Ma. Guadalupe Bañuelos Herrera

Expediente 823/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
823/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Bañuelos Herrera

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio 7546, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual remite el original del juicio de amparo VII-948/2023-2, de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, del contenido del auto de diecisiete de julio de dos veintitrés, dictado por el Juzgado oficiante, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de la quejosa directa Ma. Guadalupe Bañuelos Herrera, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo tiene una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. Estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, y lo señalado por el citado órgano jurisdiccional, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, se avoca al conocimiento del escrito inicial de demanda instada por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de la quejosa directa Ma. Guadalupe Bañuelos Herrera, contra actos de la Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades. Se ordena formar expediente y registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 823/2023. Expuesto lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por los artículos...SE ADMITE a trámite la demanda promovida por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de la quejosa directa Ma. Guadalupe Bañuelos Herrera, contra actos que reclama a la Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades, en la inteligencia de que los actos reclamados se hacen consistir en:... Mediante oficio dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado fórmese y tramítese por un tanto el incidente de suspensión que se solicita. Respecto al emplazamiento de quién o quiénes les pudiera resultar el carácter de terceros interesados, se reserva acordar lo que en derecho corresponda hasta en tanto obren constancias en autos que así lo acrediten, de ser ciertos los actos reclamados. Se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiéraseles INFORME JUSTIFICADO a las autoridades responsables que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que tomaron en consideración para emitirlo. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir su informe justificado, informen si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa o, bien, diverso juicio de amparo en contra del acto que por esta vía constitucional reclama. Pudiendo en su caso remitir el informe requerido al correo electrónico institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. ... Téngase al promovente señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Martínez Camacho y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, hasta en tanto acrediten que se encuentran legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciadas en derecho, toda vez que NO cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. JUICIO EN LÍNEA Por otro lado, y como lo solicita la parte quejosa se abre juicio en línea, y se le autoriza el acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "VALENTEALVAREZ" donde se harán las notificaciones electrónicas respectivas. Para cuyo efecto, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes - SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Hágase saber a la parte quejosa, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. ... Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE; y POR OFICIO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Incidental

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la copia de la demanda de amparo, como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tramita por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 823/2023 promovido por Valente Álvarez Reyes, apoderado jurídico de la quejosa directa Ma. Guadalupe Bañuelos Herrera, contra actos que atribuye a la Presidenta e integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado de Michoacán y otras autoridades. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y requiéraseles el INFORME PREVIO que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciban el oficio de notificación... Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Como se precisó en el expediente del cual deriva el incidente en que se actúa los actos reclamados consisten en:... En ese sentido, se tiene que la parte quejosa, acude a la vía indirecta constitucional en su calidad de concesionaria indefinida para la prestación del servicio de trasporte público de pasajeros, en el Municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y para acreditarlo, adjuntó copia digitalizada de la concesión de trasporte público, emitida por el Gobierno del Estado de Michoacán, número FZTX06028; así como la tarjeta de circulación con folio TCSP0566590 correspondiente al vehículo descrito en ese documento, a nombre de la quejosa, y que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, son copia fiel, íntegra e inalteradas de los documentos originales. Por tanto, dichas pruebas al tratarse de documentales públicas, adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. En tales condiciones, el acto reclamado, precisamente, tiene -entre otras- como finalidad, establecer la regulación de los servicios de transporte tradicionales y los que se usan a través de un medio electrónico, y la parte quejosa demostró ser titular de una concesión de trasporte público de pasajeros con vigencia indefinida y afirma -entre otras cosas- que la normativa reclamada, realiza una distinción discriminatoria entre concesionarios y permisionarios. En consecuencia, el acto reclamado, sí impacta a la esfera jurídica de la parte quejosa, porque, está ubicada en la hipótesis normativa que combate, de ahí que, se acredita el interés suspensional para efectos de la medida cautelar (inciso b). Continuando, se llega al inciso c), relativo al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho -en caso de actualizarse-, el cual para los efectos del estudio de esta determinación, no influye, porque, a consideración de la suscrita, en este momento, no se asoma la posibilidad para establecer, la inconstitucionalidad de la norma que se combate, porque, si bien el Decreto que se expide la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo, se trata de una norma que entre otros puntos, regula al sistema estatal de transporte, y lo contempla como servicio de transporte público en modalidad activa, servicio de transporte público de personas, el servicio de transporte especializado y servicio de transporte público de carga. Respecto a ello, la parte quejosa pretende revelar la inconstitucionalidad de la normas que combate bajo la afirmación de que a los concesionarios del servicio de transporte público de personas como lo es ella, se establece una serie de restricciones o cargas adicionales e injustificadas que no tienen quienes prestan servicio de transporte especializado -bajo demanda a través de redes móviles mediante plataformas tecnológicas y/o aplicaciones digitales- esto es, señala que cuentan con diversas prerrogativas que implica discriminación frente a ella como concesionaria. Sin embargo, ese tema de violación a su derecho de igualdad y no discriminación, en este momento y para los efectos de la suspensión provisional, para la suscrita no son determinantes ni reveladores para establecer, desde este momento, la afectación inconstitucional por discriminación en su esfera de derechos. En la comprensión que, la no acreditación de la apariencia de un buen derecho a favor de la parte quejosa, signifique dejar de atender los demás requisitos, previstos en la Ley de Amparo, a efecto de estudiar, la concesión de la medida cautelar solicitada. Así, se emprenderá el estudio de los requisitos señalados con los incisos d) y e) correspondientes a que con la suspensión no se afecte al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Esto es, si bien ?en principio? las disposiciones legales como puede ser el DECRETO impugnado, con el carácter de norma de carácter general, se consideran de orden público y su cumplimiento de interés social; lo cierto es que aplicar este criterio para establecer la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados ?ya sea provisional ya sea definitiva? implicaría hacer nugatoria toda medida cautelar; ello, porque todas las disposiciones legales en mayor o menor medida son de interés social y orden público; por tanto, bajo esa perspectiva, se llegaría a la conclusión equívoca de que cualquier medida cautelar tendente a paralizar la ejecución de un acto que se base en aquéllas ha de negarse. En esas condiciones, debe tenerse en cuenta que el concepto de interés social es una noción jurídica que atiende a las necesidades específicas que concurran en cada caso, tomando en cuenta que el fin de la medida cautelar es evitar la afectación en los derechos de los gobernados, paralizando el acto reclamado, hasta en tanto exista un pronunciamiento definitivo sobre su constitucionalidad. Así, el orden público y el interés social son conceptos vinculados, pues el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de permitir el adecuado funcionamiento de la Administración Pública procurando el bienestar general; o en su defecto, impedir un mal a la población. Por su parte, el interés social es el necesario bienestar de la comunidad, o bien, la búsqueda de evitar un daño al colectivo que de otra manera no resentiría. Por tanto, se reitera que todas las normas jurídicas, por su naturaleza, son de orden público y de interés social, por ello, no basta con que una norma precise que es una disposición de orden público para con ello considerar que su observancia cumple con los estándares necesarios para generar un beneficio real a la colectividad; debe evaluarse si su contenido, fines y consecuciones, no son contrarios a los valores y principios a que aspira el orden público, o bien, que su aplicación no sea capaz de generar una restricción a derechos fundamentales en aras de procurar un aparente bienestar social. En esa tesitura, de un análisis al decreto combatido por esta vía, se tiene que en su artículo 3 se indican los objetos de esa Ley, y en sus fracciones I, III, IV, XI y XII, respectivamente se advierten los siguientes: Establece las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones que garanticen el tránsito, seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; Impulsar el desarrollo del transporte y las comunicaciones, y satisfacer las demandas de los servicios públicos integrados a éstos, los cuales debe proporcionar el Estado los particulares a quienes éste les otorgue las autorizaciones correspondierites, procurando el mayor y mejor aprovechamiento de las vías estatales de comunicación; Desarrollar las bases para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservando el libre tránsito, el orden y la paz pública, a través de la aplicación de las sanciones por infracciones administrativas, en términos de esta Ley y demás disposiciones normativas aplicables; Establecer las bases para salvaguardar la integridad y derechos de las víctimas dé hechos de tránsito, a través de la debida atención, seguimiento y acompañamiento, los mecanismos de reparación del daño, así corno para la aplicación de las sanciones correspondientes, en términos de esta Ley y demás disposiciones normativas aplicables; Por lo anterior, en caso de concederse la suspensión provisional, solicitada por el quejoso, con la finalidad de que no se aplique el decreto combatido por esta vía, se iría en contra del interés social que están por encima del interés particular del quejosa, cuenta habida que es claro que su labor está dirigida a la sociedad y, por ende, es ésta a quien le interesa que sus actividades se realicen en términos de las disposiciones aplicables, por ser una función propia y de índole prioritaria para el Estado. ... Por lo tanto, no podría paralizarse la armonización legislativa al decreto impugnado, dado que, obedece a un interés social tal mandamiento, así como la creación de las instituciones a quienes se les confiere la aplicación de su contenido normativo. Además, es de precisarse que, en términos del artículo Séptimo transitorio del citado decreto, las sanciones y demás disposiciones previstas en los reglamentos de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo y la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, seguirán vigentes, hasta en tanto no se publiquen las disposiciones reglamentarias respectivas, lo cual significa que a la quejosa por efecto de la publicación del decreto reclamado, no se podrían imponer sanciones por tanto, normativamente, no se está en condiciones para suspender acto que la propia norma reclamada no prevé. En consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL solicitada, debido a que en la especie no se satisfacen las exigencias relativas a la no afectación del interés social con el otorgamiento de la suspensión. ... Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. 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