Ma. Eugenia Elena Herrera Carvajal.
Expediente 831/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ma. Eugenia Elena Herrera Carvajal.
Actuaciones
- Principal
MESA VI.- Visto lo de cuenta se tiene por recibido el oficio del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por medio del cual remite copia certificada del auto de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, emitido en los autos del juicio laboral ********************. Al respecto, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por auto de tres de julio del dos mil veintitrés se tuvo por recibida la constancia que exhibe y se proveyó lo conducente. Notifíquese. JRL
- Principal
MESA I.- DESECHAMIENTO DE DEMANDA En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en esencia los actos reclamados que combate la parte quejosa consisten en: "De la autoridad señaladas como responsable Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos, reclamo la orden ilegal para dividir el acceso a mi predio que se ubica en la ********************ubicado ********************. Del Presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos; Primer Secretario del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos y Segundo Secretario del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos, reclamo la ejecución material que pretenden dar a dicho mandato, realizando sendas inspecciones oculares para tomar medidas y colindancias, diligencias que resulten violatorias de mis derechos humanos." Precisado lo anterior, debe decirse que respecto a dichos actos, la demanda de amparo es notoriamente improcedente, pues este órgano jurisdiccional considera que el Presidente del Comisariado, así como los integrantes del Consejo de Vigilancia, ambos de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos, señalados como autoridades responsables por la quejosa, no tienen tal carácter para efectos del juicio de amparo, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En efecto, tal como se adelantó, en la especie, el Presidente del Comisariado, así como los integrantes del Consejo de Vigilancia, ambos de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos, no tienen la calidad de autoridades responsables, en su expresión formal, ni son particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación. De conformidad con dicho precepto legal, es autoridad responsable la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sin requerir para ello de acudir ante los órganos jurisdiccionales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Por su parte, un particular podrá tener la calidad de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la porción normativa en consulta y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, es conveniente tener presente la contradicción de tesis 423/2014, sustentada por los Tribunales Colegiados Décimo Sexto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en cuya ejecutoria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que si bien el citado precepto legal prevé la posibilidad de controvertir a través del juicio de amparo actos de particulares, no es posible que se reclamen todos ellos, aun cuando puedan dar lugar a una violación de derechos fundamentales, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. Asimismo, la citada Sala señaló como características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad, las siguientes: Que realice actos equivalentes a los de autoridad; esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. Que afecte derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Los anteriores lineamientos son útiles para emprender el análisis, a fin de determinar cuándo un particular puede tener la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, y para ello, es menester atender a las particularidades de cada caso. En la especie, los artículos 99, 100, primera parte, 104, primer párrafo y 107 de la Ley Agraria establecen lo siguiente: "Artículo 99. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: I. La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; II. La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; III. La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y IV. Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal." "Artículo 100. La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. La asamblea, con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción IX del artículo 23 podrá decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a estas sociedades en los casos de manifiesta utilidad para el núcleo y en los términos previstos por el artículo 75. "Artículo 104. Las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal podrán hacerlo a través de su asamblea, con los requisitos previstos en los artículos 24 a 28 y 31 de esta Ley." (.)." "Artículo 107. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo." De los artículos transcritos se advierte cuáles son los efectos del reconocimiento de una comunidad, el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes, además las comunidades que quieran adoptar el régimen ejidal, podrán hacerlos a través de su asamblea, cumpliendo con los requisitos previstos en los artículos 24 a 28 y 31 de la Ley Agraria Asimismo, resulta pertinente tener presente el contenido de los artículos 32, 33 y 36 de la Ley Agraria, que establecen lo siguiente: "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por una persona titular de la Presidencia, una persona titular de la Secretaría y una persona titular de la Tesorería, propietarias y sus respectivas personas suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y las secretarias y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada integrante del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. La integración del comisariado ejidal se realizará en observancia al principio de paridad." "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." "Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." De conformidad con los preceptos antes transcritos, el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales son órganos de la comunidad encargados, respectivamente, de lo siguiente: 1. De la ejecución de los acuerdos de la asamblea de comuneros, representarla y realizar las gestiones administrativas; entre sus facultades se encuentran la de representación y administración, como si fuera un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas; convocar a la asamblea, cumplir los acuerdos de ésta, dar cuenta con las actividades realizadas y con el movimiento de fondos. 2. Vigilar los actos del comisariado, revisar cuentas y operaciones que realice éste a fin de darlas a conocer a la asamblea, convocar a ésta cuando no lo haga el comisariado y las demás que señale la ley y su reglamento interno. De lo anterior se concluye que no son autoridades en sentido lato para efectos del juicio de amparo, al constituir meros órganos de representación y administración, cuya actuación es esencialmente en sus respectivos ámbitos, como apoderado general de la asamblea, ejecutor, representante y vigilante de las decisiones de ésta. De este modo, el acto que en esta vía se reclama no tiene las características propias de un acto de autoridad, ni es equivalente en los términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 5. de la Ley de Amparo, ya que por sus propias particularidades, los integrantes de los órganos de representación comunal (de ser el caso y sin prejuzgar) despliegan actos que si bien podrían afectar a la quejosa, sería en un plano de igualdad, entre particulares; esto es, sin imperio ni bajo norma legal que los faculte para desplegar esa actuación, sino motu propio. De acuerdo con lo anterior, se concluye que el acto que se le imputa al Presidente del Comisariado, así como los integrantes del Consejo de Vigilancia, ambos de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos, no satisface los tres requisitos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuenta habida que la orden para dividir el acceso al predio de la quejosa, que se ubica en la ********************ubicado ********************; así como su ejecución, de ser el caso, no se emitiría en forma unilateral, ni es obligatoria por sí misma, y tampoco gozaría de imperium; aun cuando podría causar algún tipo de afectación, no tendría el efecto de crear, modificar o extinguir, de manera unilateral, situaciones que afecten la esfera jurídica de la quejosa y, aunque sus funciones estén determinadas en una norma general, no derivaría, de ser el caso, de ésta, sino del conflicto entre particulares en un plano de igualdad. Tan es así que los conflictos, como el reclamado, son materia del juicio agrario ante los Tribunales Unitarios Agrarios, conforme a la competencia legal que les confiere las fracciones IV, V y VI del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En virtud de lo anterior, al no tener el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo el Presidente del Comisariado, así como los integrantes del Consejo de Vigilancia, ambos de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos, señalados con tal carácter, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha la presente demanda promovida por ********************, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta; asimismo, vista la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente a ********************, toda vez que su cédula profesional se encuentra en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; respecto a ********************, se tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones toda vez que su cedula no se encuentra registrada. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales cono ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, punto TERCERO que reforma, entre otros, los artículos 251 al 265 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. HRM
- Principal
MESA II.- Se tiene por recibido el telegrama de ****, perita oficial en materia de medio ambiente, por medio del cual, en atención a la vista concedida en auto de seis de junio del presente año, informa a este juzgado, que al no tener más precisión sobre la ubicación de los canales El Túnel y La Tortuga, las tomas de muestras de ambos se realizarán en los puntos proporcionados por la parte quejosa, y en las fechas ya señaladas en proveído de veinte de abril de dos mil veintitrés; asimismo, solicita que al momento de las diligencias, los lugares a muestrear sean señalados y corroborados por el personal que conozca de la ubicación de los referidos canales, es decir, la parte quejosa; de igual manera, indica que si los puntos se encuentran cercanos uno del otro, es posible iniciar y concluir el muestreo el mismo día (veintinueve de junio de dos mil veintitrés), en caso contrario tendrían que concluirse al día siguiente. Al respecto, téngase a la citada perita desahogando la vista concedida en dicho auto. Ahora, como lo solicita la experta indíquese a la parte quejosa, para que en la fecha señalada para las diligencias de campo señaladas en auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, se presente en compañía de *** y ***, peritas oficiales en materia de medio ambiente y proceda a señalares los puntos en los cuales se ubican los canales El Túnel y La Tortuga. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 237, fracción I y 238, en relación con el artículo 259, de la Ley de Amparo. Asimismo, infórmese a las peritas oficiales en materia de medio ambiente, **** y ***, que no obstante que en auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, fueron fijadas dos fechas distintas -veintinueve de junio y treinta de junio, ambas, de dos mil veintitrés- con la finalidad de llevar a cabo las diligencias de campo en el [1] Río Cuautla, [2] canal El Túnel y [3] canal La Tortuga, si las citadas expertas consideran viable que las diligencias encomendadas pudieran realizarse y llevarse a cabo en un mismo día, así lo podrán hacer, otorgando preferencia a la primera fecha fijada para tal efecto -veintinueve de junio de dos mil veintitrés-, debiendo informar dicha situación al actuario comisionado para las mismas a fin de que se asiente en la razón correspondiente. Para dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese oficio al Director General de Ingenierías Forenses de la Fiscalía General de la República, con la finalidad de que notifique a las peritas oficiales en materia de medio ambiente ***** y ***, el contenido de este auto, lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo, debiendo acompañar copia de las constancias con que lo acredite. Asimismo, se hace del conocimiento de dicha autoridad que la notificación realizada a las expertas de referencia deberá efectuarse acorde a lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Amparo, sin que pueda tenerse como válida aquella que se lleve a cabo por medio de correo electrónico, teléfono celular o cualquier otra que no contemple la ley de la materia. Se apercibe a *****, **** y al Director General de Ingenierías Forenses de la Fiscalía General de la República, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, se les impondrá como medida de apremio, una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 237, fracción I y 238, en relación con el artículo 259, de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que de autos se desprende que en auto de treinta de mayo del presente año, se tuvo al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, insistiendo que de ser posible las diligencias citadas en el párrafo inmediato que antecede, se realicen en una sola de las datas señaladas en autos por las razones que expuso, infórmese la presente determinación a dicha institución, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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