene el laudo de cuatro de octubre del año en cita, emitido por el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, haciendo manifestación al respecto Ma. Guadalupe Baños Escobedo, en carácter de quejosa. En esas condiciones, en acatamiento al proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede al estudio respectivo, a fin de concluir sobre si se encuentra, o no, cumplida la ejecutoria que concedió el amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.129/2007, visible en la página 619 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, cuyo rubro dice: "SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. EFECTOS Y MEDIOS PROCESALES PARA LOGRAR SU PLENO ACATAMIENTO.". Por lo anterior, cabe mencionar que el seis de octubre de dos mil veintidós, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Ma. Guadalupe Baños Escobedo, contra el acto que reclamó, para los efectos siguientes: ".lo que procede en la especie es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo combatido, y con base en lo aquí determinado, proceda en los siguientes términos: 184. I. Reponga el procedimiento a efecto de que admita el medio de perfeccionamiento ofrecido por el peticionario de amparo, consistente en el cotejo o compulsa de la documental consistente en la minuta de acuerdos de nueve de diciembre de dos mil trece (9-diciembre-2013). 185. Hecho ello, se pronuncie de manera particularizada de las prestaciones contenidas en el inciso D) de la demanda laboral, para lo cual deberá establecer si son o no extralegales, así como sí es o no, procedente su otorgamiento y pago respectivamente, en el entendido de que deberá valorar todas las pruebas ofrecidas por la accionante, fundando y motivando su determinación. 186. II. Se pronuncie nuevamente sobre el reclamo de nulidad de la orden de presentación de diez de febrero de dos mil dieciséis (10-febrero-2016), se abstenga de considerar el supuesto incumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y se ciña estrictamente a los argumentos que fueron expuestos en los escritos de demanda y contestación; esto es, si dicha orden debe o no cumplir con lo dispuesto por la fracción X del artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo. 187. III. Se pronuncie nuevamente sobre el reclamo de reinstalación formulado por la accionante, y en relación con la excepción de inexistencia de despido y abandono de trabajo, determine que no se está en presencia de una excepción propiamente dicha, sino de una simple negativa lisa y llana del despido; y resuelva lo que en derecho corresponda. 188. IV. Para lo anterior, el tribunal responsable deberá valorar, no sólo las pruebas propuestas por la parte demandada, sino también las ofrecidas y debidamente desahogadas por parte de la accionante; principalmente la prueba confesional a cargo del Instituto Hidalguense de Educación y la Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo, de cuyo desahogo se desprende que ambos fueron declarados confesos de las diversas posiciones que fueron calificadas de legales. 189. Y así, resuelva conforme a derecho corresponda sobre dichas prestaciones, y demás inherentes a éstas, en el entendido de que deberá reiterar la condena al reconocimiento de la accionante como miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 15.". Así, en auto de once de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el laudo de trece de julio de dos mil veintiuno, ordenó reponer el procedimiento a partir del auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, ordenó el desahogo del medio de perfeccionamiento de la prueba consistente en minuta de nueve de diciembre de dos mil trece, cuyo verificativo tuvo lugar el tres de marzo de dos mil veintitrés; con lo cual se cumple el efecto descrito en el punto I, primer párrafo. Luego, en relación al efecto descrito en el punto I, párrafo segundo, se ordenó a la autoridad responsable que se pronunciara de manera particularizada sobre las prestaciones contenidas en el inciso D), de la demanda laboral, debiendo establecer si son o no extralegales, así como sí es o no procedente su otorgamiento y pago, respectivamente, en el entendido de que debía valorar todas las pruebas ofrecidas por la accionante, fundando y motivando su determinación. Al respecto, el Tribunal responsable en el nuevo laudo señaló que era procedente condenar a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, e Instituto Hidalguense de Educación, únicamente al pago de las prestaciones de carácter legal, siendo aguinaldo y prima vacacional; no obstante, es improcedente el pago de las extralegales consistentes en bono de inicio de ciclo escolar, bono de transporte, priva vacacional (sic), bono de conectividad a internet, bono del día del maestro, nueve días económicos con permisos no disfrutados, pago de cinco días de ajuste calendario, bono de reconocimiento a la tarea educativa al personal del plantel, contenidas en la minuta de acuerdos de nueve de diciembre de dos mil trece, toda vez que dicho documento es ilegible, además de que únicamente puede considerarse como un borrador, por lo que no demostró su existencia, ello al margen de que se desahogó su cotejo y perfeccionamiento, sin que se exhibiera la documental original, por lo que se declaró presuntivamente confesa a la parte demandada, de los extremos que hace valer la actora. Con lo anterior, es claro que no se dio cumplimiento al lineamiento antes precisado, pues, como lo refiere la quejosa, la responsable se limitó a reiterar que la minuta de acuerdos de nueve de diciembre de dos mil trece, en la que se describen las prestaciones extralegales, es ilegible, y únicamente puede considerarse como un borrador, sin exponer los razonamientos lógico jurídicos del por qué no merece valor la presunción de certeza de hechos atribuidos por la actora, derivado de que la demandada no exhibió el original de la minuta, lo que debió fundar y motivar, tal como se le ordenó en el efecto en cuestión. En tal sentido, en el nuevo laudo que dicte, deberá pronunciarse de manera fundada y motivada sobre el alcance demostrativo de dicha presunción de certeza y, resolver como corresponda, sobre las prestaciones extralegales contenidas en la minuta de acuerdos de nueve de diciembre de dos mil trece. En diverso orden, por lo que hace al efecto descrito en el punto II, se ordenó al Tribunal responsable pronunciarse nuevamente sobre el reclamo de nulidad de la orden de presentación de diez de febrero de dos mil dieciséis (10-febrero-2016), abstenerse de considerar el supuesto incumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y ceñirse estrictamente a los argumentos que fueron expuestos en los escritos de demanda y contestación; esto es, si dicha orden debe o no cumplir con lo dispuesto por la fracción X del artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo. Al respecto, la responsable en el nuevo laudo se limitó a reiterar de forma íntegra lo mismo que precisó en el primer laudo reclamado, que quedó sin efectos, ya que enlistó únicamente las pruebas de la parte demandada, sin valorarlas de manera particular, omitiendo precisar cuáles fueron las ofrecidas, admitidas y desahogadas a la actora aquí quejosa y, por consecuencia, sin examinarlas, limitándose a señalar de forma dogmática, es decir, sin exponer motivación alguna, que la actora fue omisa en dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente, por lo que era improcedente la nulidad de la orden de presentación de diez de febrero de dos mil dieciséis, absolviendo a las demandadas de la reinstalación. Como puede verse, en este apartado el fallo protector no se encuentra cumplido, pues no se acató en absoluto los lineamientos establecidos; por lo que, en el nuevo laudo que dicte deberá acatar de forma puntual lo ordenado en el efecto II, es decir, precisar claramente cuáles son las pruebas tanto de la parte demandada (incluida la confesión ficta de dicha parte), como de la parte actora y, en seguida, proceder a valorarlas, señalando en concreto qué se deprende de cada una, y las razones por las cuales les concede o resta eficacia demostrativa. Ello, para que a continuación se pronuncie nuevamente, de forma fundada y motivada, sobre el reclamo de nulidad de la orden de presentación de diez de febrero de dos mil dieciséis (10-febrero-2016), absteniéndose de considerar el supuesto incumplimiento de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y ceñirse estrictamente a los argumentos que fueron expuestos en los escritos de demanda y contestación; esto es, si dicha orden debe o no cumplir con lo dispuesto por la fracción X del artículo 32 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, así como de los Organismos Descentralizados, del Estado de Hidalgo. Por otro lado, en el efecto III, se ordenó al Tribunal responsable pronunciarse nuevamente sobre el reclamo de reinstalación formulado por la accionante, y en relación con la excepción de inexistencia de despido y abandono de trabajo, determinara que no se está en presencia de una excepción propiamente dicha, sino de una simple negativa lisa y llana del despido; y resuelva lo que en derecho corresponda. Al respecto, la responsable en el nuevo laudo se limitó a reiterar de forma íntegra lo mismo que precisó en el primer laudo reclamado, que quedó sin efectos, ya que únicamente señaló que la actora no se encuentra prestando un servicio para las demandadas, por lo que no tiene derecho a recibir a cambio una retribución económica; no obstante, su negativa de llevar a cabo su toma de presentación, trajo consigo la reparación de la relación laboral, pero por decisión propia de la actora; de ahí que no haya sido despedida de su fuente de empleo. Con lo cual evidentemente no se cumple el efecto en cuestión, porque no se advierte pronunciamiento fundado y motivado sobre el reclamo de reinstalación formulado por la accionante, ni que en relación con la excepción de inexistencia de despido y abandono de trabajo, haya determinado que no se está en presencia de una excepción propiamente dicha, sino de una simple negativa lisa y llana del despido; lo que deberá ser subsanado en el nuevo laudo que al efecto dicte. Consecuentemente, no se advierte que el Tribunal responsable, haya dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En mérito de lo anterior, y como se señaló con antelación, al ser el cumplimiento de las sentencias de amparo una cuestión de orden público, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo, para que dé debido cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En el entendido que en el nuevo laudo que dicte, deberá precisar que deja sin efectos el laudo de cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente.". Notifíquese.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, sobre el cumplimiento que dice dar la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, transcurrió del diez de octubre, al diez de noviembre, ambos de dos mil veintitrés, siendo inhábiles en ese lapso los días doce (no corrieron términos), catorce, quince, del dieciséis al veintinueve, todos de octubre de este año, en atención a la Circular 28/2023 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a la diversa 29/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 9°, fracciones XIII y XIV, así como 10° del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, así como POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, de igual forma el uno, dos, tres (no corrieron términos) cuatro y cinco de los corrientes y únicamente Ma. Guadalupe Baños Escobedo, realizó manifestaciones, en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito de Ma. Guadalupe Baños Escobedo, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene a la quejosa realizando las manifestaciones que indica, con lo cual, desahoga la vista otorgada por auto de cinco de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

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