Ma. Esperanza Morales Montelongo
Expediente 753/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Esperanza Morales Montelongo
Actuaciones
- Principal
I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante resolución de 19403/2023, 19404/2023, 19405/2023, 19406/2023, 19407/2023, 19408/2023 y 19409/2023, dirigidos a las autoridades responsables: a) Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Apatzingán; b) Fiscal Regional en Apatzingán; c) Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán; d) Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación I, de la Fiscalía Regional de Apatzingán; e) Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación II, de la Fiscalía Regional de Apatzingán; f) Esther Reyes Piceno, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar II, de la Fiscalía de Apatzingán; y, g) Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán, todas ellas del Estado de Michoacán de Ocampo, por medio del cual se le remitió copia de la citada resolución, requiriéndosele además el acuse de recibo correspondiente; lo anterior, sin que hayan acusado recibo del mismo. Sin embargo, toda vez que de autos se advierte la constancia de envío realizada por medio de correo electrónico de los oficios números 19403/2023, 19404/2023, 19405/2023, 19406/2023, 19407/2023, 19408/2023 y 19409/2023, dirigidos a las autoridades señaladas en el párrafo que antecede, por el que les fue notificada la sentencia que nos ocupa; constancias de envío de las que se desprende que fue completada la entrega de dichas comunicaciones en el correo oficial de las citadas autoridades (jefecausa.nsp.r6@poderjudicialmich.gob.mx; fiscal@apatzingan.fiscaliamichoacan.gob.mx; mp.reyes.piceno@gmail.com; y, dpi.fgem.apatzingan2023@gmail.com), a las diez horas con quince minutos del veintiuno de septiembre de la presente anualidad; por lo tanto, de conformidad con la fracción II, inciso a) del artículo 26, en relación con el diverso 30 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como los artículos 9 y 65 tercer párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y, artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por debidamente notificadas a las autoridades responsables a) Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Apatzingán; b) Fiscal Regional en Apatzingán; c) Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán; d) Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación I, de la Fiscalía Regional de Apatzingán; e) Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación II, de la Fiscalía Regional de Apatzingán; f) Esther Reyes Piceno, Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar II, de la Fiscalía de Apatzingán; y, g) Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Apatzingán, todas ellas del Estado de Michoacán de Ocampo, de la citada determinación; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, de la que se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y de Violencia Familiar II, de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, para que en el plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia terminada de engrosar el veinte de septiembre de dos mil veintitrés. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de octubre de dos mil veintitrés. INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Se tiene por recibido el oficio que, vía electrónica remite el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por medio del cual y en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en autos, rinde el informe respecto de la suspensión de oficio y de plano concedida a la parte quejosa en el presente asunto, del que se advierte lo siguiente: REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. En consecuencia, a efecto de que la peticionaria del amparo Ma. Esperanza Morales Montelongo, reciba el tratamiento que requiere (hemodiálisis), así como los medicamentos que necesita, con la finalidad de tener una adecuada salud, requiérase a la citada quejoso para que ACUDA al Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en un horario de nueve a doce horas, a fin de que se le revise su historial clínico y llevar la apertura del expediente que corresponde, siguiendo los protocolos establecidos por el Hospital para tal efecto, debiendo llevar consigo copias en tres tantos de los documentos descritos con antelación. Asimismo, toda vez que la autoridad responsable hace del conocimiento que en las instalaciones del nosocomio demandado, el área de consulta externa se encuentra tomada por personal diverso, la quejosa deberá comunicarse vía telefónica con la Licenciada Karen Steffani Yabra Pureco, cuyo número de celular es 452 204 72 83, encargada del área jurídica, para que le indique el proceso a seguir tanto para la revisión, apertura y expedición de carnet, así como para la atención médica que requiere, llevando consigo los documentos referidos con antelación. De la misma forma, en el oficio de cuenta, la autoridad informa que con la finalidad de brindar la atención médica que requiere la quejosa, ésta fue dada de alta para que reciba sus sesiones de hemodiálisis de manera subrogada los días martes y viernes a las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos, en la "Clínica UREA", ubicada en Loma Larga número 1235, san Juan Bautista, en esta ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por lo que deberá presentarse a la brevedad posible para que inicie con el tratamiento adecuado para la protección de su salud. En el entendido de que la comparecencia ante el hospital y clínica mencionados, así como la entrega de los referidos documentos, para estar en condiciones de recibir la atención médica que requiere para el padecimiento que le aqueja, queda bajo su más estricta responsabilidad; circunstancia que deberá acreditar con las documentales respectivas. De igual forma, con copia del presente proveído y del comunicado de cuenta, hágase lo anterior del conocimiento de la peticionaria de amparo, con la finalidad de que acuda a las dependencias médicas que señala la autoridad responsable, para los efectos pretendidos, quedando bajo su entera responsabilidad su inasistencia. DOMICILIO Y DELEGADOS. Por otra parte, en términos de los preceptos 9 y 26, fracción II, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para recibir oficios de notificación dirigidos a las citadas autoridades responsables el ubicado en la Avenida Lázaro Cárdenas número 668, esquina con la calle Francisco Márquez número 652, colonia Chapultepec Sur, en la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, así como delegados a las personas que indica en su oficio de cuenta. MEDIOS ALTERNOS DE COMUNICACIÓN. Téngase a la autoridad oficiante proporcionando como medio alterno de comunicación el correo electrónico juiciosamparossm@hotmail.com, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Esperanza Morales Montelongo, por su propio derecho, contra actos del Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado y/o Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán y otra autoridad, recibida en esta fecha por la Secretaria de guardia de este órgano jurisdiccional. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en su oportunidad fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 753/2023-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 921 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. PRECISIÓN DE ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: de todas y cada una de las autoridades señaladas como responsables, reclamo la falta de tratamiento, medicamentos y atención médica necesaria para el debido tratamiento que requiero para vivir, ya que fui diagnosticada de insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, entre otras, requiriendo el tratamiento a base de dos sesiones de hemodiálisis semanales, siendo necesarias por semana, además de la aplicación del medicamento denominado eritropoyetina 4000/UI/mL, hierro y cardispan; entre otros, por lo que a la fecha estoy recibiendo el tratamiento de hemodiálisis en Clínica particular, con residencia en la ciudad de Uruapan, Michoacán, y compro el referido medicamento para aplicármelo, entre otros diversos; toda vez que las autoridades que señalo como responsable me han negado el tratamiento de hemodiálisis que requiero para vivir y el medicamento [.] ante tal situación mi vida se encuentra en grave peligro [.]." Acto que atribuye al Director del Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo y a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acto reclamado precisado anteriormente constituye una omisión relacionada con el derecho a la salud que, por su naturaleza, constituye un peligro para la vida de la quejosa, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional, ello en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, tomando en consideración la naturaleza del presente asunto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDE DE PLANO el acto reclamado a las autoridades responsables; por tanto, dichas autoridades, de inmediato deberán prestar a la quejosa Ma. Esperanza Morales Montelongo, la atención médica necesaria respecto del tratamiento (hemodiálisis que requiere para vivir) así como los medicamentos necesarios para la enfermedad diagnosticada, consistente en insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial, entre otras, y lo que se estime necesario para su posterior tratamiento, con la finalidad de tener una adecuada salud, esto es, deberán proporcionar el tratamiento médico y suministrar el medicamento que requiere; ahora bien, en caso de que en el Hospital General de Uruapan, Michoacán de Ocampo, no cuente con la infraestructura y el medicamento necesario para la adecuada atención médica respecto de los tratamientos citados ni se le puedan practicar los estudios necesarios a la quejosa, deberá canalizarla a otra institución del sector salud pública, o de ser el caso, privada, más cercana a su domicilio, donde se le pueda brindar la atención médica y medicamentos que necesita, ello con plena responsabilidad de las autoridades responsables. En efecto, es procedente decretar la suspensión de plano en la forma en que ha quedado precisada, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que se agrave la enfermedad de la quejosa e incluso, pierda la vida, que es uno de los derechos fundamentales más valiosos para el ser humano. Lo anterior, debiendo las autoridades responsables, a través del personal correspondiente, tomar las medidas adecuadas para su atención y en su caso, tratamiento médico y se le practiquen los estudios de laboratorio que resulten necesarios, todo ello bajo su más estricta responsabilidad; lo que se determina así, atendiendo a que el bien jurídico involucrado en este asunto es precisamente la salud de la parte quejosa, por lo tanto deberá actuarse con la celeridad y eficacia que el médico respectivo reporte a la autoridad responsable. Orden que deberán obedecer las autoridades responsables bajo su más estricta responsabilidad; haciéndoles de su conocimiento que la violación a este mandato, podría generarles las siguientes consecuencias: a) La imposición de multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafo Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. b) La desobediencia de este auto de suspensión se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. En el entendido de que su intervención en el cumplimiento de la medida cautelar otorgada a la parte quejosa, no se limita a girar instrucciones a determinadas áreas, sino que deben vigilar y corroborar que lo ordenado se cumpla de manera inmediata sin costo alguno para la quejosa, considerando que se trata de su salud, la que debe ser protegida al ser un derecho fundamental, como se determinó en líneas precedentes. INFORME SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables, para que DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE VEINTICUATRO HORAS, informen acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a la suspensión que ahora se concede; debiendo agregar copia certificada de las constancias correspondientes; reiterándoles, que la violación a este mandato, trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215, del Código Penal Federal. En el entendido de que dichos informes podrán ser rendidos vía correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión en este asunto, por haberse concedido la suspensión de oficio y de plano en esta propia data. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, quienes deberán rendirlo por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencia, se hará acreedora a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 260, fracción II y 238 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir sus informes vía correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. PRECISIÓN. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que deberán rendir dos informes, esto es: a) Suspensión de Plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. b) Informe Justificado, con fundamento en el artículo117 de la Ley de Amparo. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE REMITA COMO APOYO AL INFORME JUSTIFICADO. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remitan como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe información que se encuentre clasificada como reservada, deberán remitir copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria de clasificación correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información remitida será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. INTEGRACIÓN DEL JUICIO. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expedites de la justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan su informe justificado proporcionen a este órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resulto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante diversa promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". TERCEROS INTERESADOS. Dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado en este asunto. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y desahogadas las pruebas documentales que se adjuntan a la demanda dada su naturaleza jurídica, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. REQUIERE A LAS PARTES COMUNIQUEN LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA O SOBRESEIMIENTO. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables como a la parte quejosa y terceros interesados, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, cuando por alguna cuestión tengan conocimiento de ello y; de ser posible acompañen las constancias que acrediten tal extremo. MULTA. En el entendido que de hacer caso omiso al presente requerimiento, si en el trámite o resolución del juicio se advierte una posible causal que las partes hayan sido omisas en comunicarlo a éste órgano, se les impondrá multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este Juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º.,15, 27, fracción II y 28, fracción III de la Ley de Amparo, 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan su informe, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." CAPTURA DE AUTORIDADES RESPONSABLES. Se instruye al analista jurídico encargada del SISE, para que realice la captura exacta de las autoridades responsables, tal y como se señala en la demanda inicial, en el entendido que si durante el trámite del asunto se conoce que la denominación es incorrecta, inexistente, imprecisa, cambió o diversa cuestión que incida en el tema, deberá atenderlo puntual y oportunamente a la luz del acuerdo que se emita. Para lo cual, la secretaria encargado de la mesa deberá verificar que la anterior instrucción se efectúe en sus términos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calzada Benito Juárez número 1779 mil setecientos setenta y nueve, Lomas del Valle Norte, código postal 60110, al interior de la gasolinera denominada "Servicio la Central" (tienda de abarrotes CAVIÑA), de esta ciudad. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Favio Irving Ortega Hernández, toda vez que después de una consulta realizada en la página oficial de la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se desprende que la cédula profesional número 12396454, fue expedida en su favor. No así, a Maricela Calderón Ruíz, a quien se autoriza únicamente de conformidad con la última parte, del párrafo segundo, del invocado precepto legal; por así haberlo solicitado la promovente. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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