Ma. Guadalupe García Madrigal
Expediente 594/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe García Madrigal
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase a la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, devolviendo DILIGENCIADO el exhorto 827/2019 (número de orden 1561/2019), de índice de este juzgado, enviado a efecto de notificar a la parte quejosa el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve; de lo cual, toma conocimiento este órgano de control constitucional para el efecto legal conducente; asimismo, dese de baja la comunicación oficial y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Nubia Miranda Ramírez, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de carácter personal otorgada al Titular, concedida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, el dos de diciembre de dos mil diecinueve, comunicado mediante oficio 6898/2019, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y da fe el Secretario José Martín Narciso Pérez. Pcp Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada José Martín Narciso Pérez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, este órgano de control constitucional, emite las determinaciones siguientes: 1. RECEPCIÓN. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia; al que adjunta el cuaderno de incompetencia 1270/2019, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por MA. GUADALUPE GARCÍA MADRIGAL, contra actos del Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios de Sociales para Trabajadores del Estado (...), con residencia en Morelia, Michoacán. 1.1 Ahora bien, del auto de quince de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez declinante, se advierte que estimó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de territorio. 1.2 Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, por compartir las consideraciones expuestas por la autoridad declinante, este órgano jurisdiccional SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Acúsese recibo. 2. REGISTRO. Por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 594/2019-IV. 3. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa, previo a la presentación de su demanda de amparo, debió impugnar el acto reclamado a través del recurso ordinario de defensa.... Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Luego, de la disposición legal transcrita se puede establecer que para que se actualice la causal de improcedencia referida, es necesario que concurran los siguientes elementos: Que el acto reclamado provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; Que no se surta, en la especie, alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el propio precepto, como son: Que los actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Que el acto reclamado sea una orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en un proceso penal, o Que sea persona extraña al procedimiento. Y que la procedencia del recurso o medio de defensa no se sujete a interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente, porque de lo contrario el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.... En ese sentido, cabe señalar que el principio de definitividad consiste en la obligación del peticionario de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria establezca y que puedan revocar, modificar o anular el acto reclamado. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. En la especie, el acto reclamado es la omisión de realizar el pago correspondiente de la pensión otorgada, es decir, la variación de su pensión, pues refiere que se le está realizando el pago de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización y no conforme al Salario Mínimo. De ahí que, sea claro que dicho acto reclamado derive de la determinación y cálculo del monto de la pensión, lo cual representa un tema de legalidad, pues si la intención de la promovente al interponer la protección constitucional, es que se ajuste su pensión a salarios mínimos, éste debió de haber interpuesto juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por ende, lo reclamado constituye un acto administrativo, por lo que, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige al acto reclamado prevé para tal efecto, en el caso, el juicio contencioso administrativo, pues la esencia de este acto reclamado descansa en un tema relacionado con el cálculo del monto de la pensión que recibe... Además, el procedimiento contencioso administrativo no se encuentra previsto en un reglamento, sino precisamente en la ley que rige al acto reclamado, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En las anteriores condiciones, procede DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con base en el numeral 113 de la Ley de la Materia, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. No es óbice para arribar a la anterior determinación, que si bien no existe una resolución administrativa expresa o ficta sobre la aplicación de la unidad de medida y actualización empleada para cuantificar la pensión, ello no exime de observar el principio de definitividad, pues puede gestionar ante la autoridad administrativa que se le incrementen las cantidades que, en su caso, hubieran sido reducidas con la aplicación de la unidad mencionada, a fin de que exista una respuesta expresa o ficta que perjudique a la ahora recurrente; y contra dicha decisión, promover el juicio contencioso administrativo. De ahí que el hecho de que no pueda interponer el juicio contencioso administrativo de manera inmediata y directa, no lo exime de atender el principio de definitividad, pues como se indicó, puede gestionar ante la autoridad administrativa la regularización en su cuota pensionaria, y a partir de la respuesta expresa o ficta, promover el juicio contencioso administrativo, dado que esa petición también debe agotarse, es decir, constituye un acto que forma parte de la preparación del medio de defensa (juicio de nulidad). Estimar lo contrario, implicaría dejar a discreción de la quejosa, acudir directamente al juicio de amparo, ante la falta de preparación del medio de defensa legalmente previsto para conocer y resolver respecto de actos administrativos, como lo son en materia de pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 4. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. De autos se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle Yucatán, número 210 "A", colonia Molino de Parras, en Morelia, Michoacán; domicilio que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese exhorto vía sise al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que ordene a quien corresponda, notifique a la quejosa MA. GUADALUPE GARCÍA MADRIGAL el presente proveído; asimismo la requiera para que en el acto de la diligencia o en el plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que, de no hacerlo, se practicarán por lista las siguientes, inclusive las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese orden, se tiene autorizando con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a SABAS ROMAN GONZÁLEZ; y únicamente para oír y recibir notificaciones los restantes, por no contar con cédula registrada ante los Juzgados de Distrito, que les autorice para ejercer la profesión de licenciados en derecho. 5. PUBLICIDAD DE LA SENTENCIA Y DEL EXPEDIENTE. Hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten; y que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán; y da fe la secretaria Nubia Miranda Ramírez.
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