Ma. Eugenia o María Eugenia Cortés Hernández
Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ma. Eugenia o María Eugenia Cortés Hernández
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Se autoriza devolución de documentos. Agréguese a sus autos el escrito del promovente de amparo ************, por el que solicita la devolución de documentos. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, devuélvase al citado promovente, los documentos que adjuntó a su demanda de amparo, tal y como se ordenó mediante proveído de treinta de marzo del presente año, en la cual se declaró que causó estado el auto por el que se desechó la demanda de amparo y se ordenó su archivo, previa identificación y toma de razón que obre en autos. Asimismo, se informa al ocursante que deberá programar su cita a través del sistema "Agenda OJ", del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", lo que le permitirá acudir ante este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en los artículos 2 y 6 del invocado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Número de expediente: 362/2019 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Quejosa da contestación a vista. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta, suscrito por la quejosa ********************** por medio del cual da contestación a la vista ordenada en proveído de cinco de marzo del año en curso, manifestando que no se ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de nueve de diciembre de dos mil veinte; en consecuencia, en atención a su contenido, se procede a emitir la siguiente determinación: Cuestiones previas al cumplimiento de la sentencia. Visto el estado procesal de autos, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se pronuncia respecto a ello, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público. En primer término, debe decirse que la quejosa Paloma Guarneros García, promovió juicio de amparo contra el acto de la autoridad responsable Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, el cual se hizo consistir en el siguiente: La resolución dictada en la audiencia inicial de uno de abril de dos mil diecinueve, en la causa judicial 4/2019, en la que, al resolver el recurso de revocación, confirmó la negativa de ordenar, como medida provisional, la restitución del inmueble del que fue despojada por parte de los imputados, ahora terceros interesados. Mediante sentencia de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para que la autoridad responsable Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, cumpliera con los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución emitida en la audiencia inicial de uno de abril de dos mil diecinueve, relativa a la causa judicial ***********, únicamente en la que, al resolver el recurso de revocación, confirmó la negativa de ordenar, como medida provisional, la restitución del inmueble del que fue despojada la parte ofendida, por parte de los imputados. "Declarando que subsiste todo aquello que no fue materia de esta sentencia de amparo. "2. Señale nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia respectiva, a efecto de dictar la resolución correspondiente a dicha medida provisional; y "3. Siguiendo los lineamientos de esta sentencia, analice minuciosamente si se cumplen los elementos consistentes en: "3.1 La petición de la víctima u ofendido en cualquier parte del procedimiento "3.2 La naturaleza del hecho y, "3.3 La existencia de elementos bastantes para sustentar la decisión. "Para que en su caso determinar, fundada y motivadamente, si es o no procedente conceder a la quejosa la medida provisional relativa a la restitución de la posesión del inmueble objeto del delito de despojo". Inconformes con dicho fallo, los terceros interesados *******************, interpusieron recurso de revisión, el cual lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante testimonio de ejecutoria dictada en el recurso de revisión 409/2019, en la que resolvió: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****************, en contra del acto reclamado a la Juez Tercero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del. Estado de Tlaxcala, consistente en la negativa de ordenar como medida provisional la restitución del inmueble a la víctima, dentro de la causa judicial **************; por los motivos y para los efectos precisados en la sentencia impugnada." Solicitud de cumplimiento. En mérito de lo anterior, el nueve de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Juez Tercero de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, cumpliera en sus términos con el fallo protector. Cumplimiento a la ejecutoria. Mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 3809/2020, signado por la Juez responsable, dentro el cual se advirtió haber dado parcial cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez acompañó copia certificada del auto de quince de diciembre del año pasado, dictado dentro de la causa judicial *************de su índice, en el cual dejó insubsistente la resolución emitida en la audiencia inicial de uno de abril de dos mil diecinueve, relativa a la causa judicial mencionada, únicamente en la que, al resolver el recurso de revocación, confirmó la negativa de ordenar, como medida provisional la restitución del inmueble del que fue despojada la parte ofendida, por parte de los imputados y declaró subsistente todo lo que no fue materia de la sentencia de amparo; asimismo, señaló nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia respectiva. Posteriormente, mediante oficio 447/2021, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, la Juez Tercero del Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, informó a éste órgano jurisdiccional que: "En cumplimiento a lo determinado en la audiencia desahogada en esta fecha, dentro de la Causa Judicial *************de los iniciados en el Juzgado de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes del Estado de Tlaxcala, hago de su conocimiento que a dicha audiencia comparecieron el Agente del Ministerio Público, Asesores Jurídicos e Imputados, en la que se concedió la medida provisional relativa a la restitución del bien inmueble objeto del hecho considerado como delito de Despojo, para lo cual, la defensa estableció las dieciocho horas del veintidós de febrero del dos mil veintiuno, para el cumplimiento de esta determinación;."; para tal efecto, remitió copia auténtica del audio y video de la mencionada audiencia de dieciséis de febrero del año en curso; con lo que se advierte, haber dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo Se declara cumplido el fallo protector. En consecuencia, es evidente que la mencionada autoridad responsable acredita haber dado cumplimiento con los efectos de la sentencia de amparo, pues demostró que el acto reclamado tildado de inconstitucional fue subsanado, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector. Lo anterior tomando en consideración que los efectos del amparo, fueron únicamente para que la responsable: a) Dejara insubsistente la resolución emitida en la audiencia inicial de uno de abril de dos mil diecinueve, dictada en la causa judicial **********; b) Señalara nueva fecha y hora para llevar a cabo la audiencia respectiva, a efecto de dictar la resolución correspondiente a la medida provisional solicitada; y, c) Siguiendo los lineamientos de la sentencia de amparo, determinara si procedía o no conceder a la quejosa la medida provisional relativa a la restitución de la posesión del inmueble objeto del delito de despojo. Efectos sobre los cuales la responsable dio cabal cumplimiento, como ha quedado justificado en autos. En consecuencia, y en atención a las manifestaciones vertidas por la quejosa en su escrito de cuenta, consistentes en lo siguiente: ".si la determinación consistió en que se me restituya el bien inmueble del cual fui despojada, la Autoridad Responsable tiene la obligación de hacer cumplir lo que ordenó a través de los medios legales, pues de lo contrario la ejecutoria que me concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión se reduce a simple letra muerta sin que la justicia sea real y efectiva en términos de lo que establece el artículo 17 de la Carta Magna; por tanto se insiste en que hasta la presente fecha no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo referida, razón por la cual, solicito a este órgano Constitucional, requiera a la Autoridad Responsable a efecto de que tome las medidas necesarias y dé cumplimiento al amparo concedido dentro el expediente en que se actúa."; se estima que dichos argumentos deben desestimarse por resultar inoperantes, toda vez que, de las actuaciones que integran el presente juicio, así como del contenido de los presentes autos, y en específico del párrafo que antecede, han quedado debidamente establecido los efectos del amparo sobre los cuales la autoridad responsable dio cabal cumplimiento. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad de las resoluciones dictadas en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Tal circunstancia, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y terceros interesados; al Agente del Ministerio Público Federal por vía electrónica, y a las autoridades responsables por oficio o correo electrónico. ***********
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, once de marzo de dos mil veintiuno. ( Cumplimiento a la prevención. Agréguese a los autos el escrito firmado por ************** mediante el cual, en cumplimiento a la prevención realizada en auto de veintiséis de febrero del año en curso, señala que el acto reclamado es el siguiente: ". La omisión de las autoridades responsables de determinar e incrementar mi pensión jubilatoria de conformidad con los aumentos al salario mínimo general. Lo anterior en relación con que se me ha venido aplicando la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en la pensión número 1479108, otorgada por la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) a favor de la quejosa.." En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento en autos y se provee en los siguientes términos: ( Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso, el acto que se reclama en el presente asunto, según se advierte de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, es la determinación y cálculo de los incrementos aplicables a la pensión jubilatoria de la quejosa, de conformidad con los aumentos al salario mínimo general. Es así, en tanto que la omisión de que se duele quejosa, en realidad constituye un vicio de inconstitucionalidad que le atribuye al acto consistente en la determinación y cálculo, pues estima que la afectación que resiente deriva de las autoridades dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado han omitido incrementar su pensión de conformidad con los aumentos al salario mínimo general, pues bajo su consideración, dicho incrementos se realizaron mediante la aplicación retroactiva de la Unidad de Medida y Actualización. Sobre el particular, importa recordar que al resolver la contradicción de tesis 67/2012, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció cómo debe entenderse el acto que se reclama en el juicio de amparo, consistente en la aplicación retroactiva de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y primero de enero de dos mil dos. La Segunda Sala explicó que "la aplicación retroactiva" de una norma, por definición jurídica, no puede considerarse acto reclamado, sino que constituye el agravio, la violación, la trasgresión o la infracción a los derechos fundamentales que "el acto reclamado" provoca; es decir, "la aplicación retroactiva" de una norma representa el vicio de inconstitucionalidad que contiene el acto emitido, dictado o ejecutado por la autoridad responsable. De igual manera indicó, que si la aplicación retroactiva de la norma constituye el agravio o violación a los derechos fundamentales de los quejosos pensionados, y esto se verifica o se traduce en el pago de los incrementos de la pensión; entonces, no cabía duda que éstos representan el acto atribuible al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Así, concluyó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en los juicios de amparo que se promuevan en contra de la aplicación retroactiva de las reformas al artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, y uno de enero de dos mil dos, en relación con los incrementos de la pensión, debe entenderse que el "acto reclamado" lo constituye: la determinación y cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las mencionadas reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la citada ley; y el motivo de su inconstitucionalidad consiste en que los incrementos debieron determinarse y calcularse con apoyo en la norma prevista en el artículo 57, párrafo tercero, de la referida ley, pero en vigor hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres. Por lo que, se reitera, el acto que reclama la quejosa consiste en la determinación y cálculo de los incrementos aplicables a su pensión jubilatoria, de conformidad con los aumentos al salario mínimo general. Asentado lo anterior, se estima que respecto del acto reclamado antes precisado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En efecto, de acuerdo con el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, el juicio constitucional es improcedente en contra actos de autoridades administrativas (distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo), que deban ser revisados de oficio, o en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del medio de defensa, con los mismos alcances que prevé la propia ley y, sin exigir mayores requisitos que los requeridos para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el de la suspensión provisional. Sin embargo, se prevé que no existe obligación de agotar tales medios de defensa y, por tanto, se puede acudir directamente al juicio de amparo, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Como se puede observar, la disposición referida constituye un reflejo del principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, según el cual, la intervención de la justicia constitucional solo puede ocurrir en casos excepcionales; es decir, una vez que los medios de defensa ordinarios han sido insuficientes para remediar la transgresión a los derechos del gobernado. Así, para cumplir con el aludido principio, tratándose de actos administrativos, deben agotarse todos los recursos o juicios disponibles, antes de acudir a la instancia constitucional; lo anterior, siempre que el medio de defensa supere todos y cada uno de los siguientes requisitos de idoneidad previstos en la Ley de Amparo: Se suspendan los efectos del acto de oficio o mediante la interposición del medio de defensa. La medida suspensional tenga los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo. No se exijan mayores requisitos que los requeridos para conceder la suspensión definitiva. No se establezca un plazo mayor que el fijado para el otorgamiento de la suspensión provisional. El recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Adicionalmente, también se prevén otros supuestos, ajenos a la idoneidad del recurso o juicio, que permiten el acceso al juicio constitucional sin agotar los medios ordinarios de defensa; a saber, cuando: El acto reclamado carece de fundamentación. Solo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Ahora, en el caso que nos ocupa, se tiene que el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa -antes Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa-. En el numeral 3 de este último ordenamiento, se dispone que el mencionado juicio procede contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que ahí se establecen. En particular, la fracción VII del artículo mencionado, estipula que el juicio contencioso administrativo federal procede en contra de las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En ese orden de ideas, es dable estimar que la determinación y cálculo de los incrementos aplicables a la pensión jubilatoria de la quejosa, de conformidad con los aumentos al salario mínimo general, encuadra en el supuesto de actos administrativos que se dictan en materia de pensiones civiles, con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; en tanto que se trata de una determinación administrativa vinculada con una pensión a cargo del referido Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En particular, debe recordarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando se reclama la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, por lo que debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; en tanto que el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XX (antes 73, fracción X) de la Ley de Amparo. Dicho criterio está contenido en la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2003874 Décima Época Materias(s): Común, Laboral Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, página 988 PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO. Es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el análisis sobre la aplicación retroactiva de una norma, únicamente implica verificar si la aplicación concreta se realiza dentro de su ámbito temporal de validez (*). Conforme a lo anterior, si en el juicio de amparo indirecto se señala como "acto reclamado" la determinación y el cálculo de los incrementos a la pensión, con apoyo en las normas correspondientes a las reformas del artículo 57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigentes a partir del 5 de enero de 1993 y del 1o. de enero de 2002, ello no implica violación directa al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el análisis que habrá de llevarse a cabo únicamente exige verificar si la aplicación concreta de esas normas, realizada por el mencionado Instituto a través de un acto administrativo, se llevó a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, lo que representa un tema de legalidad. En consecuencia, al no actualizarse la excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo, debe acudirse al juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por lo que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 73, fracción XV, en relación con la fracción III del numeral 74, ambos de la Ley de Amparo." Sin que sea óbice que en la diversa jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada. En tanto que dicho criterio solo clarifica que antes de acudir al juicio de nulidad el pensionado debe gestionar los incrementos a su pensión directamente ante la autoridad de seguridad social, a fin de que este emita una resolución expresa o bien una ficta, y en contra de esta última se promueva el juicio de nulidad; sin que la referida interpretación implique que ante la ausencia de la resolución expresa o ficta resulte procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que la circunstancia referida no implica que se actualice algún supuesto de excepción del principio de definitividad, sino, en todo caso, un diverso presupuesto para poder acudir al juicio contencioso administrativo federal. Sobre todo, que, con la emisión de la referida jurisprudencia 2a./J. 84/2018 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no dejó sin efectos, ni acotó los alcances de la diversa jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), en que se apoya este Juzgado de Distrito para establecer la improcedencia del juicio de derechos fundamentales contra el acto que reclama la parte quejosa. Asentado que el juicio de nulidad de que conoce el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente contra el acto aquí reclamado, en la medida que es una resolución definitiva en materia de pensiones civiles, con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, corresponde ahora establecer si el citado juicio cumple con los requisitos de idoneidad previstos en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para tal efecto, basta recordar que el Alto Tribunal de la Nación ya ha definido que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Este razonamiento está comprendido en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2011289, de epígrafe: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO". En esas condiciones, es dable establecer que en el caso analizado, en contra del acto reclamado consistente en la determinación y cálculo de los incrementos aplicables a la pensión jubilatoria de la quejosa, de conformidad con los aumentos al salario mínimo general, la parte quejosa estaba constreñida a agotar, antes de acudir a la instancia de amparo, el juicio contencioso previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio ******************** con que se da cuenta suscrito por la Administradora Postal de la Ciudad de Tlaxcala, mediante el cual informa haber dado cumplimiento al requerimiento formulado el dos de febrero del año en curso, sin necesidad de acordar sobre su contenido, toda vez que en proveído de diecisiete de febrero actual se proveyó lo conducente. Notifíquese.
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