Ma. Guadalupe Juárez Hernández
Expediente 193/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 193/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Juárez Hernández
Actuaciones
- Principal
Firme desechamiento Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por *******, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Devolución de documentos Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Recepción y registro de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por ***, en contra de actos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 18, 21, 22 y 129 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 193/2021-1. Desechamiento de demanda En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando de la lectura de la demanda se advierte en forma patente y absolutamente clara, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado el oficio ***, de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, signado por la encargada de la oficina de representación Guanajuato de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la cual se señala hora y fecha para la ejecución parcial de la resolución Presidencial de uno de febrero de mil novecientos ochenta, sobre dotación de tierras al poblado denominado "Ex-hacienda de Merino", perteneciente al municipio de Cortázar, Guanajuato. Precisión de actos que también encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, agosto de 1998, materia común, página 227, del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Fijado lo anterior, este operador jurídico considera que, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; artículo y fracción que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" De lo trascrito, se obtiene que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, en contra de actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, por lo que, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el promovente -previo a la instauración del procedimiento constitucional- debe agotar el medio ordinario de defensa, pues es claro que a través de este puede alcanzar la pretensión jurídica de nulificar el acto reclamado y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Así, del contenido íntegro de la demanda de amparo y anexos, como se precisó, se advierte que la parte quejosa instaura el juicio constitucional en contra del acto destacado contenido en el oficio ***, de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, signado por la encargada de la oficina de representación Guanajuato de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en la cual se señala hora y fecha para la ejecución parcial de la resolución Presidencial publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de febrero de mil novecientos ochenta, sobre dotación de tierras al poblado denominado "***", perteneciente al municipio de Cortázar, Guanajuato; sin embargo, previo a la promoción del presente juicio , debió promover juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario competente. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 58/1996, determinó lo siguiente: -Que los actos dentro de la ejecución o reejecución de una resolución presidencial, como asuntos en trámite, se rigen por el artículo quinto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y la competencia para conocer de estas cuestiones se reserva a los Tribunales Unitarios Agrarios. -Que las fracciones IV y V del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establecen un presupuesto competencial amplio para los Tribunales Unitarios Agrarios, dado que los faculta para resolver la impugnación de actos que alteren derechos o determinen la existencia de una obligación y la de intervenir para resolver conflictos sobre la tenencia de las tierras ejidales y comunales, lo que debe entenderse, como el establecimiento de un medio o recurso ordinario para impugnar actos de autoridades agrarias. -Que los Tribunales Unitarios Agrarios están dotados de competencia ahora para resolver sobre las acciones de nulidad de actos de autoridades agrarias, por medio de las cuales se altere, modifique o extinga la existencia de un derecho o para dirimir los conflictos sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, relacionados con la ejecución o reejecución de una resolución presidencial dotatoria o restitutoria de tierras, en asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo marco jurídico agrario, y que se impugnen después de instaurados los Tribunales Unitarios Agrarios, ya que a partir de las reformas a la Constitución que se han mencionado, de la entrada en vigor de las Leyes Agraria y Orgánica de los Tribunales Agrarios y de la instauración de los Tribunales Unitarios Agrarios, existe una instancia nueva que deberá agotarse siempre y cuando se surta su competencia, como en el presente caso. -Que debe acudirse al juicio agrario en el caso que se analiza, dado que si el Poder Revisor de la Constitución estableció en los artículos segundo y tercero transitorios del decreto reformatorio de la Ley Fundamental la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios, no solo para resolver asuntos futuros, sino también los que se encuentren en trámite, por mayoría de razón éstos son competentes, cuando la controversia surja una vez instaurados estos órganos jurisdiccionales, dado que ahora su competencia se surte para conocer de conflictos en los que se impugne la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias o restitutorias de tierras. -La exigencia de agotar previamente la instancia agraria al juicio constitucional se ve respaldada por el hecho de que el artículo 166 de la Ley Agraria prevé la suspensión de los actos. De la anterior ejecutoria, derivó la jurisprudencia 2a./J. 55/97, cuyo rubro y texto son: "JUICIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ACTOS DE AUTORIDADES DENTRO DE LA EJECUCIÓN O REEJECUCIÓN DE UNA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL DOTATORIA DE TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, AUNQUE SE HAYAN REALIZADO CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS, SIEMPRE QUE LA IMPUGNACIÓN DE DICHOS ACTOS SE HAYA EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A LA INSTAURACIÓN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo recoge un aspecto del principio de definitividad del proceso constitucional, en virtud del cual, los actos que se combaten por este medio deben ser inatacables de conformidad con las disposiciones legales ordinarias. Lo anterior obliga, en el caso en el que se combatan actos de autoridades agrarias dentro de la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, a agotar el juicio agrario antes de acudir al amparo, dado que por la entrada en vigor de la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformada mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y dos y los artículos 1o. y 163 de la Ley Agraria y 1o. y 18, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios conocer de la impugnación de los actos de las autoridades que afecten, modifiquen o extingan derechos y de los conflictos sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, dentro de los cuales pueden comprenderse las actuaciones realizadas dentro de la ejecución o reejecución de resoluciones presidenciales dotatorias de tierras, aun de las efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor de la última ley citada anteriormente, siempre que la impugnación se realice con posterioridad a su instauración, en virtud de que ahora corresponde a dichos órganos jurisdiccionales conocer, a través del juicio agrario, de dichas cuestiones." En ese orden de ideas, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues si el quejoso reclama un oficio que tiende a la ejecución parcial de una resolución presidencial, previo a la promoción del juicio de amparo, debió instar juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario competente. Ello es así, pues de los artículos 1o. y 163 de la Ley Agraria y 1o. y 18, fracciones IV y V, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se desprende que corresponde a los Tribunales Unitarios Agrarios conocer de la impugnación de los actos de las autoridades que afecten, modifiquen o extingan derechos y de los conflictos sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, relacionados con la ejecución o reejecución de una resolución presidencial dotatoria o restitutoria de tierras. Así las cosas, es evidente que la parte quejosa previo a promover el juicio de amparo, debió instar juicio agrario ante el Tribunal Unitario Agrario competente. Destaca que en el particular no es obstáculo para desechar la demanda de mérito, lo relativo a la suspensión del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establece el artículo 166 de la Ley Agraria, que regula la suspensión de los actos reclamados 78 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión de los actos cuestionados -en caso de que el quejoso hubiere tenido la intención de solicitarla-, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por los que la Ley Agraria no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, de ahí que sea procedente previo a la instauración del juicio constitucional, los citados medios ordinarios de defensa. En razón de lo cual no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Asimismo, debe puntualizarse que, a consideración de este juzgado, no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la quejosa no solo aduce violaciones a la constitución, sino también expresa motivos de disenso de legalidad; aunado a que el oficio que se notificó se advierte fundado y motivado; sostener el criterio contrario, propiciaría el abuso del juicio de Amparo, haciendo nugatorio el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. De ese modo el acto reclamado tampoco encuentra asidero en el supuesto de excepción aludido en la causa de improcedencia que se analiza. Es de invocarse, en sentido contrario, la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, NO EXISTE OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS SI EL ACTO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN. Si en la demanda de garantías se impugnan los actos reclamados por falta de fundamentación, no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes previamente a la interposición del juicio de garantías, pues el artículo 73, fracción XV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es claro al establecer que no existe obligación de agotar tales medios de defensa si el acto carece de fundamentación." Determinación judicial En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que lleva implícito el principio de definitividad establecido en el numeral 107, fracción IV, constitucional, resulta procedente desechar la demanda constitucional promovida por Ma. Guadalupe Juárez Hernández, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento debe precisarse que también se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, referente a la cosa juzgada, en virtud de que la promovente promovió un anterior juicio de amparo (172/2021 del índice de este juzgado federal, el cual se invoca como hecho notorio), contra el mismo acto, el cual se desechó de plano la demanda en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se determinó que respecto de tal acto reclamado, previamente a instar la acción constitucional, debió agotarse el principio de definitividad, entonces es viable establecer que, por excepción, opera la improcedencia del nuevo juicio de amparo por cosa juzgada, ya que si bien en la primera oportunidad no se analizó el fondo del asunto, lo cierto es que la causa de improcedencia vinculada con el principio de definitividad, por su naturaleza, hace inejercitable diversa acción de amparo promovida por la misma quejosa como sucede en el presente caso, contra el propio acto reclamado, porque lo que constituye cosa juzgada es que antes de promover el juicio de amparo, debió agotarse el medio de defensa ordinario. De ahí que también resulta procedente desechar la demanda constitucional promovida por *****, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados Se tiene a la parte quejosa como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de mérito. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las persona que autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho, como así lo exige dicho ordinal (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito) se les tiene como autorizados únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes
- Ma. Guadalupe Gabriela Hernández Campos624/2022
- Ma. Guadalupe Guzman Cisneros914/2015
- Ma. Guadalupe Juarez Hernández1043/2016
- Ma. Guadalupe Juárez Hernández25/2019
- Ma. Guadalupe Juárez Hernández799/2022
- Ma. Guadalupe Juárez Hernández172/2021
- Ma. Guadalupe Juárez Morín390/2023
- Ma. Guadalupe Luna Zamora422/2017
- Ma. Guadalupe Medina Lara591/2022
- Ma. Guadalupe Medina M.1064/2017
- Ma. Guadalupe Murillo Echeverria24/2018
- Ma. Guadalupe Ojeda Almanza1199/2016