Ma. Guadalupe Juárez Hernández
Expediente 799/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Juárez Hernández
- Elena Belen Martínez Medellín (Apoderada Legal)
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de diecinueve de agosto dos mil veintidós, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por Elena Belén Martínez Medellín, apoderado legal de la quejosa Ma. Guadalupe Juárez Hernández-personalidad que acredita al tenor de la copia certificada que exhibe de la escritura pública número doce mil doscientos noventa y tres, pasada ante la fe del notario público número cincuenta y seis de esta ciudad de Celaya, Guanajuato,- la que se le reconoce en témrinos del artículo 1 de la Ley de Amparo, por el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de diez de agosto actual, pues el efecto exhibe la copia certificada con que acreditó la representación con que se ostenta y ptroporciona la información respectiva. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que, deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Asimismo, el citado artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Ahora, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprende que el acto reclamado consiste de manera destacada en: "a) Se reclama de la autoridad responsable, la negativa a la petición por escrito para otorgar copias simples o certificadas, ocultar el expediente y sacar el expediente del juzgado, la petición escrita fue ingresada por oficialía de partes el día 29 de abril del presente año. Lo anterior, por violar el derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8, 14 y 16 constitucional." Al respecto, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto que reclama, desde el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, pues al respecto expuso: "SEGUNDO.- Me entere del acuerdo el día 17 DE MAYO del presente año, de que se me 'había negado mi derecho a pedir copias simples ya que no se me reconoce cómo tercera interesada y/o perjudicada, pero si me reconocen en el mismo expediente corno dueña del predio y me hacen una notificación de ejecución con anterioridad a través de la SEDATU (SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y HUMANO) anexo 2, por tal motivo me dejan en estado de indefensa porque no me permiten saber por qué se me ejecuta; durante los días de espera a su contestación me negaron el expediente porque decían que no se encontraba y se había extraviado, a lo cual el día 13 de mayo estando presente en los tribunales para checar si ya tenían contestación a mi petición me doy cuenta que un abogado externo al tribunal salía con tal expediente del tribunal, al cual el magistrado titular antes mencionado contesto que Lic. Externo tenía derecho a sacarlo porque el sí estaba autorizado en el expediente, de acurdo a la ley y derechos que la constitución nos marca los expedientes no se pueden sacarse de los órganos judiciales ya que pueden ser manipulables y violentan los derechos." Tal manifestación merece eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, tomo XII, diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Bajo ese contexto, la suscrita estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;(.)" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En tal virtud, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que la parte quejosa afirmó que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado numeral 17 de la ley de la materia transcurrió del diecinueve de mayo al ocho de junio, sin contar los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo, así como cuatro y cinco de junio, por haber sido inhábiles, todas las datas correspondientes al año que transcurre. Lo anterior, dado que el aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama, a saber, el diecisiete de mayo, tal como se advierte de su propia manifestación bajo protesta de decir verdad, realizada en su escrito de demanda. Entonces, como el acto que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, y toda vez que la demanda en estudio se recibió en el buzón judicial ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato con sede en esta ciudad hasta el ocho de agosto de dos mil veintidós, fecha que debe considerarse para la presentación de la demanda por las razones anteriormente apuntadas; es inconcuso que la misma se presentó con posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el peticionario del amparo. Por las razones jurídicas que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, primera parte de los tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto enseguida transcrito: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, tomo II, agosto de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por *************, quien se ostenta como apoderada legal de ***************; en contra de actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53 con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, y otras autoridades. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 799/2022-4. Prevención. Ahora, para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en su caso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído y bajo protesta de decir verdad: Exhiba documento con el que acredite fehacientemente que tiene el carácter con el cual se ostenta, esto es, como apoderada legal de Ma. Guadalupe Juárez Hernández. Ello, en atención a que si bien exhibe copia certificada de los documentos siguientes: a. Credencial para votar a nombre de ***************. b. Comprobante de pago del impuesto predial de fecha siete de abril de dos mil veintiuno, expedido por la Tesorería Municipal de Cortazar, Guanajuato. c. Cédula de identificación fiscal a nombre *****************. d. Distintas constancias de la carpeta de investigación *************presentada por ***************. e. Certificado de gravámenes respecto del folio real número ***************. f. Escritura pública número doce mil novecientos cincuenta, pasada ante la fe del titular de la Notaría Pública número 23 de Irapuato, Guanajuato, en la que Esteban Melesio Ortiz otorgó un poder general en favor de Pedro Martínez Guzmán. g. Escritura pública número cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y uno, pasado ante la fe del titular de la Notaría Pública número uno de esta ciudad, que contiene un contrato de compraventa celebrado entre Esteban Melesio Ortiz, por conducto de su apoderado legal Pedro Martínez Guzmán, y Ma. Guadalupe Juárez Hernández, así como un convenio privado signado por dichas personas. Lo cierto es que de estas documentales no se desprende que la promovente tenga reconocido u otorgado un poder en su favor para actuar en nombre de la directa quejosa. Por tanto, las documentales exhibidas resultan insuficientes para el fin pretendido, esto es, acreditar que cuenta con la representación que aduce. Dicha prevención se formula, en razón de que la personalidad es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad o legitimación que deben tener las partes para actuar en un proceso, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, III, enero de 1996, Página: 47, Tesis: 2a./J. 1/96 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". Aclare cuál es el acto en concreto que reclama. Dicho requerimiento se formula, en razón de que en el capítulo correspondiente la promovente señala como tal ".la negativa a la petición por escrito para otorgar copias simples o certificadas, ocultar el expediente y sacar el expediente del juzgado, la petición fue ingresada por oficialía de partes el: el día 29 de abril del presente año.". Sin embargo, en el cuerpo de la demanda hace referencia a que se violenta en su perjuicio el derecho fundamental de petición y no tenerla como tercera interesada en el controvertido de origen. Aunado a que en sus conceptos de violación únicamente refiere que se vulnera el derecho de petición reconocido en el artículo 8 constitucional. En ese sentido, es necesario que la parte quejosa precise qué actos en concreto reclama a la autoridad responsable. Lo anterior pone de manifiesto que en la demanda de cuenta no se señalaron de forma clara y precisa cuáles son los actos que reclama, circunstancia que resulta necesaria para fijar la litis en el presente asunto, en términos de lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Precise qué acto en concreto reclama a cada una de las autoridades. Dicho requerimiento se realiza debido a que sólo reclama la vulneración al derecho de petición (o posiblemente que no le reconozcan el carácter de tercera interesada); sin embargo, señala a tres autoridades responsables; de ahí que, es necesario que precise qué acto le reclama a cada una de ellas, a fin de que estén en aptitud de rendir su informe con justificación. Señale si a la petición que refiere presentó recayó algún acuerdo y la fecha de notificación de éste, o bien, cuándo tuvo conocimiento del mismo. Ello es así, pues si bien reclama de forma destacada la violación al derecho de petición, lo cierto es que señala que tuvo conocimiento de un acuerdo el diecisiete de mayo (sin especificar de qué anualidad) y que el trece de ese mes acudió para revisar si ya había algún acuerdo. Cuestiones que resultan indispensables para estar en aptitud de determinar la procedencia de la demanda de amparo. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que les incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de aclaratorio, para traslado a las partes; en la proporción descrita en el artículo 110 de la ley de la materia, esto es, una para cada autoridad responsable y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Apercibimiento. Apercibida la parte quejosa que, en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle *******************, en esta ciudad. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, toda vez que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que dichas personas tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); ello hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para efectos de realizar notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 133 de la ley en cita.
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