Ma. Guadalupe Fuentes Gutiérrez
Expediente 328/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 328/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Fuentes Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el proveído de uno de junio de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no se cuente con el acuse de recibo del oficio con el que se notificó el fallo referido a la autoridad responsable Dirección General del Trabajo del Estado de Guanajuato con sede en la ciudad del mismo nombre, a fin de computar si le trascurrió o no el término para interponer el recurso de revisión, toda vez que ésta carece de legitimación para interponerlo en contra del fallo constitucional, pues esta determinación no le depara perjuicio en razón de que se sobreseyó en el juicio respecto del acto que se le reclamó. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.********************De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. ********************Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional. ********************Finalmente, en razón de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE TERCERA INTERESADA: Visto el estado de los autos, en especial, las constancias que remitieron respectivamente las autoridades responsables Directora General del Trabajo con sede en la ciudad de Guanajuato y Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, en apoyo al informe justificado que les fue solicitado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de idéntica redacción a la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente), se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que operó la causal de improcedencia señalada porque: La parte quejosa reclamó: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad: La dilación e inactividad procesal del juicio laboral *******************, ante la omisión de emitir los exhortos recordatorios necesarios para la designación del perito en materia de informática y reconocimiento de voz ofrecida por la parte actora. De la Dirección General del Trabajo del Estado de Guanajuato: La dilación de procedimiento laboral ***************, tramitado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, ante la omisión de nombrar perito en materia de informática y reconocimiento de voz ofrecida por la parte actora, y cuidar su debido desahogo. De acuerdo a las constancias que obran en autos se desprende que: La Directora General de Trabajo con sede en la ciudad de Guanajuato, al rendir su informe justificado señaló que se realizaron las gestiones administrativas necesarias para la contratación de la Ingeniera *****************, para que funja como perito en materia de informática y reconocimiento de voz, dentro del expediente laboral **************, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, lo que informó al Presidente de dicho órgano, para que acordara conforme a lo establecido en el artículo 825 fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, tal como se advierte de la notificación electrónica visible al reverso de su oficio (foja 22 de autos). Por su parte, de las constancias que a su informe justificado remitió el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, se desprende que: 1) El treinta de marzo del año en curso, en los autos del expediente ********************, se llevó a cabo la audiencia de aceptación de la perito designada **********************, para el desahogo de la prueba en materia de informática y reconocimiento de voz, ofrecida por la parte actora en el referido expediente; de igual manera, y a petición de la nombrada, se señalaron las doce horas del tres de mayo del presente año, para que tuviera verificativo la audiencia de toma de muestra de voz (audio), a cargo de **********************, a quienes se les apercibió que en caso de no comparecer en la hora y fecha señaladas para la toma de muestra de audio, se les tendría por aceptando y reconociendo como suyas las voces e intervenciones que se imputan en los medios de prueba aportados, atendiendo al audio y transcripción en relación a cada uno de ellos (fojas 188 y 201 de autos; y 2) Que el tres de mayo del año en curso, en audiencia de toma de muestra de grabación de audio, (visible a foja 205 de autos), se dio por presente a la parte actora ****************(aquí quejosa), así como a su apoderada legal y se hizo constar que la parte demandada, la moral *****************., y la persona física *******************, no comparecieron, no obstante su legal citación a la referida audiencia; igualmente, se dio fe de que se hizo presente la perito designada ******************, para el desahogo de la prueba pericial a cargo de *********************; también, en la referida audiencia se acordó que en atención a la inasistencia de la parte demandada, así como de los ratificantes para el efecto de realizar la toma de muestra correspondiente, se hicieron efectivos los apercibimientos formulados y se les tuvo por reconociendo como suyas las voces e intervenciones que se les imputan a cada uno de ellos, lo anterior, en términos del artículo 825 de la legislación laboral. De igual manera, se determinó que como no existían pruebas pendientes de desahogo, se concedió a las partes el término de dos días para el efecto de que rindieran sus alegatos. Por tanto, es evidente que la dilación e inactividad reclamada por la parte quejosa, en los autos del juicio laboral *******************, específicamente, en la designación de perito en materia de informática y reconocimiento de voz, para el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la parte actora en dicho expediente, cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable Directora General de Trabajo con sede en la ciudad de Guanajuato, contrató a la perito Jaqueline Martínez Cortés, para que fungiera como perito en materia de informática y reconocimiento de voz, en dicho juicio, quien el treinta de marzo del presente año, compareció ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, a aceptar el cargo conferido, y en audiencia de toma de toma de muestra de grabación de audio de fecha tres de mayo del año en curso, ante la inasistencia de la parte demandada, así como de los ratificantes para el efecto de realizar la toma de muestra correspondiente, se hicieron efectivos los apercibimientos formulados y se les tuvo por reconociendo como suyas las voces e intervenciones que se les imputan a cada uno de ellos, lo anterior, en términos del artículo 825 de la legislación laboral, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita fuera de la audiencia constitucional, en virtud que a juicio del suscrito la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, mediante el cual remite en vía de alcance a su informe justificado las constancias que adjunta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, se admite como prueba la documental que se acompaña, la que se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella al celebrarse la audiencia constitucional. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias que remitió la autoridad oficiante en alcance al informe justificado que le fue solicitado; por tanto, se difiere la misma y se señalan las doce horas del tres de junio del año en curso, para su celebración.
- Principal
Visto el estado de los autos, se advierte que en proveído de veintiuno de abril del año en curso, se requirió a los terceros interesados ************* y a la moral ********************, por conducto de quien legalmente la represente, para que dentro del término de tres días señalaran domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; toda vez que no desahogaron dicho requerimiento, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, por lo que las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo.
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