Ma. Eugenia Molina Díaz
Expediente 101/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ma. Eugenia Molina Díaz
- Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional, del Instituto Mexicano del Seguro Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que por escrito de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, la parte quejosa MA. EUGENIA MOLINA DÍAZ, anexó a su escrito de demanda la resolución de negativa de pensión y resolución para el otorgamiento de pensión; por lo anterior requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede debidamente notificada de este proveído, comparezca ante este juzgado federal debidamente identificada, a efecto de que le sean devueltos los documentos que anexó a su demanda de garantías; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, serán destruidos conjuntamente con el presente expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
***Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que por escrito de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, la parte quejosa MA. EUGENIA MOLINA DÍAZ, anexó a su escrito de demanda la resolución de negativa de pensión y resolución para el otorgamiento de pensión; por lo anterior requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del en que quede debidamente notificada de este proveído, comparezca ante este juzgado federal debidamente identificada, a efecto de que le sean devueltos los documentos que anexó a su demanda de garantías; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, serán destruidos conjuntamente con el presente expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, no interpuso recurso de queja en contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por MA. EUGENIA MOLINA DÍAZ, contra actos de la JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 101/2018 Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Por otra parte, los artículos 61, fracción XXIII en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último en sentido contrario, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De la interpretación armónica de los preceptos trascritos se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando las conductas que se reclamen no resultan ser actos de autoridad, sino producto de la relación de coordinación entre un asegurado o beneficiario y un organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social. Esto es así, toda vez que del estudio de la demanda de amparo se advierten datos objetivos que ponen de manifiesto que la resolución reclamada por la peticionaria de derechos fundamentales no deriva de una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de coordinación (ente asegurador - asegurado). Conviene mencionar que, en términos de la primera parte de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, por autoridad debe entenderse aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto a través del cual se crea, modifica o extingue una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo son los que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Así, existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, de entre las cuales destacan las de supra a subordinación, de supraordinación y de coordinación; la mencionada en primer término es la que se entabla entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por su parte, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Sustenta lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, localizada en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También sirve de sustento, la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 307 del tomo IX, marzo de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que previene: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. De igual manera corrobora lo expuesto, la tesis P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118 del tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Ahora, en relación con el tema de si el Instituto Mexicano del Seguro Social es autoridad para efectos del juicio de amparo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 129/2011, determinó, en lo que interesa, lo siguiente: Los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social vigente, disponen: Artículo 294. Cuando los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios consideren impugnable algún acto definitivo del instituto, podrán recurrir en inconformidad, en la forma y términos que establezca el reglamento, o bien proceder en los términos del artículo siguiente. Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y términos que señale el reglamento correspondiente, se entenderán consentidos." Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que esta ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Del precepto 294 en cita se advierte la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad, cuando consideren impugnable cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, la norma contenida en el numeral 295 distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquella que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto; pues, en relación con los primeros determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios. Como puede apreciarse, la naturaleza de organismo fiscal autónomo con que se encuentra investido el Instituto Mexicano del Seguro Social, está relacionada con las facultades que la ley le otorga en materia de recaudación, administración, determinación y liquidación de las contribuciones que conforme al artículo 2o., fracción II y penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tienen la naturaleza de aportaciones de seguridad social. En cambio, la relación jurídica que une al Instituto Mexicano del Seguro Social con los asegurados y sus beneficiarios no es la de un órgano fiscal autónomo y, por ende, cuando actúa frente a ellos no lo hace con su potestad de autoridad. De los artículos en cita, considerando incluso el numeral 5 de la misma ley, previamente transcrito, se puede afirmar que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Por tanto, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Todo lo expuesto, pone de manifiesto que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter, como organismo fiscal autónomo frente a los patrones y sujetos obligados, y como órgano asegurador frente a los asegurados y sus beneficiarios. La anterior afirmación incluso se robustece, con las consideraciones expuestas por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis 57/2009, resuelta en sesión de veintiocho de octubre de dos mil nueve, bajo la ponencia del Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que a continuación se refieren: Como corolario a lo anterior debe decirse entonces que el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en relación a omisiones atribuidas al Instituto Mexicano del Seguro Social por no dar contestación a solicitudes formuladas en ejercicio del derecho de petición previsto en el artículo 8o. constitucional, debe atender al caso particular, es decir, al tipo de planteamiento o solicitud que se eleve a dicho instituto, pues conforme a lo explicado en líneas precedentes, depende del carácter con el que se solicite al instituto que actúe como deberá determinarse si la omisión de referencia puede considerase o no como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, esto es: Si se eleva una solicitud al Instituto Mexicano del Seguro Social, en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Carta Magna, para que éste la responda en su carácter de organismo fiscal autónomo, la omisión que en su caso se reclame en el juicio de garantías sí debe ser considerada como acto de autoridad para efectos del amparo; pero si dicha solicitud se formula para que dicho instituto la responda en su carácter de asegurador, la omisión que en su caso se reclame en el juicio de garantías no debe ser considerada como acto de autoridad para efectos del amparo, toda vez que en el primer supuesto actúa revestido de imperio frente al particular, más en la última hipótesis, la relación entre el instituto y el asegurado, se da en un plano de igualdad puesto que el primero sustituye en sus obligaciones al patrón, por lo que no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. ."Así las cosas, resulta válido llegar a la conclusión de que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando omite responder una solicitud que se le formula con fundamento en el artículo 8o. constitucional, cuando actúa en su carácter de organismo fiscal autónomo, pues con dicha omisión se lesionan las garantías individuales del particular solicitante, específicamente la prevista en el artículo constitucional suprarreferido. Sin embargo, en contra de la omisión atribuida al Instituto Mexicano del Seguro Social, de responder a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su carácter de asegurador no procede el juicio de garantías pues no se trata de un acto de autoridad para efectos del amparo, ya que el referido Instituto actúa en sustitución del patrón por que el Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido de imperio. Esto es, se trata de una relación de coordinación, la cual, como ya se dijo, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." Como consecuencia de lo expuesto, puede afirmarse que cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social resuelve un recurso de inconformidad que interpone un patrón o sujeto obligado, lo hace en su carácter de organismo fiscal autónomo en cuyo caso, se erige en autoridad con plena potestad de decisión. En cambio, cuando el recurso de inconformidad es planteado por un asegurado o beneficiario, aun cuando sea optativo interponerlo, respecto de las prestaciones en especie o dinero de seguridad social que otorga la Ley del Seguro Social, si bien el citado instituto cuenta con atribuciones para decidir sobre la procedencia de la prestación mediante la resolución del recurso de inconformidad, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. Incluso, debe decirse que el artículo 295 de la citada Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre las prestaciones que la propia ley otorga, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto significa que las resoluciones que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto por los asegurados o beneficiarios respecto de las prestaciones que otorga la ley, no tienen el carácter de acto de autoridad, porque la propia norma jurídica determina, categóricamente, que las controversias de esa índole serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta conveniente invocar las consideraciones contenidas en la contradicción de tesis 35/2000, resuelta por unanimidad de nueve votos del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo conducente se transcribe: SÉPTIMO. ... el derecho a disfrutar de las prestaciones en especie y en dinero previstas en la Ley del Seguro Social tiene su origen generalmente en la existencia de un vínculo laboral, ya que todo aquel que se encuentre vinculado a otra persona, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón debe ser sujeto de aseguramiento; inclusive, el goce de tales prestaciones se encuentra condicionado a que la contingencia amparada ocurra durante la existencia de la respectiva relación laboral o, en algunos casos, durante un determinado lapso posterior a la terminación de ésta. Inclusive, debe tomarse en cuenta que en el régimen obligatorio del seguro social, en términos de lo dispuesto en el transcrito artículo 53, el Instituto Mexicano del Seguro Social se sustituye al patrón en el cumplimiento de las obligaciones que en materia de riesgos de trabajo establece la Ley Federal del Trabajo, siempre y cuando éste haya asegurado a sus trabajadores. En tal virtud, debe estimarse que las prestaciones cuya tutela judicial se condiciona por el legislador al agotamiento de un recurso en sede administrativa tienen su origen en una relación jurídica en la que ni el asegurado o sus beneficiarios, por una parte, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, por la otra, acuden investidos de imperio, pues este último acude como ente asegurador que como consecuencia del establecimiento de un vínculo laboral entre el asegurado y su patrón, o con base en el convenio celebrado al efecto, deberá otorgar a aquél o a sus beneficiarios, en caso de que acontezca alguna contingencia tutelada por la Ley del Seguro Social, determinadas prestaciones en especie o en dinero. Ante ello, resulta inconcuso que el vínculo jurídico que entablan los gobernados con el referido organismo descentralizado, lo que les permite adquirir la categoría de asegurados y disfrutar de las prestaciones que otorga, constituye una relación de coordinación a la que el Instituto Mexicano del Seguro Social no acude investido de imperio, pues aun cuando respecto de ese preciso vínculo jurídico, unilateralmente, por sí y ante sí, podría afectar la esfera jurídica de los gobernados, en principio, concurre como ente asegurador que tiene entre sus objetivos fundamentales organizar y administrar el seguro social, servicio público de carácter nacional. Por otra parte, si bien la relación jurídica que existe entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social no constituye en todos los casos una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, debe tomarse en cuenta que atendiendo a que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se prevén en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución General de la República, desde la entrada en vigor de la primera Ley del Seguro Social el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, por la naturaleza constitucional de las prestaciones cuya tutela se reclama, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del citado precepto constitucional y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Ante ello, resulta inconcuso que ha sido criterio reiterado del legislador estimar que los conflictos suscitados entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios, en relación con las prestaciones sociales que le corresponde otorgar, constituyen auténticas controversias de hechos íntimamente relacionados con las relaciones de trabajo. En ese tenor, tratándose de prestaciones derivadas de un vínculo jurídico al que las partes acuden desprovistas de imperio, como es el que se entabla entre los asegurados y sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en relación con el régimen de seguridad social derivado de lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracciones XIV y XXIV, de la Constitución General de la República, debe estimarse que no existe justificación constitucional alguna para condicionar el acceso efectivo a la justicia que corresponde administrar, en el caso concreto, a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, al agotamiento obligatorio de un recurso en sede administrativa. En conclusión, se afirma que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. En tal virtud, la resolución emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tiene el carácter de acto de autoridad; por una parte, porque si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad. Ahora bien, como quedó explicado en líneas precedentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al resolver un recurso de inconformidad en el que se reclaman prestaciones de seguridad social, no es autoridad para efectos del amparo y, por tanto, no procede el juicio de garantías en la vía indirecta, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 1o. y 11, todos de la Ley de Amparo, en tanto que no estamos frente a un acto de autoridad; lo anterior es suficiente para determinar la improcedencia de la señalada acción constitucional, siendo inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia; además, el diverso motivo de improcedencia contenido en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, está dirigido, precisamente, a los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y tratándose de resoluciones del Instituto Mexicano del Seguro Social que decidan recursos de inconformidad en que se reclaman prestaciones de seguridad, no se actualiza esa premisa, al no tratarse de un acto de autoridad." (Lo resaltado es producto de esta sentencia). De la ejecutoria trascrita surgió la jurisprudencia 134/2011, consultable en la página 1511, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. De lo anterior se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. En ese orden, dicho instituto tiene reconocido un doble carácter, a saber, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales, caso en el cual actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para llevar a cabo tales actos, bajo una relación de supra a subordinación y, como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y el patrón o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o sus beneficiarios, supuesto en el que actúa en un plano de igualdad, ya que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. De allí que, cuando un asegurado o sus beneficiarios solicitan cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, tal instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, habida cuenta que al resolver cualquier petición al respecto, únicamente cumple con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que, como se dijo, será garantizada por el Estado, de manera que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Premisas bajo las cuales el Alto Tribunal consideró que el Instituto Mexicano del Seguro Social no actúa como autoridad, pues si bien determina la procedencia de las prestaciones solicitadas por el asegurado de forma unilateral, pudiendo, en principio, afectar la esfera jurídica de los gobernados, resulta que lo hace en su carácter de ente asegurador como consecuencia del establecimiento de un vínculo laboral entre el asegurado y su patrón o con base en el convenio celebrado al efecto, lo que significa que no se encuentra investido de facultades de imperio, nota distintiva de una autoridad. Entonces, en ese supuesto, en el que se reclaman prestaciones de seguridad social, el ente asegurador actúa en un plano de coordinación en relación con el asegurado, motivo por el cual no puede ser considerado como autoridad. Finalmente, en la citada ejecutoria se señaló que en atención a que el Instituto Mexicano del Seguro Social, no es autoridad cuando determina sobre la procedencia o improcedencia de una prestación de seguridad social, entonces tampoco es dable ocuparse de analizar si previo a la promoción del juicio constitucional promovido en contra de una determinación relacionada con tales prestaciones, el quejoso debe agotar el principio de definitividad que rige al amparo, en tanto que no se está frente a un acto de autoridad. Aspecto suficiente para determinar la improcedencia de la acción constitucional. De lo expuesto, se desprende que los actos que realice el Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con prestaciones de carácter social solicitadas por los asegurados o sus beneficiarios, no tienen la característica de ser emitidos por autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en ese supuesto únicamente actúa en su carácter de sustituto del patrón del trabajador y no en uso de facultades de imperio o de manera directa y unilateral en ejercicio de una potestad administrativa. En suma, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en tratándose de asegurados o sus beneficiarios al encargarse sólo de velar por el respeto al derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo así como el otorgamiento de cualquier pensión que les corresponda u otra prestación en especie o dinero de seguridad social que otorga la propia ley del instituto, no tiene la calidad de autoridad ya que su actuación en tales supuestos se constriñe a verificar si se han cumplido o no con los requisitos para acceder a la prestación de seguridad social solicitada. En ese orden de ideas, en el caso, los actos reclamados por la parte quejosa no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la autoridad señalada como responsable no actuó investida de imperio, sino como ente asegurador; en un plano de igualdad (coordinación) con el asegurado, aquí quejosa, ya que, se reitera, dicho instituto sustituyó en sus obligaciones al patrón, por lo que no puede ser considerado como autoridad para efectos de amparo en términos de la primera parte de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo en vigor, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Por otra parte, se tiene por autorizados a REY DAVID GONZÁLEZ GONZÁLEZ y BERTIN CRUZ NETZAHUAL, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona, en virtud de que no fueron localizados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes
- Ma. Elena Sánchez Pérez700/2018
- Ma. Elena Velázquez Aguilar80/2018
- Ma. Elvira Epifania Estrada Rodríguez1506/2023
- Ma. Enedina Juliana Montiel Carreto101/2023
- Ma. Estela Sánchez García1439/2023
- Ma. Eugenia Hernández Buret337/2017
- Ma. Eugenia o María Eugenia Cortés Hernández118/2021
- Ma. Fabiola Calva Jiménez729/2017
- Ma. Fabiola Romero Flores826/2017
- Ma. Felicitas Pérez Cuatepotzo415/2020
- Ma. Felicitas Pérez Cuatepotzo676/2022
- Ma. Felicitas Pérez Cuatepotzo166/2022