Ma. Guadalupe Larios Hernández
Expediente 557/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/09/2019
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Larios Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran impugnado la sentencia emitida el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo definitivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio sin número enviado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por ministerio de ley y el anexo que adjuntó al mismo; en tal razón, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente sin mayor proveído sustancial al respecto, pues el diecinueve de agosto del año en curso se sobreseyó en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
IV...AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Acta relativa a la audiencia constitucional celebrada a las diez horas con veinte minutos del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio de amparo 557/2019-IV, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. El licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, secretario quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. El secretario: Juicio de amparo 557/2019-IV, promovido por Ma. Guadalupe Larios Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. Se hace saber que la presente diligencia es para llevar al cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo con el que se da cuenta. De igual forma, se hace constar que ninguna de las partes se encuentra presente. El Secretario encargado del despacho: Secretario, dé cuenta con las constancias que conforman este cuaderno: El secretario: Se da cuenta con lo siguiente: Escrito inicial de demanda de amparo. Omisión de la Responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Matamoros, Tamaulipas, de rendir su informe justificado no obstante de estar notificada del oficio 12681/2019 al través del cual le fue solicitado. El Secretario encargado del despacho: Se tiene a la secretaría relacionando las constancias de autos, y por omisa a la autoridad responsable, por lo que, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto de ella reclamado. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; secretario de cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. El Secretario: Se da cuenta con las pruebas documentales exhibidas por la quejosa en su escrito inicial de demanda, consistente en copia simple de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones relativa al expediente de origen 00239/E6/2017, en la que consta el señalamiento de nueve fecha para esa audiencia. El Secretario encargado del despacho: Con apoyo en el precepto 119 de la ley de la materia, téngase por admitidas y desahogadas las pruebas aludidas y al no haber más que relatar se declara cerrado dicho período y abierto el de alegatos. El Secretario: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención. El Secretario encargado del despacho: Téngase a la secretaría haciendo constar que ninguna de las partes formuló alegatos de su intención. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, a fin de proceder a dictar la resolución correspondiente en los siguientes términos: S E N T E N C I A Heroica Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 557/2019-IV, promovido por Ma. Guadalupe Larios Hernández contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta localidad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve ante este Juzgado de Distrito, Ma. Guadalupe Larios Hernández, promovió juicio de amparo indirecto, en el que reclamó de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: Acto reclamado: "Señalar en exceso de tiempo la fecha y hora para el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones." Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1º, 14, 16 y 123 constitucional y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías, se registró en el libro de gobierno bajo el número 557/2019-IV que le correspondió; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de la terceras interesada y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se difirió por una ocasión, y tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos Segundo y Tercero del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece, en virtud de que el acto aquí reclamado por la parte quejosa, tendrá ejecución material en esta ciudad, y la responsable tiene su residencia en Matamoros, Tamaulipas, donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal invocado. Así, se tiene que el acto que la parte quejosa reclama a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, consiste en: La omisión de la responsable en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al programar, en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral 239/E06/2017, hastael treinta de agosto de dos mil diecinueve. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente notificada para ello desde el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, según se acredita con la constancia de acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 15); por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que la quejosa le reclama. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 1011, del Semanario Judicial de la Federación, III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época, materia común, que en su rubro y texto dice: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE RENDIRLO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA. PRESUNCIÓN LEGAL QUE SE ACTUALIZA. Cuando una autoridad responsable es señalada como ordenadora y omite rendir su informe justificado se actualiza la presunción contemplada por el artículo 149 de la Ley de Amparo aun cuando la ejecutora niegue los actos reclamados." CUARTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Ahora bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente al acto reclamado por la quejosa Ma. Guadalupe Larios Hernández, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [ .]" Cierto, el acto reclamado por la agraviada se hace consistir en la omisión de la responsable en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, al programar, en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, la fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral 239/E06/2017, esto es, para el día treinta de agosto de dos mil diecinueve, esto es, excediendo el plazo legal. Ahora bien, vistas las copias anexadas al escrito inicial de demanda, se advierte que, efectivamente en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente administrativo laboral 239/E06/2017, es decir, nueve días hábiles posteriores en que se emite la presente resolución. Debe destacarse que no obstante que la parte quejosa invoca también como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14 y 16 constitucional, en su concepto de violación solamente se duele de transgresión a la pronta impartición de justicia inserta en el artículo 17 de la Constitución, pues al efecto refiere que dentro del expediente administrativo laboral 239/E06/2017, se señaló la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en una fecha que excede el término que al efecto establece la Ley Federal del Trabajo; por lo que es a la luz de este último numeral que se efectuará el estudio del presente asunto. Ahora bien, en su concepto de violación la parte quejosa afirma que el acto reclamado es violatorio del derecho humano previsto en el artículo 17 de la Carta Magna, en la medida en que la responsable ha sido omisa en administrar justicia en los plazos y términos que para tal efecto fija la Ley Federal del Trabajo, toda vez que programó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en una fecha que excede el término que al efecto establece la Ley Federal del Trabajo. Agrega que tal actuar es una flagrante violación a su derecho fundamental de justicia pronta y expedita contenido en el numeral 17 de la Carta Magna, dado que esa diligencia debió agendarse dentro del plazo a expresamente alude el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, a los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El mandato contenido en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de impartir justicia, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; en cuyo cumplimiento deben concurrir, por una parte, el legislador, al establecer normas adecuadas para esos propósitos y, por otra, toda autoridad que realice actos materialmente jurisdiccionales; es decir, todos aquellos órganos del Estado que tienen encomendada la tarea de resolver controversias, declarando el derecho entre las partes. El derecho fundamental en comento también tiene como propósito que los gobernados puedan acudir ante los tribunales a fin de que se les imparta justicia, esto es, para que mediante la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, resuelvan una situación jurídica, declarando el derecho aplicable, o bien, la existencia de una obligación y, en su caso, la hagan efectiva. Esta prerrogativa a favor de los gobernados implica el disfrute de diversos derechos relacionados con la impartición de justicia, a saber: Prontitud, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de impartir justicia, de resolver las controversias que les sean planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes aplicables. Exhaustividad, esto es, que la autoridad que conoce el asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de la totalidad de los temas debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución sustentada en la ley aplicable al caso concreto. 3. Imparcialidad, que implica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismos respecto de alguna de las partes, ni arbitrariedad en su sentido. 4. Gratuidad, que significa que los órganos del Estado encargados de impartir justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobren a las partes en conflicto, emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así pues, todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución de dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, están obligadas al cumplimiento de los principios mencionados, con independencia de si son órganos formalmente administrativos, legislativos o judiciales. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J.192/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En el caso, son aplicables los artículos de la Ley Federal del Trabajo reformados el treinta de noviembre de dos mil doce, en virtud de que entraron en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que el juicio origen de donde deriva el acto reclamado fue iniciado en el año dos mil diecisiete, motivo por el que le son aplicables las referidas reformas. Los artículos 685, 873 y 875 de la Ley Federal del Trabajo, reformados el treinta de noviembre de dos mil doce, a la letra dicen: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley". "Artículo 875. La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de dos etapas: a) De conciliación; b) De demanda y excepciones;". De los numerales transcritos se advierte que el proceso del trabajo será, entre otras cosas, inmediato, imponiendo a las juntas laborales el deber de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del trámite. Además, establecen que recibida la demanda, emitirá la Junta un acuerdo en el que señalará día para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes. Bajo tal óptica, resulta claro que la autoridad responsable procedió incorrectamente al señalar el treinta de agosto de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia de conciliación demanda y excepciones, tomando en consideración que en el acuerdo que se fijó se emitió el veintiuno de junio de ese mismo año, por ende, el desahogo de tal diligencia debió fijarse dentro de los quince días siguientes a esa fecha, por lo que al haber señalado la responsable una fecha que excede de dicho término, es obvio que transgredió en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que establece que la administración de la justicia deberá ser impartida dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. Sin embargo, no obstante lo anterior, la programación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones fijada en auto de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, se encuentra señalada para nueve días posterioriores al dictado de la presente resolución. Por tanto, aun y cuando ésta no se señaló dentro de los quince días siguientes al dictado del acuerdo, que establece el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, a nada práctico conduciría conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para que la responsable dejara sin efectos la programación de la misma y señalara una nueva fecha para su desahogo, pues con ello se vulneraría con la nueva fecha los derechos humanos de la agraviada Ma. Guadalupe Larios Hernández. En tal contexto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ma. Guadalupe Larios Hernández. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en proveído de veintiséis de junio del año en curso, se admitió a trámite el presente asunto y se requirió a la autoridad responsable denominada Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la rendición de su informe justificado dentro del término de quince días, contados a partir de su legal notificación, ello mediante el oficio a.12681/2019-IV, que contiene inserto dicho auto (fojas 8 a 10). El comunicado de referencia fue entregado a la apuntada responsable el veintisiete de junio del año en curso (foja 15). Ahora bien, es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito que la referida autoridad se encuentra en período vacacional, comprendido del quince al veintinueve de julio de dos mil diecinueve, reanudando labores el treinta de este mes y año. Establecido lo anterior, es de decirse que a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, le encuentra transcurriendo el plazo otorgado a dicha responsable para la rendición de su informe justificado. En consecuencia, para dar lugar a todo lo acordado con antelación, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con veinte minutos del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, para su desahogo. Finalmente, como se dijo en párrafos precedentes, es un hecho notorio para este Juzgado que la autoridad responsable, se encuentra en su período vacacional; por tanto, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción para que una vez que dicha autoridad reanude sus labores, proceda a realizar la entrega del oficio que se derive del presente acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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