Ma. Esther Chacón Quezada

Expediente 149/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
149/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Tribunal de Arbitraje Municipal
  • Ma. Esther Chacón Quezada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de ocho de junio de dos mil veintidós, en la que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a ocho de junio de dos mil veintidós. VISTO el estado que guarda el expediente de amparo indirecto 149/2022-V, promovido por **********, se procede a analizar el cumplimiento dado a la sentencia que otorgó el amparo solicitado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el uno de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este Juzgado de Distrito en esa misma data, ********** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal, en esta ciudad, de quién reclamó, en esencia, el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 108/2020 de su índice. SEGUNDO. Concesión de amparo. Mediante proveído de dos de marzo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferirse, se llevó a cabo el veintinueve de abril del año en curso, en la cual se determinó conceder el amparo solicitado, para que la junta responsable, realizara lo siguiente: [.] Se pronuncie sobre las manifestaciones realizadas por las partes en audiencia de diecinueve de abril del presente año, y emita calificación sobre el ofrecimiento de pruebas aportadas al proceso de origen 108/2020. [.] TERCERO. Ejecutoria. En virtud de que dentro del término establecido por la ley, ninguna de las partes recurrió la sentencia emitida, la citada resolución causó ejecutoria el veinte de mayo en curso. Por tanto, tomando en cuenta que el diecinueve del propio mayo, se tuvo por recibido el oficio TAM/228/2022, signado por el Presidente de Tribunal de Arbitraje Municipal, en el que obra transcripción de la determinación de dieciséis de los mismos, dictada en autos del expediente laboral 108/2010 de su índice; resultó innecesario requerir el cumplimiento. CUARTO. Cumplimiento dado por la responsable. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, mediante oficio TAM/228/2022, recibido el diecisiete del pasado mes de mayo, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el día hábil siguiente, el Presidente de Tribunal de Arbitraje Municipal, informó que en autos del expediente laboral 108/2020 de su estadística, el dieciséis de mayo de la presente anualidad, tuvo por acreditadas las facultades de representación ostentadas por la apoderada legal para pleitos y cobranzas de la demandada; tuvo a la parte actora, aquí quejosa, desistiendo en su perjuicio, únicamente de la demanda instaurada contra la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; calificó de legales las pruebas ofrecidas por la actora, a excepción de las confesionales que indica y desechó la pericial que refiere, por los motivos que expone; mientras que, por lo que hace a las probanzas ofertadas por las demandadas, las calificó de legales en su totalidad. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. Atento a lo narrado en párrafos que preceden, el veinte de mayo del año en curso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa con las documentales remitidas por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibidas de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento; sin que hasta el momento haya realizado manifestación alguna. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Este Juzgado procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente, así como los datos aportados por las autoridades responsables, de los que se advierte que la autoridad responsable, emitió la determinación conducente relativa a las manifestaciones vertidas en audiencia de diecinueve de abril del presente año y calificó las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada en el juicio laboral 108/2020 de su estadística; tal como se estableció en la sentencia protectora. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la peticionaria, en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. Además, conviene precisar que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 149/2022-V, ha quedado cumplida. Hágase saber a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintinueve de abril del presente año, en la que se concedió el amparo solicitado por **********, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que el Tribunal de Arbitraje Municipal realice lo siguiente: Se pronuncie sobre las manifestaciones realizadas por las partes en audiencia de diecinueve de abril del presente año, y emita calificación sobre el ofrecimiento de pruebas aportadas al proceso de origen 108/2020. En este sentido, se tiene que en proveído de diecinueve del actual, se tuvo por recibido el diverso acuerdo de dieciséis de los mismos, dictado por el Tribunal de Arbitraje Municipal, en el que se pronunció sobre las manifestaciones que hicieron valer las partes en la audiencia de objeciones y calificaciones de pruebas celebrada el diecinueve de abril del año que transcurre. Por tal motivo, con la constancias de referencia (promoción con registro 5147), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, posteriores a que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que manifieste lo que a su interés convenga y apercíbasele que de no pronunciarse al respecto, esta resolutora resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en este asunto, sobre la base de los elementos que obran en el presente expediente. Notifíquese por lista electrónica, por oficio a la autoridad responsable y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo 149/2022-V, promovido por **********. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el uno de marzo de dos mil veintidós, turnado a este juzgado en la misma data, **********, promovió demanda de amparo en contra del Tribunal de Arbitraje Municipal, de quien reclamó lo siguiente: IV.- Acto de autoridad reclamado.- La omisión iniciar y concluir la demanda interpuesta en contra del Municipio de Juárez, Chihuahua identificada con el expediente 108/2020, bajo los principios del derecho procesal laboral burocrático (.) Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 17 y 123, apartado b), fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante auto de dos de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual, fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: Del Tribunal de Arbitraje Municipal: El retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 108/2020. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado por la quejosa, pues así lo manifestó el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal en esta ciudad, al rendir informe justificado, anexando para ello las constancias conducentes relativas al expediente de origen. Las constancias remitidas por el Tribunal responsable, poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por una servidora público, dotada de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje Municipal, aunado a que la última de ellas corresponde a un original. Cuarto. Procedencia. Toda vez que en el presente juicio de amparo no se alegan causas de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por la quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Registro 164618, del rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la accionante del amparo, es la trabajadora en el juicio de origen del que se deduce el acto combatido. Sentado lo anterior, la quejosa reclama el retardo en la impartición de justicia dentro del juicio laboral 108/2020, argumentando esencialmente que el Tribunal de Arbitraje Municipal, no ha señalado fecha para llevar a cabo audiencia para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, retardando con ello la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho concepto de violación, es fundado. Ahora bien, el artículo 17 Constitucional establece que: 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que interesa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro y texto siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1.Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, bajo el rubro y texto que dicen: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Por su parte, los artículos 77 Y 78 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 163, 165, 168 y 174 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua; 880, 883 y 884 de la Ley del Trabajo, disponen lo siguiente: Código Municipal para el Estado de Chihuahua 77. En la relación laboral entre el municipio y sus trabajadores se sujetará, en lo no previsto en este ordenamiento, a lo dispuesto en la primera parte, libro único, titulo IV, del Código Administrativo del Estado. El personal de los cuerpos de policía y bomberos se regirá por los reglamentos que al efecto expida el Ayuntamiento. El personal de los cuerpos de policía, tránsito y bomberos podrá será removido de su cargo si no cumple con los requisitos que las leyes vigentes, en el momento de la remoción, señalen para permanecer en dichas corporaciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, solo procederá la indemnización. Los ayuntamientos emitirán los reglamentos que sean pertinentes para establecer la estructura y funcionamiento de los cuerpos de policía, tránsito y bomberos, precisando los deberes y facultades de los mismos, así como los procedimientos disciplinarios a los que deberán sujetarse. Los municipios podrán celebrar convenios entre sí o con instituciones públicas o privadas para la prestación de los servicios de seguridad social a sus trabajadores. 78. En cada municipio existirá un Tribunal de Arbitraje, el cual podrá funcionar accidental o permanentemente, para resolver los conflictos de trabajo individuales o colectivos. El Tribunal de Arbitraje será competente para conocer de los conflictos laborales que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores, así como del personal de los cuerpos de policía, tránsito y bomberos, de acuerdo al régimen especial que los norma. El Tribunal de Arbitraje se integrará por un representante del municipio, una o uno de los trabajadores y, otro, designado de común acuerdo entre ellos, quien tendrá el carácter de Presidente, y deberá quedar constituido dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, contados a partir del día de inicio del período de la Administración Municipal correspondiente, sujetándose al procedimiento establecido en el Código Administrativo del Estado. Una vez constituido el Tribunal de Arbitraje Municipal, la persona titular de la Presidencia Municipal deberá proceder de manera inmediata a fijar en los estrados de la Presidencia Municipal, el aviso que contenga el nombre y los puestos de quienes lo conforman, su lugar de ubicación y demás información que se considere necesaria. Habiendo transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días señalado en el segundo párrafo del presente artículo, para que el Tribunal de Arbitraje se haya constituido, y sin que ello ocurra, se procederá en los términos que establece la ley de la materia. Código Administrativo del Estado de Chihuahua 77. En lo no previsto por este Código o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, las leyes de orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad. En ningún caso serán renunciables las disposiciones que favorezcan a los trabajadores de base. 163. Las Juntas Arbitrales serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores. 165. El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal y Juntas Arbitrales se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia, a la respuesta que se dé en igual forma y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal o Juntas se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará se lleven a cabo, y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda. 168. El Tribunal y las Juntas inmediatamente que reciban la contestación de la demanda, o una vez transcurrido el plazo para contestarla, ordenarán la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citarán a las partes y a los testigos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. 174. Las notificaciones se harán personalmente a los interesados por los actuarios del Tribunal o mediante oficio enviado con acuse de recibo. Todos los términos correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Ley Federal del Trabajo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días. 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio; III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes términos a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos respectivos; IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba correspondiente para que se identifique con cualquier documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se dejará sin efectos la declaración correspondiente; y V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. Los preceptos antes citados, describen la forma en que los Tribunales y Juntas Arbitrales, deben de tramitar las controversias laborales que se sometan a su jurisdicción; a su vez, el numeral 77 del Código Administrativo para el Estado de Chihuahua, establece que en lo no previsto por esa legislación, se aplicará de manera supletoria, y en su orden, la Ley Federal de Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Así, del análisis de las porciones normativas que conforman la Ley Federal del Trabajo, se advierten los procedimientos que deberán observar los Tribunales y Juntas Arbitrales en los juicios laborales sometidos a su potestad, relativos al ofrecimiento y desahogo de pruebas, procedimientos que los constriñe a actuar y pronunciarse de conformidad con lo establecido, y dentro de los términos señalados para tal efecto. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio natural, exhibidas por el Tribunal responsable, se advierte que: 1. El treinta de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo audiencia, en la que se tuvo a **********, desistiendo de la demanda presentada en contra de **********, ********** y **********; ampliando su demanda en contra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a quien se ordenó emplazar; y compareciendo a la demandada Municipio de Juárez, Chihuahua, fijando las doce horas del diecinueve de abril de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de objeción y calificación de pruebas. 2. El diecinueve de abril de dos mil veintidós, se ordenó la apertura de la audiencia de objeción y calificación de pruebas; sin embargo, la autoridad se reservó para resolver sobre las manifestaciones realizadas por las partes y la calificación de las pruebas ofertadas. Sentado lo anterior, es pertinente enseguida citar la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias Común y Laboral, Décima Época, marzo de 2019, con número de registro 2019400, del contenido: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Del criterio de referencia se colige, que, para establecer dilaciones presuntamente excesivas por parte del Tribunal responsable, al menos deben transcurrir cuarenta y cinco días naturales contados a partir de que concluyó el plazo en que debieron realizarse los actos procesales respectivos, pues ese es el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Periodo que, evidentemente, a la presentación del ocurso de amparo, de uno de marzo de dos mil veintidós, ha transcurrido en exceso, pues el expediente de origen data del año dos mil veinte, sin que al diecinueve de abril del presente año la autoridad se haya pronunciado respecto a las promociones de las partes y la calificación de las probanzas ofertadas; lo que evidencia -sin lugar a dudas- una abierta dilación al procedimiento judicial, dado que al no desahogarse plenamente los medios de prueba, se han obstaculizado las subsecuentes etapas del juicio laboral. En consecuencia, al vulnerarse en perjuicio de la quejosa su derecho a la pronta impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que el Tribunal de Arbitraje Municipal, realice lo siguiente: 1. Se pronuncie sobre las manifestaciones realizadas por las partes en audiencia de diecinueve de abril del presente año, y emita calificación sobre el ofrecimiento de pruebas aportadas al proceso de origen 108/2020. Cabe decir que no se desconoce la situación actual por la que atraviesa el país, derivado de las circunstancias sanitarias relacionadas con la enfermedad denominada Covid-19, como tampoco las cargas excesivas de trabajo que se han generado en los Tribunales laborales; sin embargo, esas condiciones de ninguna manera justifican el actuar de la responsable en perjuicio de la quejosa, pues no la exime de cumplir con eficacia la función que desempeña respetando en todo momento el derecho fundamental previsto en el artículo 17 Constitucional. En otro aspecto, debe precisarse que no pasa inadvertido para esta Juzgadora, que si bien es cierto, la quejosa hace énfasis en la falta de prosecución judicial en el juicio laboral, no menos cierto es que no se debe dejar de lado, que aun tratándose de un juicio laboral del cual devienen los actos reclamados, los alcances por los que llegase a otorgarse la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. De ahí que resulte evidente que la presente concesión no se haga extensiva al dictado del laudo, pues a la fecha no ha sido cerrada la etapa de instrucción por estar pruebas pendientes de calificación, de manera que no sería en el caso, viable conceder respecto de los actos futuros que se pudieran dar dentro del procedimiento de origen, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. (Es propio lo destacado.) Haciéndose notar que tal tesis abandona el criterio sostenido es la diversa 2ª./J. 45/2007, del rubro "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; misma que no puede considerarse en los efectos de la concesión del fallo protector, por el abandono que de dicho criterio, realizó el Más Alto Tribunal; lo que, ineludiblemente, constituye una pauta en el actuar de esta Juzgadora, quien se encuentra obligada a acatarla, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe..

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano