Ma. Graciela de la Torre Castro
Expediente 962/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Graciela de la Torre Castro
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, y que no existen diligencias pendientes de practicar y que en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Ma. Graciela de la Torre Castro, por el que da cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintinueve de noviembre del año en curso; al respecto, se acuerda: PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 292/2017, la ejecución y cumplimiento de la sentencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho. DESECHAMENTO DE LA DEMANDA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escrito aclaratorio y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda y aclaratorio de la misma, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Quien resuelve, estima que es procedente desechar de plano la demanda de amparo, porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 107 fracción IV (en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior". Así, de la interpretación sistemática de los preceptos citados se advierte que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, pudiendo reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa a la quejosa; lo cual implica que, no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada, y por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante éste, puedan analizarse cuando se reclame la última resolución. Lo anterior se estableció así en aras de tutelar el cumplimiento efectivo de las sentencias definitivas, pues el legislador tiende a evitar su obstaculización, impidiendo que en el juicio constitucional se combata la que no constituya precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones que, por el contrario, lo retardarían. Se debe tomar en consideración, además, que a efecto de evitar abusos de las autoridades correspondientes, en el mismo precepto legal se previene de manera expresa que en la demanda del juicio constitucional biinstancial, la parte afectada podrá hacer valer las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva. Ahora, en el caso concreto, la hipótesis normativa de procedencia, prevista en el citado artículo 107, fracción IV, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, no se actualiza, toda vez que el acto que reclama la parte quejosa en la presente vía constitucional, no constituye la última determinación en ejecución del juicio reivindicatorio civil. Ello es así, toda vez que los actos reclamados se hacen consistir en el auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 292/2017, la ejecución y cumplimiento de la sentencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se le condenó y se ordenó la entrega del bien inmueble materia del juicio de origen, sin embargo, ello no constituye la última resolución en dicha fase, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, sino que, como se observa, se trata únicamente de un proveído emitido en ejecución de sentencia en el que se le ordena la entrega del inmueble a favor del actor, acto reclamado que se intentó en contra de la ejecución de la sentencia de origen, no es un acto dentro de ese procedimiento que amerite ser analizado de manera inmediata a través del juicio de amparo, aunado a que, esa violación procesal, en la etapa de ejecución del juicio reivindicatorio civil, que causa un agravio a la impetrante del amparo, podrá ser impugnada vía conceptos de violación, cuando reclamen en esta vía constitucional, aquella resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Además, es evidente que en el caso, se está tratando de dar cumplimiento con lo sentenciado exclusivamente, como incluso se desprende de la transcripción efectuada por la parte quejosa en escrito aclaratorio de demanda. Lo anterior implica, que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento de ejecución de sentencia, como acontece en la especie, no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución. Con esto se pretende seguir evitando el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia invocadas, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por Graciela de la Torre Castro, contra actos del Juez Primero del Ramo Civil de esta ciudad y otra autoridad.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Ma. Graciela de la Torre Castro, contra actos del Juez Primero Civil de esta ciudad de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 962/2019-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. De la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues no cumple con lo dispuesto por el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que obliga a la quejosa a precisar el acto que reclame de las autoridades responsables y que precise bajo protesta de decir verdad, todos los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, ya que el promovente en el capítulo relativo a los actos reclamados al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de la Capital, señala como tales: El auto de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente número 292/2017. La ejecución y cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho. Las violaciones cometidas durante el procedimiento, con las que dejó sin defensa a la quejosa y han trascendido al resultado de la resolución." Luego en los antecedes de los actos reclamados, en lo que interesa señala: Que fue demandada por David García Ortiz, en la vía ordinaria civil, en ejercicio de la acción reivindicatoria, respecto del inmueble con superficie de 123.03 metros cuadrados (ciento veintitrés metros con cero tres centímetros cuadrados) y con las siguientes medidas y colindancias: al Noreste 15.21 metros y colinda con propiedad del actor; al Sureste 8.25 metros con propiedad del actor; al Suroeste 15.18 metros con propiedad del actor y al Noroeste 7.94 metros con Salomón Sarmiento, demanda que se radicó en el Juzgado Primero Civil de esta ciudad, bajo el expediente número 292/2017. Que las pruebas que la parte actora aportó al juicio, no se identificó plenamente el bien que pretendía reivindicar, toda vez que, el inmueble que pretende ser desposeída, es dueña y está en posesión. Que por auto, emitido en acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable: acordó señalar las diez horas del cuatro de diciembre de dos mil diecinueve a fin de que en vía ejecución forzosa de la sentencia el actuario adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles de la capital, en compañía del actor se constituya en el domicilio de la parte demandada y la requiera para que haga entrega del bien inmueble adjudicado a favor del actor y proceda a ponerlo en posesión del mismo bien. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad: Precise con exactitud el acto reclamado o actos reclamados, esto en razón, de que reclama la ejecución y cumplimiento de la sentencia definitiva de fecha treinta de octubre de dos mil dieciocho y las violaciones cometidas durante el procedimiento, con las que dejó sin defensa a la quejosa y han trascendido al resultado de la resolución, pero esto último no se ve materializado en algún acto concreto que reclame, ni de los antecedentes de los actos reclamados se ven reflejados dichos actos, únicamente se advierte que lo que se queja es el auto de veintiocho de octubre del año en curso; o bien, precise si el acto reclamado en el presente juicio de amparo únicamente es el citado veintiocho de octubre del año dos mil diecinueve, que refiere en su demanda; lo anterior es lo anterior es así, considerando que los referidos preceptos legales, obligan al promovente del amparo a señalar el acto que reclama, de manera clara y precisa y precisar los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del mismo o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación de forma completa; y no en los términos imprecisos en que lo hace. Se apercibe al promovente del amparo que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Asimismo, Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Miguel Guzmán Guzmán y a Rafael Rodarte Márquez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el ubicado en Avenida Fernando Villalpando, número doscientos seis (206), colonia Centro, en esta ciudad de Zacatecas.
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