Ma Elena Romero Reyes

Expediente 1121/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1121/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Ma Elena Romero Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de diez de octubre del año en curso, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que lo hayan realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en dicha resolución se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que el Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: " [.]( Emita dentro del plazo que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, al tratarse de ejecución de sentencia constitucional, en el sentido que estime legalmente procedente, la respuesta que debe recaer a la solicitud que le fue presentada por la quejosa el cuatro de abril de dos mil veintitrés, para que se inscriba la cesión de derechos de uso común en ejidos y comunidades contenida en la solicitud 16230005780 y de ser procedente, se le expida el certificado de derechos parcelarios correspondiente; y, ( Notifique dicha respuesta a la promovente del amparo, en breve término, el cual no deberá exceder de diez días a partir de la emisión. [.]." Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de cinco días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, sin dilaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: 1. Se realizará el pronunciamiento respectivo; 2. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, 3. Se remitirán los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1121/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, Ma. Elena Romero Reyes, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto que atribuyó al Delegado Estatal en Michoacán del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad. Actos que estimó violatorio de los artículos 8, 17 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de treinta y uno de agosto del año en curso (foja 18), este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y pidió el informe justificado a la autoridad responsable. Seguido el juicio por su cauce legal, en esta misma fecha se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud a que la omisión reclamada se atribuye a autoridades que residen en el ámbito territorial en donde este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, así como en observancia obligatoria de la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, registro: 192097, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, los actos reclamados y autoridades responsables señalados por la parte quejosa son: Del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad: La omisión de la inscripción de cesión de derechos de uso común en ejidos y comunidades contenida en la solicitud 16230005780, trámite SEDATU-04-021, presentada el cuatro de abril de dos mil veintitrés y como consecuencia de ello, la falta de expedición del certificado de derechos sobre tierras de uso común del Ejido de San Pedro, Jarácuaro, municipio de Hidalgo, Michoacán. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 30). Además, la certeza del acto se corrobora con las constancia que allegó la propia quejosa, la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, pues no obstante que se trata de una fotostática simple, es el caso que la autoridad citada en primer término aceptó que el quejoso presentó la solicitud de inscripción respecto de la cual señala que no se le ha dado respuesta, lo cual se corrobora con el contenido de la copia. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se atribuye al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán. Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de fondo. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. En principio, conviene precisar que el fondo del asunto se analizará tomando en consideración que en materia agraria, la suplencia de la queja opera a favor de ejidatarios, comuneros y avecindados, conforme al artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo, en tanto dicha figura jurídica tiene por objeto atemperar los tecnicismos del juicio de amparo, para dar relevancia a la verdad jurídica. En apoyo a lo anterior, es de citar la Tesis: 2a. CXIX/2015 (10a.), consultable en la página: 2097, del Libro 23, Octubre de 2015, del Tomo II, Materia(s): Común, Administrativa, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2010289, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA AGRARIA. NO SÓLO PROCEDE A FAVOR DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS EN PARTICULAR, SINO TAMBIÉN DE LOS AVECINDADOS. El artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo establece la obligación para la autoridad que conozca del juicio de amparo, de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia agraria, en favor de los ejidatarios y comuneros en particular, y omite extender el beneficio respectivo a las personas de la "clase campesina", como sí lo hacía la ley abrogada del mismo nombre. Ahora bien, los artículos 13 y 15, fracción II, de la Ley Agraria respectivamente establecen que los avecindados del ejido son los mexicanos mayores de edad residentes por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal, que fueron reconocidos como tales por la asamblea ejidal o por el tribunal agrario competente, y tienen los derechos que esa ley les confiere; y que para poder adquirir la calidad de ejidatario es necesario satisfacer, entre otros requisitos, ser avecindado del ejido correspondiente. Con base en estas disposiciones, el artículo 79, fracción IV, inciso b), de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que la suplencia de la queja deficiente destinada a los ejidatarios y comuneros opera también en favor de los avecindados, pues resultaría discriminatorio y contrario al principio de igualdad, que la legislación agraria les otorgara los derechos que ésta confiere y, pese a ello, no contaran con las mismas garantías procesales para su protección, y de las cuales gozan los demás sujetos cuya condición jurídica se regula por el mismo ordenamiento con un sentido tutelar de sus derechos, máxime que dichos avecindados tienen conferida la posibilidad legal de aspirar a convertirse en ejidatarios, observando las condiciones que la ley señala al respecto. En consecuencia, la interpretación conforme con el principio de igualdad, es aquella que considera incluidos entre los beneficiados por la suplencia de la queja deficiente a los avecindados, lo que además es congruente con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 102/2015 (10a.), de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA AGRARIA. NO SÓLO PROCEDE A FAVOR DE EJIDATARIOS Y COMUNEROS EN PARTICULAR, SINO TAMBIÉN DE QUIENES BUSCAN EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS AGRARIOS". Dicho supuesto se actualiza en la especie, pues la peticionaria del amparo promueve la demanda por su propio derecho y con derecho a inscribir la cesión de derechos de uso común en ejidos y comunidades contenida en la solicitud 16230005780, trámite SEDATU-04-021; de ahí que, el presente asunto deba ser analizado conforme al principio de suplencia de la queja deficiente. Ahora, es fundado el concepto de violación en donde la accionante de la tutela de amparo esencialmente esgrime, que la autoridad responsable infringe en su perjuicio, el contenido del artículo 8º constitucional, en virtud de que no ha dado contestación a la petición que le fue realizada y que se presentó el cuatro de abril de dos mil veintitrés. En ese orden de ideas, a fin de poner de manifiesto la inconstitucionalidad de la omisión reclamada, conviene traer a glosa el contenido del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la trascripción anterior se advierte que cuando se eleve alguna solicitud a cualquier autoridad, debe constar por escrito y formularse de manera pacífica y respetuosa; teniendo en consecuencia la autoridad la obligación de emitir la contestación respectiva por escrito y de manera congruente, que debe hacerse saber al peticionario en breve término. Por su parte, los artículos 51 y 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional señalan: "ARTÍCULO 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan." "ARTÍCULO 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." Las porciones normativas insertas revelan que las solicitudes presentadas ante las Delegaciones correspondientes del Registro Agrario Nacional, deberán ser calificadas en un plazo que no deberá exceder de sesenta días naturales. Al respecto, conviene indicar que el precepto constitucional en consulta únicamente obliga a las autoridades a contestar por escrito la petición correspondiente y hacerla saber al peticionario; no así a resolverla favorablemente a los intereses de quien la formula. Dicho de otro modo, la autoridad tiene la obligación de contestar al peticionario lo que estime pertinente y conforme a derecho, pero sin dejar de emitir la respuesta respectiva y hacerla saber en breve término a la parte interesada. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis jurisprudencial número 129 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, del Apéndice de 1995, Tomo III, de la Quinta Época, registro 391019, que refiere: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario.". Ahora bien, para demostrar que la omisión combatida es inconstitucional, la quejosa aportó el acuse de la solicitud 16230005780, trámite SEDATU-04-021, recibida en la Delegación en Michoacán del Registro Agrario Nacional, el cuatro de abril de dos mil veintitrés, el cual corresponde a la solicitud cuya omisión de dar respuesta combate (foja 15). Por ello, por lo que hace a la omisión que se atribuye a la autoridad registral con residencia en esta ciudad, se estima que la quejosa demostró que solicitó de manera pacífica y respetuosa la inscripción de cesión de derechos de uso común en ejidos y comunidades contenida en la solicitud 16230005780, trámite SEDATU-04-021, y como consecuencia de ello, se le expidiera el certificado de derechos sobre tierras de uso común del Ejido de San Pedro, Jarácuaro, municipio de Hidalgo, Michoacán, sin que la autoridad responsable, a la fecha, hubiese emitido respuesta alguna, en virtud de que no acreditó tal extremo. Por tanto, se colige que existe transgresión a lo preceptuado en el artículo 8 constitucional, toda vez que a la fecha en que se presentó la demanda de protección de derechos fundamentales -veintinueve de agosto de dos mil veintitrés- ya había transcurrido en exceso el plazo de sesenta días naturales que establece el artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, con el que contaban las autoridades responsables para dar contestación a lo solicitado, pues a la fecha han trascurrido más de seis meses desde que se elevó tal petición. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia número 77 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 88 del Apéndice 2000, tomo III, Sexta Época, registro 911010, que a la letra dice: "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE PROBAR QUE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO.- La sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que dio respuesta a la solicitud formulada por el quejoso, no es bastante para tenerlos por no ciertos, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido que se le formuló una solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la contestación respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario, sin que sea admisible arrojar sobre éste la carga de probar un hecho negativo, como lo es el de que no hubo tal contestación." Por lo señalado, es dable afirmar que en la especie sí existe violación al derecho de petición que consagra el aludido artículo 8º, de la Constitución Federal, en perjuicio de la quejosa. En virtud de lo anterior, al resultar fundados los motivos de queja hechos valer, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para efectos de que el Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional en Michoacán, realice lo siguiente: Emita dentro del plazo que establece el artículo 192 de la Ley de Amparo, al tratarse de ejecución de sentencia constitucional, en el sentido que estime legalmente procedente, la respuesta que debe recaer a la solicitud que le fue presentada por la quejosa el cuatro de abril de dos mil veintitrés, para que se inscriba la cesión de derechos de uso común en ejidos y comunidades contenida en la solicitud 16230005780 y de ser procedente, se le expida el certificado de derechos parcelarios correspondiente; y, Notifique dicha respuesta a la promovente del amparo, en breve término, el cual no deberá exceder de diez días a partir de la emisión. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expresados en el considerando quinto de esta resolución la Justicia de la Unión Ampara y protege a Ma. Elena Romero Reyes, contra la omisión que reclama del Delegado en Michoacán del Registro Agrario Nacional en Michoacán, para los efectos que quedaron especificados en el propio considerando. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual, remite el informe justificado que rinde el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el cual pertenece al presente juicio. En virtud a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Con lo anterior, hágase nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio suscrito el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por el cual remite el informe previo que rinde el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En virtud a lo anterior, con fundamento en el artículo 270 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese a los autos para que obren como corresponda el informe previo signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, toda vez que el siete de septiembre actual, se resolvió en definitiva el incidente de suspensión en que se actúa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Jjg

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