Ma. Esperanza Hernández Barragán

Expediente 931/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
931/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/11/2022

Partes del expediente

  • Ma. Esperanza Hernández Barragán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de siete de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiérase éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 931/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable y la parte quejosa. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los hizo valer. El relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluído el derecho de las partes para formular sus alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Ma. Esperanza Hernández Barragán, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. El treinta de agosto de dos mil veintidós (foja 10) se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Finalmente, seguido el juicio por su cauces legales, el cuatro de octubre de dos mil veintidós (foja 29) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S : Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a una autoridad administrativa con residencia en esta ciudad. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado y autoridad responsable señalados por la quejosa, son: Acto reclamado: *Negativa a devolver a la quejosa el total de las aportaciones que conforman su fondo de pensiones, bajo el argumento esencial consistente en que, aunque es cierto que se le dictó sentencia absolutoria en primera instancia dentro del proceso penal 639/2017, en el que la propia Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, figura como parte ofendida, la misma aún no ha sido elevada a la categoría de cosa juzgada, ya que dicha determinación fue apelada por la responsable. Autoridad responsable: *Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado (foja 19), manifestó que es cierto el acto que se le atribuye; asimismo, señaló que los motivos por los que se actualiza la negativa a devolver las aportaciones del fondo de pensiones a la peticionaria del amparo, le fueron notificadas mediante oficio 305/2022 de data dieciséis de agosto del año en curso, el cual le fue notificado el veintiséis siguiente. De la misma forma, al rendir su informe justificado la responsable señaló por un lado, que la quejosa únicamente tiene derecho a que se le devuelvan las aportaciones que ella realizó, no así las que aportó la patronal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley de Pensiones Civiles para el Estado de Michoacán; asimismo, que aunque es cierto que se le dictó sentencia absolutoria en primera instancia en el proceso penal 639/2017, en el que la propia Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, figura como parte ofendida, dicha resolución aún no se erige como cosa juzgada, en atención a que fue apelada por la propia responsable. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. No son actos de autoridad Quien resuelve considera de oficio, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los 1°, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que el acto que se atribuye a la responsable no puede considerarse como "acto de autoridad". Para demostrarlo, debe primeramente traerse a cuenta los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los 1°, 5°, fracción II, de la Ley de Amparo que disponen: ""Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". Artículo 5. Son partes en el juicio: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos transcritos, se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, lo es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho (considerando aquí los particulares) o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. En el primer caso, tenemos que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, por regla general, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades (o los articulares conforme a la nueva redacción de la Ley de Amparo) desempeñan frente al gobernado una actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características no se puede considerar el ejercicio de determinada atribución como acto de autoridad. Atento a lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por tanto, es necesario proceder a examinar si la naturaleza del acto reclamado por la parte peticionaria de amparo a la funcionaria señalada como responsable, implica una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. En el caso, la quejosa se duele de la negativa de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, para devolverle el total de las aportaciones que conforman su fondo de pensiones, bajo el argumento esencial consistente en que, aunque es cierto que en el proceso penal 639/2017, se le dictó sentencia absolutoria en primera instancia, la misma aún no ha sido elevada a la categoría de cosa juzgada, ya que dicha determinación fue apelada por la propia responsable. Lo anterior, pone de manifiesto que la actuación del Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, que se le atribuye, consistente en no pagarle a la peticionaria del amparo las aportaciones que conforman su fondo de pensiones, configura en realidad un conflicto individual de seguridad social, en el que la autoridad responsable no actúa revestida de imperio frente a la quejosa, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Así es, porque el actuar de la autoridad responsable, se realiza en un vínculo de coordinación con el particular, derivado de una relación contractual y en sustitución del patrón, que involucra diversos derechos, como los de jubilación, pensión, préstamos a corto plazo, préstamos hipotecarios, servicio médico, seguro de vida y otras prestaciones. Aunado lo anterior, porque al configurar un conflicto individual de seguridad social, es la potestad ordinaria, quien debe dilucidar si la quejosa tiene derecho a que se le reintegre su aportación al fondo de pensiones, pues para hacerlo deben considerarse aspectos como la fecha de inscripción al régimen de seguridad social, el número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento, el promedio salarial de cotización de la promovente, estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro, disposiciones o retiros de los asegurados, recursos de las cuentas, otorgamiento de pensiones o indemnizaciones, vigencia de derechos y pagos parciales otorgados a éstos. Dicho en otras palabras, es ante los tribunales del trabajo en donde se tiene que determinar por principio, si existe o no la violación horizontal de derechos humanos y solo entonces, a través del juicio de amparo en la vía que corresponda, realizar el análisis vertical de la violación aducida. Conforme a lo anterior, se afirma que en el caso el Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, carece del carácter de autoridad, dado que su actuación se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos y la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación; de tal suerte que, en la especie actúa como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios. Es así, pues el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos humanos tutelados a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Se invoca como criterio orientador de lo resuelto, la tesis aislada XVII.1o.C.T.66 L (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, con registro digital 2017149, Décima Época, Materias(s): Laboral, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo IV, página 2957, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SUS TRABAJADORES DE CONFIANZA, RESPECTO DE LA DEVOLUCIÓN DE SUS APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES CUANDO SON SEPARADOS DEFINITIVAMENTE DE SU PUESTO. CORRESPONDE A LA JUNTA ARBITRAL DE DICHA ENTIDAD. De la interpretación sistemática de los artículos 73, 74, 75, fracción II, 163 y 164 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua; así como de los diversos 1, 2, 3, 13, 19 y 67 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado abrogada -aplicable al caso- se advierte que cuando un trabajador de confianza no tenga derecho a una pensión por antigüedad o invalidez, prevista por la ley citada en último término, al ser separado definitivamente del servicio, tiene derecho a que se le reintegre su aportación al fondo de pensiones, cuando ésta surja precisamente por la relación de trabajo entre el Gobierno del Estado y el asegurado; por ende, la competencia para conocer de esta prestación corresponde a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio de aquél, al ser la autoridad facultada para conocer de los juicios suscitados entre una unidad burocrática y sus trabajadores." Así como la jurisprudencia VII.2o.T. J/34 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con registro digital 2018139, Décima Época, Materias(s): Laboral, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2030, que dice: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "ÚLTIMO ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL DE AHORRO PARA EL RETIRO", COMO REQUISITO PREVISTO EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Atento a los preceptos que integran el título catorce, capítulo XVIII, sección primera, denominada: "Conflictos individuales de seguridad social", de la Ley Federal del Trabajo; de la pretensión del legislador al establecer en su contenido requisitos que, como señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen el presupuesto para que la acción quede configurada en los hechos, y de la interpretación funcional y teleológica del artículo 899-C, fracciones VI y VII, de la ley citada, por "último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro", debe entenderse aquel que contiene la fecha de expedición más reciente en relación con la de la presentación de la demanda, que tenga a disposición el trabajador y acompañe a ésta, o bien, el que exhiba con motivo de la prevención o requerimiento que le realice el tribunal laboral. Lo anterior, con independencia de que la fecha de expedición de dicha documental se encuentre o no dentro del rango de 4 u 8 meses previos, contados a partir de la fecha de presentación de la demanda, ya que corresponde a los institutos de seguridad social desvirtuarla y demostrar el destino de los recursos cuya devolución se demande, de conformidad con el artículo 899-D de la ley aludida. Por ende, el trabajador cumple con el requisito previsto en la fracción VI del artículo 899-C invocado, si el estado de cuenta individual de ahorro para el retiro que exhibe es el último con el que cuenta al presentar su demanda, pues el tribunal no puede analizar su temporalidad, sino sólo requerirlo para que lo exhiba, en caso de que no lo haya hecho, por lo que, si dicho requerimiento es cumplido, deberá estarse a ese documento y darle la calidad de último estado de cuenta, al no corresponderle determinar si es el último, ya que ello es materia de la carga probatoria que corresponde a la administradora de fondos para el retiro, o bien, al instituto de seguridad social correlativo, quienes deben desvirtuar esa documental; ello, porque conforme a los artículos 784 y 899-D, deben exhibir los documentos que tienen la obligación legal de expedir y conservar, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el promovente; además, tienen la carga de probar su dicho cuando exista controversia sobre: la fecha de inscripción al régimen de seguridad social, el número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento, el promedio salarial de cotización de los promoventes, estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro, disposiciones o retiros de los asegurados, recursos de las cuentas, otorgamiento de pensiones o indemnizaciones, vigencia de derechos y pagos parciales otorgados a éstos." Por lo dicho, se concluye que el acto reclamado consistente en la negativa de la Dirección General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, a devolverle el total de las aportaciones que conforman su fondo de pensiones, no se realiza en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es, en un plano de igualdad, virtud a que la actuación de la responsable se materializa como ente asegurador; dicho de otra forma, en torno al acto reclamado, no se advierte que el que se analiza en esta instancia constitucional tenga características distintivas de los actos de autoridad. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia ante referida, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por Ma. Esperanza Hernández Barragán. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Esperanza Hernández Barragán, por el acto, autoridad y motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; por tanto, para dar lugar a lo anterior y no violar las normas esenciales que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con veinte minutos del siete de noviembre de dos mil veintidós. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Director General de Pensiones Civiles del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remite en apoyo de su informe justificado. Por otro lado, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la autoridad responsable. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.Denisse***orf

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano