Ma. Eloisa Cuéllar Rodríguez

Expediente 918/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
918/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Ma. Eloisa Cuéllar Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintiocho de septiembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 918/2017-V. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: El oficio ISS-5101A.2 UPEL 450/2017, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Subdelegada de Prestaciones Económicas del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual determinó otorgarle la pensión 795116, y que las pensiones de jubilación y viudez serán topadas a diez veces el valor de la Unidad de Medida y actualización que es de veintidós mil seiscientos cuarenta y siete pesos. Ahora, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que la propia quejosa afirmó que el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se le notificó la determinación reclamada. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintiocho de junio al dieciocho de julio de presente anualidad, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del acto, se le notificó la resolución reclamada. Esto es, como el quejoso se le notificó la resolución que reclama el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 38 señala que las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas y que los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación, el plazo para presentar la demanda comenzó a transcurrir el veintiocho de junio y feneció el dieciocho de julio de dos mil diecisiete. II. Fueron inhábiles los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de julio de la presente anualidad, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama la quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el veintiséis de septiembre del año en curso, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionaria del amparo. Sin que obste a lo anterior la supuesta constancia de notificación estampada al reverso del oficio que reclama la parte quejosa (foja 25 vuelta), toda vez que no se advierte que la misma haya sido practicada por personal facultado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni se advierte sello o dato alguno del que válidamente se pueda presumir que fue practicada por el referido instituto en una fecha posterior a la señalada por la propio quejosa. Lo anterior se afirma, porque, verbigracia, de las certificaciones de las concesiones de pensión con folios SP 0547854 y SP 0783011 que anexa (fojas 21 y 22), se advierte quiénes fueron los funcionarios que la llevaron a cabo y obra plasmado el sello de la institución, lo que, como se dijo, no sucede en la supuesta notificación practicada en la Delegación con sede en esta ciudad. Máxime que la quejosa en su demanda de amparo, en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, claramente manifestó bajo protesta de decir verdad que el oficio de marras se le notificó el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, sin que se advierta inconsistencia alguna que permita presumir que se trata de un yerro. Esto, porque guarda relación la determinación de la Subdelegada de Prestaciones Económicas del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, en el sentido de autorizar a favor de la aquí quejosa la pensión ********** por concepto de orfandad que tenía su hija **********, con el comprobante de pago **********(foja 27), relativo al mes de agosto del año en curso, del que se desprende el depositó que se le realizó de la pensión autorizada en su favor con motivo de la referida auto Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Técnicos número 51, colonia Residencial Tecnológico de esta ciudad. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 918/2017-V. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa esencialmente reclama: El oficio ISS-5101A.2 UPEL 450/2017, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Subdelegada de Prestaciones Económicas del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual determinó otorgarle la pensión 795116, y que las pensiones de jubilación y viudez serán topadas a diez veces el valor de la Unidad de Medida y actualización que es de veintidós mil seiscientos cuarenta y siete pesos. Ahora, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que la propia quejosa afirmó que el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, se le notificó la determinación reclamada. Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del veintiocho de junio al dieciocho de julio de presente anualidad, dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente al en que, conforme a la ley del acto, se le notificó la resolución reclamada. Esto es, como el quejoso se le notificó la resolución que reclama el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 38 señala que las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas y que los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación, el plazo para presentar la demanda comenzó a transcurrir el veintiocho de junio y feneció el dieciocho de julio de dos mil diecisiete. II. Fueron inhábiles los días uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis de julio de la presente anualidad, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, como el acto que reclama la quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y la impetrante promovió la demanda que se estudia hasta el veintiséis de septiembre del año en curso, es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionaria del amparo. Sin que obste a lo anterior la supuesta constancia de notificación estampada al reverso del oficio que reclama la parte quejosa (foja 25 vuelta), toda vez que no se advierte que la misma haya sido practicada por personal facultado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ni se advierte sello o dato alguno del que válidamente se pueda presumir que fue practicada por el referido instituto en una fecha posterior a la señalada por la propio quejosa. Lo anterior se afirma, porque, verbigracia, de las certificaciones de las concesiones de pensión con folios SP 0547854 y SP 0783011 que anexa (fojas 21 y 22), se advierte quiénes fueron los funcionarios que la llevaron a cabo y obra plasmado el sello de la institución, lo que, como se dijo, no sucede en la supuesta notificación practicada en la Delegación con sede en esta ciudad. Máxime que la quejosa en su demanda de amparo, en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, claramente manifestó bajo protesta de decir verdad que el oficio de marras se le notificó el veintisiete de junio de dos mil diecisiete, sin que se advierta inconsistencia alguna que permita presumir que se trata de un yerro. Esto, porque guarda relación la determinación de la Subdelegada de Prestaciones Económicas del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, en el sentido de autorizar a favor de la aquí quejosa la pensión ********** por concepto de orfandad que tenía su hija **********, con el comprobante de pago **********(foja 27), relativo al mes de agosto del año en curso, del que se desprende el depositó que se le realizó de la pensión autorizada en su favor con motivo de la referida auto Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Técnicos número 51, colonia Residencial Tecnológico de esta ciudad. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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