Ma. Eugenia Y/O María Eugenia Estrada Silva
Expediente 838/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Eugenia Y/O María Eugenia Estrada Silva
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO Se tiene por recibido el oficio que remite el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, mediante el cual transcribe el acuerdo de diecisiete de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo ********************, de la estadística de ese Juzgado, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Comisión Dictaminadora del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán y otras autoridades; asimismo, remitió la demanda y su cuadernillo de incompetencia ********************, Acúsese el recibo de estilo correspondiente. La autoridad declinante resolvió declararse legalmente incompetente para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, al considerar que los actos reclamados tendrán ejecución dentro de la demarcación territorial donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad. Por lo que, estimó que es el Juez de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, a quien le resulta competencia para conocer de la litis constitucional planteada por la parte quejosa. ESTE JUZGADO ACEPTA COMPETENCIA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO Con apoyo en el artículo 37 de la Ley de la Materia, al igual que el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, así como la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA. Con la demanda presentada por ********************, contra actos del Comisión Dictaminadora del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán y otras autoridades; regístrese en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como juicio de amparo ********************/********************, y háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Bajo ese contexto, se provee: De la lectura de la demanda de amparo se advierte que en el caso se actualiza de manera notoria y manifiesta, la causa de improcedencia relativa a que las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo, no tienen esa naturaleza, que se deduce de os artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, en sentido contrario, por lo que procede desechar la demanda con base en el diverso numeral 113, todos de la Ley de Amparo. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal, pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que la persona juzgadora de amparo, a fin de establecer, si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar, si tal ente, está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que, no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, porque, en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar, si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. La Segunda Sala estableció las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; c) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades" Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad; es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación: a. La relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares por actuar en un mismo plano, entre este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, siendo su nota distintiva que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley; b. Las relaciones de supra a subordinación son las entabladas entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por la actuación de los órganos del Estado, como el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derecho humanos y en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Se caracterizan por la unilateralidad y, por ello la constitución establece una serie de garantías (sic) como limitaciones al actuar del gobernante; c. Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado, en las que actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución. Apoya lo anterior la tesis: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional. Por tanto, es necesario examinar. si la naturaleza del acto reclamado por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación de coordinación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podemos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa lo haya señalado como tal, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. En el caso, el quejoso reclama: A su perspectiva, la ilegal negativa, emitida por parte de la Autoridades señaladas como ordenadoras, mediante la cual, se me niega a la quejosa, la obtención y/o asignación de la plaza de profesora de carrera, categoría titular "C" T.C., de 40 horas, con clave presupuestal ********************, convocada a concurso abierto por el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, emitida a través de la convocatoria docente número CDA006 de fecha 17 de abril del año en curso. Lo anterior, al afirmar que no se llevaron a cabo los procesos, lineamientos y criterios de selección y asignación de plaza que establece el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Docente de los Instituto Tecnológicos; aun y cuando habían sido cubiertos los lineamientos, requisitos y criterios solicitados en el proceso ya señalado por parte de la suscrita. Incluso, la quejosa hace referencia que tiene una antigüedad de veintisiete años como docente del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán, esto es, que funge como empleada ante dicho instituto. Entonces, lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva de una relación jurídico laboral, en la que las citadas responsables tienen el carácter de patrón (mas no de autoridad), y la parte quejosa de empleado (mas no en cuanto gobernado, respecto de aquélla), porque, éste actúa como docente del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, Michoacán; de ahí que cualquier reclamación que pretendiese realizar, tendría que realizarla en la vía laboral, pues de resultar acertado lo argumentado por él, sería el resultado de una acción realizada por tales entes en su calidad de patrón. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable, no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que aun cuando las responsables señaladas, pudieran tener el carácter de autoridad con motivo de algunas de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho ente o aquellos en los que intervengan, deban considerarse como actos de autoridad; y que; por tanto, el acto reclamado, deba ser considerado como de autoridad para los efectos del presente juicio. En esas condiciones, se colige que el acto reclamado, no se realizó en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado por actuar el primero en un plano superior al segundo, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad, virtud a que le fue negado por parte de la autoridad responsable la obtención y/o asignación de la plaza de profesora de carrera categoría titular "C" T.C. de cuarenta horas, sin que exista un procedimiento administrativo, ni sentencia en su contra, surte efectos en el plano patrón trabajador; dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que el acto que se analiza en esta instancia constitucional, tenga características distintivas a los actos de autoridad, porque, en el caso concreto, éstos surten sus efectos en el ámbito de la relación laboral existente, entre la parte quejosa con el director del plantel educativo para el cual presta su servicios como docente. De ahí que, se reitera, el acto reclamado que nos ocupa deriva de una relación jurídico-patronal, y cualquier reclamación que la parte quejosa pretenda realizar tendrá que hacerla valer en la vía laboral. Son aplicables, por identidad jurídica, los criterios siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". Sin que en el caso a estudio se esté en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de la Materia, pues el hecho de que se determine que el acto atribuido a la responsable en este juicio "no es acto de autoridad", no implica por exclusión, que deban ser considerados como "actos de particulares", susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo; puesto que las autoridades señaladas como responsables corresponden al Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas Michoacán. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Finalmente y toda vez que la parte quejosa señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado ******************** lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Tribunal. Por tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el citado domicilio y notifique el presente auto a ********************, inmerso en la comunicación de cuenta, debiéndole formular los requerimientos y apercibimientos inmersos en el mismo. De igual modo, le requiera para que en la misma diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, apercibiéndolas que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista que será fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Por otro lado, por lo que ve al correo electrónico que señala la parte quejosa en su escrito de demanda, se le tiene por indicado a fin de establecer contacto en algún momento de la secuela procesal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. DATOS PERSONALES De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. INFORMA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. ANOTACIONES Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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