Ma. Guadalupe Larios Hernández
Expediente 576/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/07/2022
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Larios Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintitrés de junio de este año, en el cual se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, sin que haya necesidad de ponerlo a la vista de las partes por las consideraciones que se detallarán a continuación. Ahora bien, del contenido del informe que se recibe se advierte que la autoridad oficiante negó el acto que se le reclama; sin embargo, enseguida refirió que el diecisiete de junio del año actual, emitió acuerdo dentro del expediente administrativo laboral 239/E06/2017, a través del cual hizo efectivo el apercibimiento con que fueron conminadas las partes demandadas Atento Atención y Servicio Sociedad Anónima de Capital Variable; Pegaso PCS Sociedad Anónima de Capital Variable y Atento Servicios Sociedad Anónima de Capital Variable fuente de trabajo ubicado en Sexta Sur, número 304, colonia Industrial, código postal 87350, de esta ciudad, en el diverso de quince de febrero del año en que se actúa, donde les requirió para que dentro del término de tres días, acreditaran que Alejandro Fuentes García, Claudia Rodríguez Ríos y Carmen Pérez Hernández, ya no laboraban o no se encontraban bajo sus servicios, imponiéndoles a cada una de ellas, una multa de cien días de salario mínimo, equivalente a $26,340.00 (veintiséis mil trescientos cuarenta pesos), remitiendo para tal efecto copias certificadas con las que sustentó su dicho. En ese sentido, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la quejosa Juana González Ángeles, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la impetrante Ma. Guadalupe Larios Hernández, se hace consistir en la omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de hacer efectiva la sanción establecida en proveído de quince de febrero de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 239/E06/2017, donde se requirió a las partes demandadas Atento Atención y Servicio Sociedad Anónima de Capital Variable; Pegaso PCS Sociedad Anónima de Capital Variable y Atento Servicios Sociedad Anónima de Capital Variable, acreditaran que Alejandro Fuentes García, Claudia Rodríguez Ríos y Carmen Pérez Hernández, ya no laboraban o no se encontraban bajo sus servicios. Sin embargo, del informe de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, y de las constancias que en copia certificada se anexaron al mismo, se desprende que el diecisiete de junio de la presente anualidad, se dictó el acuerdo correspondiente dentro del asunto laboral referido, esto es, hizo efectivas las multas con que las partes demandadas fueron apercibidas; cuya omisión de proveer fue la causa de pedir en el presente juicio. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con treinta y tres minutos del uno de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico a la persona moral tercera interesada Atento, Atención y Servicios, S. A. de C. V., por conducto de su representante legal, el auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, tres de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Larios Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que para ese efecto se lleva en este juzgado, con el número 576/2022-V. se admite la demanda de derechos fundamentales. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal. No se tramita incidente de suspensión en atención a que del contenido del escrito de demanda de cuenta no se advierte el capítulo correspondiente para ello, aunado a que el acto reclamado no se encuentra en los supuestos para decretarla de oficio en términos de los preceptos 126 y 127, ambos de la Ley de Amparo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para lo cual, se deja a su disposición el correo electrónico rigonzalez@cjf.gob.mx, únicamente para lo que a este expediente concierne. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con treinta y tres minutos del uno de julio de dos mil veintidós. Por otra parte, la compareciente señala como tercero interesado a Atento, Atención y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en calle Sexta, número 113, zona Centro, en esta ciudad; por lo que, con fundamento en el numeral 5º, fracción III, inciso b), de la legislación de la materia, se reconoce con tal carácter al nombrado. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria adscrita a este juzgado para que se constituya en dicho lugar y con copia simple de la demanda y del presente auto, emplace a esta contienda constitucional al referido tercero interesado por conducto de quien acredite su legal representación; lo anterior, para que de estimarlo conveniente, se apersone al presente juicio de amparo a defender sus derechos. Por otro lado, se tiene como domicilio de la parte agraviada para oír y recibir notificaciones el que menciona en su libelo de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la ley en cita, a los profesionistas que refiere en su ocurso, por tratarse de la parte trabajadora en materia laboral. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Rosa Isela González Urbina, Secretaria que autoriza y da fe.
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