Ma. Graciela Padilla Gordillo

Expediente 655/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
655/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Ma. Graciela Padilla Gordillo
  • Juez Tercero de Primera Instancia En Materia Civil, Con Residencia En Uruapan, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    En dieciséis de marzo de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 3277, dentro del juicio de amparo indirecto número 655/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Autoridad responsable acusa recibo. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, en su atención se le tiene acusando recibo del oficio, mediante el cual se le devolvieron los autos originales del juicio número 296/2021, de su índice. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En veinticinco de febrero de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, transcurrió del siete al dieciocho de febrero de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por medio de lista el tres de febrero del año en curso, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes, dentro del juicio de amparo indirecto número 655/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa ejecutoria. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el juicio principal, así como el original del incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3.2. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 3.3 Constancia. Se desprende que obra las constancias originales que conforman el juicio mercantil número 296/2021, del índice del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Uruapan, Michoacán de Ocampo, mismo que dicha autoridad adjuntó como justificante de su informe que rindió en autos; en consecuencia, y toda vez que resulta innecesaria su permanencia en autos, previa su digitalización, devuélvase las mencionadas constancias a su lugar de origen; recábese el acuse de estilo correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce horas con cinco minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************, en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Y, relaciona como principales constancias del expediente, la demanda, ampliación de demanda, informes justificados y emplazamiento de la parte tercero interesada. Al respecto, el Juez acuerda; téngase por hecha la relación de las constancias que anteceden. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, así como, las que, el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, acompañó a su informe de ley. A lo que el Juez determina: con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de pruebas que, en su oportunidad, fueron admitidas y desahogadas conforme a su naturaleza. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y la parte tercero interesada, formularon alegatos; a lo que el Juez acuerda: ténganse por realizada la anterior constancia, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se dan por concluidas las etapas procesales y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin más pruebas pendientes por desahogar o alegatos por relacionar, se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; y, RESULTANDO PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, Graciela Padilla Gordillo, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir en: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son en cuanto AUTORIDAD ORDENADORA, LO SON: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil. Con domicilio conocido ampliamente en Avenida Américas número 108, planta alta, colonia Morelos, de esta ciudad de Uruapan, Michoacán. B. AUTORIDADES EJECUTORAS, lo son: Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil. Con domicilio conocido ampliamente en Avenida Américas número 108, planta alta, colonia Morelia, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. ACTO RECLAMADO: A la primera autoridad señalada como responsables ordenadoras, el acto reclamado lo constituye la autorización de Orden de embargo de fecha 18 de noviembre del 2021, en el juicio ejecutivo mercantil número 296/2021, en la cual se autoriza los medios de apremio consistentes en uso de fuerza pública y uso de cerrajeros para embargar bienes propiedad de la suscrita, que tiene como origen en auto de exequendo de fecha 27 de abril del 2021 dentro del juicio anteriormente citado, fuera de todo procedimiento judicial debidamente fundado y motivado, y que tratan de ejecutar en mi contra las autoridades ejecutoras en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. A la segunda autoridad señalada como responsable ejecutora, el acto reclamado resulta ser precisamente lo que se les ordenó hacer por parte de la AUTORIDAD ORDENADORA, consistentes en constituirse en el domicilio de la suscrita acompañada de elementos de Seguridad Pública Municipal y de un cerrajero para embargar bienes de mi propiedad, cabe mencionar que, de dicha orden de embargo, me di cuenta de manera extrajudicial el día 19 de noviembre del 2021". La quejosa expuso que se violaron los derechos humanos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado, señaló la existencia del tercero interesado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO EN ESTE JUZGADO SEXTO DE DISTRITO. Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda de amparo con el número ********************, se admitió a trámite, se requirieron los informes justificados, se ordenó dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación y emplazar a la parte tercero interesada. En proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa, a fin de que expresara si era su deseo señalar como acto reclamado el acta de requerimiento de pago y embargo y emplazamiento de data treinta de junio y uno de julio ambos de dos mil veintiuno. Mediante escrito presentado el cinco de enero de la presente anualidad, la quejosa ********************, promovió ampliación de demanda, respecto de las autoridades y actos, siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son en cuanto: AUTORIDAD ORDENADORA, LO SON: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil. Con domicilio conocido ampliamente en Avenida Américas número 108, planta alta. Colonia Morelia, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. AUTORIDADES EJECUTORAS, LO SON: Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil. Con domicilio conocido ampliamente en Avenida Américas número 108, planta alta. Colonia Morelia, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. ACTO RECLAMADO: A la primera autoridad señalada como responsables ordenadoras, el acto reclamado lo constituye el auto de exequendo de fecha 27 de abril del 2021 dentro del juicio anteriormente citado fuera de todo procedimiento judicial debidamente fundado y motivado y que tratan de ejecutar en mi contra las autoridades ejecutoras en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. A la segunda autoridad señalada como responsable ejecutora, el acto reclamado resulta ser precisamente, el contenido y alcance de las constancias que obran en el citatorio de fecha 30 de junio del 2021 y acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de fecha 1 de julio del 2021, de dichas actas, me di cuenta por notificación realizada por este H. Juzgado el día 27 de diciembre de 2021". En auto de cinco de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de la demanda, se solicitaron los informes justificados, se orden notificar al tercero interesado y dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en esta misma data al tenor del acta que antecede, por lo que se procede a emitir la siguiente determinación. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que en el caso se reclama un acto de autoridad, con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad: La falta y/o ilegal emplazamiento, dentro del juicio ejecutivo mercantil 296/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; desde el auto de exequendo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el citatorio de treinta de junio de dos mil veintiuno y requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de uno de julio de dos mil veintiuno; y, todo lo actuado con posterioridad. La orden de embargo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 296/2021, mismo que tiene su origen en el diverso auto de exequendo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Del Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad: La ejecución del citatorio de treinta de junio de dos mil veintiuno y acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de uno de julio de dos mil veintiuno; así como de la orden de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal/, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, residente en esta ciudad, y Actuario de su adscripción, ya que así lo reconocieron al momento de rendir su informe de ley. Además, su certeza se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe con justificación, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número 296/2021, la cual tiene pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º., atendiendo a su naturaleza de documental pública. Ilustra, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Para dar mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario hacer una narración de los antecedentes más destacados del acto reclamado, que se advierten de las constancias que remitió la autoridad responsable: Luis Anibal Quintero Diaz, en cuanto endosatario en procuración de la moral "Hermanos Batta", Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a Ma. Graciela Padilla Gordilo y Sandra Suhail Rodríguez Padilla. Demanda que correspondió conocer al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, quien en auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la registró con el número 296/2021 y la admitió a trámite, ordenando auto con efectos de mandamiento en forma, a fin que el actuario se constituyera en el domicilio de la demanda y le requiriera del pronto y efectivo pago de la cantidad ahí precisada y que en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes de su propiedad suficientes a garantizar, las prestaciones reclamadas. Asimismo, la emplazara a dicho juicio. Previo citatorio de treinta de junio de dos mil veintiuno, en diligencia de uno de julio del mismo año, se llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada, reservándose la parte actora el derecho a señalar bienes para su embargo. El proveído de dieciocho de noviembre del año en curso, el Juez de Instancia, autorizó medios de apremio a fin de que la actuaria se constituyera en el domicilio de la demandada y ejecutara el acto de veintisiete de abril del año en curso. En la especie, respecto al acto reclamado como: La falta y/o ilegal emplazamiento, dentro del juicio ejecutivo mercantil 296/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; desde el auto de exequendo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el citatorio de treinta de junio de dos mil veintiuno y requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de uno de julio de dos mil veintiuno; se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." La causa en estudio, establece la improcedencia del juicio de garantías, cuando contra el acto de autoridad que se reclama exista recurso o medio de defensa legal, que deba ser agotado antes de interponer el libelo de demanda de amparo; y, que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto, sin distinción alguna, siendo suficiente que en la ley que rija el acto reclamado contenga el recurso o medio de defensa legal, los cuales deben estar a disposición del justiciable a efecto de poder ejercerlos. De tal manera, que no es optativo para el promovente de la acción constitucional, cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo; puesto, que resulta obligatorio promover los medios de defensa legal o recursos ordinarios a su alcance, pues no existe disposición legal que la exima de agotar el principio de definitividad. Sin que el acto reclamado en esta instancia constitucional, se encuentre en alguno de los supuestos de excepción a que se refiere la fracción en análisis, pues, no se trata de persona extraña a juicio, no son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, no se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. Ahora, la impetrante del amparo, se ostentó como persona extraña al juicio de origen, aduciendo no haber sido emplazada o bien haber sido llamada en forma de tal manera ilegal que no tuvo conocimiento del procedimiento mercantil incoado en su contra; sin embargo, como se advierte de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación, aún no se ha dictado sentencia en el procedimiento mercantil de origen. Y, el hecho que la promovente del amparo se haya ostentado sabedora del juicio mercantil 296/2021, antes del dictado de la sentencia, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que con ese carácter, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento. En tales condiciones, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, entre otros supuestos, contra actos ejecutados dentro o fuera del juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería, de tal manera que si no impone limitación al principio de definitividad, lo dispuesto en el precepto del ordenamiento reglamentario debe ser entendido como una opción adicional. La persona extraña a juicio tiene opción de comparecer antes que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes si ello conviene a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a sus derechos convenga. Es aplicable, la tesis, del tenor siguiente: "AMPARO. PROCEDE EL JUICIO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO NATURAL, SIN NECESIDAD DE AGOTAR RECURSOS ORDINARIOS. Los terceros extraños afectados por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a que son ajenos, no están obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa antes de ocurrir al amparo, en virtud de que el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no sujeta al tercero extraño al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, lo que sí hace con las partes del juicio en que se producen los actos reclamados, como lo disponen los incisos a) y b) de la fracción y precepto constitucional citado. El artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe interpretarse como una limitación para el tercero extraño, sino como una posibilidad adicional de que, ante una determinación judicial dictada en un procedimiento en que es tercero, pueda interponer los recursos ordinarios o medios legales de defensa, si ello conviene a sus intereses y resulta, a su juicio, mejor medio para obtener respeto a sus derechos, caso en el cual dispondrá de la acción constitucional contra la resolución que se dicte en el recurso ordinario o medio de defensa intentado, y ello sin perjuicio de su derecho de acudir directamente al juicio de garantías, interpretación que es congruente con el espíritu y texto del artículo 107 constitucional." Sin embargo, si el gobernado que se hizo sabedor del juicio antes del dictado de la sentencia, opta por intentar la vía indirecta en la que tendrá la oportunidad de ofrecer pruebas, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud que puede defenderse dentro del procedimiento ordinario, a través del incidente de nulidad y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundándose la improcedencia en los artículos 61, fracción XVIII y 107, fracción VI, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, si la promovente se hizo sabedora del procedimiento incoado en su contra antes del dictado de la sentencia, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. De análisis integral que se realiza de la demanda de amparo, se advierte que la justiciable, bajo protesta de decir verdad, argumentó que el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se enteró que el juicio mercantil 296/2021, se tramitaba ante el Juez responsable, en donde figuraba como parte demandada, lo cual se enteró con la vista que se le dio en el presente juicio de amparo con el informe justificado del juez responsable; expresión que, constituye una confesión expresa (medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la litis constitucional por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente). Así, con pleno conocimiento de la existencia del juicio natural, la quejosa ********************, antes de acudir al juicio de amparo, debió interponer el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los numerales 1349, 1350, 1351, 353 y 1357 del Código de Comercio, pues dicho incidente, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del juicio ejecutivo, porque es a través de dicho incidente en que se verifica que la notificación se haya realizado conforme a las reglas legales respectivas y cuyo incumplimiento, conduce a declarar su nulidad. Cobra puntual aplicación, la jurisprudencia emitida por la referida Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la página 1047, Libro 71, octubre de 2019, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro: 2020845, de rubro y contenido siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA FORMA EN LA QUE SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DE UN AUTO DICTADO EN UN PROCEDIMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. El artículo 1345, fracción V, del Código de Comercio al prever que se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan contra el auto que desecha el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento y contra la resolución que se dicte en el incidente, permite inferir la existencia misma del incidente de nulidad de actuaciones. Sin embargo, dicho incidente de nulidad no tiene mayor regulación que la prevista para todos los incidentes que se susciten en los juicios mercantiles, prevista en los artículos 1349 a 1358 del Código de Comercio, sin que se regule de manera explícita si procede en contra del auto en el que se ordena la forma en la que se hará una notificación, por lo que al no existir fundamento legal que prevea expresamente un medio de impugnación contra el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación, es necesario realizar una interpretación jurídica a fin de determinar cuál es el medio de impugnación idóneo contra dicho acto. Ahora bien, el recurso de revocación tiene por objeto controvertir autos de mero trámite que hayan conculcando las normas que rigen el procedimiento, de esta manera, la litis en dicho recurso consiste en analizar la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los autos, siendo el caso que se confirman, revocan o modifican. Por otra parte, el incidente de nulidad de actuaciones, cuando se trata de defectos en el emplazamiento, tiene por objeto analizar la legalidad de los actos judiciales a través de los cuales se hace del conocimiento de las partes los autos emitidos dentro del procedimiento, esto es, se verifica que la notificación haya cumplido con las formalidades que al efecto establece la ley y, en caso de que se estime fundado, se repondrá el procedimiento. Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo para revisar el auto en el que se ordena la forma en la que se realizará una notificación es el incidente de nulidad de notificaciones, porque a través de él se puede revisar si la notificación se realizó conforme a las reglas legales respectivas y su incumplimiento acarrea su nulidad" De igual manera, la tesis V.1o.C.T.105 C, del rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. QUIEN TIENE CONOCIMIENTO DEL ILEGAL O DEFECTUOSO EMPLAZAMIENTO A JUICIO ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA, NO TIENE ESE CARÁCTER Y, POR ENDE, ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR EL INCIDENTE DE NULIDAD PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). Por persona extraña a juicio se entiende aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte, así como también quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado a juicio o se le cita en forma contraria a la ley; sin embargo, no puede tenerse con ese carácter al peticionario de garantías, cuando de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de la transgresión que reclama, antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra, ya que en esas condiciones, al tener el carácter de parte en el juicio y no de tercero extraño, está en condiciones de impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que prevén los artículos 178 y 179 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, pues a través de ese medio de impugnación se da a los interesados la oportunidad de aportar las pruebas que estimen pertinentes, a fin de justificar la ilegalidad o falta de emplazamiento a juicio que alegan, ya que ésta es la razón fundamental por la cual se da la procedencia del amparo en la vía indirecta, a fin de dar oportunidad al quejoso de defenderse y aportar las pruebas conducentes, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 40/2001, derivada de la contradicción de tesis 23/2000-PL, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XIII, abril de 2001, página 81, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.". Por tanto, de conformidad con la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 114, fracción V, de la ley reglamentaria, el amparo indirecto será procedente cuando el quejoso alegue falta o ilegalidad del emplazamiento y se ostente como persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando la ley no establezca a favor del afectado o tercero extraño, algún recurso ordinario o medio de defensa, como resulta ser el incidente de nulidad de actuaciones, que también tiene como efecto, modificar o revocar el acto o actos reclamados." También, la jurisprudencia del tenor siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo." Sin que obste a lo anterior, que cuando en un juicio, un acto pueda tener el carácter de ejecución irreparable, no excluye al justiciable para que agote los recursos ordinarios de defensa, que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto generador de molestia; por lo que, es obligación de la parte quejosa agotar el incidente de nulidad, para la procedencia del juicio biinstancial que intenta. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del tenor siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Por ende, la quejosa debió agotar el medio de defensa ordinario, que procede contra el acto reclamado; antes de acudir a la instancia constitucional, porque no se actualizan para la procedencia del juicio de amparo indirecto intentado y ninguno de los supuestos de excepción. Sin que sea aplicable la jurisprudencia por contradicción P./J. 1/2012 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno el veintisiete de febrero en curso, relativo a la Décima Época, con número de registro 2000348, con el rubro "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL", en razón que el punto de contradicción consistió en determinar si contra la falta o ilegal emplazamiento procede o no el juicio de amparo indirecto, cuando el demandado se ostenta como tercero extraño a juicio, al haber conocido de la existencia del juicio después de dictada la sentencia de primer grado, no obstante que todavía se encontraba dentro del plazo para promover el recurso ordinario en su contra, y mediante dicho medio de defensa es factible combatir el emplazamiento reclamado como violación procesal, extremo que no aconteció en el asunto que nos ocupa, toda vez que el juicio de origen de donde derivó el acto reclamado, no se ha dictado sentencia definitiva. En la inteligencia, que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, del tenor: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. En este entendido, al estar demostrado que el acto reclamado en esta instancia constitucional, por las razones expuestas era impugnable a través del incidente de nulidad de actuaciones; de tal manera que si la parte quejosa previo a la promoción del presente juicio de garantías no agotó ese medio de impugnación para combatir la resolución que reclama, es incuestionable que incumplió con el principio de definitividad que rige la materia de amparo. Por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en la fracción V del precepto 63 de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, respecto de los actos que reclamo al Juez y Actuario responsables, consistente en: La falta y/o ilegal emplazamiento, dentro del juicio ejecutivo mercantil 296/2021, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad; desde el auto de exequendo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, el citatorio de treinta de junio de dos mil veintiuno y requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de uno de julio de dos mil veintiuno; y, todo lo actuado con posterioridad. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto reclamado consistente en el procedimiento llevado en el juicio ordinario mercantil 296/2021, del índice del Juzgado responsable, con sede en esta ciudad, al no haberse combatido por vicios propios, sino que los mismos se hacen depender de la ilegalidad del emplazamiento. Consecuentemente al haber operado el sobreseimiento en éste juicio de amparo, ello impide analizar las cuestiones de fondo que alega la peticionaria de garantías. Es aplicable, la jurisprudencia, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sobreseimiento, que también se hace extensivo a los actos de ejecución, atribuibles al Actuario del Juzgado Tercero del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, por no haberse reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Es aplicable, la jurisprudencia que dice: "EJECUCIÓN, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." En otro aspecto, en relación al diverso reclamado como: La orden de embargo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 296/2021, mismo que tiene su origen en el diverso auto de exequendo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional, advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho numeral en la fracción en mención, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Del numeral recién transcrito, se evidencian los siguientes requisitos, a fin de que se actualice la obligación de agotar dicho principio de definitividad, a saber: a) Que el acto reclamado sea una resolución o actuación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé en el procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o en cualquier otra parte de la ley. De lo anterior, se pone de manifiesto que para tener la obligación de agotar un recurso, tiene que estar establecido en la ley, se de en el propio procedimiento y que sea susceptible de modificar, revocar o nulificar la determinación reclamada. El principio de definitividad es uno de los pilares estructurales básicos del juicio de amparo que consiste en que dicho juicio constitucional únicamente procede contra actos definitivos; es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso o medio de impugnación por el cual los actos de autoridad puedan ser modificados o revocados en sede jurisdiccional ordinaria. Para ello, es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a su disposición, para que tenga la obligación de agotarlos previo a acudir al juicio de amparo. Es ilustrativa, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, Novena Época, con número de registro digital: 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". En primer término, se precisa, que no se estima le resulte el carácter de tercera extraña al procedimiento en estricto sentido a la promovente del amparo, tal como lo expresa en su demanda de amparo. Es así, ya que si bien refiere que no es parte en el juicio de origen, bajo el argumento de que la demanda ejecutiva mercantil, se presentó contra Ma. Graciela Padilla Gordilo y que su nombre es ********************, que por ello, es indudable que se presentó contra diversa persona; sin embargo, se evidencia que se trata de un error al presentar la demanda de origen, pues incluso del documento base de la acción que se adjuntó a dicho libelo, se pone de manifiesto que el pagaré fue suscrito a nombre de ********************, y la firma que se estampó en el mismo, a simple vista son notablemente parecida a la firma que aparece en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, así como, de la que obra en la credencial para votar con fotografía (copia), que anexó la quejosa a su libelo constitucional; en ese sentido, basta una simple apreciación para constatar la similitud como indicio de la identidad de la quejosa. Además, de las actuaciones del juicio ejecutivo mercantil de origen, se advierte que diversas de ellas se encuentran dirigidas a ********************. Y, si bien, el nombre de las personas es un elemento de identificación que, en términos de ley, debe expresarse completo y en la forma exacta, al ser el factor que sirve para su identificación, lo cierto es que, cuando se emplea en forma incompleta, debe atenderse a las circunstancias específicas, a fin de que no exista riesgo de que se afecte a terceros o se pueda confundir a la persona de que se trata. De acuerdo con lo anterior, el nombre incompleto de una persona, no conduce, inexorablemente a considera que se trata de una persona distinta, pues al respecto, el que esto resuelve debe ponderar en cada caso en particular, las circunstancias específicas en que la participación de la quejosa se produce Es aplicable, la tesis de rubro y texto siguientes: "NOMBRE PROPIO. SU SEÑALAMIENTO INCOMPLETO NO DEBE CONDUCIR, INEXORABLEMENTE, A CONSIDERAR QUE SE TRATA DE UNA PERSONA DISTINTA, POR LO QUE LOS OPERADORES JURÍDICOS DEBEN PONDERAR, EN CADA CASO, LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS EN QUE LA PARTICIPACIÓN DEL SUJETO SE PRODUCE". El nombre es un elemento de identificación de las personas que, en términos de ley, debe expresarse completo y en la forma exacta en que se consigna en el acta de nacimiento. No obstante, cuando el nombre propio o de pila de una persona se integra por más de un nombre, existe una alta posibilidad de que sea señalado en forma incompleta, y esa realidad no puede, inexorablemente, ser tratada con un formalismo que lleve al extremo de sostener que se trata de sujetos distintos, si los elementos empleados permiten su identificación, a condición de que, por las circunstancias específicas, no exista riesgo de que se perjudique a terceros o se pueda confundir la persona de que se trata, afectando la seguridad jurídica en una situación concreta. De acuerdo con lo anterior, los operadores jurídicos, entre los que se encuentran tanto las autoridades administrativas como los juzgadores, deben ponderar, en cada caso, si la referencia incompleta del nombre de una persona permite su identificación, para lo cual deben tomar en cuenta las circunstancias específicas en que la participación de ésta se produce, pues no merece el mismo trato el apersonamiento que persigue la obtención de un beneficio, como puede serlo una herencia o el cobro de un premio, que la actuación cuyo propósito es la defensa de determinados derechos ante un órgano del Estado, debido a que en el primer supuesto, por tratarse de una situación que le reporta un aprovechamiento personal o una utilidad que desplaza a otro u otros, es exigible que por todos los medios a su alcance se corrobore la identidad del compareciente, lo cual no es razonable en el mismo nivel de exigencia en la hipótesis restante". Así como, la tesis del tenor siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA ASENTADA EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LA CONSTITUYE LA QUE A SIMPLE VISTA PRESENTA RASGOS GRAFOLÓGICOS SIMILARES A AQUÉLLA Y, EN CONSECUENCIA, EL JUZGADOR DEBE DICTAR EL ACUERDO QUE EN DERECHO PROCEDA". Si bien es cierto que cuando un escrito presenta una firma que es notoriamente distinta de la que ya obra en autos del juicio relativo los Jueces de amparo deben mandar reconocer las firmas discrepantes entre sí, en términos de la tesis de jurisprudencia 3a./J. 24 (7/89), sustentada por la extinta Tercera Sala de nuestro más Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, página 385, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.", también lo es que tal facultad no es irrestricta, sino que sólo opera en los casos en que la firma respectiva es tan burda que puede advertirse la discrepancia sin poseer algún conocimiento especial en grafología. Esto es así, pues aunque la referida tesis de jurisprudencia no proporciona elemento alguno para advertir los casos en que se está en presencia de una firma notoriamente distinta a otra, debe considerarse que el elemento notoriedad a que alude tal tesis debe ser el que de ese vocablo se desprende, o sea, público y sabido de todos, lo cual permite establecer que una firma será notoriamente distinta a otra cuando presente rasgos grafológicos tan diferentes que cualquier persona pueda detectarlos con sólo imponerse de ella a simple vista, es decir, aquella que aparece a los ojos del juzgador de manera clara y patente, porque resulta innegable que no presenta los propios rasgos grafológicos que tiene alguna otra firma asentada en autos del juicio de que se trate, de ahí que una firma no será notoriamente diferente a otra cuando para algunos sea distinta y para otros no, en virtud de que lo notorio es obvio e indiscutible y, por ello, no puede derivarse de apreciaciones que lleven a una conclusión u otra. Por tanto, en los supuestos en que una firma asentada en algún escrito dirigido al juicio correspondiente no sea materialmente igual a la que aparece en autos, pero presente, a simple vista, rasgos grafológicos similares a aquélla, el juzgador del conocimiento debe estimar que el ocurso relativo fue firmado por el mismo suscriptor y, en consecuencia, está constreñido a dictar el acuerdo que en derecho proceda. Por tanto, las coincidencias en comento permiten inferir que Ma. Graciela Padilla Gordilo y ********************, son la misma persona, y que la falta de la letra "L" en el segundo apellido, se trata de un error, por lo que ello, no genera incertidumbre sobre su identidad. En consecuencia, no ha lugar a tener a la aquí quejosa como tercera extraña al juicio de origen, ya que tuvo conocimiento del mismo, antes de que se dictara sentencia definitiva, por lo que perdió tal carácter, en cuyo caso, está en aptitud de integrarse a la relación jurídico procesal para hacer valer los recursos o medios ordinarios de defensa previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia. Sirve de aplicación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página 729, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro: 2004274, del contenido siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Precisado lo anterior, si bien la orden de embargo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil número 296/2021, mismo que tiene su origen en el diverso auto de exequendo de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se trata de un auto con efectos de mandamiento en forma que no tiene meros efectos declarativos, sino que implica la comprobación por parte del juez del cumplimiento de los requisitos para disponer la intimación de pago al deudor y, en su defecto, el embargo de sus bienes suficientes para garantizar el adeudo reclamado en un juicio ejecutivo mercantil; pero ello no significa que esté excluida de la observancia del principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo para impugnarlo. Por el contrario, al contener en sí mismo un mandato que se concreta con la sola emisión de la orden de requerir el pago de un adeudo en el acto mismo del requerimiento y una amenaza consistente en la prevención al deudor de que si no efectúa el pago se le embargarán bienes suficientes para cubrir el adeudo exigido, lo hace un acuerdo que puede ser impugnado mediante los recursos establecidos en la ley que lo rige (Código de Comercio). Es así, ya que como quedó precisado, la quejosa se sumó a la litis al conocer del acto reclamado, antes de que se dicte sentencia definitiva, por lo que está en aptitud de impugnar el acto reclamado a través del recurso de revocación establecido en el numeral 1334 del Código de Comercio. Dicho arábigo 1334, establece que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el juez que los dictó. En esa tesitura, si dicho acuerdo se dictó dentro del juicio ejecutivo mercantil en el que aún no se dicta sentencia definitiva y la quejosa tiene conocimiento del mismo, es inconcuso que debió agotar el medio de impugnación en mención, antes de acudir a la instancia constitucional. Es puntualmente aplicable, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 401, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro: 2005047, del tenor siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". No se inadvierte la jurisprudencia sustentada por la propia Primera Sala del Máximo Tribunal del País, intitulada: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO", que dispone que cuando se reclama el auto de exequendo emitido dentro de un juicio ejecutivo mercantil, al tratarse de un acto de imposible reparación, es procedente el juicio de amparo indirecto, empero, ello no exime a la quejosa de agotar previamente el principio de definitividad, al constituir presupuestos distintos la irreparabilidad del acto y el principio de definitividad. Por ello, aun cuando el auto materia del acto reclamado tenga el carácter de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo a impugnarlo, es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, en este caso, el recurso de revocación, para cumplir con el principio de definitividad. Así lo determinó el Pleno del Alto Tribunal, al pronunciar la jurisprudencia, Publicada en la página 8, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro: 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo" En virtud del sobreseimiento decretado, se hace innecesario el estudio de los conceptos de violación expresados por la impetrante del amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Resulta innecesario entrar al estudio de los alegatos que formuló la parte tercero interesada, atento al sentido del presente fallo y por las razones que se dan la jurisprudencia 27/94, del rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". No se inadvierte que la tercero interesada, hace valer una causa de sobreseimiento; empero, al haber advertido una de oficio, resulta innecesario ocuparse de las hechas valer por la parte tercero interesada, virtud a que el suscrito no está obligado a analizar todas y cada una de las causas de improcedencia. Cobra aplicación, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO". Finalmente, no es el caso de atender el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación, atendiendo al sentido de la presente sentencia; máxime que no invoca causales de improcedencia. Tiene aplicación, de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena a la secretaria glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción, por las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe. La licenciada Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, HACE CONSTAR: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de dos de febrero de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, en el que se sobreseyó en el juicio. Conste. La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICA: que el contenido de la presente sentencia coincide íntegramente con el documento firmado electrónicamente en el expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Conste. Secretaria, Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno.

  4. Principal

    En veintisiete de enero de dos mil veintidós, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado bajo el folio 942, dentro del juicio de amparo indirecto número 655/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de enero de dos mil veintidós. En atención al contenido del AG 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Agréguese a los autos, el oficio signado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en su atención, téngasele formulando alegatos que a esa representación social corresponden, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.

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