Ma. Guadalupe Castañeda Valladares

Expediente 1016/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1016/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/01/2019

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Castañeda Valladares

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] suscrito[s] por el promovente, por el cual manifiesta su oposición a la publicación de sus datos personales o sensibles; por tanto, dichos datos deberán considerarse como reservados, en la lista de acuerdos y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por , contra actos del agente del Ministerio Público de Armería, Colima, y otra[s] autoridad[es]; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 17 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto, registrado con el número estadístico 1016/2018-I. Por otra parte, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: La abstención de investigar y resolver la carpeta de investigación 215/2016. Al respecto, es necesario precisar que el acto aquí reclamado, se rige por el artículo 16, párrafo catorce, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece en su artículo 258, que tales actos son materia de conocimiento del Juez de Control, autoridad que es la facultada para decidir todas las cuestiones relacionadas con la carpeta de investigación, la cual se rige bajo el nuevo paradigma constitucional. En principio, conviene establecer para el estudio de la causa de improcedencia, el contenido el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: [A]rtículo 16. [.] Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. De lo antes citado se establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial. En donde vemos de la directriz constitucional, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el sistema penal acusatorio y oral adversaria el Agente del Ministerio Público es una parte procesal igual que la víctima u ofendido, asesor jurídico, imputado o defensor, pues todos realizan actos de investigación, ello se observa en las fases de investigación a que se refiere el artículo 211, fracción I, incisos a) y b), del Código Nacional de Procedimientos Penales [inicial como complementaria], pues: 1) la investigación se judicializó [el Agente del Ministerio Público ya no genera prueba en la investigación], es decir, en el nuevo sistema penal, conforme al principio de igualdad entre las partes [donde se garantiza las condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen], todas estas investigan y quien controla sus actos u omisiones en esas fases de investigación es el Juez de Control [quien asume el carácter de autoridad en el sistema penal acusatorio y oral], pues así se desprende de los artículos 16, párrafo catorce, de la Constitución; 3º, fracción VII, 24, 29, 133, fracción I, 137 al 174, 183 al 206, 211, fracciones I, incisos a) y b), II, 219, 220, 227, 231, 251, 252, 258, 267 al 303, 304, 307 al 347 y 467, del Código Nacional de Procedimiento Penales. 2) la relación jurídica existente entre las partes corresponde a una de coordinación entre el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y representante legal, imputado y defensor, porque todas realizan actos de investigación; y, 3) todos los actos de investigación que realizan las partes son analizadas ante su falta de idoneidad o pertinencia, así como el estudio de su ilegalidad en la obtención, ante el Juez de Control; por tanto, ello evita que el Fiscal sea quien decida en exclusiva las cuestiones referentes a las técnicas de investigación como son: la cadena de custodia, aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito; así como el registro, custodia y disposición de los bienes asegurados, lo que solo implica la posibilidad de que la parte afectada acuda a solicitar audiencia ante el Juez de Control para solucionar el conflicto penal suscitado en la etapa de investigación inicial o complementaria. Asimismo, conviene establecer para el estudio de la causal de improcedencia, el contenido el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé lo siguiente: [A]rtículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. El artículo constitucional antes citado establece que la víctima o el ofendido pueden impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimiento Penales, señala lo siguiente: [A]rtículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. En ese contexto constitucional y legal, de una interpretación sistemática y funcional, se advierte que el Juez de Control es la autoridad facultada para resolver todas las cuestiones que sean materia de controversia en la investigación inicial o complementaria, entre otras, las derivadas de la abstención del Ministerio Público de seguir investigando, por lo que es susceptible de impugnarse ante el Juez de Control, ya que establece en forma clara, que es a esta autoridad jurisdiccional a quien le corresponde el instruir a la autoridad ministerial a realizar los actos de investigación, o a que se emitan las determinaciones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ello es así porque el artículo dispone el trámite que se sigue ante la autoridad judicial, el cual, consiste en que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y en su caso al imputado y a su defensor; y, será en esta audiencia en la cual, con la comparecencia de las partes, y en debido respeto a la audiencia de las partes, el Juez de Control determinará si es o no justificada la abstención de la autoridad ministerial de proseguir en la investigación. Asimismo, establece, que en el caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Bajo tales aspectos, se estima conveniente destacar, que los artículos 40 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagran el principio de supremacía constitucional, en tanto disponen que la Constitución es la ley fundamental o suprema, naturaleza que niega la posibilidad de que esté sometida a otro cuerpo normativo superior y, en cambio, requiere que todo le sea inferior y que cada acto de autoridad esté de acuerdo con ella; de lo que colige que la Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133. Ello es así, en virtud de que es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. De ahí que la Constitución no puede ser violatoria de derechos fundamentales, pues precisamente el carácter de Norma Fundamental le otorga la prerrogativa formal de ser el único ordenamiento que puede llegar al extremo de limitar o restringir alguna garantía individual; en atención a lo dispuesto en el primer párrafo, del artículo 1° de la Ley Fundamental el cual señala: [A]rtículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que está Constitución establece. Por consiguiente, el principio de supremacía constitucional, permite incorporar a la Ley Fundamental ciertas restricciones, modalidades, limitaciones e incluso supresiones de los derechos políticos o de los derechos fundamentales, sin que ello implique una contravención a los mismos, ya que nos son inmutables, ni existe constitucionalmente impedimento alguno para ajustar su contenido a la voluntad social predominante. De ahí que al ser la Constitución el fundamento de validez formal de todo orden jurídico, sus disposiciones adquieren un rango que no es posible discutir en un órgano jurisdiccional, ya que los tribunales también se apoyan y se alojan dentro de dicho orden, y en el caso de querer resolver sobre la justificación de alguna norma constitucional, carecería de una referente jurídico contra el cual contrastarla, pues no puede subordinar entre si sus contenidos, con lo cual dejaría de ser la razón de validez de todo el sistema de normas que de ella derivan. Por tanto, sí el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que uno de los derechos de la víctima u ofendido consiste en la facultad de Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y por su parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, define que la autoridad judicial a quien le corresponde el vigilar el actuar o las omisiones que se atribuyan al Ministerio Publico, lo es el Juez de Control; por lo que es claro, que bajo el nuevo paradigma Constitucional, antes de ocurrir al juicio de amparo indirecto, la víctima o el ofendido, que reclame la inacción del órgano ministerial para seguir investigado los delitos, deberá acudir ante la autoridad judicial reconocida por la Constitución, para vencer con ello, la actitud asumida por el Ministerio Publico, o bien, para impugnar lo relativo a la determinación de no ejercicio de la acción penal. Aunado a que de sostener que es innecesario acudir ante dicha instancia judicial previo a la promoción del juicio de amparo o declararlo como optativo, propiciaría el abuso del juicio Constitucional, pues para hacerlo procedente bastaría aducir que una omisión del Fiscal investigador durante la integración de la carpeta de investigación viola derechos humanos, obligando al Juez de Distrito a estudiar las violaciones de mera legalidad, sin que antes hayan sido materia de análisis ante la instancia judicial correspondiente. Es por ello que, en el caso, se surte la causa de improcedencia invocada, ya que previamente al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió de acudir ante el Juez de Control y agotar el procedimiento jurisdiccional de referencia, pues a través de la expresión de los agravios correspondientes, tiene la posibilidad de atacar las abstenciones de la autoridad ministerial. Por lo cual, con motivo de lo antes expuesto y al no advertirse que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, ocasionen una afectación en la esfera patrimonial de la parte quejosa, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma evidente la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al [los] licenciado[s] Omar Zárraga Domínguez; En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaria encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaria encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Finalmente, el quejoso en su escrito de demanda, manifiesta su oposición a la publicación de sus datos personales o sensibles, por lo que los mismos deberán considerarse como reservados, tanto en la lista de acuerdos como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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