Ma. Elena Gutiérrez Cruz

Expediente 316/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
316/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Elena Gutiérrez Cruz
  • Juan Manuel Ramírez Magallón (Apoderado)

Actuaciones

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. ESCRITO PARTE QUEJOSA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el licenciado Juan Manuel Ramírez Magallon, apoderado jurídico de la parte quejosa Ma. Elena Gutiérrez Cruz, por medio del cual solicita se rectifique el presente expediente y se ordene la admisión a trámite de la demanda de amparo que diera origen al mismo, debiendo dejar sin efectos el auto por el que se ordenó su archivo definitivo, toda vez que refiere que el tribunal de alzada declaró fundada la queja interpuesta en contra del proveído de treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó el mencionado escrito inicial de demanda. En ese contexto, dígasele al promovente de mérito que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que si bien es cierto mediante oficio 7773/2023, signado por la Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia, se adjuntó copia del primer proyecto emitido en los autos de la queja 178/2023, de su índice, en el que se resolvió declarar fundado el recurso de queja nos ocupa; sin embargo, no menos cierto es que el mencionado proyecto, a foja 68 (sesenta y ocho), cuenta con la siguiente certificación: "En Morelia, Michoacán, a cinco de octubre de dos mil veintitrés, la suscrita Jeanett Fabiola Pérez Tinoco, Secretaria de este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, CERTIFICA: Que de la foja uno a la sesenta y ocho, corresponden al proyecto no aprobado de la resolución de la queja administrativa 178/2023, que se listo para su discusión en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el que con fundamento en el tercer párrafo del artículo 187 de la Ley de Amparo, se agrega para que obre en autos. Doy fe.-" (Lo resaltado es propio). Por lo que, el proyecto que subsiste en el presente caso lo es el remitido por la superioridad en el mencionado oficio y que se encuentra visible a fojas 69 (sesenta y nueve) a 112 (ciento doce), de la citada resolución, en el que se declaró infundado el citado medio de impugnación; circunstancia que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de octubre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DEL TESTIMONIO DEL RECURSO DE QUEJA. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio 7773/2023, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, de Ocampo, al cual adjunta los autos del juicio de amparo 316/2023, sin que se adjunte testimonio de la resolución, toda vez que se consultó a través de la liga https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda, de la cual se realizó la impresión correspondiente a fin de que sea agregada para que obre como corresponda en el presente juicio de garantías, en la que se declaró infundado el citado medio de impugnación, interpuesto en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. Acúsese recibo. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de mayo de dos mil veintitrés. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguense los escritos signados electrónicamente por Juan Manuel Ramírez Magallón, quien se ostenta como apoderado jurídico de la quejosa Ma. Elena Gutiérrez Cruz, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de dieciocho de mayo del año en curso y al efecto exhibe copia digitalizada del documento con el acredita dicha personalidad, respecto del cual, bajo protesta de decir verdad manifiesta que concuerda fielmente con su original; además, señala en concreto el acto que reclama a la autoridad responsable, así como los hechos y abstenciones que constituyen los actos reclamados y señala que la denominación correcta de la autoridad responsable es Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, con residencia en Morelia, Michoacán. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa se duele de: La resolución emitida por la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional, con residencia en Morelia, Michoacán, a través del oficio NUM/SDR/RA/128/2022, de seis de mayo de dos mil veintidós, en el cual en respuesta a la solicitud 16210009506, referente al trámite "cesión de derechos", sobre el cual la peticionaria de amparo solicitó la inscripción del contrato de cesión de derechos celebrado entre María Jesús Cruz García y Ma. Elena Gutiérrez Cruz, emitió acuerdo de negación, esto es, negó realizar la inscripción del contrato de cesión derechos. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el criterio jurisprudencial de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. DESECHAMIENTO. De la demanda de amparo y ocurso aclaratorio, se obtiene que deviene improcedente, lo que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.". De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, con la condición de que causen un agravio no reparable a través de algún medio de defensa legal. Interpretada en sentido contrario esta primera parte del artículo, se puede deducir que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable a través de algún medio de defensa legal, lo cual lleva implícito el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en agotar los medios ordinarios de defensa, previo a la promoción de la instancia Constitucional. Esto es, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a tales ordenamientos se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o a través de la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con iguales alcances que los previstos en la norma reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los en ella consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Tal precisión implica que el juicio de amparo es un medio extraordinario de protección y que, derivado de su propia naturaleza, para poder acceder a él es necesario agotar el procedimiento que la ley natural prevé en defensa de los derechos que se estimen lesionados y sólo en el caso de que el resultado del recurso sea adverso, podrá ocurrirse al juicio de amparo. De actuar en contrario, es decir, si las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad administrativa competente, a fin de que ésta agote las facultades que le corresponden, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad común. De esto se sigue, que si el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de amparo, en términos de las normas antes referidas, la propia ley reglamentaria establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, es decir, para que proceda el juicio de amparo, debe tratarse de "actos definitivos", en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio, traiga como consecuencia - también por regla general- la improcedencia de la acción constitucional intentada. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en sus fracciones XVIII, XIX y XX, prevé todos aquellos supuestos en los que el juicio es improcedente, en virtud de que el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo. En este caso específico, la que se estima configurada es la última de ellas. En la especie, se reclama la resolución contenida en el oficio NUM/SDR/RA/128/2022, en el cual se dio a la parte quejosa respuesta a la solicitud 16210009506, relativa al trámite de "cesión de derechos comunales inscripción", sobre el cual la peticionaria de amparo solicitó la inscripción del contrato de cesión de derechos celebrado entre María Jesús Cruz García y Ma. Elena Gutiérrez Cruz; determinación en la cual se negó la inscripción del contrato de cesión derechos. Ahora bien, el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en su artículo 59, dispone: "Artículo 59. Contra la calificación negativa, procederá el recurso de revisión que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el promovente no interpone el recurso de revisión, se pondrá a disposición del interesado la documentación respectiva." Por su parte, los artículos 83, 87 y 91 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establecen lo siguiente: "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." "Artículo 87.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente; II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; y V. Tratándose de multas, el recurrente garantice el crédito fiscal en cualesquiera de las formas prevista en el Código Fiscal de la Federación. La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes a su interposición, en cuyo defecto se entenderá otorgada la suspensión." "Artículo 91. La autoridad encargada de resolver el recurso podrá: I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo; II. Confirmar el acto impugnado; III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente; y IV. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente." Del primero de los preceptos legales transcritos, se desprende que, contra el acto reclamado, procederá el recurso previsto en los términos del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, esto es, el recurso de revisión. Además, que la interposición de ese medio de impugnación suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando se satisfagan los requisitos ahí establecidos. En ese orden de ideas, si el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, contempla el recurso de revisión para impugnar los actos emitidos por la autoridad responsable, como acontece en la especie, dado que el acto reclamado consiste en la resolución contenida en el oficio NUM/SDR/RA/128/2022, en el cual se le dio respuesta a la solicitud 16210009506, relativa al trámite de "cesión de derechos comunales inscripción", sobre el cual la peticionaria de amparo solicitó la inscripción del contrato de cesión de derechos celebrado entre María Jesús Cruz García y Ma. Elena Gutiérrez Cruz; determinación en la cual se negó la inscripción del contrato de cesión derechos, con apoyo en el artículo 59 del Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y en razón a que el objeto de ese medio de impugnación es revocar, modificar o confirmar el acto aquí reclamado, es evidente que la parte quejosa se encontraba obligada a agotar tal medio de defensa, previo a la interposición del presente juicio de amparo. Máxime que, conforme a las disposiciones de la multicitada Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que regula el procedimiento del aludido recurso de revisión, al interponerse el recurso de revisión de que se trata, se suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable; sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión. Entonces, si el acto reclamado en el presente juicio puede ser modificado, revocado o nulificado mediante el recurso de revisión y éste no se agotó, es evidente que no se cumplió con el principio de definitividad, rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación del gobernado o quejoso de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. En apoyo de lo anterior aplica, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 3/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que se lee: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo". En efecto, no se actualiza la excepción al principio de definitividad, consistente en que no existe obligación de agotar el recurso procedente cuando la ley que rige el acto reclamado exige más requisitos que la Ley de Amparo para suspenderlo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el artículo 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, prevé la suspensión del acto impugnado a través del recurso de revisión antes referido y lo hace sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Es así, porque el aludido precepto transcrito previamente, dispone que la interposición del recurso de revisión podrá suspender la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable. Por otra parte, la Ley de Amparo, en sus artículos 128 y 132, establece los requisitos para decretar la suspensión de los actos reclamados, pues sobre el particular dispone: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I: Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". "ARTÍCULO 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." El examen comparativo de la disposición legal de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como de las diversas de la Ley de Amparo, tratándose de los requisitos establecidos para otorgar la suspensión del acto reclamado, lleva a la conclusión de que no son mayores las condiciones establecidas en el ordenamiento citado en primer término, que las que se consignan en los mencionados preceptos de la ley de la materia. En ese contexto, ciertamente se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que en contra de la calificación negativa reclamada procede el recurso de revisión; por tanto, previo a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa se encontraba obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues como ya se ha visto, en la especie no se actualizó excepción alguna para relevar a la impetrante de aquella carga. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." De igual manera, tiene aplicación al caso, la jurisprudencia J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, impresa en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Además, el acto reclamado no conlleva violación a los derechos humanos previstos en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal y tampoco importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los prohibidos por el diverso 22 Constitucional. Consecuentemente, si la parte quejosa no agotó el medio de impugnación procedente contra el acto reclamado, el presente juicio de amparo es improcedente, por lo cual procede desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por Ma. Elena Gutiérrez Cruz, por conducto de su apoderado jurídico Juan Manuel Ramírez Magallón, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XX del precepto 61, ambos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Ramírez Magallón, quien se ostenta como apoderado jurídico de la quejosa Ma. Elena Gutiérrez Cruz, contra actos del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 316/2023-III; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PREVENCIÓN. Previo a ordenar la admisión o desechamiento de la demanda de mérito, con apoyo en el artículo 108, fracciones III, IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE a la parte promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente, por escrito y bajo protesta de decir verdad (en el entendido de que de ser presentado dicho ocurso físicamente, deberá exhibir copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes; esto es, dos para las autoridades señaladas como responsables, una para hacer entrega al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y otra más para la apertura del incidente de suspensión que solicita, toda vez que, de conformidad con el artículo 3°, en relación con el diverso 128 de la Ley de Amparo, éste se tramita por cuerda separada, sin que sea necesario su formación por duplicado de manera física, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós); y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, realice la aclaración de su demanda de amparo en relación con lo siguiente: 1. Exhiba el documento idóneo, en original o certificado, con el que acredite la personalidad con que se ostenta en el presente asunto en cuanto apoderado jurídico de la quejosa Ma. Elena Gutiérrez Cruz; ello, conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo. En efecto, de una minuciosa revisión del escrito inicial de demanda, no se advierte la leyenda "bajo protesta de decir verdad" de que el documento que se reprodujo es copia íntegra e inalterable del documento impreso, lo cual es un requisito el que los documentos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; es decir, que no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, pero será así siempre y cuando se anteponga la manifestación "bajo protesta de decir verdad" de que dicho documento electrónico es copia íntegra e inalterable del documento impreso, ello, a fin de tener la certeza de si se trata de una réplica original, certificada o simple del documento de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, página 1449, Materias(s) Común, con Registro digital 2012992, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Asimismo, es aplicable a lo anterior la tesis I.13o.T.30 K (10a.), Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 3045, Materias(s) Común, con número de Registro digital: 2017112, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SU SIGNIFICADO PARA EFECTO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS NÚMERO 1/2013 Y 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). En atención a la creciente demanda del uso de medios electrónicos en la actualidad, la Ley de Amparo en su artículo 3o. establece que los gobernados pueden realizar promociones por escrito o vía oral, y que si es por escrito, prevé la posibilidad de hacerlo mediante el uso de medios electrónicos, para lo cual instituyó el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que está regulada por el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que en su artículo 12, inciso f), dispone que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; también otorga la facultad de ingresar documentos públicos al expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, indicando que éstos no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, pero anteponiendo la condicionante de que se presenten "bajo protesta de decir verdad" de que dicho documento electrónico es copia íntegra e inalterable del documento impreso. En este tenor, debe desentrañarse lo que se considera como "documento electrónico", para lo cual debe atenderse lo previsto en esa materia en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en cuyo numeral 2, fracción IV, dispone que el documento "digitalizado", es la versión electrónica de un documento impreso que se produce mediante un procedimiento de escaneo, y en su fracción V indica que el "documento electrónico", es el que se genera, consulta, modifica o procesa por medios electrónicos. Por tanto, el documento público que puede adjuntarse al expediente electrónico en el juicio de amparo mediante el uso de la FIREL, conforme al artículo 12, inciso f), segundo párrafo, citado, es el "electrónico", esto es, el que se genere, modifique, consulte o procese por medios electrónicos; y no una copia escaneada de su original, como puede ser un testimonio notarial, porque eso se traduce en un "documento digitalizado"; de ahí que deba ser el generado o procesado por medios electrónicos, que son las herramientas tecnológicas relacionadas con el procesamiento, impresión, despliegue, traslado, conservación y, en su caso, modificación de la información." 2. Precise de manera clara y concreta cuál es al acto que en concreto reclama de cada una de las autoridades responsables de acuerdo a sus facultades competenciales; lo anterior, toda vez que en el apartado relativo a los actos reclamados señala lo siguiente: "Los hechos que constituyen antecedentes de los Actos reclamados, el acuerdo de negación de inscripción de fecha 6 de mayo de 2022 emitida por el RAN es ilegal"; pero luego refiere: ".reclamo la negativa infundada de dar continuidad a mi registro del contrato de cesión de derecho agrario que hace MARIA JESÚS CRUZ GARCÍA a su hija MA. ELENA GUTIÉRREZ CRUZ." y ahí mismo señala: ".la negativa de INSCRIBIR MI PETICIÓN DE CESION DE DERECHOS AGRARIOS..." Mientras que en el punto primero del capítulo de hechos precisa que le causa agrario la negativa de inscripción de un contrato de cesión de derechos agrarios que según aduce le fue notificada el once de mayo de dos mil veintitrés. Manifestaciones que no se pueden tener como actos reclamados, en virtud de que no se expresa el acto o actos que en concreto reclama de cada una de las autoridades responsables. Por tanto, deberá precisar qué acto en concreto reclama a cada una de las autoridades responsables, especificando la fecha de su emisión y su contenido, así como la fecha en que se le notificó. Lo anterior, a fin de estar en condiciones de fijar la litis en el presente juicio de amparo y en su caso, solicitar el informe de ley a las responsables y éstas se encuentren en aptitud de rendirlo adecuadamente, ello en caso de resultar procedente la admisión de la demanda. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis XX.57 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 871, Registro 202853, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS". 3. Asimismo, del señalamiento que realice de los actos reclamados, deberá precisar de manera clara y concreta cuáles son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes de dichos actos reclamados, pues precisamente éstos son la base para analizar la acción constitucional que intenta; por lo que deberá formular de manera clara, cronológica, concreta y completa una relación del origen del acto reclamado que tilda de inconstitucional, es decir, la narración de los hechos o abstenciones que se suscitaron antes de su emisión, a efecto de estar en condiciones de acordar lo conducente. Resultan aplicables a lo anterior los siguientes criterios: Tesis: I.7o.A.100 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175345 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 990 Tesis Aislada (Común) "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Así como la tesis: Tesis: VI.1o.19 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época 208347 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV-2, Febrero de 1995 Pág. 301 Tesis Aislada (Común) "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACION DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO." 4. Por otra parte, toda vez que señala como autoridades responsables a las siguientes: "C. ENCARGADO DE LA DELEGACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN EL ESTADO DE MICHOACAN" y "C. DELEGADO Y/O RESPONSABLE DE LA DELEGACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL CON SEDE EN MORELIA MICHOACAN", prevéngasele para que bajo protesta de decir verdad, manifieste si es la misma autoridad, o en su caso deberá precisar la denominación correcta de cada una de las que designe. PRECISIÓN. Conviene indicar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquella se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. PRECISIÓN 2. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la quejosa, ya que, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto. Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente: Tesis: 1a./J. 37/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 161909 1 de 1 Primera Sala Tomo XXXIII, Junio de 2011 Pag. 68 Jurisprudencia(Común) "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no desahogar la prevención formulada en el término establecido respecto de los puntos uno, dos y tres, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo y en caso de no cumplir con el punto número 4), se tendrán como autoridades responsables a las que señaló en su demandan, tal como las indicó. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público. PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." ACCESO ELECTRÓNICO AL EXPEDIENTE. Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza al usuario "juanmanuelramirezmagallon", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. De igual forma, como lo solicita, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se practiquen al referido promovente por vía electrónica, mediante el referido usuario "juanmanuelramirezmagallon"; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, dicha persona se encuentra obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación. Sin que haya lugar a tener por señalado el domicilio que indica el promovente, toda vez que el mismo no corresponde a esta ciudad. MEDIO DE CONTACTO. En otro sentido, téngase al promovente proporcionando la dirección de correo electrónico jmney2@gmail.com, así como el número de teléfono que señala, únicamente para efectos de establecer comunicación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes; sin embargo, no ha lugar a realizar notificación alguna por dichos medios, en atención a que la Ley de Amparo no lo prevé. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; personalmente a la parte quejosa.

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