Ma. Felix Mondragón Hernández

Expediente 1737/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1737/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Ma. Felix Mondragón Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de enero de dos mil veintidós.Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ma. Félix Mondragón Hernández, por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. ..., Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    MESA VII. Cuernavaca, Morelos, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Félix Mondragón Hernández, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1737/2021-VII, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y fórmese expediente impreso y electrónico. DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo en cuanto al criterio la jurisprudencia, I.13o.A. J/6, sustentada por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: La omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral 01/345/2020. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Así, de acuerdo al principio de procedencia del Juicio de Amparo Indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por aquellos actos cuyas consecuencias necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Sobre la base expuesta, es evidente que los actos de procedimiento que pretende combatir la parte quejosa en esta instancia constitucional no se encuentran dentro de los presupuestos legales exigidos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que el promovente reclama actos que no le producen a su representada de manera directa una afectación a algún derecho fundamental, ya que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a sus derechos personales (propiedades, posesiones o derechos), lo anterior en virtud de que el acto reclamado en esencia consiste en la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral 01/345/2020. Resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la citada Ley de Amparo. En la especie, el acto que se reclama, no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 48/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de mayo de dos mil dieciséis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011580, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En los términos expresados, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo juicio laboral: la omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral 01/345/2020. Aunado a que no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; toda vez que la supuesta omisión de la autoridad responsable de dictar el laudo en el expediente laboral 01/345/2020, fue reclamada mediante amparo indirecto ante este juzgado, en fecha veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno de lo cual se advierte que únicamente han transcurrido cuarenta y un días naturales de dilación, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de treinta y tres días que tiene la autoridad para dictar el laudo respectivo. Lo anterior es así, tomando en consideración que los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, disponen lo siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. Artículo 888.- La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones formulados por las partes; Fracción reformada. II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias practicadas; y III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado. Artículo 889.- Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." (Énfasis añadido). En razón de lo anterior, si de lo manifestado por la parte quejosa en su demanda se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó el cierre de instrucción en el expediente de origen y se turnó para la elaboración del proyecto de laudo respectivo, y a partir de esa fecha la autoridad responsable tenía un término de treinta y tres días hábiles conforme a los preceptos legales anteriormente transcritos, para emitir el laudo correspondiente; entonces, dicho término feneció el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno (tomando en consideración uno, dos y quince de noviembre de dos mil veintiuno como días inhábiles). Por lo que a la fecha de la presentación de la demanda (veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno) sólo han transcurrido cuarenta y un días naturales de dilación. Cabe agregar, que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido por lo menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que la junta responsable debió legalmente pronunciarse o realizar los actos procesales respectivos, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que se establece en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que un juicio permanezca inmóvil. Dicho precepto establece un lapso de cuarenta y cinco días naturales para que la autoridad responsable oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y además resulta un referente útil, en el presente caso, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. ..., Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ma. Félix Mondragón Hernández, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas en los términos que refiere a las personas que designa, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral. Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se faculta al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permita al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, así como se realicen las notificaciones que en el mismo se ordenen, aún las de carácter personal, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario ...,. Ahora, en relación al domicilio que señala para el efecto de oír y recibir notificaciones, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a tenerlo por designado, en razón de que solicitó que las notificaciones se le realizaran vía electrónica, por lo que no pueden subsistir ambos medios de notificación. Por otra parte, respecto a su solicitud de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que refiere, dígase a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud; ello, con fundamento en los artículos 26 fracción III, 27 fracción I y 108 fracción I, en virtud de que las notificaciones serán realizadas en el domicilio indicado por la parte quejosa y de no señalar domicilio se harán por medio de lista. No obstante lo anterior, se tiene el correo proporcionado, como medio de comunicación no procesal con dicha parte. REPRODUCCIÓN MEDIOS ELECTRÓNICOS ..., HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES ..., HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA ..., EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

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