Ma. Guadalupe Álvarez Haro

Expediente 19/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
19/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
07/03/2017

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Álvarez Haro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese, para que obre como corresponda el oficio de cuenta y anexo signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Zacatecas, por el cual en vía de notificación transcribe el proveído de tres de marzo del año en curso, dictado por el Presidente de dicho cuerpo Colegiado, dentro de la queja administrativa 20/2017-5, del que se advierte que el auto de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, por el que se desechó el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintiséis de enero de dos mil diecisiete, dictada por este Juzgado, no fue recurrido y que al haber transcurrido el término que para tal efecto establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, se declaró que el aludido auto causó estado. Anótese el registro y agréguese el cuaderno de antecedentes. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en el presente juicio de garantías; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o copia certificada que deban ser devueltos a las partes; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico, histórico o documental; y, por ende destruible. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable, el anexo que remitió en apoyo a su informe justificado, agregando a los presentes autos la carátula que lo contenía.

  2. Principal

    Visto agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito y anexo, signado por la quejosa Ma. Guadalupe Álvarez Haro, por medio del cual interpone recurso de revisión contra del proveído de veintiséis de enero del año en curso. Con apoyo en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, dentro del término legal remítase el expediente original al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, capital, el escrito original de expresión de agravios, así como la copia correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación. Una vez que el mismo se encuentre debidamente integrado, envíese al Tribunal de alzada, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. Con motivo del recurso interpuesto, fórmese cuaderno de antecedentes de la revisión.

  3. Principal

    Vista, la comparecencia de la quejosa Ma. Guadalupe Álvarez Haro, ante el personal de este Juzgado, en la cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este juzgado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, manifiesta que reconoce como estampada de su puño y letra la firma que calza el escrito recibido el ocho de enero de dos mil diecisiete, por el que da cumplimiento a la diversa prevención realizada en acuerdo de once del actual; en consecuencia, el Juez acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ". XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley..." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. ." En el caso, la quejosa hace consistir el acto reclamado en: ". Resolución administrativa de fecha 17 de noviembre del año en curso dictada por EL PLENO DEL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS, ZACATECAS." Y, del contenido íntegro de los antecedentes de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Por escrito de siete de junio de dos mil dieciséis, Ma. Guadalupe Álvarez Haro, interpuso denuncia o solicitud de fincamiento de responsabilidades (queja administrativa) contra los jueces de control Josue Barron Oliva, Maximiliano Villavicencio Salinas y Antonio Gutiérrez Guerrero, ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; en atención a que el Juez de Control Maximiliano Villavicencio Salinas hizo uso del inmueble que afirma la quejosa es de su propiedad, para decretar la medida cautelar de "resguardo en su domicilio", a una persona extraña que nada tenía que ver con ese domicilio, que afirma Ma. Guadalupe Álvarez Haro, es de su propiedad, dentro de la causa penal 218/2015. 2. Mediante resolución pronunciada el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, declaró improcedente la queja administrativa interpuesta contra los jueces de control Josue Barron Oliva, Maximiliano Villavicencio Salinas y Antonio Gutiérrez Guerrero; lo que constituye los actos reclamados. De lo anterior se desprende que en el caso concreto, el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo disciplinario instaurado ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en atención a la denuncia formulada por, Ma. Guadalupe Álvarez Haro, contra los jueces de control Josue Barron Oliva, Maximiliano Villavicencio Salinas y Antonio Gutiérrez Guerrero, por los actos y omisiones en que incurrieron al decretar la medida cautelar de "resguardo en su domicilio", a una persona extraña que nada tenía que ver con ese domicilio de Ma. Guadalupe Álvarez Haro, dentro de la causa penal 218/2015, al no cerciorarse que el domicilio perteneciera a la persona resguardada, no otorgar a la aquí quejosa, personalidad dentro de la causa penal, violentando sus derechos de petición, no decretar medidas de seguridad para salvaguardar los derechos de Ma. Guadalupe Álvarez Haro y hacer extensiva la medida cautelar de resguardo domiciliario, así como por las diversas irregularidades en que incurrieron. El procedimiento administrativo de que se trata tiene por objeto sancionar conductas irregulares cometidas por los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, conductas que cualquier persona tiene derecho denunciar, con lo cual se instaura un procedimiento que tiene como propósito fundamental imponer al infractor una sanción disciplinaria por la conducta cometida con la finalidad de preservar una conducta optima en el desempeño de las funciones de los integrantes de Poder Judicial del Estado; lo que no trae como consecuencia tutelar o salvaguardar el interés particular de la denunciante. Lo anterior, permite concluir que la aquí quejosa Ma. Guadalupe Álvarez Haro, carece de interés jurídico y legitimo para acudir ante esta instancia constitucional a combatir la resolución emitida por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, el diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del expediente de responsabilidad administrativa 5/2016, en la que declaró improcedente la queja administrativa interpuesta contra los jueces de control Josue Barron Oliva, Maximiliano Villavicencio Salinas y Antonio Gutiérrez Guerrero, por tratarse de cuestiones de legalidad en el dictado de las resoluciones judiciales y no de carácter administrativo, ya que, si bien, por una parte, Ma. Guadalupe Álvarez Haro cuenta con facultad para formular la denuncia contra la irregularidad cometida por los servidores públicos (jueces de control), al tratarse de un procedimiento sancionador de conductas irregulares, dicha facultad no abarca la de exigir de la autoridad sancionadora una determinada conducta respecto de sus pretensiones denunciadas; además, ésta no tiene el carácter de parte dentro del procedimiento pues una vez presentada la denuncia termina su participación dentro del mismo, de ahí que la denunciante de la conducta irregular no tiene reconocido un derecho subjetivo dentro del procedimiento y por tanto, carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que determina declarar improcedente el recurso de queja por los motivos antes asentados. Al respecto, cabe señalar que el interés legítimo para la promoción del amparo requiere que el acto reclamado viole los derechos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo, para que con ello se produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del peticionario de garantías, de ahí que se arriba a la evidente conclusión, en el sentido de que la denunciante de la conducta irregular no tiene interés legítimo para reclamar en amparo, la resolución que determinó declarar improcedente el procedimiento administrativo. En esta lógica, deviene incuestionable que, en la especie, no se satisface el presupuesto procesal, consistente en que la quejosa y denunciante tenga un interés jurídico o interés legítimo, lo que resulta evidente, notorio, manifiesto y de inicio en el juicio de amparo, habida cuenta que la pretensión de la peticionaria de amparo es absolutamente inviable. A mayor abundamiento, cabe añadir que a nada práctico conduciría admitir la demanda de amparo y darle oportunidad a la quejosa de ofrecer pruebas, toda vez que no se trata de una cuestión de hecho, sino de una interpretación de derecho y, por ello, en la sentencia tendría que decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico o interés legítimo. Sirve de apoyo a la anterior determinación en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), con registro 2010368, página 2365, Libro 24, noviembre de 2015, tomo III, Materia Común, sustentada por los Plenos de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción I, y 6°, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Ma. Guadalupe Álvarez Haro, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Ma. Guadalupe Álvarez Haro; y toda vez que la firma que calza dicho escrito es notoriamente distinta a la que ya obra en autos, a fin de acordar lo procedente, requiérase a la promovente, para que dentro del término de tres días a que se refiere la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se presente ante el personal de este Juzgado, debidamente identificada con documento oficial, vigente y con fotografía, a fin de que manifieste sí reconoce o no como estampada de su puño y letra la firma que calza el escrito de cuenta, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no presentado el citado ocurso; advirtiéndose a la promovente, de las penas en que, conforme al artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal, incurren quienes se conducen con falsedad ante la autoridad judicial. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia producto de la contradicción de tesis 9/88, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, identificada con el número 258, que se publica en la página 174, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA."

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