Ma. Dolores Ruiz Morales

Expediente 949/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
949/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Ma. Dolores Ruiz Morales
  • Junta Especial Número Tres de la Local Conciliación Y Arbitraje En el Estado, Ciudad
  • Organismo Publico Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Se ordena el archivo del cuaderno

  2. Principal

    Se declara ejecutoriada la sentencia y se ordena el archivo del expediente

  3. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar el escrito de cuenta firmado por la tercero interesada y como lo solicita, de acuerdo con lo establecido por los preceptos 35, 36, 37 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza al usuario liligarcia para que tenga acceso al expediente electrónico únicamente en este expediente, no así respecto de los recursos o incidentes que pudieran derivar de éste, en cuyo caso deberán solicitar en cada uno de ellos la autorización respectiva.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 949/2022. S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 949/2022; promovido por el licenciado Jorge Luis Hernández Ochoa, en su carácter de apoderado legal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, contra los actos que reclama de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, Resultando: Primero. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y turnado a este juzgado, el licenciado Jorge Luis Hernández Ochoa, en su carácter de apoderado legal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "Lo es la Resolución Interlocutoria del Incidente de Liquidación de techa 20 de Abril del 2022, dictado dentro del expediente laboral número 115/E03/2015 que lleva y controla la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, donde mi representado es parte demandada." Segundo. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 949/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que la autoridad responsable, así como la parte demandada, aquí quejosa tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Además, la resolución incidental reclamada, carece de ejecución. A contrario sensu, se cita el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2299, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE." Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución incidental de liquidación de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente laboral número 115/E03/2015. Cuarto. (existencia del acto reclamado). El Presidente de la Junta responsable, al rendir su informe acepta la existencia del acto que se le reclama. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que literalmente dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la junta responsable al rendir su informe justificado solicita que se sobresea en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; (.)" Sin embargo, el motivo que esgrime la responsable en los términos expuestos, es insuficiente para conducir al sobreseimiento en el juicio cuya resolución nos ocupa, ya que dicha autoridad se limita a aceptar la existencia del acto reclamado, afirmando que la resolución reclamada fue dictada conforme a derecho, sin que se le hayan violado los derechos a la parte quejosa, razón por la cual solicita el sobreseimiento invocando la citada causal de improcedencia. Además, el acto reclamado lo constituye una resolución incidental emitida dentro de un juicio laboral y no por elTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, no justificó en autos que se hubiese pronunciado un acto posterior que hubiese dejado sin efectos la resolución reclamada que en esta vía se combate; de tal suerte que, no se le ha restituido al quejoso en el goce de la garantía, que dice, le fue violada. Po consiguiente, es indudable que no se actualiza la citada causa de improcedencia. Además, la procedencia del presente juicio, se estima actualizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, de los que se obtiene que es dable intentar el juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste, y que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiéndose reclamar las violaciones que se hubieren cometido en él. En el caso concreto, se reclama la resolución incidental de liquidación de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente laboral número 115/E03/2015. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 67/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: II, Agosto de 2000, Página: 215, que dice al rubro dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. COMO LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O EL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE INTENTAR EL AMPARO INDIRECTO." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 6/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: VII, Febrero de 1998, Página: 60, cuyo rubro señala: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." Sexto. Análisis sistemático de los conceptos de violación. Al no existir alguna causa de improcedencia que obligue al sobreseimiento en el presente juicio de garantías, procede a analizar los conceptos de violación externados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en atención a que el artículo 74 de la Ley de Amparo, no ordena que deban transcribirse en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Mayo de 2010, Novena Época, que al rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, los que se examinarán conforme al principio de estricto derecho, dado que quien comparece a instar el amparo y protección de la Justicia Federal, es la parte patronal en el juicio laboral de origen, lo que no implica la suplencia de la queja a su favor. Razón por la cual, al no formar parte de los conceptos de violación, lo determinado por la junta responsable en la resolución reclamada, en la parte en que precisa: "Ahora bien, en virtud de que esta Junta advierte que las condenas líquidas establecidas en el Laudo de fecha 23 de enero del 2018, a la fecha no le han sido cubiertas a la parte actora, por lo que en el presente caso, corresponde agregarlas al Total obtenido con anterioridad, y lo son:- La cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales correspondiente al año 2014.- La cantidad de $1,594.08 por concepto de vacaciones.- La cantidad de $398.52 por el concepto de prima vacacional.- La cantidad de $1,494.45 por concepto de aguinaldo.- La cantidad de $1,000.00 por concepto de bono del trabajador de salud.- La cantidad de $1,800.00 por concepto de ayuda de servicios.- La cantidad de $3,996.51 por concepto de días festivos; por lo que sumadas dichas cantidades nos arroja un total de $46,151.56 pesos, cantidad que añadida a la anteriormente obtenida, nos da un GRAN TOTAL de $438,232.52 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.), cantidad a la que se condena a la demandada O.P.D. SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS, a pagar a la C. MA. DOLORES RUIZ MORALES.- Lo anterior, a verdad sabida y buena fe guardada, cuantificando el monto de la condena conforme al Laudo de fecha 23 de enero del 2018, para efectos de establecer el crédito laboral de la actora, conforme al puesto y código de la trabajadora ENFERMERA GENERAL TITULADA "A ", CÓDIGO:- M02035 y toda vez que en los autos del controvertido no obra constancia alguna donde conste que a la actora se le esté cubriendo su salario conforme al puesto y código de referencia, luego entonces, se tomó en consideración la condena impuesta en el laudo de referencia de acuerdo al puesto y código desempeñado." No se analizan dichas consideraciones, dado que, tal como se expuso, quien comparece a instar el amparo y protección de la Justicia Federal, es la parte patronal en el juicio laboral de origen, lo que no implica la suplencia de la queja a su favor. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." Ahora bien, con la finalidad de precisar lo anterior, se procede al análisis de las constancias vinculadas con el acto reclamado, que adjuntó la autoridad responsable como apoyo a su informe, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, de las que se advierte lo siguiente: 1.- El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la junta responsable dictó laudo dentro de los autos del expediente laboral 115/03/2015, en la que condenó a la parte demandada: "CUARTO: Se CONDENA al O.P.D. SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS al pago a favor de la parte actora C. MARIA DOLORES RUIZ MORALES de las siguientes prestaciones: se le otorgue la recodificación que corresponde al puesto Enfermera General Titulada A identificada en el tabulador de sueldos con el código M02035, pago de la diferencia salarial correspondiente al año 2014 por la cantidad de $35,868.00; el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante tramitación del presente juicio en relación al código M02035 Enfermera General Titulada "A"; 16 días de vacaciones la cantidad $1,594.08 y por el 25% de la prima vacacional da la cantidad de $398.52 y por concepto de aguinaldo 15 días de salario le corresponde la cantidad de $1,494.45, por la anterior condena en cuanto hace al último año laborado; bono del trabajador de la salud la cantidad de $1,000.00; ayuda de servicios $1,800.00 pesos; días festivos $3,996.51; reconocimiento e inscripción y pago de cuotas a partir del 16 de marzo de 2004 más la antigüedad que se siga generando durante la tramitación del presente juicio, la inscripción y pago ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) en la forma correcta, debiéndose tomar en cuenta que la parte actora se desempeña con el código MO2035 desempeñando funciones de Enfermera General Titulada "A" con un salario tabular mensual de $17,128.00 pesos, reconociéndole su antigüedad generada a partir del 16 de marzo del 2004, previo incidente que se substancié con la intervención de las partes." Esto es, en el laudo se condenó a la parte demandada al pago de las siguientes prestaciones: LAUDO EN LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE DETERMINÓ: se le otorgue la recodificación que corresponde al puesto Enfermera General Titulada A identificada en el tabulador de sueldos con el código M02035 pago de la diferencia salarial correspondiente al año 2014 por la cantidad de $35,868.00 el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante tramitación del presente juicio en relación al código M02035 Enfermera General Titulada "A" Al respecto, dentro del considerando CUARTO (foja 30 del laudo), la autoridad responsable consideró: "Considerándose procedente condenar al demandado de referencia al pago de la cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales que le correspondan a la trabajadora correspondiente al año 2014, al advertirse una diferencia entre la cantidad que se le cubrió de $14,139.00 mensuales cuando le debieron cubrir $17,128.00, existiendo una diferencia de $2.989.00, todo ello relacionado al año 2014, y en relación a los reclamos anteriores al 30 de marzo de 2014, al resultar procedente la excepción de prescripción respecto al periodo reclamado por la parte actora de diferencias salariales, es decir del año 2004 al 2013, por haberle prescrito el derecho a reclamar el pago de las diferencias de ese periodo a la parte actora, por lo tanto, únicamente resulta procedente condenar al demandado las diferencias salariales del año 2014 resultando la cantidad de $35,868.00. De igual forma se considera procedente el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio en relación al código M02035 correspondiente a la categoría de Enfermera General Titulada "A", (11), para lo cual deberá substanciarse el incidente de liquidación con intervención de las partes." Una vez que llevó a cabo las operaciones matemáticas, resolvió: "POR LO QUE SUMADAS LAS CANTIDADES ANTERIORES, SE OBTIENE EL GRAN TOTAL DE $392,080.96 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 96/100 M.N), salvo error u omisión aritmética, por las diferencias salariales del periodo comprendido del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2020 y atendiendo al laudo de fecha 23 de enero del 2018." Asimismo, en la resolución reclamada precisó: "Ahora bien, en virtud de que esta Junta advierte que las condenas líquidas establecidas en el Laudo de fecha 23 de enero del 2018, a la fecha no le han sido cubiertas a la parte actora, por lo que en el presente caso, corresponde agregarlas al Total obtenido con anterioridad, y lo son:- La cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales correspondiente al año 2014.- La cantidad de $1,594.08 por concepto de vacaciones.- La cantidad de $398.52 por el concepto de prima vacacional.- La cantidad de $1,494.45 por concepto de aguinaldo.- La cantidad de $1,000.00 por concepto de bono del trabajador de salud.- La cantidad de $1,800.00 por concepto de ayuda de servicios.- La cantidad de $3,996.51 por concepto de días festivos; por lo que sumadas dichas cantidades nos arroja un total de $46,151.56 pesos, cantidad que añadida a la anteriormente obtenida, nos da un GRAN TOTAL de $438,232.52 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.), cantidad a la que se condena a la demandada O.P.D. SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS, a pagar a la C. MA. DOLORES RUIZ MORALES.- Lo anterior, a verdad sabida y buena fe guardada, cuantificando el monto de la condena conforme al Laudo de fecha 23 de enero del 2018, para efectos de establecer el crédito laboral de la actora, conforme al puesto y código de la trabajadora ENFERMERA GENERAL TITULADA "A ", CÓDIGO:- M02035 y toda vez que en los autos del controvertido no obra constancia alguna donde conste que a la actora se le esté cubriendo su salario conforme al puesto y código de referencia, luego entonces, se tomó en consideración la condena impuesta en el laudo de referencia de acuerdo al puesto y código desempeñado." 16 días de vacaciones la cantidad $1,594.08 por el 25% de la prima vacacional da la cantidad de $398.52 por concepto de aguinaldo 15 días de salario le corresponde la cantidad de $1,494.45, por la anterior condena en cuanto hace al último año laborado bono del trabajador de la salud la cantidad de $1,000.00 "CUARTO:- Ahora bien, procederemos al análisis únicamente respecto de la condena de diferencias salariales; Toda vez que si bien es cierto que en el laudo se condenó al pago del bono del trabajador de salud, más los que se sigan generando durante la tramitación del juicio, también lo es que el organismo demandado acredita que otorgó puntualmente el pago de dicho concepto, ." ayuda de servicios $1,800.00 pesos días festivos $3,996.51 reconocimiento e inscripción y pago de cuotas a partir del 16 de marzo de 2004 más la antigüedad que se siga generando durante la tramitación del presente juicio la inscripción y pago ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) en la forma correcta, debiéndose tomar en cuenta que la parte actora se desempeña con el código MO2035 desempeñando funciones de Enfermera General Titulada "A" con un salario tabular mensual de $17,128.00 pesos, reconociéndole su antigüedad generada a partir del 16 de marzo del 2004 Como ya se expuso, son infundados los conceptos de violación externados por la parte quejosa, ya que contrario a lo que afirma, la autoridad responsable actuó legalmente al cuantificar las diferencias salariales por el período comprendido del uno de enero de dos mil quince al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, ya que en el considerando CUARTO (foja 30 del laudo), la autoridad responsable consideró: "Considerándose procedente condenar al demandado de referencia al pago de la cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales que le correspondan a la trabajadora correspondiente al año 2014, al advertirse una diferencia entre la cantidad que se le cubrió de $14,139.00 mensuales cuando le debieron cubrir $17,128.00, existiendo una diferencia de $2.989.00, todo ello relacionado al año 2014, y en relación a los reclamos anteriores al 30 de marzo de 2014, al resultar procedente la excepción de prescripción respecto al periodo reclamado por la parte actora de diferencias salariales, es decir del año 2004 al 2013, por haberle prescrito el derecho a reclamar el pago de las diferencias de ese periodo a la parte actora, por lo tanto, únicamente resulta procedente condenar al demandado las diferencias salariales del año 2014 resultando la cantidad de $35,868.00. De igual forma se considera procedente el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio en relación al código M02035 correspondiente a la categoría de Enfermera General Titulada "A", (11), para lo cual deberá substanciarse el incidente de liquidación con intervención de las partes." De tal suerte que, si la autoridad responsable determinó: condenar al demandado las diferencias salariales del año 2014 resultando la cantidad de $35,868.00..", para posteriormente, considerar ". procedente el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio en relación al código M02035 correspondiente a la categoría de Enfermera General Titulada "A", (11), para lo cual deberá substanciarse el incidente de liquidación con intervención de las partes."; es indudable que el período a cuantificar era el comprendido a partir del uno de enero de dos mil quince y no como lo plantea el quejoso en su demanda de amparo, pues constituye cosa juzgada lo resuelto en el laudo condenatorio. Esto es, las diferencias salariales del año dos mil catorce, ya fueron determinadas en el laudo de referencia. Por otro lado, también son infundados los conceptos de violación vertidos por el solicitante del amparo, respecto de la valoración de las pruebas que ofreció en su escrito de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que formuló su planilla de liquidación y ofreció diversas pruebas, vinculadas con las diferencias salariales, respecto de las cuales, era materia de la Litis incidental, ya que la autoridad responsable al resolver sobre el incidente planteado por la parte actora determinó: ". Sin embargo, analizadas pormenorizadamente las actuaciones del controvertido, se advierte que el laudo de fecha 23 de enero del 2018 el que se localiza a fojas (642-663), quedo firme en su totalidad, sin excesos ni defectos o imposibilidad para su cumplimiento; Por lo que tenemos que de los TABULADORES DE SUELDOS, se aprecia la categoría de la actora, con el puesto y código de ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"; tomando en cuenta el salario que se desprende de la columna correspondiente a la zona económica II, ya que la actora laboraba para el organismo demandado en el Centro de Salud de la Colonia Amalia G. de Castillo León de esta Ciudad, como se desprende del laudo visto a foja 642-663; lo anterior, se corrobora con el CATALOGO DE ZONAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, el cual se encuentran divididas las Ciudades por Zonas Económicas, lo que constituye un HECHO CONOCIDO por esta Autoridad, del que se aprecia un recuadro que establece en sus columnas lo siguiente: el CÓDIGO, LA ENTIDAD FEDERATIVA, de la que se desprende el Estado de TAMAULIPAS, la clave B, que corresponde a los MUNICIPIOS, y dos columnas más respecto a la ZONA ECONOMICA II, de la cual se desprenden los municipios siguientes: (.) 041 Victoria; por lo anterior ciertamente le corresponde el monto relativo a la zona económica II, correspondiente al municipio 041 victoria, ya que la actora laboraba para el organismo demandado en domicilio ubicado en esta Ciudad, razón por la cual se tomara en cuenta el monto que se desprende de la columna correspondiente a la zona económica II, lo anterior por las causas y motivos ya expuestos con anterioridad; . (.) Por lo anterior, en el presente caso, esta autoridad laboral considera desestimar la planilla de liquidación ofrecida por la parte actora, toda vez que no está ajustada a derecho, ya que si bien es cierto que la misma no detalla las operaciones aritméticas que utilizó para obtener el resultado de la condena de los conceptos que señala en su planilla, también lo es que no señala de donde obtuvo el monto de salario tabular que señala en su planilla ya que analizados los tabuladores de salarios de la Secretaria de Salud, tanto en la zona II como en la zona III, no se desprende salario alguno de tos que señala la parte actora en su escrito; Por lo que el monto que se tomara en consideración es el relativo a la zona económica II, correspondiente al municipio 041 victoria; por desprenderse así del CATALOGO DE ZONAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, el cual se encuentran y divididas las Ciudades por Zonas Económicas, lo que constituye un HECHO CONOCIDO por esta Autoridad.- Ahora bien, se estima en parte procedente la planilla de liquidación ofrecida por la parte demandada, quienes no obstante que justifican que el sueldo que manifiestan en su cuantificación, es el que le corresponde en el presente caso a la trabajadora, ya que cuantifican las diversas prestaciones con el sueldo correspondiente a la zona económica II, que comprende el municipio 041 victoria, toda vez que la actora prestaba servicios para el organismo demandado, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tomando en consideración los incrementos salariales como se desprende de los Tabuladores de sueldos de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así como el periodo a calcular, sin embargo las operaciones aritméticas que utilizó no son las correctas al momento de hacer su cuantificación correspondiente, de ahí que solo se estime procedente en parte la planilla de liquidación ofrecida por la parte demandada; por lo que el monto que se tomara en consideración es el relativo a la zona económica 11, correspondiente al municipio 041 victoria; por lo tanto, será dicho monto el que se tomará en cuenta para efectos de determinar el salario mensual que debe percibir con incrementos salariales y con el cual se realizará el cálculo de las diferencias salariales." De ahí que, al haber tomado en consideración el laudo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, para realizar la cuantificación, materia de la Litis incidental, así como los tabuladores de sueldos, y el catálogo de zonas económicas del Gobierno Federal, para realizar la cuantificación de las diferencias salariales a que fue condenada la parte demandada en el citado laudo, resulte infundado dicho concepto, pues como puede advertirse, si analizó dichas probanzas y se apoyó en las mismas para llevar a cabo la citada cuantificación. Del mismo modo, la autoridad responsable en su resolución precisó: "Para emitir la presente resolución, ésta Autoridad tomara en cuenta en lo que les beneficie a cada oferente, las pruebas ofrecidas por las partes que consisten en la INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, así como la DOCUMENTAL consistente en DOCUMENTAL consistente (sic) en Tabuladores de sueldos de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 los cuales se encuentran visibles en la página de internet http:/www.sistemas.dgrh.salud.gob.mx: DOCUMENTAL, consistente en 155 recibos de comprobantes de percepciones y deducciones del periodo del 01 de abril del 2015 al 31 . de diciembre del 2020.- DOCUMENTALES, consistentes en Copia del Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha 14 de febrero de 2018; Copia Certificada por la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia del O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, signada por el Director quien tiene la facultad de conformidad con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de 14 de febrero de 2018, de 44 listados de nómina del periodo comprendido del 16 de enero al 31 de enero de 2018, del 01 de abril al 30 de septiembre de 2018 y del 16 de octubre al 31 de diciembre del de 2018 y del pago retroactivo del incremento salarial del periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2018 y del 01 de mayo al 30 de junio de 2018 y del periodo 01 de enero al 15 de noviembre del 2019 y del 01 al 15 de diciembre de 2019, pago retroactivo del incremento salarial del periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2019 y pago del bono del trabajador de la salud del año 2019.- DOCUMENTAL, consistente en Catálogo de zonas económicas del Gobierno Federal vigente a partir del 1 de enero del 2011 con numero de oficio 307-A-0744 de fecha 24 de febrero de 2011; ." Lo que se corrobora con lo expuesto por la responsable en la resolución reclamada en la que, para cuantificar las diferencias salariales, analizó el tabulador ofrecido como prueba la parte quejosa, pues precisó el salario que le correspondía a la parte actora, en forma similar en que lo citó la demandada en su escrito en el que formuló su planilla. Al respecto, la autoridad responsable consideró (parte final del último párrafo de la foja 12 de la resolución incidental de liquidación): "Por lo que del tabulador de sueldos con vigencia del 01 de mayo del año 2015 le corresponde un salario de $17,705.00; Tabulador de salarios con vigencia del año 2016 le corresponde un salario de $18,254.00; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del 2017 le corresponde un salario de $18,805.00; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del año 2018 le corresponde un salario de $19,441.00; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del año 2019 le corresponde un salario de $20,092.28; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del 2020 le corresponde un salario de $21,008.08 cuantificación que se realizan a continuación:- ." Además, cabe señalar que en el laudo, únicamente se ordenó la apertura del incidente de liquidación para cuantificar el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante tramitación del juicio en relación al código M02035 Enfermera General Titulada "A", ya que por cuanto hace a las demás prestaciones, así como respecto del pago de las diferencias salariales correspondientes al año dos mil catorce, fueron cuantificadas en el laudo condenatorio, por tanto, dichas prestaciones, ya no podían ser materia de prueba en el citado incidente. Por consiguiente, al no estar demostradas las violaciones alegadas, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, por conducto de su apoderado legal, licenciado Jorge Luis Hernández Ochoa, contra la autoridad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy dos de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. Razón. En esta fecha se generó el oficio a la autoridad correspondiente. Conste. JUICIO DE AMPARO 949/2022. S E N T E N C I A Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 949/2022; promovido por el licenciado Jorge Luis Hernández Ochoa, en su carácter de apoderado legal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, contra los actos que reclama de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, Resultando: Primero. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y turnado a este juzgado, el licenciado Jorge Luis Hernández Ochoa, en su carácter de apoderado legal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "Lo es la Resolución Interlocutoria del Incidente de Liquidación de techa 20 de Abril del 2022, dictado dentro del expediente laboral número 115/E03/2015 que lleva y controla la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, donde mi representado es parte demandada." Segundo. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 949/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que la autoridad responsable, así como la parte demandada, aquí quejosa tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Además, la resolución incidental reclamada, carece de ejecución. A contrario sensu, se cita el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2299, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE." Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución incidental de liquidación de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente laboral número 115/E03/2015. Cuarto. (existencia del acto reclamado). El Presidente de la Junta responsable, al rendir su informe acepta la existencia del acto que se le reclama. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que literalmente dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la junta responsable al rendir su informe justificado solicita que se sobresea en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; (.)" Sin embargo, el motivo que esgrime la responsable en los términos expuestos, es insuficiente para conducir al sobreseimiento en el juicio cuya resolución nos ocupa, ya que dicha autoridad se limita a aceptar la existencia del acto reclamado, afirmando que la resolución reclamada fue dictada conforme a derecho, sin que se le hayan violado los derechos a la parte quejosa, razón por la cual solicita el sobreseimiento invocando la citada causal de improcedencia. Además, el acto reclamado lo constituye una resolución incidental emitida dentro de un juicio laboral y no por elTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, no justificó en autos que se hubiese pronunciado un acto posterior que hubiese dejado sin efectos la resolución reclamada que en esta vía se combate; de tal suerte que, no se le ha restituido al quejoso en el goce de la garantía, que dice, le fue violada. Po consiguiente, es indudable que no se actualiza la citada causa de improcedencia. Además, la procedencia del presente juicio, se estima actualizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, de los que se obtiene que es dable intentar el juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste, y que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiéndose reclamar las violaciones que se hubieren cometido en él. En el caso concreto, se reclama la resolución incidental de liquidación de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente laboral número 115/E03/2015. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 67/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: II, Agosto de 2000, Página: 215, que dice al rubro dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. COMO LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O EL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE INTENTAR EL AMPARO INDIRECTO." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 6/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: VII, Febrero de 1998, Página: 60, cuyo rubro señala: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." Sexto. Análisis sistemático de los conceptos de violación. Al no existir alguna causa de improcedencia que obligue al sobreseimiento en el presente juicio de garantías, procede a analizar los conceptos de violación externados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en atención a que el artículo 74 de la Ley de Amparo, no ordena que deban transcribirse en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Mayo de 2010, Novena Época, que al rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, los que se examinarán conforme al principio de estricto derecho, dado que quien comparece a instar el amparo y protección de la Justicia Federal, es la parte patronal en el juicio laboral de origen, lo que no implica la suplencia de la queja a su favor. Razón por la cual, al no formar parte de los conceptos de violación, lo determinado por la junta responsable en la resolución reclamada, en la parte en que precisa: "Ahora bien, en virtud de que esta Junta advierte que las condenas líquidas establecidas en el Laudo de fecha 23 de enero del 2018, a la fecha no le han sido cubiertas a la parte actora, por lo que en el presente caso, corresponde agregarlas al Total obtenido con anterioridad, y lo son:- La cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales correspondiente al año 2014.- La cantidad de $1,594.08 por concepto de vacaciones.- La cantidad de $398.52 por el concepto de prima vacacional.- La cantidad de $1,494.45 por concepto de aguinaldo.- La cantidad de $1,000.00 por concepto de bono del trabajador de salud.- La cantidad de $1,800.00 por concepto de ayuda de servicios.- La cantidad de $3,996.51 por concepto de días festivos; por lo que sumadas dichas cantidades nos arroja un total de $46,151.56 pesos, cantidad que añadida a la anteriormente obtenida, nos da un GRAN TOTAL de $438,232.52 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.), cantidad a la que se condena a la demandada O.P.D. SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS, a pagar a la C. MA. DOLORES RUIZ MORALES.- Lo anterior, a verdad sabida y buena fe guardada, cuantificando el monto de la condena conforme al Laudo de fecha 23 de enero del 2018, para efectos de establecer el crédito laboral de la actora, conforme al puesto y código de la trabajadora ENFERMERA GENERAL TITULADA "A ", CÓDIGO:- M02035 y toda vez que en los autos del controvertido no obra constancia alguna donde conste que a la actora se le esté cubriendo su salario conforme al puesto y código de referencia, luego entonces, se tomó en consideración la condena impuesta en el laudo de referencia de acuerdo al puesto y código desempeñado." No se analizan dichas consideraciones, dado que, tal como se expuso, quien comparece a instar el amparo y protección de la Justicia Federal, es la parte patronal en el juicio laboral de origen, lo que no implica la suplencia de la queja a su favor. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." Ahora bien, con la finalidad de precisar lo anterior, se procede al análisis de las constancias vinculadas con el acto reclamado, que adjuntó la autoridad responsable como apoyo a su informe, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, de las que se advierte lo siguiente: 1.- El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la junta responsable dictó laudo dentro de los autos del expediente laboral 115/03/2015, en la que condenó a la parte demandada: "CUARTO: Se CONDENA al O.P.D. SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS al pago a favor de la parte actora C. MARIA DOLORES RUIZ MORALES de las siguientes prestaciones: se le otorgue la recodificación que corresponde al puesto Enfermera General Titulada A identificada en el tabulador de sueldos con el código M02035, pago de la diferencia salarial correspondiente al año 2014 por la cantidad de $35,868.00; el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante tramitación del presente juicio en relación al código M02035 Enfermera General Titulada "A"; 16 días de vacaciones la cantidad $1,594.08 y por el 25% de la prima vacacional da la cantidad de $398.52 y por concepto de aguinaldo 15 días de salario le corresponde la cantidad de $1,494.45, por la anterior condena en cuanto hace al último año laborado; bono del trabajador de la salud la cantidad de $1,000.00; ayuda de servicios $1,800.00 pesos; días festivos $3,996.51; reconocimiento e inscripción y pago de cuotas a partir del 16 de marzo de 2004 más la antigüedad que se siga generando durante la tramitación del presente juicio, la inscripción y pago ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) en la forma correcta, debiéndose tomar en cuenta que la parte actora se desempeña con el código MO2035 desempeñando funciones de Enfermera General Titulada "A" con un salario tabular mensual de $17,128.00 pesos, reconociéndole su antigüedad generada a partir del 16 de marzo del 2004, previo incidente que se substancié con la intervención de las partes." Esto es, en el laudo se condenó a la parte demandada al pago de las siguientes prestaciones: LAUDO EN LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE DETERMINÓ: se le otorgue la recodificación que corresponde al puesto Enfermera General Titulada A identificada en el tabulador de sueldos con el código M02035 pago de la diferencia salarial correspondiente al año 2014 por la cantidad de $35,868.00 el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante tramitación del presente juicio en relación al código M02035 Enfermera General Titulada "A" Al respecto, dentro del considerando CUARTO (foja 30 del laudo), la autoridad responsable consideró: "Considerándose procedente condenar al demandado de referencia al pago de la cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales que le correspondan a la trabajadora correspondiente al año 2014, al advertirse una diferencia entre la cantidad que se le cubrió de $14,139.00 mensuales cuando le debieron cubrir $17,128.00, existiendo una diferencia de $2.989.00, todo ello relacionado al año 2014, y en relación a los reclamos anteriores al 30 de marzo de 2014, al resultar procedente la excepción de prescripción respecto al periodo reclamado por la parte actora de diferencias salariales, es decir del año 2004 al 2013, por haberle prescrito el derecho a reclamar el pago de las diferencias de ese periodo a la parte actora, por lo tanto, únicamente resulta procedente condenar al demandado las diferencias salariales del año 2014 resultando la cantidad de $35,868.00. De igual forma se considera procedente el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio en relación al código M02035 correspondiente a la categoría de Enfermera General Titulada "A", (11), para lo cual deberá substanciarse el incidente de liquidación con intervención de las partes." Una vez que llevó a cabo las operaciones matemáticas, resolvió: "POR LO QUE SUMADAS LAS CANTIDADES ANTERIORES, SE OBTIENE EL GRAN TOTAL DE $392,080.96 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 96/100 M.N), salvo error u omisión aritmética, por las diferencias salariales del periodo comprendido del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2020 y atendiendo al laudo de fecha 23 de enero del 2018." Asimismo, en la resolución reclamada precisó: "Ahora bien, en virtud de que esta Junta advierte que las condenas líquidas establecidas en el Laudo de fecha 23 de enero del 2018, a la fecha no le han sido cubiertas a la parte actora, por lo que en el presente caso, corresponde agregarlas al Total obtenido con anterioridad, y lo son:- La cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales correspondiente al año 2014.- La cantidad de $1,594.08 por concepto de vacaciones.- La cantidad de $398.52 por el concepto de prima vacacional.- La cantidad de $1,494.45 por concepto de aguinaldo.- La cantidad de $1,000.00 por concepto de bono del trabajador de salud.- La cantidad de $1,800.00 por concepto de ayuda de servicios.- La cantidad de $3,996.51 por concepto de días festivos; por lo que sumadas dichas cantidades nos arroja un total de $46,151.56 pesos, cantidad que añadida a la anteriormente obtenida, nos da un GRAN TOTAL de $438,232.52 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.), cantidad a la que se condena a la demandada O.P.D. SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS, a pagar a la C. MA. DOLORES RUIZ MORALES.- Lo anterior, a verdad sabida y buena fe guardada, cuantificando el monto de la condena conforme al Laudo de fecha 23 de enero del 2018, para efectos de establecer el crédito laboral de la actora, conforme al puesto y código de la trabajadora ENFERMERA GENERAL TITULADA "A ", CÓDIGO:- M02035 y toda vez que en los autos del controvertido no obra constancia alguna donde conste que a la actora se le esté cubriendo su salario conforme al puesto y código de referencia, luego entonces, se tomó en consideración la condena impuesta en el laudo de referencia de acuerdo al puesto y código desempeñado." 16 días de vacaciones la cantidad $1,594.08 por el 25% de la prima vacacional da la cantidad de $398.52 por concepto de aguinaldo 15 días de salario le corresponde la cantidad de $1,494.45, por la anterior condena en cuanto hace al último año laborado bono del trabajador de la salud la cantidad de $1,000.00 "CUARTO:- Ahora bien, procederemos al análisis únicamente respecto de la condena de diferencias salariales; Toda vez que si bien es cierto que en el laudo se condenó al pago del bono del trabajador de salud, más los que se sigan generando durante la tramitación del juicio, también lo es que el organismo demandado acredita que otorgó puntualmente el pago de dicho concepto, ." ayuda de servicios $1,800.00 pesos días festivos $3,996.51 reconocimiento e inscripción y pago de cuotas a partir del 16 de marzo de 2004 más la antigüedad que se siga generando durante la tramitación del presente juicio la inscripción y pago ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) en la forma correcta, debiéndose tomar en cuenta que la parte actora se desempeña con el código MO2035 desempeñando funciones de Enfermera General Titulada "A" con un salario tabular mensual de $17,128.00 pesos, reconociéndole su antigüedad generada a partir del 16 de marzo del 2004 Como ya se expuso, son infundados los conceptos de violación externados por la parte quejosa, ya que contrario a lo que afirma, la autoridad responsable actuó legalmente al cuantificar las diferencias salariales por el período comprendido del uno de enero de dos mil quince al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, ya que en el considerando CUARTO (foja 30 del laudo), la autoridad responsable consideró: "Considerándose procedente condenar al demandado de referencia al pago de la cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales que le correspondan a la trabajadora correspondiente al año 2014, al advertirse una diferencia entre la cantidad que se le cubrió de $14,139.00 mensuales cuando le debieron cubrir $17,128.00, existiendo una diferencia de $2.989.00, todo ello relacionado al año 2014, y en relación a los reclamos anteriores al 30 de marzo de 2014, al resultar procedente la excepción de prescripción respecto al periodo reclamado por la parte actora de diferencias salariales, es decir del año 2004 al 2013, por haberle prescrito el derecho a reclamar el pago de las diferencias de ese periodo a la parte actora, por lo tanto, únicamente resulta procedente condenar al demandado las diferencias salariales del año 2014 resultando la cantidad de $35,868.00. De igual forma se considera procedente el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio en relación al código M02035 correspondiente a la categoría de Enfermera General Titulada "A", (11), para lo cual deberá substanciarse el incidente de liquidación con intervención de las partes." De tal suerte que, si la autoridad responsable determinó: condenar al demandado las diferencias salariales del año 2014 resultando la cantidad de $35,868.00..", para posteriormente, considerar ". procedente el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio en relación al código M02035 correspondiente a la categoría de Enfermera General Titulada "A", (11), para lo cual deberá substanciarse el incidente de liquidación con intervención de las partes."; es indudable que el período a cuantificar era el comprendido a partir del uno de enero de dos mil quince y no como lo plantea el quejoso en su demanda de amparo, pues constituye cosa juzgada lo resuelto en el laudo condenatorio. Esto es, las diferencias salariales del año dos mil catorce, ya fueron determinadas en el laudo de referencia. Por otro lado, también son infundados los conceptos de violación vertidos por el solicitante del amparo, respecto de la valoración de las pruebas que ofreció en su escrito de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que formuló su planilla de liquidación y ofreció diversas pruebas, vinculadas con las diferencias salariales, respecto de las cuales, era materia de la Litis incidental, ya que la autoridad responsable al resolver sobre el incidente planteado por la parte actora determinó: ". Sin embargo, analizadas pormenorizadamente las actuaciones del controvertido, se advierte que el laudo de fecha 23 de enero del 2018 el que se localiza a fojas (642-663), quedo firme en su totalidad, sin excesos ni defectos o imposibilidad para su cumplimiento; Por lo que tenemos que de los TABULADORES DE SUELDOS, se aprecia la categoría de la actora, con el puesto y código de ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"; tomando en cuenta el salario que se desprende de la columna correspondiente a la zona económica II, ya que la actora laboraba para el organismo demandado en el Centro de Salud de la Colonia Amalia G. de Castillo León de esta Ciudad, como se desprende del laudo visto a foja 642-663; lo anterior, se corrobora con el CATALOGO DE ZONAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, el cual se encuentran divididas las Ciudades por Zonas Económicas, lo que constituye un HECHO CONOCIDO por esta Autoridad, del que se aprecia un recuadro que establece en sus columnas lo siguiente: el CÓDIGO, LA ENTIDAD FEDERATIVA, de la que se desprende el Estado de TAMAULIPAS, la clave B, que corresponde a los MUNICIPIOS, y dos columnas más respecto a la ZONA ECONOMICA II, de la cual se desprenden los municipios siguientes: (.) 041 Victoria; por lo anterior ciertamente le corresponde el monto relativo a la zona económica II, correspondiente al municipio 041 victoria, ya que la actora laboraba para el organismo demandado en domicilio ubicado en esta Ciudad, razón por la cual se tomara en cuenta el monto que se desprende de la columna correspondiente a la zona económica II, lo anterior por las causas y motivos ya expuestos con anterioridad; . (.) Por lo anterior, en el presente caso, esta autoridad laboral considera desestimar la planilla de liquidación ofrecida por la parte actora, toda vez que no está ajustada a derecho, ya que si bien es cierto que la misma no detalla las operaciones aritméticas que utilizó para obtener el resultado de la condena de los conceptos que señala en su planilla, también lo es que no señala de donde obtuvo el monto de salario tabular que señala en su planilla ya que analizados los tabuladores de salarios de la Secretaria de Salud, tanto en la zona II como en la zona III, no se desprende salario alguno de tos que señala la parte actora en su escrito; Por lo que el monto que se tomara en consideración es el relativo a la zona económica II, correspondiente al municipio 041 victoria; por desprenderse así del CATALOGO DE ZONAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, el cual se encuentran y divididas las Ciudades por Zonas Económicas, lo que constituye un HECHO CONOCIDO por esta Autoridad.- Ahora bien, se estima en parte procedente la planilla de liquidación ofrecida por la parte demandada, quienes no obstante que justifican que el sueldo que manifiestan en su cuantificación, es el que le corresponde en el presente caso a la trabajadora, ya que cuantifican las diversas prestaciones con el sueldo correspondiente a la zona económica II, que comprende el municipio 041 victoria, toda vez que la actora prestaba servicios para el organismo demandado, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tomando en consideración los incrementos salariales como se desprende de los Tabuladores de sueldos de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así como el periodo a calcular, sin embargo las operaciones aritméticas que utilizó no son las correctas al momento de hacer su cuantificación correspondiente, de ahí que solo se estime procedente en parte la planilla de liquidación ofrecida por la parte demandada; por lo que el monto que se tomara en consideración es el relativo a la zona económica 11, correspondiente al municipio 041 victoria; por lo tanto, será dicho monto el que se tomará en cuenta para efectos de determinar el salario mensual que debe percibir con incrementos salariales y con el cual se realizará el cálculo de las diferencias salariales." De ahí que, al haber tomado en consideración el laudo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, para realizar la cuantificación, materia de la Litis incidental, así como los tabuladores de sueldos, y el catálogo de zonas económicas del Gobierno Federal, para realizar la cuantificación de las diferencias salariales a que fue condenada la parte demandada en el citado laudo, resulte infundado dicho concepto, pues como puede advertirse, si analizó dichas probanzas y se apoyó en las mismas para llevar a cabo la citada cuantificación. Del mismo modo, la autoridad responsable en su resolución precisó: "Para emitir la presente resolución, ésta Autoridad tomara en cuenta en lo que les beneficie a cada oferente, las pruebas ofrecidas por las partes que consisten en la INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, así como la DOCUMENTAL consistente en DOCUMENTAL consistente (sic) en Tabuladores de sueldos de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 los cuales se encuentran visibles en la página de internet http:/www.sistemas.dgrh.salud.gob.mx: DOCUMENTAL, consistente en 155 recibos de comprobantes de percepciones y deducciones del periodo del 01 de abril del 2015 al 31 . de diciembre del 2020.- DOCUMENTALES, consistentes en Copia del Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha 14 de febrero de 2018; Copia Certificada por la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia del O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, signada por el Director quien tiene la facultad de conformidad con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de 14 de febrero de 2018, de 44 listados de nómina del periodo comprendido del 16 de enero al 31 de enero de 2018, del 01 de abril al 30 de septiembre de 2018 y del 16 de octubre al 31 de diciembre del de 2018 y del pago retroactivo del incremento salarial del periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2018 y del 01 de mayo al 30 de junio de 2018 y del periodo 01 de enero al 15 de noviembre del 2019 y del 01 al 15 de diciembre de 2019, pago retroactivo del incremento salarial del periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2019 y pago del bono del trabajador de la salud del año 2019.- DOCUMENTAL, consistente en Catálogo de zonas económicas del Gobierno Federal vigente a partir del 1 de enero del 2011 con numero de oficio 307-A-0744 de fecha 24 de febrero de 2011; ." Lo que se corrobora con lo expuesto por la responsable en la resolución reclamada en la que, para cuantificar las diferencias salariales, analizó el tabulador ofrecido como prueba la parte quejosa, pues precisó el salario que le correspondía a la parte actora, en forma similar en que lo citó la demandada en su escrito en el que formuló su planilla. Al respecto, la autoridad responsable consideró (parte final del último párrafo de la foja 12 de la resolución incidental de liquidación): "Por lo que del tabulador de sueldos con vigencia del 01 de mayo del año 2015 le corresponde un salario de $17,705.00; Tabulador de salarios con vigencia del año 2016 le corresponde un salario de $18,254.00; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del 2017 le corresponde un salario de $18,805.00; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del año 2018 le corresponde un salario de $19,441.00; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del año 2019 le corresponde un salario de $20,092.28; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del 2020 le corresponde un salario de $21,008.08 cuantificación que se realizan a continuación:- ." Además, cabe señalar que en el laudo, únicamente se ordenó la apertura del incidente de liquidación para cuantificar el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante tramitación del juicio en relación al código M02035 Enfermera General Titulada "A", ya que por cuanto hace a las demás prestaciones, así como respecto del pago de las diferencias salariales correspondientes al año dos mil catorce, fueron cuantificadas en el laudo condenatorio, por tanto, dichas prestaciones, ya no podían ser materia de prueba en el citado incidente. Por consiguiente, al no estar demostradas las violaciones alegadas, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, por conducto de su apoderado legal, licenciado Jorge Luis Hernández Ochoa, contra la autoridad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese; y, personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ante la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy dos de mayo de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe. Razón. En esta fecha se generó el oficio a la autoridad correspondiente. Conste.JUICIO DE AMPARO 949/2022. S E N T E N C I AVistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 949/2022; promovido por el licenciado Jorge Luis Hernández Ochoa, en su carácter de apoderado legal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, contra los actos que reclama de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, Resultando: Primero. Mediante escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad y turnado a este juzgado, el licenciado Jorge Luis Hernández Ochoa, en su carácter de apoderado legal del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "Lo es la Resolución Interlocutoria del Incidente de Liquidación de techa 20 de Abril del 2022, dictado dentro del expediente laboral número 115/E03/2015 que lleva y controla la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, donde mi representado es parte demandada." Segundo. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 949/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, Considerando: Primero. (competencia). Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior en atención a que la autoridad responsable, así como la parte demandada, aquí quejosa tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. Además, la resolución incidental reclamada, carece de ejecución. A contrario sensu, se cita el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página 2299, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Décima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN DE UN LAUDO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉLLA DEBA EJECUTARSE." Segundo. (Aplicación de la norma vigente). Antes de iniciar el estudio de este juicio de garantías, es necesario destacar que como a la fecha de presentación de la demanda de garantías que le dio origen, ya había cobrado aplicación la nueva Ley de Amparo, el presente asunto tiene que ser resuelto mediante las disposiciones de ese cuerpo normativo. En efecto, el martes dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, miércoles tres de abril de ese mismo año, en cuyo artículo segundo transitorio se abrogó la ley anterior. En esa medida, la cita de tesis aisladas y de jurisprudencia que se hace en la presente resolución, es en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, debido a que si bien se trata de criterios integrados conforme a la ley anterior, no se advierte que se opongan a la nueva ley, y por ello mantienen su vigencia. Tercero. (fijación clara y precisa del acto reclamado). El artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, impone la obligación de precisar los actos reclamados, para lo cual se estima pertinente mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. De esta forma, al analizar el libelo constitucional los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión. Es decir, al fijar los actos reclamados debe atenderse a lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sirve igualmente de apoyo, la diversa tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En vista de lo anterior, del contexto integral de la demanda de amparo presentada por la parte quejosa se advierte que señala como acto reclamado, el siguiente: La resolución incidental de liquidación de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente laboral número 115/E03/2015. Cuarto. (existencia del acto reclamado). El Presidente de la Junta responsable, al rendir su informe acepta la existencia del acto que se le reclama. Quinto.- (Causales de improcedencia). La causal de improcedencia del juicio de amparo, es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento a lo sustentado por la jurisprudencia número 814, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete-mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, página número 553, que literalmente dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, la junta responsable al rendir su informe justificado solicita que se sobresea en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; (.)" Sin embargo, el motivo que esgrime la responsable en los términos expuestos, es insuficiente para conducir al sobreseimiento en el juicio cuya resolución nos ocupa, ya que dicha autoridad se limita a aceptar la existencia del acto reclamado, afirmando que la resolución reclamada fue dictada conforme a derecho, sin que se le hayan violado los derechos a la parte quejosa, razón por la cual solicita el sobreseimiento invocando la citada causal de improcedencia. Además, el acto reclamado lo constituye una resolución incidental emitida dentro de un juicio laboral y no por elTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, no justificó en autos que se hubiese pronunciado un acto posterior que hubiese dejado sin efectos la resolución reclamada que en esta vía se combate; de tal suerte que, no se le ha restituido al quejoso en el goce de la garantía, que dice, le fue violada. Po consiguiente, es indudable que no se actualiza la citada causa de improcedencia. Además, la procedencia del presente juicio, se estima actualizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, de los que se obtiene que es dable intentar el juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido éste, y que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiéndose reclamar las violaciones que se hubieren cometido en él. En el caso concreto, se reclama la resolución incidental de liquidación de veinte de abril de dos mil veintidós, dictada dentro de los autos del expediente laboral número 115/E03/2015. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 67/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: II, Agosto de 2000, Página: 215, que dice al rubro dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE LAUDO. COMO LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, O EL ACUERDO QUE LO DESECHA, NO FORMAN PARTE DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN, NO PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ANTES DE INTENTAR EL AMPARO INDIRECTO." Así como la diversa jurisprudencia 1a./J. 6/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo: VII, Febrero de 1998, Página: 60, cuyo rubro señala: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." Sexto. Análisis sistemático de los conceptos de violación. Al no existir alguna causa de improcedencia que obligue al sobreseimiento en el presente juicio de garantías, procede a analizar los conceptos de violación externados por la parte quejosa, los cuales se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en atención a que el artículo 74 de la Ley de Amparo, no ordena que deban transcribirse en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia número 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del Tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Mayo de 2010, Novena Época, que al rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, los que se examinarán conforme al principio de estricto derecho, dado que quien comparece a instar el amparo y protección de la Justicia Federal, es la parte patronal en el juicio laboral de origen, lo que no implica la suplencia de la queja a su favor. Razón por la cual, al no formar parte de los conceptos de violación, lo determinado por la junta responsable en la resolución reclamada, en la parte en que precisa: "Ahora bien, en virtud de que esta Junta advierte que las condenas líquidas establecidas en el Laudo de fecha 23 de enero del 2018, a la fecha no le han sido cubiertas a la parte actora, por lo que en el presente caso, corresponde agregarlas al Total obtenido con anterioridad, y lo son:- La cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales correspondiente al año 2014.- La cantidad de $1,594.08 por concepto de vacaciones.- La cantidad de $398.52 por el concepto de prima vacacional.- La cantidad de $1,494.45 por concepto de aguinaldo.- La cantidad de $1,000.00 por concepto de bono del trabajador de salud.- La cantidad de $1,800.00 por concepto de ayuda de servicios.- La cantidad de $3,996.51 por concepto de días festivos; por lo que sumadas dichas cantidades nos arroja un total de $46,151.56 pesos, cantidad que añadida a la anteriormente obtenida, nos da un GRAN TOTAL de $438,232.52 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.), cantidad a la que se condena a la demandada O.P.D. SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS, a pagar a la C. MA. DOLORES RUIZ MORALES.- Lo anterior, a verdad sabida y buena fe guardada, cuantificando el monto de la condena conforme al Laudo de fecha 23 de enero del 2018, para efectos de establecer el crédito laboral de la actora, conforme al puesto y código de la trabajadora ENFERMERA GENERAL TITULADA "A ", CÓDIGO:- M02035 y toda vez que en los autos del controvertido no obra constancia alguna donde conste que a la actora se le esté cubriendo su salario conforme al puesto y código de referencia, luego entonces, se tomó en consideración la condena impuesta en el laudo de referencia de acuerdo al puesto y código desempeñado." No se analizan dichas consideraciones, dado que, tal como se expuso, quien comparece a instar el amparo y protección de la Justicia Federal, es la parte patronal en el juicio laboral de origen, lo que no implica la suplencia de la queja a su favor. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora." Ahora bien, con la finalidad de precisar lo anterior, se procede al análisis de las constancias vinculadas con el acto reclamado, que adjuntó la autoridad responsable como apoyo a su informe, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, de las que se advierte lo siguiente: 1.- El veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la junta responsable dictó laudo dentro de los autos del expediente laboral 115/03/2015, en la que condenó a la parte demandada: "CUARTO: Se CONDENA al O.P.D. SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS al pago a favor de la parte actora C. MARIA DOLORES RUIZ MORALES de las siguientes prestaciones: se le otorgue la recodificación que corresponde al puesto Enfermera General Titulada A identificada en el tabulador de sueldos con el código M02035, pago de la diferencia salarial correspondiente al año 2014 por la cantidad de $35,868.00; el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante tramitación del presente juicio en relación al código M02035 Enfermera General Titulada "A"; 16 días de vacaciones la cantidad $1,594.08 y por el 25% de la prima vacacional da la cantidad de $398.52 y por concepto de aguinaldo 15 días de salario le corresponde la cantidad de $1,494.45, por la anterior condena en cuanto hace al último año laborado; bono del trabajador de la salud la cantidad de $1,000.00; ayuda de servicios $1,800.00 pesos; días festivos $3,996.51; reconocimiento e inscripción y pago de cuotas a partir del 16 de marzo de 2004 más la antigüedad que se siga generando durante la tramitación del presente juicio, la inscripción y pago ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) en la forma correcta, debiéndose tomar en cuenta que la parte actora se desempeña con el código MO2035 desempeñando funciones de Enfermera General Titulada "A" con un salario tabular mensual de $17,128.00 pesos, reconociéndole su antigüedad generada a partir del 16 de marzo del 2004, previo incidente que se substancié con la intervención de las partes." Esto es, en el laudo se condenó a la parte demandada al pago de las siguientes prestaciones: LAUDO EN LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE DETERMINÓ: se le otorgue la recodificación que corresponde al puesto Enfermera General Titulada A identificada en el tabulador de sueldos con el código M02035 pago de la diferencia salarial correspondiente al año 2014 por la cantidad de $35,868.00 el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante tramitación del presente juicio en relación al código M02035 Enfermera General Titulada "A" Al respecto, dentro del considerando CUARTO (foja 30 del laudo), la autoridad responsable consideró: "Considerándose procedente condenar al demandado de referencia al pago de la cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales que le correspondan a la trabajadora correspondiente al año 2014, al advertirse una diferencia entre la cantidad que se le cubrió de $14,139.00 mensuales cuando le debieron cubrir $17,128.00, existiendo una diferencia de $2.989.00, todo ello relacionado al año 2014, y en relación a los reclamos anteriores al 30 de marzo de 2014, al resultar procedente la excepción de prescripción respecto al periodo reclamado por la parte actora de diferencias salariales, es decir del año 2004 al 2013, por haberle prescrito el derecho a reclamar el pago de las diferencias de ese periodo a la parte actora, por lo tanto, únicamente resulta procedente condenar al demandado las diferencias salariales del año 2014 resultando la cantidad de $35,868.00. De igual forma se considera procedente el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio en relación al código M02035 correspondiente a la categoría de Enfermera General Titulada "A", (11), para lo cual deberá substanciarse el incidente de liquidación con intervención de las partes." Una vez que llevó a cabo las operaciones matemáticas, resolvió: "POR LO QUE SUMADAS LAS CANTIDADES ANTERIORES, SE OBTIENE EL GRAN TOTAL DE $392,080.96 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS 96/100 M.N), salvo error u omisión aritmética, por las diferencias salariales del periodo comprendido del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2020 y atendiendo al laudo de fecha 23 de enero del 2018." Asimismo, en la resolución reclamada precisó: "Ahora bien, en virtud de que esta Junta advierte que las condenas líquidas establecidas en el Laudo de fecha 23 de enero del 2018, a la fecha no le han sido cubiertas a la parte actora, por lo que en el presente caso, corresponde agregarlas al Total obtenido con anterioridad, y lo son:- La cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales correspondiente al año 2014.- La cantidad de $1,594.08 por concepto de vacaciones.- La cantidad de $398.52 por el concepto de prima vacacional.- La cantidad de $1,494.45 por concepto de aguinaldo.- La cantidad de $1,000.00 por concepto de bono del trabajador de salud.- La cantidad de $1,800.00 por concepto de ayuda de servicios.- La cantidad de $3,996.51 por concepto de días festivos; por lo que sumadas dichas cantidades nos arroja un total de $46,151.56 pesos, cantidad que añadida a la anteriormente obtenida, nos da un GRAN TOTAL de $438,232.52 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.), cantidad a la que se condena a la demandada O.P.D. SERVICIOS DE SALUD EN TAMAULIPAS, a pagar a la C. MA. DOLORES RUIZ MORALES.- Lo anterior, a verdad sabida y buena fe guardada, cuantificando el monto de la condena conforme al Laudo de fecha 23 de enero del 2018, para efectos de establecer el crédito laboral de la actora, conforme al puesto y código de la trabajadora ENFERMERA GENERAL TITULADA "A ", CÓDIGO:- M02035 y toda vez que en los autos del controvertido no obra constancia alguna donde conste que a la actora se le esté cubriendo su salario conforme al puesto y código de referencia, luego entonces, se tomó en consideración la condena impuesta en el laudo de referencia de acuerdo al puesto y código desempeñado." 16 días de vacaciones la cantidad $1,594.08 por el 25% de la prima vacacional da la cantidad de $398.52 por concepto de aguinaldo 15 días de salario le corresponde la cantidad de $1,494.45, por la anterior condena en cuanto hace al último año laborado bono del trabajador de la salud la cantidad de $1,000.00 "CUARTO:- Ahora bien, procederemos al análisis únicamente respecto de la condena de diferencias salariales; Toda vez que si bien es cierto que en el laudo se condenó al pago del bono del trabajador de salud, más los que se sigan generando durante la tramitación del juicio, también lo es que el organismo demandado acredita que otorgó puntualmente el pago de dicho concepto, ." ayuda de servicios $1,800.00 pesos días festivos $3,996.51 reconocimiento e inscripción y pago de cuotas a partir del 16 de marzo de 2004 más la antigüedad que se siga generando durante la tramitación del presente juicio la inscripción y pago ante el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) en la forma correcta, debiéndose tomar en cuenta que la parte actora se desempeña con el código MO2035 desempeñando funciones de Enfermera General Titulada "A" con un salario tabular mensual de $17,128.00 pesos, reconociéndole su antigüedad generada a partir del 16 de marzo del 2004 Como ya se expuso, son infundados los conceptos de violación externados por la parte quejosa, ya que contrario a lo que afirma, la autoridad responsable actuó legalmente al cuantificar las diferencias salariales por el período comprendido del uno de enero de dos mil quince al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, ya que en el considerando CUARTO (foja 30 del laudo), la autoridad responsable consideró: "Considerándose procedente condenar al demandado de referencia al pago de la cantidad de $35,868.00 por concepto de diferencias salariales que le correspondan a la trabajadora correspondiente al año 2014, al advertirse una diferencia entre la cantidad que se le cubrió de $14,139.00 mensuales cuando le debieron cubrir $17,128.00, existiendo una diferencia de $2.989.00, todo ello relacionado al año 2014, y en relación a los reclamos anteriores al 30 de marzo de 2014, al resultar procedente la excepción de prescripción respecto al periodo reclamado por la parte actora de diferencias salariales, es decir del año 2004 al 2013, por haberle prescrito el derecho a reclamar el pago de las diferencias de ese periodo a la parte actora, por lo tanto, únicamente resulta procedente condenar al demandado las diferencias salariales del año 2014 resultando la cantidad de $35,868.00. De igual forma se considera procedente el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio en relación al código M02035 correspondiente a la categoría de Enfermera General Titulada "A", (11), para lo cual deberá substanciarse el incidente de liquidación con intervención de las partes." De tal suerte que, si la autoridad responsable determinó: condenar al demandado las diferencias salariales del año 2014 resultando la cantidad de $35,868.00..", para posteriormente, considerar ". procedente el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante la tramitación del presente juicio en relación al código M02035 correspondiente a la categoría de Enfermera General Titulada "A", (11), para lo cual deberá substanciarse el incidente de liquidación con intervención de las partes."; es indudable que el período a cuantificar era el comprendido a partir del uno de enero de dos mil quince y no como lo plantea el quejoso en su demanda de amparo, pues constituye cosa juzgada lo resuelto en el laudo condenatorio. Esto es, las diferencias salariales del año dos mil catorce, ya fueron determinadas en el laudo de referencia. Por otro lado, también son infundados los conceptos de violación vertidos por el solicitante del amparo, respecto de la valoración de las pruebas que ofreció en su escrito de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, en el que formuló su planilla de liquidación y ofreció diversas pruebas, vinculadas con las diferencias salariales, respecto de las cuales, era materia de la Litis incidental, ya que la autoridad responsable al resolver sobre el incidente planteado por la parte actora determinó: ". Sin embargo, analizadas pormenorizadamente las actuaciones del controvertido, se advierte que el laudo de fecha 23 de enero del 2018 el que se localiza a fojas (642-663), quedo firme en su totalidad, sin excesos ni defectos o imposibilidad para su cumplimiento; Por lo que tenemos que de los TABULADORES DE SUELDOS, se aprecia la categoría de la actora, con el puesto y código de ENFERMERA GENERAL TITULADA "A"; tomando en cuenta el salario que se desprende de la columna correspondiente a la zona económica II, ya que la actora laboraba para el organismo demandado en el Centro de Salud de la Colonia Amalia G. de Castillo León de esta Ciudad, como se desprende del laudo visto a foja 642-663; lo anterior, se corrobora con el CATALOGO DE ZONAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DE LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS, el cual se encuentran divididas las Ciudades por Zonas Económicas, lo que constituye un HECHO CONOCIDO por esta Autoridad, del que se aprecia un recuadro que establece en sus columnas lo siguiente: el CÓDIGO, LA ENTIDAD FEDERATIVA, de la que se desprende el Estado de TAMAULIPAS, la clave B, que corresponde a los MUNICIPIOS, y dos columnas más respecto a la ZONA ECONOMICA II, de la cual se desprenden los municipios siguientes: (.) 041 Victoria; por lo anterior ciertamente le corresponde el monto relativo a la zona económica II, correspondiente al municipio 041 victoria, ya que la actora laboraba para el organismo demandado en domicilio ubicado en esta Ciudad, razón por la cual se tomara en cuenta el monto que se desprende de la columna correspondiente a la zona económica II, lo anterior por las causas y motivos ya expuestos con anterioridad; . (.) Por lo anterior, en el presente caso, esta autoridad laboral considera desestimar la planilla de liquidación ofrecida por la parte actora, toda vez que no está ajustada a derecho, ya que si bien es cierto que la misma no detalla las operaciones aritméticas que utilizó para obtener el resultado de la condena de los conceptos que señala en su planilla, también lo es que no señala de donde obtuvo el monto de salario tabular que señala en su planilla ya que analizados los tabuladores de salarios de la Secretaria de Salud, tanto en la zona II como en la zona III, no se desprende salario alguno de tos que señala la parte actora en su escrito; Por lo que el monto que se tomara en consideración es el relativo a la zona económica II, correspondiente al municipio 041 victoria; por desprenderse así del CATALOGO DE ZONAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO FEDERAL. DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS, el cual se encuentran y divididas las Ciudades por Zonas Económicas, lo que constituye un HECHO CONOCIDO por esta Autoridad.- Ahora bien, se estima en parte procedente la planilla de liquidación ofrecida por la parte demandada, quienes no obstante que justifican que el sueldo que manifiestan en su cuantificación, es el que le corresponde en el presente caso a la trabajadora, ya que cuantifican las diversas prestaciones con el sueldo correspondiente a la zona económica II, que comprende el municipio 041 victoria, toda vez que la actora prestaba servicios para el organismo demandado, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tomando en consideración los incrementos salariales como se desprende de los Tabuladores de sueldos de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, así como el periodo a calcular, sin embargo las operaciones aritméticas que utilizó no son las correctas al momento de hacer su cuantificación correspondiente, de ahí que solo se estime procedente en parte la planilla de liquidación ofrecida por la parte demandada; por lo que el monto que se tomara en consideración es el relativo a la zona económica 11, correspondiente al municipio 041 victoria; por lo tanto, será dicho monto el que se tomará en cuenta para efectos de determinar el salario mensual que debe percibir con incrementos salariales y con el cual se realizará el cálculo de las diferencias salariales." De ahí que, al haber tomado en consideración el laudo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, para realizar la cuantificación, materia de la Litis incidental, así como los tabuladores de sueldos, y el catálogo de zonas económicas del Gobierno Federal, para realizar la cuantificación de las diferencias salariales a que fue condenada la parte demandada en el citado laudo, resulte infundado dicho concepto, pues como puede advertirse, si analizó dichas probanzas y se apoyó en las mismas para llevar a cabo la citada cuantificación. Del mismo modo, la autoridad responsable en su resolución precisó: "Para emitir la presente resolución, ésta Autoridad tomara en cuenta en lo que les beneficie a cada oferente, las pruebas ofrecidas por las partes que consisten en la INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, así como la DOCUMENTAL consistente en DOCUMENTAL consistente (sic) en Tabuladores de sueldos de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 los cuales se encuentran visibles en la página de internet http:/www.sistemas.dgrh.salud.gob.mx: DOCUMENTAL, consistente en 155 recibos de comprobantes de percepciones y deducciones del periodo del 01 de abril del 2015 al 31 . de diciembre del 2020.- DOCUMENTALES, consistentes en Copia del Decreto Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de fecha 14 de febrero de 2018; Copia Certificada por la Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia del O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS, signada por el Director quien tiene la facultad de conformidad con lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de 14 de febrero de 2018, de 44 listados de nómina del periodo comprendido del 16 de enero al 31 de enero de 2018, del 01 de abril al 30 de septiembre de 2018 y del 16 de octubre al 31 de diciembre del de 2018 y del pago retroactivo del incremento salarial del periodo del 01 de enero al 30 de abril de 2018 y del 01 de mayo al 30 de junio de 2018 y del periodo 01 de enero al 15 de noviembre del 2019 y del 01 al 15 de diciembre de 2019, pago retroactivo del incremento salarial del periodo del 01 de enero al 30 de abril del 2019 y pago del bono del trabajador de la salud del año 2019.- DOCUMENTAL, consistente en Catálogo de zonas económicas del Gobierno Federal vigente a partir del 1 de enero del 2011 con numero de oficio 307-A-0744 de fecha 24 de febrero de 2011; ." Lo que se corrobora con lo expuesto por la responsable en la resolución reclamada en la que, para cuantificar las diferencias salariales, analizó el tabulador ofrecido como prueba la parte quejosa, pues precisó el salario que le correspondía a la parte actora, en forma similar en que lo citó la demandada en su escrito en el que formuló su planilla. Al respecto, la autoridad responsable consideró (parte final del último párrafo de la foja 12 de la resolución incidental de liquidación): "Por lo que del tabulador de sueldos con vigencia del 01 de mayo del año 2015 le corresponde un salario de $17,705.00; Tabulador de salarios con vigencia del año 2016 le corresponde un salario de $18,254.00; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del 2017 le corresponde un salario de $18,805.00; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del año 2018 le corresponde un salario de $19,441.00; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del año 2019 le corresponde un salario de $20,092.28; Tabulador de salarios con vigencia del 01 de mayo del 2020 le corresponde un salario de $21,008.08 cuantificación que se realizan a continuación:- ." Además, cabe señalar que en el laudo, únicamente se ordenó la apertura del incidente de liquidación para cuantificar el pago de las diferencias salariales que se sigan generando durante tramitación del juicio en relación al código M02035 Enfermera General Titulada "A", ya que por cuanto hace a las demás prestaciones, así como respecto del pago de las diferencias salariales correspondientes al año dos mil catorce, fueron cuantificadas en el laudo condenatorio, por tanto, dichas prestaciones, ya no podían ser materia de prueba en el citado incidente. Por consiguiente, al no estar demostradas las violaciones alegadas, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, por conducto de su apoderado legal, licenciado Jorge Luis Hernández Ochoa, contra la autoridad y por el acto que se precisa en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese; y, personalmente a las partes.

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