Ma. Dolores Ruiz Morales
Expediente 595/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ma. Dolores Ruiz Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite copia certificada de las guías de mensajería privada, relativas al envío del oficio a través del cual se impuso multa a la autoridad vinculada con sede en Río Bravo, dentro de los autos del expediente laboral número 122/M/2005. En tal virtud, téngase a dicha autoridad informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector y se le reitera su obligación de tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos de la sentencia proteccionista, máxime que nos encontramos en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que este Juzgado sólo estará en posibilidad de pronunciarse en torno al cumplimiento del fallo protector una vez que se haya ejecutado el laudo emitido en el expediente laboral 122/M/2005. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
agréguese a estos autos la intervención ministerial firmada electrónicamente por el Fiscal Revisor Titular de la Agencia Adscrita a este Juzgado en Materia de Amparo y, en atención a su contenido, ténganse por formulados los alegatos a que se refiere en el escrito que se provee y con los mismos dese nueva cuenta en la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de julio de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, téngase a José Ignacio Ríos Ramos, solicitando el amparo y la protección de la justicia federal contra actos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social con sede en la Ciudad de México y de otras autoridades, por estimarlos violatorios del artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 22 de la Constitución Federal.Con fundamento en los artículos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como por el ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19 vigente a la fecha en términos del acuerdo general 18/2020; dese trámite a la demanda de amparo; fórmese expediente correspondiente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 670/2020. Fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno con el número 670/2020. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se procede analizar ante todo, la procedencia del presente juicio de amparo, el cual faculta al Juez de Distrito a determinar si da trámite a las demandas de amparo recibidas, o bien, desecharlas siempre y cuando advierta una causal de improcedencia que sea manifiesta e indudable. Pues bien, la jurisprudencia de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse aquello que se da a conocer y por "indudable" lo que resulta evidente y fuera de duda. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así como en la jurisprudencia número 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la orden de traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, a diverso Centro de Ejecución de Sanciones dictada fuera de procedimiento. Puntualizado lo anterior, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al existir otro juicio promovido por la parte impetrante, contra el mismo acto reclamado y misma autoridad responsable; artículo que en su texto dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". De la transcripción de la fracción que antecede, se colige que para que surta efectos la causal invocada, es necesario que las leyes o actos que se reclamen, hayan sido solicitados en diverso juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, en contra de la misma o mismas autoridades, que los actos reclamados sean los mismos, aunque se trate de diversas las violaciones constitucionales; y que dicho juicio se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. A la actualización conjunta de tales hipótesis se conoce como litispendencia, y alude al estado del litigio que se encuentra pendiente de resolución ante un tribunal o, lo que es igual, del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. De lo que se sigue, que tal causa de improcedencia se basa en el principio de economía procesal, que exige se eviten dos procesos sobre el mismo litigio, en la necesidad de evitar sentencias diversas o contradictorias sobre el mismo problema. Cobra relevancia mencionar que, para la configuración de la improcedencia aludida, resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable. Por lo que se concluye, que el objeto de la figura jurídica en comento, es evitar el riesgo de que existan dos resoluciones de naturaleza diversa y/o contradictorias, circunstancias que, de concurrir, imprimen un grado de afectación que obliga a considerar que debe ser sujeta, de inmediato, al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se desarrolle todo el procedimiento o bien se dicte sentencia definitiva, sobre todo porque afecta notablemente la naturaleza final del juicio. Tiene aplicación, la tesis VII.P. 83 K, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que a la dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". En el caso que nos ocupa, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la tramitación del juicio de amparo 282/2020 (del cual se ordena agregar copia certificada al presente cuaderno), al corresponder a un sumario del índice de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia XXII. J/12, cuyo epígrafe y contenido refieren: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Al respecto, es pertinente hacer una comparación entre los actos que son reclamados en la demanda que dio génesis al juicio 282/2020 que nos ocupa y los correspondientes al presente amparo: Juicio de amparo 282/2020 Juicio de amparo 670/2020 Quejoso: José Ignacio Ríos Ramos Acto reclamado: la orden de traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, a diverso Centro de Ejecución de Sanciones dictada fuera de procedimiento. Autoridades responsables: Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Ciudad de México. Director de Seguridad y Operación Penitenciaria de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Ciudad. Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social del Estado de Tamaulipas, ciudad. Secretario de Seguridad Pública del Estado, ciudad. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Ejecución de Sanciones, ciudad. Director del Centro de Ejecución de Sanciones, ciudad. Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro de Ejecución de Sanciones, ciudad. Subdirector Técnico del Centro de Ejecución de Sanciones, ciudad. Quejoso: José Ignacio Ríos Ramos Acto reclamado: la orden de traslado del Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, a diverso Centro de Ejecución de Sanciones dictada fuera de procedimiento. Autoridades responsables: Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Ciudad de México. Director de Seguridad y Operación Penitenciaria de la Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, Ciudad. Subsecretaria de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social del Estado de Tamaulipas, ciudad. Secretario de Seguridad Pública del Estado, ciudad. Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Ejecución de Sanciones, ciudad. Director del Centro de Ejecución de Sanciones, ciudad. Jefe del Departamento de Seguridad y Vigilancia del Centro de Ejecución de Sanciones, ciudad. Subdirector Técnico del Centro de Ejecución de Sanciones, ciudad.Como se aprecia, el quejoso, el acto reclamado y autoridades responsables son los mismos; es inconcuso que de manera clara, manifiesta e indudable se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo y por consiguiente, se desecha de plano la demanda interpuesta.Sin que la anterior determinación genere una vulneración a los derechos humanos del impetrante de amparo José Ignacio Rios Ramos por tratarse la presente demanda de amparo de actos dictados fuera de procedimiento, dado que, en el diverso juicio 282/2020 se concedió al quejoso mencionado la suspensión de plano para que en el caso de que aún no haya sido trasladado del Centro de Ejecución de Sanciones donde actualmente se encuentra; misma que hasta el día de la fecha, subsistente toda vez que como ya se dijo, el citado juicio se encuentra en trámite.En otro orden, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Se tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que menciona en su demanda de amparo toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; hecha la excepción de Francisco Javier Álvarez Hernández, por no acreditar encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, a quien se le tiene como autorizado únicamente en términos de la última parte del precepto legal citado, esto para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Ahora, en cuanto hace a la petición de que se le autorice el acceso al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación FIREL, mediante el usuario LUISHALVAREZ, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso al promovente, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario citado, en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Asimismo, atento a lo dispuesto por el artículo 1 fracción I tercer párrafo del ya citado ACUERDO GENERAL 13/2020, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". "Artículo 2. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". En caso de que un asunto calificado como urgente sea promovido físicamente, en su primera actuación, las y los juzgadores, incluyendo a secretarias y secretarios en funciones o encargados de despacho, exhortarán a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, de conformidad con el artículo 2 punto I, fracción XIX del ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19; se requiere al promovente, para que proporcione un número de teléfono móvil, para que se establezca el contacto respectivo en el caso que este juzgado estime necesario. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.Así lo proveyó y firma electronicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que la responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia de garantías, la cual, determinó que el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".Dictar las medidas necesarias a fin de que se diligencie en sus términos el exhorto por el cual se ordenó llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada Grupo SECURITAS México, S.A. de C.V., dentro del expediente laboral número 180/E08/2019, es decir, para que se cerciore de la recepción y diligenciamiento del mismo; de lo cual deberá dar noticia a este Juzgado.". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
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