Ma. Elena Medina Ochoa
Expediente 597/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 597/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Elena Medina Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual acusa de recibido el oficio 16384, a través del cual se le remitieron dos tomos de pruebas, de lo que este juzgado federal toma conocimiento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión del presente auto y agregarse en el expediente físico.
- Principal
Vista la certificación con la que se da cuenta y atento al estado de autos, del que se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; por tanto, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 35, segundo párrafo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Toda vez que la demanda de amparo que dio origen a este expediente fue presentada ante la autoridad señalada como responsable Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al rendir justificado correspondiente adjuntó el expediente toca de apelación I-157/2020 y el diverso juicio sumario civil 1013/2019 -según la leyenda sentada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán- y ya que resulta innecesaria su retención, se ordena la devolución de esas documentales, con la atenta súplica del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrá como recibido a su entera satisfacción sin ulterior acuerdo. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarse en el expediente físico.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que este órgano jurisdiccional el veintiocho de septiembre de dos mil veinte recibió la demanda de amparo remitida por la superioridad y asumió el conocimiento de la misma, además, en mismo proveído se previno a la parte quejosa para que el promovente *** acreditara el carácter con el que gestiona, dado que adujo ser apoderado de *** Luego, el proveído de trece de octubre de dos mil veinte (página 433, expediente digital), se tuvo por recibido el escrito de ***** quien se ostenta apoderado jurídico de **** mediante el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención que se le formuló el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, pues exhibió el poder general para pleitos y cobranzas de ocho de octubre de dos mil veinte, con el cual acredita la facultad de representación que tiene para con la quejosa ** sin embargo, este juzgado federal le hizo saber que el instrumento exhibido no acreditaba la representación de la quejosa en el momento en que se presentó la demanda de amparo y que, por ende, contaba con el término de tres días para dar cabal cumplimiento a dicha prevención, sin que lo haya hecho al tenor de la certificación de cuenta. Atento a lo anterior, se provee lo que en derecho corresponde. Aplicación del apercibimiento contenido en el acurdo de veintiocho de septiembre. Los artículo 6, párrafo primero, 10 y 11, de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior". "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". De la interpretación sistemática de estos apartados normativos, se advierte que la legitimación de las partes constituye un requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo, por lo que para tener por cumplido el requerimiento que se formuló en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, es pertinente dilucidar si ** quien se ostenta apoderado jurídico de la parte demandada **** dentro del juicio sumario civil **** tiene legitimación para promover el presente juicio de amparo. De conformidad con lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 3/2008, el vocablo personalidad, en término jurídicos, tiene dos acepciones, a saber: Por una parte, se refiere a la idoneidad de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Por otra, se dice de la cualidad reconocida por el juzgador a un sujeto para que actúe dentro de un juicio. Así, sostuvo que en el sentido de la última acepción, dentro del marco del derecho adjetivo, la personalidad es un presupuesto procesal que se define como la cualidad que posee un individuo o sujeto, reconocida por el órgano del conocimiento dentro de un procedimiento concreto, para actuar válidamente como actor, demandado, tercero interesado o representante de uno de ellos. Luego, concluyó que la personalidad en el juicio de amparo puede ser de dos tipos: De modo originario: Cuando el interesado, por su propio derecho, desempeña los actos procesales dentro del juicio. De modo derivado: En los casos en que un tercero, llamado representante, apoderado o mandatario, intervienen en el procedimiento en nombre del interesado. Por otra parte, es pertinente destacar que cuando se habla de acreditar la personalidad de un representante o apoderado, se alude a los elementos constitutivos de ese carácter, a efecto de que los terceros sepan que el presentante es portador de la voluntad ajena. En ese sentido, cuando alguien ejerce su representación en juicio o fuera de él, surge la necesidad de examinar los documentos, hechos o circunstancias en razón de los cuales se ostenta como tal, o como persona legitimada para realizar el acto de referencia en una esfera jurídica distinta a la propia; es decir, surge la necesidad de acreditar la personalidad. Lo cual puede variar dependiendo a cada caso y al atender a diversos criterios, esto es: la naturaleza de la persona representada, física o moral; la fuente de la que dimana la representación, la clase de acto, contrato o diligencia que se pretende realizar. En ese orden, la legitimación es el reconocimiento hecho en la norma jurídica de la posibilidad para realizar determinado acto jurídico con eficacia, o la competencia del sujeto respecto de un acto jurídico para alcanzar o soportar los efectos legales de la reglamentación de intereses a que aspira; a la luz de la específica relación existente entre el sujeto y el objeto del acto. Esa específica relación objeto-sujeto, que caracteriza a la legitimación como requisito objetivo-subjetivo y que la distingue de la capacidad, requisito subjetivo, consiste en la identificación o divergencia entre el agente de la voluntad en el negocio jurídico y el titular de interés o de la esfera jurídica en la que el negocio desplazará sus efectos. Por ende, los sujetos o partes de la relación procesal son entendidos como aquellas personas o entidades con capacidad para pedir la actuación a los órganos jurisdiccionales y ponerlos en movimiento para obtener la tutela jurídica. Con base en lo anterior puede afirmarse que, en términos generales, la personalidad es la actuación procesalmente válida que guarda un sujeto dentro de un juicio, ya sea al actuar por sí, o bien, al ser representada por otra. Resulta aplicable, la tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 261, del Volumen XIII, Cuarta Parte, en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que dispone: "PERSONALIDAD Y LEGITIMACIÓN. Jamás deben confundirse, pues en tanto que la primera tiene el carácter de mero presupuesto procesal y sólo se da cuando el litigante actúa en representación del directamente interesado, la segunda es una de las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción." Así, el artículo 6 de la legislación en comento, señala que el juicio de garantías solo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma o acto reclamado, ya sea por si misma o por conducto de su representante o defensor, según sea el caso. Por su parte, el artículo 10 de la Ley de la Materia, prevé tres reglas relativas a la justificación de la personalidad en el juicio de amparo, a saber: La personalidad debe acreditarse en los propios términos establecidos en la Ley de Amparo. Sólo cuando en dicha ley no se prevean determinados supuestos, el examen de personalidad se ajustará a la ley de la materia que regule el acto reclamado. Únicamente cuando la ley de la materia que regula el acto reclamado tampoco prevea el caso, se acudirá a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Mientras que el artículo 11 de la legislación citada, dispone que en el amparo directo podrá justificarse la personalidad con la acreditación que se tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada, por lo que la autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Además, dado que, en el caso la demanda se promovió bajo la vía del juicio de amparo directo, el artículo 175 de la Ley de Amparo prevé una relación de requisitos que deberán expresarse en la demanda. Uno de ellos es el previsto en la fracción I del artículo citado, que consiste en la mención del nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. Lo anterior, porque la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por quien funge como representante, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Así, si en un litigio la persona que acude en nombre y representación de otra persona (física), necesariamente deberá acompañar a la demanda el documento a través del cual acredite que aquella le ha otorgado poder para ello. Lo anterior es así, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiterados criterios, que la personería constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso por parte del juzgador. En el caso, el promovente **** quien se ostentó apoderado jurídico de **** parte demandada en el juicio civil de origen, empero, en el acuerdo de vicho de septiembre de dos mil veinte (página 420, del expediente digital) se le requirió para que exhibiera un poder o cualquier otro documento con el acreditara seguir siendo apoderado de la parte quejosa en la fecha en que presentó la demanda, lo que intentó cumplir a través del escrito ingresado el nueve de octubre; sin embargo, en proveído de trece de octubre se le hicieron saber las razones por las cuales el poder que exhibió no cumplen con los requisitos para justificar su personería, y se le informó que aun contaba con el plazo de tres días para cumplir con la prevención sin que lo hubiera hecho; consecuentemente se hace efectivo el apercibimiento y contenido en el auto citado en primer término y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido que al momento de presentar su escrito aclaratorio con el fin de dar cumplimiento a la prevención de veintiocho de septiembre del año en curso, exhibiera un poder para pleitos y cobranzas emitido a su favor por *** el ocho de octubre del año en curso, sin embargo, este juzgado federal advierte que no se acreditó la voluntad de *** de ser representada por **** al menos por el período del catorce de marzo al siete de octubre, ambas fechas del año en curso, lapso en el cual fue presentada la demanda de amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 91/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarse al expediente físico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que este órgano jurisdiccional el veintiocho de septiembre de dos mil veinte recibió la demanda de amparo remitida por la superioridad y asumió el conocimiento de la misma, además, en mismo proveído se previno a la parte quejosa para que el promovente *** acreditara el carácter con el que gestiona, dado que adujo ser apoderado de *** Luego, el proveído de trece de octubre de dos mil veinte (página 433, expediente digital), se tuvo por recibido el escrito de ***** quien se ostenta apoderado jurídico de **** mediante el cual pretendió dar cumplimiento a la prevención que se le formuló el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, pues exhibió el poder general para pleitos y cobranzas de ocho de octubre de dos mil veinte, con el cual acredita la facultad de representación que tiene para con la quejosa ** sin embargo, este juzgado federal le hizo saber que el instrumento exhibido no acreditaba la representación de la quejosa en el momento en que se presentó la demanda de amparo y que, por ende, contaba con el término de tres días para dar cabal cumplimiento a dicha prevención, sin que lo haya hecho al tenor de la certificación de cuenta. Atento a lo anterior, se provee lo que en derecho corresponde. Aplicación del apercibimiento contenido en el acurdo de veintiocho de septiembre. Los artículo 6, párrafo primero, 10 y 11, de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior". "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". De la interpretación sistemática de estos apartados normativos, se advierte que la legitimación de las partes constituye un requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo, por lo que para tener por cumplido el requerimiento que se formuló en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, es pertinente dilucidar si ** quien se ostenta apoderado jurídico de la parte demandada **** dentro del juicio sumario civil **** tiene legitimación para promover el presente juicio de amparo. De conformidad con lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 3/2008, el vocablo personalidad, en término jurídicos, tiene dos acepciones, a saber: Por una parte, se refiere a la idoneidad de una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Por otra, se dice de la cualidad reconocida por el juzgador a un sujeto para que actúe dentro de un juicio. Así, sostuvo que en el sentido de la última acepción, dentro del marco del derecho adjetivo, la personalidad es un presupuesto procesal que se define como la cualidad que posee un individuo o sujeto, reconocida por el órgano del conocimiento dentro de un procedimiento concreto, para actuar válidamente como actor, demandado, tercero interesado o representante de uno de ellos. Luego, concluyó que la personalidad en el juicio de amparo puede ser de dos tipos: De modo originario: Cuando el interesado, por su propio derecho, desempeña los actos procesales dentro del juicio. De modo derivado: En los casos en que un tercero, llamado representante, apoderado o mandatario, intervienen en el procedimiento en nombre del interesado. Por otra parte, es pertinente destacar que cuando se habla de acreditar la personalidad de un representante o apoderado, se alude a los elementos constitutivos de ese carácter, a efecto de que los terceros sepan que el presentante es portador de la voluntad ajena. En ese sentido, cuando alguien ejerce su representación en juicio o fuera de él, surge la necesidad de examinar los documentos, hechos o circunstancias en razón de los cuales se ostenta como tal, o como persona legitimada para realizar el acto de referencia en una esfera jurídica distinta a la propia; es decir, surge la necesidad de acreditar la personalidad. Lo cual puede variar dependiendo a cada caso y al atender a diversos criterios, esto es: la naturaleza de la persona representada, física o moral; la fuente de la que dimana la representación, la clase de acto, contrato o diligencia que se pretende realizar. En ese orden, la legitimación es el reconocimiento hecho en la norma jurídica de la posibilidad para realizar determinado acto jurídico con eficacia, o la competencia del sujeto respecto de un acto jurídico para alcanzar o soportar los efectos legales de la reglamentación de intereses a que aspira; a la luz de la específica relación existente entre el sujeto y el objeto del acto. Esa específica relación objeto-sujeto, que caracteriza a la legitimación como requisito objetivo-subjetivo y que la distingue de la capacidad, requisito subjetivo, consiste en la identificación o divergencia entre el agente de la voluntad en el negocio jurídico y el titular de interés o de la esfera jurídica en la que el negocio desplazará sus efectos. Por ende, los sujetos o partes de la relación procesal son entendidos como aquellas personas o entidades con capacidad para pedir la actuación a los órganos jurisdiccionales y ponerlos en movimiento para obtener la tutela jurídica. Con base en lo anterior puede afirmarse que, en términos generales, la personalidad es la actuación procesalmente válida que guarda un sujeto dentro de un juicio, ya sea al actuar por sí, o bien, al ser representada por otra. Resulta aplicable, la tesis emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 261, del Volumen XIII, Cuarta Parte, en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, que dispone: "PERSONALIDAD Y LEGITIMACIÓN. Jamás deben confundirse, pues en tanto que la primera tiene el carácter de mero presupuesto procesal y sólo se da cuando el litigante actúa en representación del directamente interesado, la segunda es una de las condiciones necesarias para el ejercicio de la acción." Así, el artículo 6 de la legislación en comento, señala que el juicio de garantías solo puede promoverse por la persona a quien afecte la norma o acto reclamado, ya sea por si misma o por conducto de su representante o defensor, según sea el caso. Por su parte, el artículo 10 de la Ley de la Materia, prevé tres reglas relativas a la justificación de la personalidad en el juicio de amparo, a saber: La personalidad debe acreditarse en los propios términos establecidos en la Ley de Amparo. Sólo cuando en dicha ley no se prevean determinados supuestos, el examen de personalidad se ajustará a la ley de la materia que regule el acto reclamado. Únicamente cuando la ley de la materia que regula el acto reclamado tampoco prevea el caso, se acudirá a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Mientras que el artículo 11 de la legislación citada, dispone que en el amparo directo podrá justificarse la personalidad con la acreditación que se tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada, por lo que la autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta. Además, dado que, en el caso la demanda se promovió bajo la vía del juicio de amparo directo, el artículo 175 de la Ley de Amparo prevé una relación de requisitos que deberán expresarse en la demanda. Uno de ellos es el previsto en la fracción I del artículo citado, que consiste en la mención del nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. Lo anterior, porque la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por quien funge como representante, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Así, si en un litigio la persona que acude en nombre y representación de otra persona (física), necesariamente deberá acompañar a la demanda el documento a través del cual acredite que aquella le ha otorgado poder para ello. Lo anterior es así, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiterados criterios, que la personería constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso por parte del juzgador. En el caso, el promovente **** quien se ostentó apoderado jurídico de **** parte demandada en el juicio civil de origen, empero, en el acuerdo de vicho de septiembre de dos mil veinte (página 420, del expediente digital) se le requirió para que exhibiera un poder o cualquier otro documento con el acreditara seguir siendo apoderado de la parte quejosa en la fecha en que presentó la demanda, lo que intentó cumplir a través del escrito ingresado el nueve de octubre; sin embargo, en proveído de trece de octubre se le hicieron saber las razones por las cuales el poder que exhibió no cumplen con los requisitos para justificar su personería, y se le informó que aun contaba con el plazo de tres días para cumplir con la prevención sin que lo hubiera hecho; consecuentemente se hace efectivo el apercibimiento y contenido en el auto citado en primer término y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Sin que pase desapercibido que al momento de presentar su escrito aclaratorio con el fin de dar cumplimiento a la prevención de veintiocho de septiembre del año en curso, exhibiera un poder para pleitos y cobranzas emitido a su favor por *** el ocho de octubre del año en curso, sin embargo, este juzgado federal advierte que no se acreditó la voluntad de *** de ser representada por **** al menos por el período del catorce de marzo al siete de octubre, ambas fechas del año en curso, lapso en el cual fue presentada la demanda de amparo. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 91/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Al ser la representación, en sentido general, un fenómeno jurídico que implica que una persona llamada representante realice actos jurídicos en nombre de otra llamada representado, en forma tal que el acto surte efectos directamente en la esfera jurídica de este último, como si hubiera sido realizado por él, y partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos a la voluntad humana en la medida en que ésta es exteriorizada y se propone fines lícitos, que constituyen intereses jurídicamente tutelados, debe concluirse que no puede tenerse por acreditada la personalidad del representante, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, con un poder general o carta poder otorgados con posterioridad a la presentación de la demanda, pues dicha representación surte sus efectos precisamente a partir de la fecha en que se otorgó". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3o. y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar una impresión del presente auto para agregarse al expediente físico.
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