Ma. Dolores Padilla Rodriguez
Expediente 45/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Dolores Padilla Rodriguez
- Ma. Dolores Padilla Rodriguez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A ESPERANZA GLORIA PULIDO RODRÍGUEZ PARTE: QUEJOSA EN EJUICIO DE AMPARO VII-45/2019 Y SU DIVERSO ACUMULADO IV-192/2019). LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. SE REQUIEREN COPIAS DE TRASLADO Visto el escrito de cuenta signado por Ismael Salvador Jiménez Nambo y José Jesús Jiménez Nambo, autorizados de la parte quejosa, mediante el cual interponen recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo. Atento a su contenido, previo a proveer en cuanto al fondo de su petición, con apoyo en el artículo 88, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente en que quede debidamente notificado de este proveído, exhiba cuatro copias más de su escrito de agravios necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes; lo anterior se hace necesario virtud a que se requieren una copia para el Agente del Ministerio Público adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que conozca del recurso interpuesto, así como para la tercera interesada reconocida en este juicio, cuatro más para las autoridades señaladas como responsables, otra más para la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, y finalmente, una más para el expediente, y únicamente se exhibió el original del escrito de agravios y cuatro copias. APERCIBIMIENTO Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término señalado, se tendrá por no interpuesto dicho medio de impugnación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
...veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve... Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 45/2019 promovido por contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad y otras autoridades se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecisiete, con sede en esta ciudad. Secretaria adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecisiete, con sede en esta ciudad. Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecisiete, con sede en esta ciudad. Subdelegada de Registro del Registro Agrario Nacional. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda y al diverso ocurso presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto; asimismo, las documentales ofrecidas por la tercero interesada a través de los escritos presentados el dieciséis de abril de dos mil diecinueve; de igual forma las remitidas por la Subdelegada de Registro del Registro Agrario Nacional, al rendir su informe justificado, finalmente obra en cuaderno de pruebas por separado los autos originales del juicio agrario 322/2011 y 995/2014; medios de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidos y desahogados en atención su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA Se hace constar que ninguna de las partes formulo alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 45/2019-VII, promovido por María Dolores Padilla Rodríguez, por su propio derecho, contra actos que reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, y remitido a este juzgado el mismo día, María Dolores Padilla Rodríguez, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclamó del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, en esta ciudad, y otra autoridad, en los términos siguientes: "ACTO RECLAMADO: [.] todo lo actuado dentro del juicio que en vía de controversia agraria por sucesión legítima quedó registrado ante las responsables bajo número de expediente 322/2011, seguido ante el tribunal unitario agrario del Distrito 17 y que fuera promovido por la c.Rosa María Rodríguez Ramírez, en cuanto apoderada jurídica de Ma. Dolores González Arroyo, al respecto manifiesto que a las autoridades señaladas como responsables le reclamo todo lo actuado a partir del infundado auto admisorio fechado del día 17 de junio del año 2011, y que concluyó con emisión de resolución firme en la que indebidamente determinar instituir como única y universal heredera a la tercero interesada y por ende adjudicar a su favor los predios a que haré referencia, trámite mediante el cual hicieron nugatorios los derechos hereditarios que me asisten respecto de los siguientes predios que a continuación describo: 1.- Parcelario No. Certificado 353984, parcela 00052 zona 01, polígono 01 y superficie de 2-01-81.120 has, folio de derechos 16FD00108222, porcentaje 100% originado por inscripción de sentencias de fecha de inscripción 28 de mayo del 2012. 2.- Parcelario No. Certificado 353985, parcela 00055 zona 01, polígono 01 y superficie de 7-13-10.560 has, folio de derechos 16FD00108223, porcentaje 100% originado por inscripción de sentencias de fecha de inscripción 28 de mayo del 2012. 3.- Parcelario No. Certificado 353986, parcela 00037 zona 01, polígono 01 y superficie de 5-32-76.540 has, folio de derechos 16FD00108224, porcentaje 100% originado por inscripción de sentencias de fecha de inscripción 28 de mayo del 2012. 4.- Parcelario No. Certificado 354487, parcela 00053 zona 01, polígono 01 y superficie de -52-59.210 has, folio de derechos 16FD00289133, porcentaje 100% originado por inscripción de sentencias de fecha de inscripción 13 de Junio del 2012. En consecuencia de las prestaciones anteriores solicito se declare la nulidad del juicio sucesorio testamentario número 995/2014, en el que promueve Esperanza Pulido Rodríguez juicio sucesorio testamentario a bienes de Ma. Dolores González Arroyo, así como que por resolución que dicte este H. Tribunal, se ordene al Registro Agrario Nacional la cancelación e inscripción de los asientos registrales a que ordena la resolución de fecha 20 veinte de agosto del año 2014, dos mil catorce, dentro del expediente 995/2014. A) De igual forma reclamo a esta autoridad primera indicada como responsable cualquier acto habido y por haber, posterior al auto admisorio de demanda de fecha 17 de Junio del año 2011, dictado dentro del juicio que en vía de controversia agravia por sucesión legítima aperturó la tercero interesada y que quedó registrado bajo número de expediente 322/2011, mediante el cual sin contar con causa legal que funde y motive su proceder, indebidamente y sin conceder el derecho fundamental que asiste a la suscrita de llamarla, oírla y vencerla en juicio, determinó adjudicar y ubicar como heredera a la tercero interesada, por lo que reclamo de esta responsable cualquier acto habido y por haber que dimane del juicio que en vía de controversia agraria por sucesión legítima se radicó ante su potestad bajo número de expediente 322/2011. Asimismo a las autoridades indicadas les reclamo cualquier acto habido y por haber tendiente a continuarse con el espurio y simulado procedimiento instado por la tercero interesada, y sin que para ello se hayan respetado las garantías de audiencia, y de legalidad y seguridad jurídicas que asisten a la impetrante de garantías, por ende me duelo de que tal actuar tiende sin lugar a dudas a evitar el llamamiento a juicio de la suscrita, pese a que es la única persona que resentiría las consecuencias jurídicas de la resolución final que se dictó con motivo de la instauración de tal procedimiento, por ello reclamo todas y cada una de las actuaciones posteriores a la emisión del acuerdo admisorio de demanda en comento así como el dictado de la sentencia definitiva que señalo, puesto que evidentemente dicho procedimiento tiende a llevar a cabo la privación definitiva de los derechos hereditarios que únicamente me asisten respecto de los bienes que en vida pertenecieron a la de cujus María Carmen Rodríguez Arroyo, todo esto sin que cuente con procedimiento instado en mi contra en el que se respeten las formalidades esenciales del juicio, respecto del cual se le pretende privar en forma definitiva de los derechos hereditarios que me asisten respecto de los inmuebles mencionados, sin que para ello se hayan respetado los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que me asisten como se apreciara en capítulo respectivo. De igual forma reclamo a la autoridad responsable la emisión de la sentencia definitiva dictada dentro de las actuaciones del juicio agrario que por sucesión legítima tramitó la tercero interesada, la cual tengo entendido fue dictada en fecha 22 de septiembre del año 2011, y todas las actuaciones posteriores a la emisión del fallo citado, dado que se violentaron en forma flagrante en perjuicio de mi poderdante los derechos fundamentales a que haré mención. B) Asimismo reclamo de la segunda autoridad señalada como responsable cualquier acto habido y por haber, y cualquier intervención que dicha responsable haya adoptado posterior al auto admisorio de demanda de fecha 17 de Junio del año 2011 mediante el cual sin contar con causa legal que funde y motive su proceder, indebidamente y sin conceder el derecho fundamental que me asiste de ser llamada, oírla y vencerla en juicio, determinó adjudicar y ubicar como heredera a la tercero interesada, por lo que reclamo de esta responsable cualquier acto habido y por haber que dimane del juicio que en vía de controversia agraria por sucesión legítima se radicó ante su potestad bajo número de expediente 322/2011. C) A la tercera autoridad señalada como responsable le reclamo cualquier intervención que dicha autoridad haya realizado en la tramitación del juicio que en vía de controversia agraria por sucesión legítima fue promovido ante el Tribunal de su adscripción, registrado bajo número de expediente 322/2011. D) Por último señalo que la autoridad citada en este apartado reclamo cualquier inscripción que ante la dependencia que preside se haya llevado a cabo respecto de la tramitación del juicio que en vía de controversia agraria por sucesión legítima se ventiló ante el resto de las autoridades responsables.". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda; se formó el expediente y lo registró bajo el número 45/2019; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. En auto de veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se inició incidente de separación de juicios, por lo que en audiencia incidental desahogada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, se declaró procedente la separación de juicios ordenada en el juicio de amparo 45/2019, ordenando formar nuevo juicio para resolver lo concerniente a los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, dentro del juicio agrario 995/2014, promovido por Esperanza Pulido Rodríguez, y se ordenó girar oficio y copia certificada del juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, para el turno correspondiente. Por otra parte, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta levantada el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, mismo que fue resuelto por sentencia con engrose de dieciséis de julio de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección a la parte quejosa. Inconforme con esa resolución, los autorizados de la parte quejosa María Dolores Padilla Rodríguez, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito judicial, quien en ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, revocó la sentencia recurrida, para ahora ordenar la reposición del procedimiento, a efecto de dejar sin efectos lo actuado hasta la sentencia interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, donde se ordenó la separación de los autos, continuar con el procedimiento de amparo y resolver lo que en derecho proceda. En cumplimiento a lo anterior, se efectuaron las actuaciones necesarias para el efecto encomendado, dejando sin efectos lo actuado en el presente juicio hasta la sentencia interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, donde se había ordenado la separación de juicios, agregando las constancias del diverso juicio IV-192/2019, mismo que se había formado, en atención a la separación de autos, dejando subsistentes las actuaciones relativas a la rendición de los informes justificados por las autoridades responsables, emplazamiento de la tercero interesada y ofrecimiento de pruebas, por lo que se fijó día y hora hábil para el desahogo de la audiencia constitucional, la que se efectuó en los términos del acta levantada al inicio de esta resolución; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: La falta de emplazamiento al juicio agrario sobre sucesión legítima 322/2011, seguido ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, instaurado por Ma. Dolores González Arroyo, respecto del cual, la quejosa se ostenta como tercera extraña y, en consecuencia todo lo actuado en dicha controversia. La falta de emplazamiento al juicio agrario sobre sucesión legítima 995/2014, seguido ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en esta ciudad, instaurado por Esperanza Pulido Rodríguez, respecto del cual, la quejosa se ostenta como tercera extraña y, en consecuencia todo lo actuado en dicha controversia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Magistrado, Secretario de Acuerdos y el Actuario, todos adscritos al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, y Delegado del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, puesto que se advierte aceptaron la existencia de los actos reclamados, a cuyo efecto la primera de dichas autoridades remitió las constancias relativa a los juicios agrarios 322/2011 y 995/2014, del que derivan los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que las autoridades responsables exhibieron en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada de los expedientes agrarios 322/2011 y 995/2014. Así como las diversas constancias que acompañó la Subdelegada del Registro Agrario Nacional a su informe justificado. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa refiere ser tercera extraña a juicio, así como que se enteró de la existencia del acto reclamado el dieciséis de enero de dos mil quince; por tanto, el término para la promoción del juicio de amparo inició el diecisiete de enero del año en curso y concluyó el siete de febrero de ese año, término al que se le descuentan los días inhábiles correspondientes, por haber correspondido a sábados y domingos o días festivos. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el veintidós de enero de dos mil diecinueve; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". El tercero interesado refiere que en el caso concreto se surte la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, puesto que señala que estos actos ya fueron materia de estudio de diverso juicio de amparo, en específico del juicio 683/2014, del índice de este juzgado. Ahora, la causal que refiere la quejos se encuentra contenida en la fracción XI y no en la X que invoca, por lo que se corrige la cita de dicha causal. No obstante, dicha causal de improcedencia resulta infundada, puesto que contrario a lo que afirma, no se surten la totalidad de los requisitos que establece la referida causal, dado que la parte aquí quejosa no guarda identidad con la que acudió a solicitar el amparo y protección de la justicia federal dentro del referido juicio 683/2014, lo que se constata de la lectura de aquél juicio (el cual se tiene a la vista a fin de resolver este juicio de amparo, por ser un hecho notorio para este Juzgador, y por lo tanto debe tomarse en consideración en términos de lo que estatuye el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), del que se desprende que María Guadalupe Rodríguez Arroyo, fungió como quejosa, mientras que en este juicio, acudió con ese carácter Ma. Dolores Padilla Rodríguez; de ahí que resulte infundada dicha causal. Es aplicable al caso concreto, la tesis del siguiente contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 172215 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXV, Junio de 2007 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 103/2007 Página: 285 "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista. Contradicción de tesis 4/2007-PL. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 23 de mayo de 2007. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Tesis de jurisprudencia 103/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil siete. Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 91/2014, desechada por notoriamente improcedente, mediante acuerdo de 24 de marzo de 2014". Por otra parte, la parte tercero interesada también señala que se actualizan las causas de improcedencia establecidas en las fracciones XI y XIII, del artículo en cita, porque está demostrado que desde el año dos mil catorce ya tenía conocimiento de los actos reclamados y los consintió; por lo tanto, a la fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, ya había transcurrido en exceso el término de quince días con que contaba para presentar su demanda de amparo; lo anterior refiere se desprende del juicio de amparo 683/2014, el cual solicitó se tuviera a la vista al momento de resolver este juicio. Ahora, es el caso que la tercero con interés se limita a citar las referidas causas de improcedencia, sin expresar, razonamiento alguno, del por qué considera su actualización, o bien de qué forma la aquí quejosa tuvo conocimiento completo del acto que ahora reclama. Razón por la cual, la sola invocación de dichas causas de improcedencia, no basta para que este órgano de control constitucional suscrito realice su estudio, máxime que no se desprende su constatación. Es de invocarse la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 174086 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 137/2006 Página: 365 "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Contradicción de tesis 142/2006-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 8 de septiembre de 2006. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis de jurisprudencia 137/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintidós de septiembre de dos mil seis". Ahora, como en la especie las partes no hicieron valer diversas causales de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. Para arribar a la conclusión anotada, quien esto resuelve no deja de observar que la falta de interés jurídico es una cuestión de improcedencia, puesto que así se desprende de la lectura del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso concreto se realizará un análisis de fondo, puesto que dicha causa de improcedencia se encuentra íntimamente vinculada con el fondo del asunto, lo cual obliga a estudias los conceptos de violación planteados, así como los medios de prueba aportadas por la parte quejosa. Lo anterior aunado a que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, adoptó dicho criterio al resolver el amparo en revisión 405/2017, el cual se encuentra relacionado con este juicio de amparo, dado que el acto reclamado deriva del mismo juicio de origen. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ´De las sentencias´, del título primero ´Reglas generales´, del libro primero ´Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, por las razones que se expondrán a continuación. Previo a entrar al estudio de fondo, se estima necesario precisar los antecedentes que conforman el juicio agrario 322/2011, promovido por la apoderada de Ma. Dolores González Arroyo, de los que se advierte lo siguiente: 1.- Mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil once, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XVII, con residencia en esta ciudad, Ma. Dolores González Arroyo, denunció la sucesión intestamentaria a bienes de la extinta María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Rodríguez Arroyo, quien era ejidataria del ejido Tenhuecho y Aranza y Anexo, perteneciente al municipio de Tangancícuaro, Michoacán, basando el derecho de la promovente en el hecho de ser dependiente económica de la de cujus. Al respecto se adujo que la extinta era ejidataria y titular de los certificados parcelarios número 110890 que abarca la parcela marcada con el número 52-Z-1 P1/1, con una superficie de 02-01-81.12 hectáreas, certificado parcelario número 110891 que abarca la parcela marcada con el número 55 Z-1 P1/1 con una superficie de 07-13-10.56 hectáreas, certificado parcelario número 110892 que abarca la parcela marcada con el número 37 Z-1 P1/1, con una superficie de 05-32-76.54 hectáreas, así como de la parcela número 53 con una superficie de 00-52-59.218 hectáreas, ubicadas dentro de ejido de "Tenhuecho y Aranza y Anexo", municipio de Tangancícuaro, estado de Michoacán. Del acta de defunción que se anexó a esa demanda se advierte que la de cujus falleció el diecinueve de enero de mil novecientos noventa y nueve. 2.- En auto de veintidós de agosto de dos mil once, previa prevención, se admitió a trámite la demanda sobre sucesión intestamentaria a bienes y derechos agrarios de la extinta ejidataria. 3.- Seguido el juicio por sus trámites, el veintidós de septiembre de dos mil once, se dictó la resolución definitiva, en la que se reconoció a María Dolores González Arroyo, el carácter de ejidataria, del poblado denominado Tenhuecho y Aranza y Anexo, respecto de los derechos agrarios que en vida pertenecieron a María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo, titular de los certificados parcelarios números 110890, que ampara la parcela número 52, Z-1 P1/1 con superficie de 02-01-81.12 hectáreas; 110891 que ampara la parcela número 55 Z-1 P1/1 con una superficie de 07-13-10.56 hectáreas; 110892 que ampara la parcela número 37 Z-1 P1/1, con una superficie de 5-32-76.54 hectáreas; y de la parcela número 53 con una superficie de 00-52-59.218 hectáreas. Asimismo, ordenó la cancelación de los certificados parcelarios y certificado de derechos sobre tierras de uso común, expedidos a nombre de María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo, y la expedición de dichos documentos a favor de María Dolores González Arroyo, a efecto de acreditar su calidad de ejidatario del poblado de referencia. Como quedó anotado al inicio de este considerando, resultan infundados los conceptos de violación expuestos, por las razones legales que a continuación se expondrán. En su primer concepto de violación, la quejosa señala que se violó en su perjuicio el derecho de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto no se le llamó al juicio agrario 322/2011, promovido por Ma. Dolores González Arroyo, respecto de los derechos agrarios de la extinta ejidataria María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo, para que dedujera sus derechos en razón de su parentesco y dependencia económica que tenía con la de cujus, privándosele de esos derechos, al reconocerse como sucesora de los derechos agrarios a Ma. Dolores González Arroyo. En el segundo concepto de violación, la quejosa señala que acorde a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Agraria, ella tenía mejor derecho que la tercero interesada, pues Ma. Dolores González Arroyo, la mayor parte de su vida la pasó en Estados Unidos de Norteamérica, y además porque debía prevalecer el principio que establece: "los parientes más próximos excluyen a los más lejanos", y que además para la adjudicación de los derechos agrarios se debió seguir la regla de indivisibilidad del derecho agrario, es decir, ubicar a un sólo sucesor en cuanto al usufructo de los bienes ejidales. La quejosa se ostenta como persona extraña al expediente de sucesión intestamentaria de derechos agrarios 322/2011 promovida por Ma. Dolores González Arroyo a bienes de la extinta María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo, lo que se constata de la revisión de las constancias que integran el juicio de origen. Ahora, se estima necesario precisar las tres formas que existen para realizar la transmisión de derechos agrarios, ello conforme a lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, esto es, la sucesión testamentaria, la sucesión legítima y el procedimiento administrativo. En el citado numeral 17 de la Ley Agraria, se establece la figura de la sucesión testamentaria, según la cual, el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario; lo cual puede hacer a través de la formulación de la lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de sus derechos a su fallecimiento, para que esa lista tenga plena eficacia y validez, puede hacerse su depósito en el Registro Agrario Nacional, formalizarla ante Notario Público e, incluso, otorgar testamento ordinario conforme al derecho civil. Luego, para que se consolide la transmisión de los derechos agrarios a través de sucesión testamentaria, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley Agraria, es facultad del ejidatario hacer la designación de la persona que deba sucederle en sus derechos parcelarios y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, y para que ejerza ese derecho y la designación sea válida, basta que: a) Formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual se deba hacer la adjudicación de derechos a su fallecimiento; y, b) Deposite esa lista en el Registro Agrario Nacional o la formalice ante fedatario público, lo que supone que el Registro Agrario Nacional, calificó la lista de sucesores que deba quedar inscrita y en depósito del propio Registro, verificó la autenticidad de la firma y la huella digital del ejidatario o comunero y determinó la procedencia o improcedencia de la inscripción. Que ante el fallecimiento del ejidatario o comunero, para que la transmisión de derechos agrarios se consolide, se pueden seguir dos procedimientos: De existir controversia, los Tribunales Agrarios deben resolver la contienda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 163 y 164 de la Ley Agraria y 1o. y 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En cambio, si no existe esa controversia, debe optarse por la vía de jurisdicción voluntaria a que se refiere el artículo 165 de la Ley Agraria. Por su parte, el artículo 18 de la Ley Agraria, en lo conducente, dispone que cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, se abrirá la sucesión legítima, con el orden de preferencia siguiente: I. Cónyuge; II. Concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. Finalmente, se puede seguir el procedimiento administrativo, en los términos siguientes: a) El Registro Agrario Nacional, a petición de quien acredite tener interés jurídico para ello, debe consultar en el archivo de la delegación de que se trate y, de ser necesario, en el archivo central, si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión; en caso afirmativo, el registrador, ante la presencia del interesado y de por lo menos dos testigos de asistencia, haya abierto el sobre en el que se contiene la lista de sucesores y haya informado el nombre de la persona designada; b) Que se presente la persona designada; c) Es entonces cuando se deben asentar los datos en el folio correspondiente para que quede inscrita la transmisión de esos derechos agrarios por sucesión, y formalizada la adjudicación de los mismos; y, d) Finalmente, el Registro Agrario Nacional debe expedir el o los certificados agrarios respectivos, autorizados y firmados por la autoridad facultada para ello. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 20/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 187564 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Marzo de 2002 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 20/2002 Página: 197 "DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley Agraria; 72 a 74 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, en vigor hasta el nueve de abril de mil novecientos noventa y siete; y 9o., 13 y 84 a 88 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, vigente a partir del diez de abril de mil novecientos noventa y siete, para la transmisión y titulación de bienes, derechos y obligaciones en materia agraria por sucesión testamentaria, basta seguir las etapas del procedimiento administrativo previsto en los ordenamientos mencionados, a saber: a) Que el ejidatario haya hecho designación de sucesores de sus derechos en una lista en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual se deba hacer la adjudicación de derechos a su fallecimiento; b) Que esa lista se inscriba y deje en depósito del Registro Agrario Nacional, lo que supone que éste verificó la autenticidad de la firma y la huella digital del ejidatario o comunero, o que se formalice ante fedatario público; c) Que al fallecer el ejidatario o comunero, dicha dependencia, a petición de quien acredite tener interés jurídico, consulte en el archivo de la delegación de que se trate y, de ser necesario, en el archivo central, si el titular de los derechos realizó el depósito de la lista de sucesión, en caso afirmativo, el registrador, ante la presencia del interesado y de por lo menos dos testigos de asistencia, abrirá el sobre en el que se contiene la lista de sucesores e informará el nombre de la persona designada; d) Que ésta se presente; e) Que se asienten los datos en el folio correspondiente, de manera que quede así inscrita la transmisión de derechos agrarios por sucesión y formalizada su adjudicación; y f) Que el Registro Agrario Nacional expida el o los certificados respectivos, autorizados y firmados por la autoridad facultada para ello. Contradicción de tesis 117/2001-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito. 15 de febrero de 2002. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Eva Elena Martínez de la Vega. Tesis de jurisprudencia 20/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del primero de marzo de dos mil dos". Ahora, la quejosa refiere le fueron vulnerados los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no fue llamada al juicio sucesorio intestamentario de derechos agrarios 322/2011 promovido por Ma. Dolores González Arroyo a bienes de la extinta María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo, no obstante de la relación de parentesco y dependencia económica que aduce tenía con la de cujus. En esos términos, la quejosa aduce se ubica en la última hipótesis que establece el artículo 18, fracción V, de la Ley Agraria, y para acreditar lo anterior, adjuntó las documentales siguientes: Constancia expedida el dos de septiembre de dos mil dieciocho por el Comisariado Ejidal del Ejido de Tenguecho y Aranza y Anexos, conformado por el Presidente, Secretario y Tesorero, en la que se asentó que María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo, fue ejidataria de ese núcleo agrario hasta su fallecimiento; asimismo, asentaron que ".en vida ella tenía como dependiente económico a su hermana María Guadalupe Rodríguez Arroyo, a la cual no sólo ayudaba con sus recursos económicos, sino con los productos que sus parcelas generaban, una de las ayudas consistía en darle maíz que requería para su sostenimiento y el de sus hijos cada año..." Copia cotejada por notario público de la constancia de vigencia de derechos en núcleos agrarios incorporados al PROCEDE, expedida el quince de abril de dos mil catorce, en la que se anotó que María Carmen Rodríguez Arroyo, estuvo registrada en calidad de ejidataria en el poblado Tenguecho y Aranza y Anexos, perteneciente al municipio de Tangancícuaro, y fue dada de baja por traslado de derechos a favor de Ma. Dolores González Arroyo. Copia cotejada por notario público de las constancias de vigencia de derechos, expedidas el nueve de junio de dos mil catorce, en las que hizo constar que Ma. Dolores González Arroyo, en su calidad de ejidatario del ejido Tenguecho y Aranza y Anexos, perteneciente al municipio de Tangancícuaro, es titular de los derechos de las parcelas 52, 55, 37 y 53. Copia cotejada por notario público de los certificados parcelarios 353984 y 354487, expedidos el uno de junio de dos mil doce en favor de Ma. Dolores González Arroyo, respecto de las parcelas 52 Z-1 P1/1 Y 53 Z-1P1/1, ubicadas en el ejido Tenguecho y Aranza y Anexos, perteneciente al municipio de Tangancícuaro, Michoacán. Copia certificada de las actas de nacimiento de Ma. Dolores Padilla Rodríguez, María Guadalupe Rodríguez Arroyo, así como de las actas de defunción a nombre de Carmen Rodríguez Arroyo, Salvador Plancarte Ríos, Ma. Dolores González Arroyo y de las certificaciones del libro de registro de defunciones a nombre de María Arroyo Pimentel y Antonio González Rodríguez, expedidas por el Oficial del Registro Civil de Jacona, Michoacán. Las pruebas documentales descritas tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del precepto 2° y sólo resultan aptas para acreditar que la quejosa es hija de María Guadalupe Rodríguez Arroyo; sin embargo no son suficientes para acreditar que exista un parentesco entre la ahora quejosa y la de cujus, menos aún que la aquí quejosa haya dependido económicamente de la de cujus María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo. Lo anterior es así, puesto que las actas del registro civil exhibidas dentro del juicio de amparo 45/2019, consistentes en acta de nacimiento a nombre de María Guadalupe Rodríguez Arroyo, con folio A161013977, se advierte que los padres de la registrada llevan por nombres Antonio González Rodríguez y María Arroyo, mientras que en la impresión del acta de defunción certificada a nombre de Carmen Rodríguez Arroyo, no se anotaron los nombres de la fallecida. Ahora, si bien es verdad que dentro del juicio de amparo 683/2014, a fojas 169 y 170, obra acta de matrimonio de Guadalupe Rodríguez Arroyo, en la que fungen como nombres de los padres de la contrayente Antonio Rodríguez y María Arroyo; así como un acta de defunción a nombre de Carmen Rodríguez Arroyo, es el caso que en el segundo documento se advierte como nombre los padres de la fallecida a Antonio Rodríguez González y María Arroyo Pimentel; de ahí que dichos medios de convicción no son aptos para concluir que María Guadalupe Rodríguez Arroyo y Carmen Rodríguez Arroyo, eran hermanas, y menos aun que la ahora quejosa tenía un parentesco con la de cujus María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo. Sin que constituya obstáculo a lo anterior que en la constancia expedida por el Comisariado Ejidal del Ejido de Tenguecho y Aranza y Anexos, se haya asentado que María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo, tenía como su dependiente económico a su hermana María Guadalupe Rodríguez Arroyo, pues es el caso que el referido documento no es apto para acreditar la filiación de las personas, puesto que en términos del artículo 28 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, el estado civil sólo se comprueba con las actas y certificaciones del Registro Civil, y por ello ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por dicha ley. Por otra parte, si bien se acompañó al escrito de demanda constancia expedida el dos de septiembre de dos mil dieciocho, por parte del Comisariado Ejidal de Tenguecho y Aranza y Anexos, es el caso que dicha documental no precisa que la quejosa dependiera económicamente de la de cujus, puesto que se anotó que María Guadalupe Rodríguez Arroyo, era quien dependía de aquella y sus hijos, pero sin precisar el nombre de los descendientes; lo anterior, sin que pase por alto para este juzgador que dentro del juicio de amparo 683/2014, se determinó que la allá quejosa María Guadalupe Rodríguez Arroyo, no acreditó ser dependiente económica de María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo; por lo tanto, la documental que se acompaña resulta insuficiente para el fin pretendido. Cabe abundar que el diccionario enciclopédico de derecho usual, tomo III, de Guillermo Cabanellas, editorial Heliasta, 26ª edición, define la dependencia económica en los siguientes términos: "DEPENDENCIA ECONÓMICA. Esta locución se utiliza con matices muy distintos en la esfera internacional y en la del trabajo. En dimensión mundial. En el primer aspecto, corresponde a uno o más países que por insuficiencia de recursos, por atraso tecnológico o por insuperable dominación política, están sometidos a otro, que los explota por la extracción de sus recursos mejores o por la imposición de precios abusivos en los productos que les sumistra. La dependencia económica entre los pueblos, al dislocarse un solo eslabón de la cadena, basta para perturbar todo el proceso de elaboración, suministro, transporte y consumo, origen de crisis por falta de regularidad en los mercados; crisis que, como máxima paradoja económica, provienen asimismo de la superabundancia de productos cuando no encuentran éstos salida o consumo en el propio país de procedencia. En lo laboral. La dependencia económica no es otra cosa que la situación de las personas que por su edad, nexo parental o incapacidad obtienen la subsistencia cotidiana por el trabajo o dinero que reciben de otra. La cuestión adquiere relieve singular en relación con las víctimas de accidentes del trabajo; pues, para ser beneficiario de un trabajador en caso de accidente mortal, se requiere por diversas legislaciones laborales que exista relación de dependencia económica. No caben aquí fórmulas abstractas; ha de constituir una realidad la ayuda que el beneficiario recibía de la víctima y el amparo que la misma obtenía. Probanza. La de tal dependencia ofrece una presunción juris tantum a favor de ciertas personas, como el cónyuge y los descendientes directos de la víctima; presunción que se esfuma en cuanto a los ascendientes y hermanos, por no depender normalmente del cabeza de familia. La dependencia económica se apoya presuntivamente en la edad (hijos menores), el sexo (viuda o madre viuda) y el estado (hijas solteras que vivían en la casa de la víctima y no trabajaban fuera de ella). Por el contrario, los hijos mayores de edad, las hijas casadas, los ascendientes y los hermanos del muerto a consecuencia de un accidente de trabajo habrán de probar que, por excepción, dependían para su subsistencia de la víctima laboral". En esos términos, si por dependencia económica debe entenderse la subsistencia de una persona a cargo de otra, es el caso que el sólo hecho de que se haya asentado en la constancia que tenía como dependiente a María Guadalupe Rodríguez Arroyo y que una de las ayudas consistía en darle maíz para su sostenimiento y el de sus hijos, ello no acredita una dependencia económica con la de cujus, entendida ésta como el apoyo total para subsistir, lo cual no acreditó. Para concluir en esos términos, no obsta que se haya ofertado como medio de prueba acta notarial en la que se recabó testimonio a cargo de Adrián Valencia Espinoza y Guillermo Ríos Servín, quienes fueron acordes en referir que la quejosa dependía económicamente de la de cujus María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo. Sin embargo, dicho medio de convicción no resulta apto para el fin pretendido, puesto que esos testimonios no fueron emitidos ante la potestad de este juzgado, ello a fin de que en su caso fueran valorados en cuanto a su veracidad e idoneidad, puesto que la fe pública de que están investidos los notarios no resulta apta para demostrar lo que está fuera de sus funciones ni menos para invadir las reservadas a la autoridad judicial, como evidentemente es la recepción de declaraciones. Época: Novena Época Registro: 203157 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Marzo de 1996 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/42 Página: 836 "TESTIGOS, DECLARACIONES DE LOS, RENDIDAS ANTE NOTARIO. VALOR PROBATORIO. El documento en el que consten las declaraciones de testigos rendidas ante un notario público, sólo hacen prueba plena en cuanto a la certeza de que determinadas personas declararon ante ese funcionario, pero no en cuanto a la veracidad e idoneidad de esos testimonios para justificar las pretensiones del oferente de esa probanza, toda vez que la fe pública que tienen los notarios no es apta para demostrar lo que está fuera de sus funciones ni menos para invadir las reservadas a la autoridad judicial, como evidentemente es la recepción de declaraciones, ya que esta prueba debe prepararse en tiempo y recibirse por el juzgador con citación de la contraria para que ésta se halle en condiciones de repreguntar o tachar a los testigos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 60/90. Celedonia Roque González. 14 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 221/90. Maximina Acoltzi Romano. 6 de julio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Recurso de revisión 422/90. Comisariado Ejidal de Cuapiaxtla de Madero, Puebla. 5 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en revisión 686/95. Ninfa Luna viuda de Alcántara. 17 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz. Amparo en revisión 46/96. Ninfa Luna viuda de Alcántara. 8 de febrero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz". En esos términos, cabe concluir que de los medios de prueba ofrecidos ninguno es apto para demostrar que la quejosa, aquí recurrente, dependía económicamente de la de cujus María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo; por lo tanto, la quejosa no se ubica en alguno de los supuestos del artículo 18 de la Ley Agraria. Ello, porque en el caso, como se advierte del expediente de origen, la extinta María Carmen Rodríguez Arroyo y/o Carmen Rodríguez Arroyo, no realizó designación de sucesores, por lo que para que la aquí quejosa tuviera legitimación para ser llamada al expediente de origen, tenía que acreditar estar en alguno de los supuestos del artículo 18 de la Ley agraria, esto es, que tenía el carácter de cónyuge; concubina o concubinario; hijo del ejidatario; ascendientes; o bien, que hubiere dependido económicamente de aquella. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia que dice: Época: Novena Época Registro: 160464 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 87/2011 (9a.) Página: 3048 "AMPARO AGRARIO. CUALQUIERA DE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA QUE ACREDITE EL VÍNCULO CON EL EJIDATARIO FALLECIDO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS QUE PUEDAN AFECTAR LOS DERECHOS DE LA SUCESIÓN. Conforme a los artículos 212 y 216 de la Ley de Amparo, tratándose del juicio de garantías en materia agraria, en el que se reclamen actos que puedan afectar derechos agrarios individuales, los herederos aspirantes a ejidatarios cuentan con legitimación para defender la sucesión agraria del ejidatario fallecido. Luego, si durante la tramitación de un juicio agrario fallece el ejidatario cuyos derechos están en disputa, y éste no hubiere realizado la designación de sucesores, cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 18 de la Ley Agraria, que acredite el vínculo con aquél, cuenta con una expectativa de derecho a su favor que lo coloca como aspirante a ejidatario y como tal tiene legitimación para acudir al amparo en defensa de los derechos de la sucesión. Contradicción de tesis 440/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Tercer Circuito y Primero del Sexto Circuito, ambos en Materia Administrativa. 27 de abril de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. Tesis de jurisprudencia 87/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del once de mayo de dos mil once". En esos términos, se insiste, para que la quejosa hubiese sido llamada a juicio, era necesario que hubiera acreditado que tenía el carácter de cónyuge; concubina o concubinario; hija de la ejidataria; ascendiente; o bien, que hubiere dependido económicamente de aquella. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia del contenido y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 167611 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Marzo de 2009 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 20/2009 Página: 464 "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN DICHO JUICIO, SI SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA. Acorde con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción XIII, y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo cuando afecten a personas extrañas al juicio, constituyéndose una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que la persona que, a pesar de tener interés jurídico, no fue llamada al juicio sucesorio agrario, es tercera extraña a éste, en la medida en que no fue convocada a ejercer sus defensas y, por tanto, puede impugnar en amparo indirecto la sentencia firme dictada en aquel juicio. Para estos efectos, el tercero extraño debe probar ante el Juez de Distrito que se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, consistentes en: 1) figurar en alguna lista de sucesión inscrita en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante notario público o 2) acreditar que es cónyuge, concubina, concubinario, hijo, ascendiente o dependiente económico del ejidatario fallecido. Contradicción de tesis 185/2008-SS. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. 18 de febrero de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez. Tesis de jurisprudencia 20/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticinco de febrero de dos mil nueve". En esas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos reclamados derivados del diverso juicio agrario 995/2014, toda vez que existe vinculación entre los mismos y que uno es consecuencia del otro, aunado a ello, que la quejosa no vierte mayor concepto de violación en relación con dicho juicio y no lo reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad la hace derivar como consecuencia de lo actuado en el primer juicio agrario. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ma. Dolores Padilla Rodríguez, contra los actos y autoridades responsables, precisados en el considerando segundo de este fallo, por las razones anotadas en la parte final del considerando último de esta determinación. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil diecinueve. LLEGADA DE AUTOS. Agréguese a sus autos y acúsese recibo al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de su oficio 6546 de treinta y uno de octubre dos mil diecinueve, mediante el cual el Secretario de Acuerdos adscrito, envía a este juzgado testimonio autorizado de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativa 161/2019, los autos del juicio de amparo VII-45/2019 y un tomo de prueba relativo. Hágase del conocimiento de las partes, que el tribunal de alzada por ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, resolvió: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ordena al Juez de Distrito, reponer el procedimiento para los efectos señalados en el considerando quinto de esta resolución." En tal virtud, glósese el cuaderno de antecedentes relativo y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora en la ejecutoria de mérito, se ordena reponer el procedimiento del presente juicio de garantías, para dejar sin efectos lo actuado hasta la sentencia interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, donde ordenó la separación de los autos, continuar con el procedimiento de amparo y en su momento resolver lo que conforme a derecho corresponda. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA En consecuencia, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada, se deja sin efectos todo lo actuado en el presente juicio hasta la sentencia interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, donde se ordenó la separación de los autos. En consecuencia, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el índice de este juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo IV-192/2019, formado con motivo de la resolución interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en la cual se declaró procedente la separación de juicios, dictado en el juicio en que se actúa; consecuentemente, se ordena glosar al expediente en que se actúa las constancias que obran dentro del juicio IV-192/2019, a fin de que se continué el procedimiento en un solo juicio de amparo, de lo cual se ordena hacer las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno de este Juzgado. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO IV-192/2019. Asimismo, como también de la certificación de cuenta se advierte que en el juicio de amparo IV-192/2019 se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la misma se ordena dejar sin efectos, virtud a que en el juicio en que se actúa del cual determinó la superioridad no debió separarse ya se celebró la celebración de la audiencia constitucional respectiva. SE CONTINUA CON EL TRÁMITE. Consecuentemente, se ordena continuar con el trámite del juicio de amparo; en el cual dados los efectos de la ejecutoria de cuenta, en el mismo subsisten las actuaciones relativas a la rendición de los informes justificados por las autoridades responsables, emplazamiento de la tercero interesada y ofrecimiento de pruebas. En virtud a lo anterior sólo se considera necesario notificar a cada uno de las partes la ejecutoria en cita y el presente proveído en los domicilios que se encuentren señalados en autos para tal efecto. FECHA PARA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO NÚMERO VII-45/2019 Y SU DIVERSO ACUMULADO IV-192/2019, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil diecinueve. LLEGADA DE AUTOS. Agréguese a sus autos y acúsese recibo al Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de su oficio 6546 de treinta y uno de octubre dos mil diecinueve, mediante el cual el Secretario de Acuerdos adscrito, envía a este juzgado testimonio autorizado de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativa 161/2019, los autos del juicio de amparo VII-45/2019 y un tomo de prueba relativo. Hágase del conocimiento de las partes, que el tribunal de alzada por ejecutoria de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, resolvió: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se ordena al Juez de Distrito, reponer el procedimiento para los efectos señalados en el considerando quinto de esta resolución." En tal virtud, glósese el cuaderno de antecedentes relativo y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora en la ejecutoria de mérito, se ordena reponer el procedimiento del presente juicio de garantías, para dejar sin efectos lo actuado hasta la sentencia interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, donde ordenó la separación de los autos, continuar con el procedimiento de amparo y en su momento resolver lo que conforme a derecho corresponda. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA En consecuencia, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada, se deja sin efectos todo lo actuado en el presente juicio hasta la sentencia interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, donde se ordenó la separación de los autos. En consecuencia, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el índice de este juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo IV-192/2019, formado con motivo de la resolución interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en la cual se declaró procedente la separación de juicios, dictado en el juicio en que se actúa; consecuentemente, se ordena glosar al expediente en que se actúa las constancias que obran dentro del juicio IV-192/2019, a fin de que se continué el procedimiento en un solo juicio de amparo, de lo cual se ordena hacer las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno de este Juzgado. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO IV-192/2019. Asimismo, como también de la certificación de cuenta se advierte que en el juicio de amparo IV-192/2019 se encuentran señaladas las diez horas con veinte minutos del seis de diciembre de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, la misma se ordena dejar sin efectos, virtud a que en el juicio en que se actúa del cual determinó la superioridad no debió separarse ya se celebró la celebración de la audiencia constitucional respectiva. SE CONTINUA CON EL TRÁMITE. Consecuentemente, se ordena continuar con el trámite del juicio de amparo; en el cual dados los efectos de la ejecutoria de cuenta, en el mismo subsisten las actuaciones relativas a la rendición de los informes justificados por las autoridades responsables, emplazamiento de la tercero interesada y ofrecimiento de pruebas. En virtud a lo anterior sólo se considera necesario notificar a cada uno de las partes la ejecutoria en cita y el presente proveído en los domicilios que se encuentren señalados en autos para tal efecto. FECHA PARA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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