Ma. Elena Ponce de Pesquera
Expediente 561/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 10/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Elena Ponce de Pesquera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de enero pasado, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil quince, se otorgó la protección constitucional a **********, para el efecto de que la autoridad responsable: - Dejará insubsistentes los actos de aplicación de las normas impugnadas, ¬-avalúos realizados para modificar el impuesto predial correspondiente al año dos mil quince, claves catastrales 64-G9-13-001-022 y 64-G9-13-001-087-; y, - Su inaplicación en perjuicio de la quejosa en el futuro. En el entendido que la concesión no tenía el alcance de exentar a la quejosa del pago del tributo, sino para que se le ubicara en la zona correspondiente al valor mínimo. b) Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil quince, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Tesorera Municipal de esta ciudad, quien remitió copia certificada de diversas constancias con las que adujo cumplir la ejecutoria de amparo. c) Con motivo de lo anterior, el veintinueve de enero del año que transcurre se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. d) En proveído de ocho de los actuales, se tuvo a Alejandro Lorenzo Guzmán Yáñez, autorizado de la parte quejosa, manifestando su conformidad con dicho cumplimiento. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: - Emitió nuevos avalúos para modificar el impuesto predial correspondiente al año dos mil quince, respecto de los inmuebles con claves catastrales 64-G9-13-001-022 y 64-G9-13-001-087-; y, - Los ubicó en la zona correspondiente al valor mínimo. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con el oficio agregado a foja doscientos cuarenta y uno, emitido por la Tesorera Municipal de esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS: Visto el estado de autos así como la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de veintinueve de enero pasado, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil quince, se otorgó la protección constitucional a **********, para el efecto de que la autoridad responsable: - Dejará insubsistentes los actos de aplicación de las normas impugnadas, ¬-avalúos realizados para modificar el impuesto predial correspondiente al año dos mil quince, claves catastrales 64-G9-13-001-022 y 64-G9-13-001-087-; y, - Su inaplicación en perjuicio de la quejosa en el futuro. En el entendido que la concesión no tenía el alcance de exentar a la quejosa del pago del tributo, sino para que se le ubicara en la zona correspondiente al valor mínimo. b) Por acuerdo de trece de noviembre de dos mil quince, se declaró la firmeza de la resolución anterior y se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Tesorera Municipal de esta ciudad, quien remitió copia certificada de diversas constancias con las que adujo cumplir la ejecutoria de amparo. c) Con motivo de lo anterior, el veintinueve de enero del año que transcurre se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. d) En proveído de ocho de los actuales, se tuvo a Alejandro Lorenzo Guzmán Yáñez, autorizado de la parte quejosa, manifestando su conformidad con dicho cumplimiento. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: - Emitió nuevos avalúos para modificar el impuesto predial correspondiente al año dos mil quince, respecto de los inmuebles con claves catastrales 64-G9-13-001-022 y 64-G9-13-001-087-; y, - Los ubicó en la zona correspondiente al valor mínimo. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que con el oficio agregado a foja doscientos cuarenta y uno, emitido por la Tesorera Municipal de esta ciudad, dio cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Finalmente, en virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene haciendo manifestaciones en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria emitida en el presente juicio, las que podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Tesorera Municipal de esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
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