Ma. Guadalupe Granados Rivera

Expediente 278/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
278/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
14/04/2015

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Granados Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de treinta del marzo de dos mil quince, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. Asimismo, como resulta innecesario que en este Juzgado obre el Toca 7/2015, el expediente C96/2014 y un sobre cerrado que remitió el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, a su informe justificado, devuélvasele, solicitándole se sirva acusar el recibo correspondiente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil quince, dictado por el Presidente de dicho Órgano Colegiado, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Salvador Roa Montoya, en su carácter de apoderado legal de Ma. Guadalupe Granados Rivera, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y otra autoridad, remite: el original y copia de la demanda de amparo, copia certificada del oficio 683, mediante el cual el Magistrado responsable rinde su informe justificado y adjunta el Toca 7/2015, expediente C96/2014 y un sobre cerrado, oficio 417, mediante el cual el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Comonfort, Guanajuato, rinde su informe justificado; asimismo, adjunta las constancias del emplazamiento realizado al tercero interesado, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 278/2015-III; acúsese el recibo de estilo correspondiente; b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Tribunal se avoca del conocimiento del asunto; y c) En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, resulta necesario precisar que de la lectura de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa acude ante esta instancia constitucional reclamando: -La resolución de veintiocho de enero de dos mil quince, dictada en el Toca Civil 7/2015, del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en la que ordena la reposición del procedimiento en el juicio civil 96/2014, de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Comonfort, Guanajuato, al actualizarse la figura de litisconsorcio tanto activo como pasivo necesario para el efecto de llamar a juicio a Martha Olvera Lúa, Francisca Olvera Granados y Alejandra Olvera Granados, como copropietarias por partes iguales del predio controvertido, a fin de que comparezcan al procedimiento seguido por la actora como propietaria del predio para deducir sus derechos, a fin de que lo que se decida en él, pare perjuicio a todas las copropietarias, así mismo para que, requiera a la parte actora reconvencional para el efecto de que amplié su demanda para lograr que llame a juicio a las referidas copropietarias para de esta manera salvaguardar su garantía de audiencia, así como por economía procesal y favorecer el ejercicio de la acción recogido en el principio pro actione. En ese orden, se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama la resolución de veintiocho de enero de dos mil quince, dictada en el Toca Civil 7/2015, del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, en la que ordena la reposición del procedimiento en el juicio civil 96/2014, de la estadística del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de Comonfort, Guanajuato, al actualizarse la figura de litisconsorcio tanto activo como pasivo necesario, cuya determinación no constituye un acto en el juicio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse sentencia que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Luego, al limitarse la reposición del procedimiento ordenada por la Sala responsable a fin de que se proceda al llamamiento a juicio de Martha Olvera Lúa, Francisca Olvera Granados y Alejandra Olvera Granados, como copropietarias por partes iguales del predio controvertido, a fin de que comparezcan al procedimiento seguido por la actora como propietaria del predio para deducir sus derechos, así mismo para que, requiera a la parte actora reconvencional para el efecto de que amplié su demanda para lograr que llame a juicio a las referidas copropietarias para de esta manera salvaguardar su garantía de audiencia, así como por economía procesal y favorecer el ejercicio de la acción recogido en el principio pro actione, por ello se considera que dicho acto no es de imposible reparación. Resta destacar, que el suscrito no inadvierte el criterio jurisprudencial 1ª./J. 106/2004, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual medularmente se indicó que la resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo sentencia favorable. Sin embargo, a consideración del suscrito el mismo ya no resulta aplicable en la actualidad porque: -Fue emitido conforme al texto de la Ley de Amparo actualmente abrogada, donde de acuerdo a la interpretación realizada por el Máximo Tribunal del país al precepto 114 fracción IV, el juicio de amparo no sólo era procedente contra actos dictados dentro de juicio que tuvieran sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino también contra aquéllos que afectaran a las partes en grado predominante o superior; -Empero, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la cual regula este controvertido, ya no prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de juicio que afecten a las partes en grado predominante o superior, sino sólo respecto de aquellos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y -Con base en ello es que la misma ya no resulta aplicable por oponerse con lo establecido en la presente Ley de Amparo, con fundamento en lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio. Bajo ese contexto, se estima que respecto al acto reclamado que se analiza, se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XI del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 30 de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador. Por otra parte, téngase a la quejosa autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Mario Sánchez Velasco, al carecer de cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, tomando en consideración que de la interpretación del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se establece que los estrados no son un domicilio procesal, así como que de los autos del juicio que se recibe, se advierte que la parte quejosa, señaló como domicilio para recibir notificaciones personales los estrados del Tribunal que correspondiera conocer del asunto; en tales condiciones, téngaseles como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, pues el precepto legal en cita, faculta a las partes en el juicio de amparo, para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) los estrados del Tribunal o Juzgado que conozca del asunto; lo que nos lleva a considerar que al avocarse este Juzgado al conocimiento del juicio de referencia, se tiene al citado señalando el mismo domicilio que tiene señalado, esto es, la lista que se fija en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto, señale uno en esta ciudad para recibir notificaciones personales. En otro orden, dado lo voluminoso de las constancias remitidas, se ordena formar tres tomos de prueba, para el mejor manejo del expediente. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización en los términos ordenados por el titular de este Juzgado en las circulares 1/2010 y 2/2010, de quince y veintiuno de enero de dos mil diez, respectivamente.

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