Ma. Dolores Ávila Sandoval

Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
30/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Ma. Dolores Ávila Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo del comunicado número 3076/2021, mediante el cual se le devolvió el testimonio del toca de apelación número I-162/2020, que adjuntó en apoyo a su informe justificado. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  2. Principal

    Razón Vista la razón actuarial del fedatario judicial adscrito, se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa Ma. Dolores Ávila Sandoval, el auto de quince de los actuales, toda vez que ésta no han señalado domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), notifíquesele dicho proveído, el presente acuerdo y, en su caso, los subsecuentes por lista hasta en tanto, precise domicilio para oír y recibir notificaciones. Integración del expediente Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la impresión de este proveído para agregarse al expediente físico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.).

  3. Principal

    Acúsese recibo del oficio 2894, del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del amparo directo civil 436/2020, del índice de ese tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Ma. Dolores Ávila Sandoval, por propio derecho, así como del juicio sumario civil número 1027/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán y el toca I-162/2020 del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Comunicado en el que manifiesta carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa en comento; en esas condiciones, este juzgado asume el conocimiento del asunto; por tanto, acúsese de recibo. Regístrese en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número VI-30/2021 Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo de la quejosa, se advierte que se duele de lo siguiente: La sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el toca I-162/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la quejosa Ma. Dolores Ávila Sandoval, que confirmó la determinación emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, que decretó la nulidad absoluta de todo lo actuado en el juicio sumario civil número 1027/2019, sobre nulidad absoluta de convenio de división de cosa común, en virtud de que su tramitación se hizo en la vía incorrecta, dado que la acción intentada no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 595 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, es decir, no se ajusta a la división de una cosa común, pues la acción planteada por la actora, aquí quejosa, versa sobre la nulidad de actos jurídicos, la que se encuentra prevista en el numeral 596 de la referida codificación, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado por la quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario. En ese sentido, es importante destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia emitida por el juez de origen, por lo que, para resolver lo conducente respecto a la improcedencia del amparo en el caso que nos ocupa, conviene realizar un análisis sobre las disposiciones previstas en la Ley de Amparo, la Constitución, así como la interpretación que se ha realizado respecto a la improcedencia cuando se trata de actos intraprocesales que no vulneran derechos sustantivos. Marco legal. En principio, los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, conviene precisar que la Constitución General de la República se limitó a enunciar, como uno de los supuestos de procedencia, los actos en juicio con una ejecución de imposible reparación, sin ofrecer una definición al respecto, lo cual se entiende si se parte de la premisa que la Constitución Federal establece los principios esenciales de las instituciones y que, por virtud de ello, el Constituyente Permanente deja al legislador la tarea de pormenorizar y explicar en la ley secundaria lo que debe entenderse como actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. Debe mencionarse que a decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la reforma del artículo 107 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo indirecto, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando, a su vez, la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, pues constituía un obstáculo para la pronta impartición de justicia; tal como se explicó en la exposición de motivos: "Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. "En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. "La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias." Por tanto, resulta claro que una de las motivaciones de la reforma constitucional fue la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo y si, además, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, entonces, la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto; de tal suerte que, sólo de manera excepcional, se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en una sola ejecutoria se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Conforme a lo anterior el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Conforme a lo explicado, los actos en juicio con efectos de imposible reparación son aquellos que se emiten dentro de un procedimiento jurisdiccional, seguido ante tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que, por sus consecuencias, afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, impidiendo su libre ejercicio en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. De manera que los actos dictados dentro del procedimiento jurisdiccional, cuyos efectos sean meramente procesales o adjetivos, por definición, estarán excluidos de lo anterior, debido a que son antagónicos de los derechos sustantivos. Ahora bien, tratándose de la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia emitida por el juez de origen en la que declaró nulo todo lo actuado respecto de la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, promovida por la quejosa Ma. Dolores Ávila Sandoval frente a Ma. de la Luz Ávila Sandoval, en virtud de que la acción intentada no se ajusta a la división de una cosa común, prevista en el procedimiento sumario, ya que versa sobre nulidad de actos jurídicos, acción que se encuentra prevista en el numeral 596 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario, no se ajusta a los supuesto de procedencia del juicio de amparo biinstancial, ya que dicha determinación no implica que por sí sola afecte derechos sustantivos, pues, como se dijo con anterioridad, deben atenderse las dos condiciones previstas por el Alto Tribunal del País, esto es que se vulneren materialmente derechos y que éstos sean sustantivos tutelados por la Carta Magna. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello toda vez que las posibles violaciones en que hubiere incurrido la autoridad responsable únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, como se pondrá en evidencia a continuación. Estudio del caso concreto. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismo que hizo consistir en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el toca I-162/2020, que confirmó la determinación emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, que decretó la nulidad absoluta de todo lo actuado en el juicio sumario civil número 1027/2019, promovido por Ma. Dolores Ávila Sandoval sobre nulidad absoluta de convenio de división de cosa común, en virtud de que su tramitación se hizo en una vía incorrecta, dado que la acción intentada no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 595 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, es decir, no se ajusta a la división de una cosa común, pues la acción planteada por aquélla versa sobre la nulidad de actos jurídicos, la que se encuentra prevista en el numeral 596 de la referida codificación, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario. A fin de dar contexto al acto reclamado, se procede a realizar una breve relatoría de los antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a saber: El tres de octubre de dos mil diecinueve Ma. Dolores Ávila Sandoval entabló demanda en la vía sumaria civil sobre sobre nulidad de convenio de partición y división de cosa común, frente a Ma. de la Luz Ávila Sandoval, la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, registrándose bajo el número 1027/2019. Juicio subyacente en el que el juez primigenio, una vez agotado el procedimiento, dictó sentencia el dos de marzo de dos mil veinte, en la que se declaró nulo todo lo actuado respecto de la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, en virtud de que dicha acción no se ajusta a esa figura jurídica prevista en el procedimiento sumario, ya que versa sobre nulidad de actos jurídicos, acción que se encuentra prevista en el numeral 596 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario. La cual fue impugnada por la quejosa Ma. Dolores Ávila Sandoval, ante el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien la radicó bajo el número de toca 162/2020 y, en sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, confirmó la sentencia emitida por el resolutor de origen. Ahora, a fin de abordar el tópico respecto a si se está frente a un acto que sea de imposible reparación, de conformidad con el marco legal referido en la presente resolución, conviene hacer un análisis tanto de los efectos propios de la reposición del procedimiento, así como el efecto en el estado de cosas y personas. Efectos propios de la nulidad. En ese sentido, se tiene que el magistrado responsable, determinó que lo procedente era confirmar la resolución apelada, emitida por el juez de origen en la que declaró nulo todo lo actuado respecto de la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, promovida por Ma. Dolores Ávila Sandoval frente a Ma. de la Luz Ávila Sandoval, en virtud de que la acción intentada no se ajusta a la división de una cosa común, prevista en el procedimiento sumario, ya que versa sobre nulidad de actos jurídicos, acción que se encuentra prevista en el numeral 596 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario. En ese tenor, la consecuencia directa de la multicitada confirmación no vulnera por sí en forma directa los derechos sustantivos de la quejosa en virtud de que con ella se afectan únicamente derechos de carácter adjetivos, pues la determinación del juez de origen de declarar nulo todo lo actuado respecto de la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, promovida por Ma. Dolores Ávila Sandoval no afecta de forma directa un derecho sustantivo de ésta, como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. Por tanto, se trata de una acto que pone el juicio en un estado meramente intraprocesal, en el que de intentarse la acción en la vía procedente, se tendrá que seguir el juicio por sus cauces legales y eventualmente se dictará una sentencia, siendo hasta ese momento en que, pudiese afectarse la esfera jurídica de la quejosa, lo que únicamente constituiría una violación procesal susceptible de combatirse en el juicio de amparo directo que en su caso se llegara a plantear contra la resolución definitiva que pusiera fin a la controversia principal, en términos de los numerales 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe destacarse que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, es una cuestión que, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que la integración procesal, implica una dilación en el procedimiento en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta; en aras de un bien mayor en beneficio de los justiciables, como lo es la correcta impartición de justicia. Lo expuesto en el parágrafo que antecede encuentra sustento en la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Cabe referir que, si bien la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que sí existen casos en los que con la sola reposición del procedimiento podrían vulnerarse derechos sustantivos. Ello, tal como quedó de manifiesto en las ejecutorias de las contradicciones de tesis 311/2013 y 168/2016, donde sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede en contra de las resoluciones de tribunal de alzada que ordenen reponer el procedimiento penal respecto de: Un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, y Para el desahogo de una prueba pericial, en materia penal. Lo cierto es que en el presente asunto, no se trata de una cuestión penal que tenga como consecuencia prolongar la privación de libertad de la quejosa o, bien, que se haya ordenado el desahogo de un prueba que por sí misma pudiera ser violatoria de derechos sustantivos, tampoco se trata de un asunto en el que se estén tutelando derechos de menores, de ahí que ello no sea motivo para considerar que por los propios efectos de la reposición genere un perjuicio a la quejosa en grado que haga procedente el juicio de amparo. Estado de cosas y personas. Para realizar el análisis de este aspecto conviene traer a colación el extracto de la sentencia recurrida en la que se fijaron los parámetros de la nulidad de convenio, a saber: "(.) SEGUNDO.- Los conceptos de agravio planteados en esta alzada por Ma. Dolores Ávila Sandoval, parte actora dentro de la controversia de origen, resultaron infundados para modificar o revocar la sentencia definitiva. TERCERO.- Por lo tanto, se confirma en sus términos la resolución impugnada (...)". Como se advierte de la anterior transcripción con motivo de la confirmación de la sentencia recurrida se declaró la nulidad de todo lo actuado en los términos establecidos en el considerando segundo de la resolución del juez de origen, los cuales se basaron, como hay se precisó en que la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, promovida por la quejosa Ma. Dolores Ávila Sandoval frente a Ma. de la Luz Ávila Sandoval, no se ajusta a la división de una cosa común, prevista en el procedimiento sumario, ya que versa sobre nulidad de actos jurídicos, acción que se encuentra prevista en el numeral 596 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario, por lo que una vez sustanciada la acción en la vía correcta, se continuará con la tramitación del asunto por sus cauces correspondientes. De lo anterior, tampoco advierte que el estado en el de cosas y personas derivado de la nulidad aludida pueda causar a la quejosa daños de imposible reparación, pues sólo se declaró nulo todo lo actuado en los términos antes precisados, por lo que dicha circunstancia per se no causa una afectación directa a alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues los efectos de la nulidad sólo atañen a cuestiones procesales. Ello pues con dicha nulidad no se dejaron insubsistente pruebas que fueran de imposible desahogo posterior que pudieren dejar indefensa a la quejosa. Para mejor comprensión de los justiciables, respecto a los actos de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto, resulta pertinente acudir por identidad de razón a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, cabe decirse que dentro de la contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la jurisprudencia antes citada, el Pleno del Máximo Tribunal determinó: "Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]'. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal, resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos, por tanto, las violaciones de índole procesal deberán, en su caso, ser impugnadas en conjunto con la sentencia que ponga fin al juicio del que deriva el acto reclamado. En esa línea de pensamiento, es palpable que el acto reclamado ante esta potestad federal, no produce afectación a derechos sustantivos, pues contrario a ello, la autoridad responsable ordenó declara la nulidad de todo lo actuado en los términos establecidos en el considerando segundo, y una vez hecho ello, se continuará con la tramitación del asunto por sus causes correspondientes. En ese orden de ideas, dado que la resolución reclamada sólo trae consecuencias de carácter procesal, resulta evidente que dicho acto no puede considerarse que cause sobre la quejosa una ejecución irreparable que haga procedente el juicio de amparo indirecto; de ahí la actualización de la causa de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu. No pasa inadvertido para este juzgado federal la jurisprudencia 2a./J.87/2016, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva". La jurisprudencia antes citada establece que la impugnación en amparo indirecto de la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para el desechamiento de la demanda. Sin embargo, la jurisprudencia antes transcrita no es aplicable en el caso que nos ocupa y, por tal motivo, sí resulta factible proveer en este momento sobre el desechamiento de la demanda. Esto se explica toda vez que la jurisprudencia de mérito parte de la premisa consistente en que, al momento de proveer sobre la demanda, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa únicamente se cuenta con el escrito inicial y las constancias allegadas por el quejoso, siendo necesario contar con las constancias que derivan del juicio principal, mismas que se obtienen con la rendición de los informes justificados. Pero en el caso que nos ocupa, sí se cuenta con el informe rendido por la autoridad responsable, así como las constancias del toca de apelación I-162/2020 [de donde emana el acto reclamado], así como del juicio sumario civil 1027/2019, promovido sobre nulidad de convenio de división de cosa común, ya que la demanda de amparo fue presentada en la vía directa y, como consecuencia de ello, al turnarse la demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito [quien declinó su competencia a este juzgado] éste remitió las constancias relativas al toca de apelación que se tienen a la vista en este momento en que se provee sobre el desechamiento de la demanda. Consecuentemente, al actualizarse respecto de los actos reclamados la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, autorizando únicamente para esos efectos a los profesionistas que indica. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Tomos de prueba. Con las constancias remitidas por el magistrado responsable, se ordena formar dos tomos de pruebas, respetando su folio, sello y rúbrica, únicamente agregándole la carátula para su debida identificación. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE QUINCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD A LO ORDENADO EN DIVERSO DE VEINTISIETE DE ENERO SIGUIENTE, DICHO AUTO EXPRESA LO SIGUIENTE: Acúsese recibo del oficio 2894, del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta los autos originales del amparo directo civil 436/2020, del índice de ese tribunal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Ma. Dolores Ávila Sandoval, por propio derecho, así como del juicio sumario civil número 1027/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán y el toca I-162/2020 del índice de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia. Comunicado en el que manifiesta carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por la quejosa en comento; en esas condiciones, este juzgado asume el conocimiento del asunto; por tanto, acúsese de recibo. Regístrese en el libro de gobierno así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número VI-30/2021 Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Al respecto, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis de la misma. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos 'manifiesto' e 'indudable' a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e 'indudable' significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA'. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos 'manifiesto', significa claro, evidente y el 'indudable', a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Análisis integral e interpretación de la demanda de amparo. En principio, es conveniente precisar que de la lectura e interpretación integral de la demanda de amparo de la quejosa, se advierte que se duele de lo siguiente: La sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, por el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el toca I-162/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la quejosa Ma. Dolores Ávila Sandoval, que confirmó la determinación emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, que decretó la nulidad absoluta de todo lo actuado en el juicio sumario civil número 1027/2019, sobre nulidad absoluta de convenio de división de cosa común, en virtud de que su tramitación se hizo en la vía incorrecta, dado que la acción intentada no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 595 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, es decir, no se ajusta a la división de una cosa común, pues la acción planteada por la actora, aquí quejosa, versa sobre la nulidad de actos jurídicos, la que se encuentra prevista en el numeral 596 de la referida codificación, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En el caso, respecto al acto reclamado por la quejosa, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último ordinal interpretado en sentido contrario. En ese sentido, es importante destacar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia emitida por el juez de origen, por lo que, para resolver lo conducente respecto a la improcedencia del amparo en el caso que nos ocupa, conviene realizar un análisis sobre las disposiciones previstas en la Ley de Amparo, la Constitución, así como la interpretación que se ha realizado respecto a la improcedencia cuando se trata de actos intraprocesales que no vulneran derechos sustantivos. Marco legal. En principio, los artículos 61, fracción XXIII, así como el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, conviene precisar que la Constitución General de la República se limitó a enunciar, como uno de los supuestos de procedencia, los actos en juicio con una ejecución de imposible reparación, sin ofrecer una definición al respecto, lo cual se entiende si se parte de la premisa que la Constitución Federal establece los principios esenciales de las instituciones y que, por virtud de ello, el Constituyente Permanente deja al legislador la tarea de pormenorizar y explicar en la ley secundaria lo que debe entenderse como actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación. Debe mencionarse que a decir de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la reforma del artículo 107 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo indirecto, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando, a su vez, la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, pues constituía un obstáculo para la pronta impartición de justicia; tal como se explicó en la exposición de motivos: "Al respecto, algunos de los temas más importantes de la actual discusión pública en materia de impartición de justicia son los relativos a la expeditez, prontitud y completitud del juicio de amparo, en específico, del amparo directo, a través del cual, como se sabe, es posible ejercer un control de la regularidad, tanto constitucional como primordialmente legal, de la totalidad de las decisiones definitivas o que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales del país, sean éstos federales o locales. "En este contexto, un tema recurrente que se ha venido debatiendo en los últimos años es el relativo a la necesidad de brindar una mayor concentración al juicio de amparo directo. "La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias." Por tanto, resulta claro que una de las motivaciones de la reforma constitucional fue la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo y si, además, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, entonces, la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto; de tal suerte que, sólo de manera excepcional, se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en una sola ejecutoria se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Conforme a lo anterior el Pleno la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Conforme a lo explicado, los actos en juicio con efectos de imposible reparación son aquellos que se emiten dentro de un procedimiento jurisdiccional, seguido ante tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, y que, por sus consecuencias, afectan materialmente derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, impidiendo su libre ejercicio en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. De manera que los actos dictados dentro del procedimiento jurisdiccional, cuyos efectos sean meramente procesales o adjetivos, por definición, estarán excluidos de lo anterior, debido a que son antagónicos de los derechos sustantivos. Ahora bien, tratándose de la resolución de segunda instancia que confirmó la sentencia emitida por el juez de origen en la que declaró nulo todo lo actuado respecto de la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, promovida por la quejosa Ma. Dolores Ávila Sandoval frente a Ma. de la Luz Ávila Sandoval, en virtud de que la acción intentada no se ajusta a la división de una cosa común, prevista en el procedimiento sumario, ya que versa sobre nulidad de actos jurídicos, acción que se encuentra prevista en el numeral 596 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario, no se ajusta a los supuesto de procedencia del juicio de amparo biinstancial, ya que dicha determinación no implica que por sí sola afecte derechos sustantivos, pues, como se dijo con anterioridad, deben atenderse las dos condiciones previstas por el Alto Tribunal del País, esto es que se vulneren materialmente derechos y que éstos sean sustantivos tutelados por la Carta Magna. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello toda vez que las posibles violaciones en que hubiere incurrido la autoridad responsable únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, como se pondrá en evidencia a continuación. Estudio del caso concreto. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el acto del Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mismo que hizo consistir en la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, en el toca I-162/2020, que confirmó la determinación emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, que decretó la nulidad absoluta de todo lo actuado en el juicio sumario civil número 1027/2019, promovido por Ma. Dolores Ávila Sandoval sobre nulidad absoluta de convenio de división de cosa común, en virtud de que su tramitación se hizo en una vía incorrecta, dado que la acción intentada no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 595 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, es decir, no se ajusta a la división de una cosa común, pues la acción planteada por aquélla versa sobre la nulidad de actos jurídicos, la que se encuentra prevista en el numeral 596 de la referida codificación, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario. A fin de dar contexto al acto reclamado, se procede a realizar una breve relatoría de los antecedentes que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a saber: El tres de octubre de dos mil diecinueve Ma. Dolores Ávila Sandoval entabló demanda en la vía sumaria civil sobre sobre nulidad de convenio de partición y división de cosa común, frente a Ma. de la Luz Ávila Sandoval, la cual por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Ciudad Hidalgo, Michoacán, registrándose bajo el número 1027/2019. Juicio subyacente en el que el juez primigenio, una vez agotado el procedimiento, dictó sentencia el dos de marzo de dos mil veinte, en la que se declaró nulo todo lo actuado respecto de la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, en virtud de que dicha acción no se ajusta a esa figura jurídica prevista en el procedimiento sumario, ya que versa sobre nulidad de actos jurídicos, acción que se encuentra prevista en el numeral 596 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario. La cual fue impugnada por la quejosa Ma. Dolores Ávila Sandoval, ante el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien la radicó bajo el número de toca 162/2020 y, en sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, confirmó la sentencia emitida por el resolutor de origen. Ahora, a fin de abordar el tópico respecto a si se está frente a un acto que sea de imposible reparación, de conformidad con el marco legal referido en la presente resolución, conviene hacer un análisis tanto de los efectos propios de la reposición del procedimiento, así como el efecto en el estado de cosas y personas. Efectos propios de la nulidad. En ese sentido, se tiene que el magistrado responsable, determinó que lo procedente era confirmar la resolución apelada, emitida por el juez de origen en la que declaró nulo todo lo actuado respecto de la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, promovida por Ma. Dolores Ávila Sandoval frente a Ma. de la Luz Ávila Sandoval, en virtud de que la acción intentada no se ajusta a la división de una cosa común, prevista en el procedimiento sumario, ya que versa sobre nulidad de actos jurídicos, acción que se encuentra prevista en el numeral 596 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario. En ese tenor, la consecuencia directa de la multicitada confirmación no vulnera por sí en forma directa los derechos sustantivos de la quejosa en virtud de que con ella se afectan únicamente derechos de carácter adjetivos, pues la determinación del juez de origen de declarar nulo todo lo actuado respecto de la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, promovida por Ma. Dolores Ávila Sandoval no afecta de forma directa un derecho sustantivo de ésta, como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. Por tanto, se trata de una acto que pone el juicio en un estado meramente intraprocesal, en el que de intentarse la acción en la vía procedente, se tendrá que seguir el juicio por sus cauces legales y eventualmente se dictará una sentencia, siendo hasta ese momento en que, pudiese afectarse la esfera jurídica de la quejosa, lo que únicamente constituiría una violación procesal susceptible de combatirse en el juicio de amparo directo que en su caso se llegara a plantear contra la resolución definitiva que pusiera fin a la controversia principal, en términos de los numerales 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe destacarse que el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, es una cuestión que, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que la integración procesal, implica una dilación en el procedimiento en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta; en aras de un bien mayor en beneficio de los justiciables, como lo es la correcta impartición de justicia. Lo expuesto en el parágrafo que antecede encuentra sustento en la idea jurídica contenida en la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del literal siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta". Cabe referir que, si bien la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que sí existen casos en los que con la sola reposición del procedimiento podrían vulnerarse derechos sustantivos. Ello, tal como quedó de manifiesto en las ejecutorias de las contradicciones de tesis 311/2013 y 168/2016, donde sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede en contra de las resoluciones de tribunal de alzada que ordenen reponer el procedimiento penal respecto de: Un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, y Para el desahogo de una prueba pericial, en materia penal. Lo cierto es que en el presente asunto, no se trata de una cuestión penal que tenga como consecuencia prolongar la privación de libertad de la quejosa o, bien, que se haya ordenado el desahogo de un prueba que por sí misma pudiera ser violatoria de derechos sustantivos, tampoco se trata de un asunto en el que se estén tutelando derechos de menores, de ahí que ello no sea motivo para considerar que por los propios efectos de la reposición genere un perjuicio a la quejosa en grado que haga procedente el juicio de amparo. Estado de cosas y personas. Para realizar el análisis de este aspecto conviene traer a colación el extracto de la sentencia recurrida en la que se fijaron los parámetros de la nulidad de convenio, a saber: "(.) SEGUNDO.- Los conceptos de agravio planteados en esta alzada por Ma. Dolores Ávila Sandoval, parte actora dentro de la controversia de origen, resultaron infundados para modificar o revocar la sentencia definitiva. TERCERO.- Por lo tanto, se confirma en sus términos la resolución impugnada (...)". Como se advierte de la anterior transcripción con motivo de la confirmación de la sentencia recurrida se declaró la nulidad de todo lo actuado en los términos establecidos en el considerando segundo de la resolución del juez de origen, los cuales se basaron, como hay se precisó en que la acción ejercitada sobre nulidad absoluta de cláusula de convenio de división de cosa común, promovida por la quejosa Ma. Dolores Ávila Sandoval frente a Ma. de la Luz Ávila Sandoval, no se ajusta a la división de una cosa común, prevista en el procedimiento sumario, ya que versa sobre nulidad de actos jurídicos, acción que se encuentra prevista en el numeral 596 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, como una cuestión que debe ser abordada dentro de juicio ordinario, por lo que una vez sustanciada la acción en la vía correcta, se continuará con la tramitación del asunto por sus cauces correspondientes. De lo anterior, tampoco advierte que el estado en el de cosas y personas derivado de la nulidad aludida pueda causar a la quejosa daños de imposible reparación, pues sólo se declaró nulo todo lo actuado en los términos antes precisados, por lo que dicha circunstancia per se no causa una afectación directa a alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues los efectos de la nulidad sólo atañen a cuestiones procesales. Ello pues con dicha nulidad no se dejaron insubsistente pruebas que fueran de imposible desahogo posterior que pudieren dejar indefensa a la quejosa. Para mejor comprensión de los justiciables, respecto a los actos de ejecución irreparable para efectos del juicio de amparo indirecto, resulta pertinente acudir por identidad de razón a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;'; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, cabe decirse que dentro de la contradicción de tesis 377/2013, de la cual derivó la jurisprudencia antes citada, el Pleno del Máximo Tribunal determinó: "Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: 'Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [...] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]'. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En ese sentido, de la interpretación realizada por el Pleno del Alto Tribunal, resulta inconcuso que, conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de imposible reparación contra los cuales es procedente el juicio constitucional en la vía indirecta son aquellos cuyos efectos violan materialmente derechos sustantivos, por tanto, las violaciones de índole procesal deberán, en su caso, ser impugnadas en conjunto con la sentencia que ponga fin al juicio del que deriva el acto reclamado. En esa línea de pensamiento, es palpable que el acto reclamado ante esta potestad federal, no produce afectación a derechos sustantivos, pues contrario a ello, la autoridad responsable ordenó declara la nulidad de todo lo actuado en los términos establecidos en el considerando segundo, y una vez hecho ello, se continuará con la tramitación del asunto por sus causes correspondientes. En ese orden de ideas, dado que la resolución reclamada sólo trae consecuencias de carácter procesal, resulta evidente que dicho acto no puede considerarse que cause sobre la quejosa una ejecución irreparable que haga procedente el juicio de amparo indirecto; de ahí la actualización de la causa de improcedencia a que alude la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado este último a contrario sensu. No pasa inadvertido para este juzgado federal la jurisprudencia 2a./J.87/2016, de rubro y texto siguientes: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva". La jurisprudencia antes citada establece que la impugnación en amparo indirecto de la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia para el desechamiento de la demanda. Sin embargo, la jurisprudencia antes transcrita no es aplicable en el caso que nos ocupa y, por tal motivo, sí resulta factible proveer en este momento sobre el desechamiento de la demanda. Esto se explica toda vez que la jurisprudencia de mérito parte de la premisa consistente en que, al momento de proveer sobre la demanda, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa únicamente se cuenta con el escrito inicial y las constancias allegadas por el quejoso, siendo necesario contar con las constancias que derivan del juicio principal, mismas que se obtienen con la rendición de los informes justificados. Pero en el caso que nos ocupa, sí se cuenta con el informe rendido por la autoridad responsable, así como las constancias del toca de apelación I-162/2020 [de donde emana el acto reclamado], así como del juicio sumario civil 1027/2019, promovido sobre nulidad de convenio de división de cosa común, ya que la demanda de amparo fue presentada en la vía directa y, como consecuencia de ello, al turnarse la demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito [quien declinó su competencia a este juzgado] éste remitió las constancias relativas al toca de apelación que se tienen a la vista en este momento en que se provee sobre el desechamiento de la demanda. Consecuentemente, al actualizarse respecto de los actos reclamados la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Novena Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, autorizando únicamente para esos efectos a los profesionistas que indica. De ser necesario, se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Tomos de prueba. Con las constancias remitidas por el magistrado responsable, se ordena formar dos tomos de pruebas, respetando su folio, sello y rúbrica, únicamente agregándole la carátula para su debida identificación. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y anotaciones en el Sistema Integral de Expedientes (S.I.S.E.); asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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