Ma. Guadalupe Castañeda Valladares
Expediente 194/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Castañeda Valladares
Actuaciones
- Principal
Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carecer de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima y otra [s] autoridad [es]; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 194/2019-II. Análisis de demanda. Del análisis de la demanda y su anexo se obtiene que la parte quejosa reclama la omisión de acordar la promoción presentada el doce de febrero de dos mil diecinueve, relativa al expediente 15-0171-121F, a través de la cual interpuso recurso de queja contra el auto de once de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Mixto Civil, Familiar y Mercantil de Armería, Colima. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se anticipó, el acto reclamado por la quejosa se hace consistir en: a).- A las dos primeras responsables se les reclama la abstención de observar y aplicar con motivo de la interposición de mi recurso de queja, con lo dispuesto por el artículo 89 del Código Procesal Civil vigente en la Entidad, en el cual impugné la ilegal inadmisión de mi diverso recurso de apelación como se advierte del auto de fecha de once de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio familiar 15-0171-12F, radicado ante el JUEZ MIXTO CIVIL, FAMILIAR Y MERCANTIL DE ARMERÍA, COLIMA. b).- A las dos responsables marcadas con los incisos c) y d) se les reclama la abstención total en que han incurrido al desinteresarse por completo en el desempeño de sus funciones, esto, al no vigilar, ni supervisar, ni auditar y muchísimo menos en su caso sancionar el incumplimiento e inobservancia a lo dispuesto en el artículo 89 del Código Procesal Civil vigente en la Entidad, por parte de las dos primeras responsables, esto, con motivo de mi recurso de queja origen en este amparo. En el caso, este juzgador advierte que con relación a los actos reclamados al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Colima y al Contralor General del Poder Judicial de la Entidad, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Dicho numeral y fracción disponen la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Excepto en los supuestos siguientes: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Dichos numerales establecen el procedimiento a seguir para substanciar y resolver los procedimientos instaurados con motivo de faltas administrativas previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que, la quejosa señala como autoridades responsables, entre otras, al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Colima y al Contralor General del Poder Judicial de la Entidad, que afirma no han vigilado, supervisado, auditado y sancionado el incumplimiento e inobservancia a lo dispuesto por el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, por parte del Juez y del Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Mixto, Civil, Familiar y Mercantil de Armería, Colima, en el expediente 15-0171-12F; por lo que, pretende se les impongan las sanciones correspondientes. Sin embargo, a criterio de este juzgador se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva del hecho de que no se agote el procedimiento establecido por el Capítulo III de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, en particular en los numerales 216, 217 y 218, atendiendo a que la quejosa no tiene el carácter de persona extraña al expediente de origen ni se restringe la libertad personal, pues de los hechos de la demanda se advierte que tiene el carácter de parte actora. Asimismo, en el punto segundo de los hechos refiere que el doce de febrero de dos mil diecinueve, presentó un escrito ante la Sala responsable, mismo que no ha sido acordado. Consiguientemente, al ser parte en el juicio de controversias del orden familiar 15-0171-12F y haber tenido conocimiento de la omisión que impugna, por virtud de la cual pretende se imponga al Presidente del Tribunal Superior del Estado de Colima y al Contralor General del Poder Judicial de la Entidad, las sanciones correspondientes por no haber vigilado, supervisado, auditado y sancionado el incumplimiento e inobservancia a lo dispuesto por el artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, por parte de los magistrados integrantes de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, así como de su secretario de acuerdos, en el expediente de mérito; quedó supeditada a la regla establecida en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 constitucional, en donde se condiciona la procedencia del juicio de amparo indirecto al previo agotamiento de los recursos ordinarios procedentes. Luego, al no tener el carácter de persona extraña al juicio de origen ni ser un acto que afecta la libertad personal, indudable resulta que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados a las autoridades de mérito. Por otra parte, con relación al acto reclamado de los magistrados integrantes de la Sala Mixta, Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, así como de su secretario de acuerdos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 8° constitucional. De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo artículo dispone, que todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, por virtud de la cual el Estado y las autoridades, a través de los funcionarios o empleados, están obligados a dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud formulada y darse a conocer en breve término al interesado. El derecho de pedir es la potestad de acudir a las autoridades del Estado, con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito respecto de la solicitud o petición que el gobernado presente. Respecto de la transgresión a los artículos 14 y 17 constitucionales dentro de un procedimiento jurisdiccional, que refiere la promovente, la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, refirió en la contradicción de tesis 325/2015 publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, sostiene que por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de alguna prueba o de prosecución del trámite. Asimismo, refiere que existe un caso de excepción a dicha regla, la cual se actualiza cuando el juez de amparo advierte del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues sólo en este caso el juicio seria procedente admitirla. Ahora bien, la promovente reclama de la Sala Mixta, Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, así como de su secretario de acuerdos, el abstenerse de acordar la promoción presentada el doce de febrero de dos mil diecinueve; por otra parte, se observa que la presentación de la demanda de amparo se hizo el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, es decir, han transcurrido diez días hábiles. En esas circunstancias, este juzgador considera que no se actualiza el supuesto de excepción para poder reclamar mediante juicio de garantías violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues es claro que atendiendo a que el artículo 66, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima, regula que el secretario debe dar cuenta dentro de las veinticuatro horas siguientes al de la presentación de la promoción correspondiente, y a que el diverso 89 de la ley adjetiva civil prevé que los decretos y autos deber dictarse dentro del término de tres días, es claro que del doce al veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, sólo transcurrieron diez días hábiles, es decir, no hubo una abierta dilación o paralización total del procedimiento de origen. De ese modo, se actualizan las causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, así como en la diversa fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8° Constitucional, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito al resolver la queja 126/2016 en sesión de diez de junio de dos mil dieciséis.
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