Ma. Elena Reveles Murillo

Expediente 1002/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1002/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Elena Reveles Murillo

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Registradora adscrita a la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de trece de noviembre del año en curso, informa que ante la Notaria Pública Número Veinticinco para el Distrito Judicial Bravos, se realizó la inscripción correspondiente a la operación 4760748, a nombre de la quejosa ***. Ahora, visto el estado que guardan los autos se advierte que la parte quejosa en su demanda de amparo, en el apartado correspondiente a antecedentes del acto reclamado mencionó lo siguiente: [.] ANTECEDENTES Resulta que el día 03 de OCTUBRE del año en curso, ante la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, Bajo el número de operación 4760748, realicé el pago por los Derechos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la escritura pública que contiene la traslación de dominio, por la cantidad siguiente y los conceptos descritos: [.] En consecuencia, se requiere a la licenciada ***, Notaria Pública Número Veinticinco para el Distrito Judicial Bravos, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído: ( Informe si le retuvo a la quejosa ***, alguna cantidad con motivo del acto traslativo de dominio y en su caso, señale la fecha en la cual la amparista le hizo entrega de la suma de dinero correspondiente a dicho pago; y, ( Asimismo, en su caso, remita copia certificada del comprobante respectivo (ya sea que lo haya recibido electrónicamente, de manera directa, o bien, por conducto de una moral crediticia que lo haya entregado en nombre de la parte quejosa). Para evitar dilaciones innecesarias se adjunta copia del escrito de la demanda con sus anexos. En el entendido de que la notaría requerida deberá señalar expresamente el día que recibió las cantidades referidas y comprobarlo, más no el día de la expedición del recibo correspondiente por parte de la Secretaría de Hacienda; en virtud de que dicho recibo puede expedirse en cualquier momento, de modo que puede no corresponder al día en que se le enteró la cantidad correspondiente. Por otra parte, si el pago se realizó por conducto de una institución crediticia, la persona Notaria deberá referir si en el instrumento generado con motivo del acto jurídico que dio pauta al pago de los derechos traslativos de dominio obra el consentimiento expreso de la parte quejosa de aceptar la entrega de las cantidades correspondientes al pago de los derechos registrales reclamados, en cuyo caso, también deberá remitir copia certificada del instrumento respectivo. Se hace del conocimiento de la persona fedataria el delito especial que cometen aquellas personas que afirmen hechos falsos ante la autoridad judicial u omitan los que le consten en relación al acto reclamado, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, como lo establece el artículo 261 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le apercibe que de no dar cumplimiento al requerimiento precisado en este apartado, se le podrá imponer como medida de apremio una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, según lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad requerida. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Primero, atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Pruebas Luego, agréguense a los autos el escrito y anexos presentados por el autorizado de la parte quejosa, licenciado. En cuanto a las pruebas documentales que ofrece, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrar la audiencia constitucional de este juicio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124, de la ley de la materia. Requerimiento Ahora, visto el estado que guardan los autos, se desprende que feneció el término de veinticuatro horas otorgado a la Jefa del Registro Público de la Propiedad, con sede en esta ciudad, para que informara a este órgano jurisdiccional ante cuál notario público se realizó la inscripción correspondiente a la operación , o en su caso manifestara la imposibilidad que tuviera para ello, dentro del mismo periodo, sin que lo hiciera. Por tanto, de conformidad con los artículos 64, y 75, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, se requiere por segunda ocasión a la Jefa del Registro Público de la Propiedad, con sede en esta ciudad, a fin de que, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, remita la información precisada en el párrafo que antecede. Lo anterior bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con os diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad en cita. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que la parte quejosa en su demanda de amparo, en el apartado correspondiente a antecedentes del acto reclamado, mencionó lo siguiente: [.] ANTECEDENTES Resulta que el día 03 de OCTUBRE del año en curso, ante la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, Bajo el número de operación ********************, realicé el pago por los Derechos de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado de la escritura pública que contiene la traslación de dominio, por la cantidad siguiente y los conceptos descritos: [.] De lo anterior, se advierte que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, haber realizado personalmente el pago de derechos derivado de operaciones traslativas de dominio en fecha tres de octubre de dos mil veintitrés; además, de la documental ofertada como prueba por la parte quejosa, consistente en el certificado de pago con número de operación ********************, a nombre del contribuyente ********************, aparece como fecha de operación, el tres de octubre de la presente anualidad. Por tanto, de conformidad con los artículos 64, y 75, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Registro Público de la Propiedad, con sede en esta ciudad, a fin de que, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de su legal notificación, informe a este órgano jurisdiccional ante cuál notario público se realizó la inscripción correspondiente a la operación ********************, a nombre de ********************, o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, dentro del mismo periodo. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con os diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00), previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia por contradicción de criterios (antes, por contradicción de tesis) 1a./J.163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad en cita. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

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