Ma. del Socorro Saucedo Tinoco

Expediente 401/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
401/2020
Año
2020
Actuaciones
29
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Ma. del Socorro Saucedo Tinoco
  • Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de que se NEGÓ, el amparo y protección de Justicia Federal; en lo referente a los cuadernos incidentales se concedieron las suspensiones tanto provisional como la definitiva; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.eegCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de junio de dos mil veintidós. ACUSA RECIBO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, a través del cual informa que acusó recibo del oficio 1367 donde este juzgado le informó que causó ejecutoria la resolución que negó la protección constitucional a la parte quejosa. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.eeg

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de cuatro de enero del año en curso, en la que se NEGÓ la protección constitucional a la quejosa Ma. del Socorro Saucedo Tinoco; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A SU LUGAR DE ORIGEN Devuélvase al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el toca I-94/2020, que acompañó a su informe justificado. Asimismo, devuélvase al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, el legajo de copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1001/2017, que remitió en apoyo de su informe de ley. Se solicita a dichas autoridades responsables el acuse recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IX-401/2020, promovido por Ma. del Socorro Saucedo Tinoco, por su propio derecho, contra actos del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán y recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno al día siguiente hábil, Ma. del Socorro Saucedo Tinoco, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Juez Octavo de Primera Instancia en materia Civil, con residencia en esta ciudad y el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. SEGUNDO. Derechos fundamentales que se estiman violados. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. Previo a cumplirse diversa prevención, por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma con el número de expediente IX-401/2020; se solicitó de las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. En virtud de que en términos de lo dispuesto por en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, con tales funciones celebró la audiencia constitucional, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia de rubro "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER".1 TERCERO. Asignación de nuevo titular. Toda vez que a través de los oficios SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, se determinó que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, será éste quien habrá de emitir el presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad civil con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, ampliación de la misma y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: La resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitida por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, dentro del toca 94/2020, que confirma la sentencia interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 1001/2017, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia en materia Civil de esta Distrito Judicial de Morelia, que cuantificó y reguló el incidente de intereses moratorios y costas promovido por la parte actora en el juicio natural. La respectiva ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se advierte que es cierto el acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitida dentro de las actuaciones del toca I-94/2020, que resolvió el recurso de apelación hecho valer por la parte demandada en el juicio de origen, en contra de la interlocutoria que resolvió el incidente de intereses moratorios y costas, confirmando la misma. De igual manera, es cierto el acto reclamado a la diversa responsable Juez Octavo de Primera Instancia en materia Civil, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación, en el sentido de que en dicho órgano jurisdiccional se lleva a cabo el juicio ejecutivo mercantil 1001/2017, promovido en contra de la aquí quejosa, lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada anexa del referido procedimiento mercantil. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice de 2011, Quinta Época, bajo el registro 1002815, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." A efecto de acreditar sus aseveraciones, la Sala responsable remitió copia certificada de diversas constancias relativas al toca I-94/2020, así como el juez Octavo de lo Civil, remitió constancias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1001/2017, mismos que obran por separado y se tienen a la vista. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a la calificativa de los conceptos de violación, conviene hacer una síntesis de los antecedentes del acto reclamado, al tenor de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que fueron valoradas con antelación, de las que se obtiene lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, ante la oficialía de partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, turnado el día hábil siguiente al Juzgado Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, Ma. Lucia Vargas Vargas (tercera interesada), por conducto de sus endosatarios en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a Ma. Del Socorro Saucedo Tinoco, de quien reclamó, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de $870,000.00 (ochocientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal, así como el pago del interés moratorio del 3.5% mensual. 2. En auto de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, se despachó auto de ejecución en forma y se ordenó emplazar a la demandada corriéndole traslado con la demanda y sus respectivos anexos. 3. Por acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, la responsable tuvo a la demandada dando contestación en tiempo a la demanda formulada en su contra. 4. Seguido el trámite por su cauce legal, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia dentro del juicio mercantil subyacente, en el que el juez responsable determinó declarar improcedente la vía ejecutiva mercantil, dejando a salvo los derechos de la parte actora, ordenándose levantar el embargo trabado en autos y, condenó a la parte actora al pago de los gastos y costas del juicio. 5. Inconforme con la anterior determinación, la parte actora interpuso en su contra el recurso de apelación, del cual conoció la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante resolución emitida el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del toca I-308/2018, de su índice, revocó la sentencia de primer grado y declaró procedente el ejercicio de la acción, condenando a la parte demandada a lo siguiente: "TERCERO. Por consiguiente, se condena a la demandada al pago de la cantidad de $870,000.00 ochocientos setenta mil pesos, en concepto de capital vencido de los dos títulos de crédito, así como al pago de los intereses moratorios a razón del 3.5% tres punto cinco por ciento mensual, a partir del día siguiente al vencimiento de cada uno de los títulos de crédito, en la inteligencia de que su cuantificación se reserva para ejecución de sentencia, asimismo, se le condena a los intereses que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo. CUARTO. Se condena a la demandada al pago de los gastos y costas de esta instancia, previa su regulación y aprobación judicial.." 6. Posteriormente, en ocurso de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el endosatario en procuración de la actora Ma. Lucia Vargas Vargas promovió incidente sobre planilla de liquidación, en la cual reclamó la cantidad de $2´879,274.00 (dos millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios y honorarios. 7. En acuerdo de treinta de octubre del mismo mes y año, el juez responsable admitió a trámite el aludido incidente y ordenó dar vista a la demandada por el plazo de tres días para que manifestar lo que a su interés legal conviniera. 8. Mediante escrito de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, la demandada en el juicio de origen, compareció ante la responsable a dar contestación a la cuestión incidental en cita. 9. En interlocutoria de nueve de noviembre de dos mil diecinueve, el juez de origen resolvió la planilla de liquidación de sentencia formulada por la parte actora, misma que declaró procedente y, reguló la condena a la parte demandada al pago de la cantidad de $2´879,274.00 (dos millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios y honorarios. 10. Inconforme con dicha determinación, la parte demandada interpuso en su contra el recurso de apelación, del cual conoció la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien mediante resolución del veintiocho de febrero de dos mil veinte, emitida dentro de las actuaciones del toca I-94/2020, determinó confirmar la interlocutoria recurrida, donde además determinó procedente condenar a la parte apelante al pago de las costas en ambas instancias. Esta última resolución es la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación formulados por la parte recurrente, obran en el expediente que se tiene a la vista, por lo que resulta innecesaria su transcripción. En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, registro 164618 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que a la letra dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, son inoperantes, por las razones que a continuación se exponen. Por principio, cabe señalar que el caso a estudio deriva de una controversia de naturaleza mercantil, por tanto, el análisis que se haga de los motivos de inconformidad planteados será de estricto derecho. No pasa inadvertido que el artículo 79 de la Ley de Amparo permite suplir la deficiencia de los conceptos de violación invocados, cuando la parte quejosa se encuentra dentro de alguno de los puestos que ahí se contienen. Así, de la narrativa que realiza la promovente podría entenderse que ésta aduce encontrarse dentro de la hipótesis que prevé la fracción VII del precepto legal invocado, empero, para que aplique la suplencia de la queja en su favor, primero debe estar justificado que su situación especial -discapacidad, edad y situación económica- la sitúa en una clara desventaja social que ha incidido en su defensa legal. Al respecto, la quejosa señala que es una persona de la tercera edad, dicho de otro modo, que es una persona en condiciones de vulnerabilidad y, por consiguiente, se debe de suplir la deficiencia de la queja en su favor. Ahora, los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad se encuentran establecidas en un documento denominado "las cien reglas de Brasilia", aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia en marzo de 2008, que si bien no es de aplicación obligatoria, constituye una herramienta que sirve a este juzgador, razón por la cual, resulta prudente realizar un análisis del contexto presentado por la aquí quejosa con el contenido del instrumento en alusión. Para ello, debe precisarse que las cien reglas de Brasilia tienen como objetivo estructural garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, entendiéndose a éstas como aquéllas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, el objetivo toral de la protección a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad es que éstas puedan acceder al sistema de justicia a defender sus derechos, en un plano de igualdad sustancial para con su contendiente en el proceso natural. No obstante, los autos revelan que la accionante Ma. Del Socorro Saucedo Tinoco acudió al juicio ejecutivo mercantil como parte demandada, dio contestación a la demanda de mérito, presentó medios de prueba y fue vencida en juicio. Ello al tenor de la sentencia definitiva que se dictó el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del toca I-308/2018, del índice de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. También se obtiene que la enjuiciada en cita dio contestación a la planilla de liquidación dentro del incidente de liquidación de sentencia, en la que se dictó resolución interlocutoria; siento ésta la determinación que constituye el objeto de estudio en este juicio de derechos humanos. Además, no escapa a la consideración de este juzgador que la quejosa fue asesorada en los procedimientos que subyacente por su apoderado legal, el jurista Filiberto Ortiz Velasco. Por ello, el hecho de que la quejosa sea adulta mayor (circunstancia que no se encuentra acreditada en autos), no implica que aquella haya quedado sin defensa. Tampoco se advierte la clara actualización de una violación procesal por parte de la autoridad responsable que haya colocado a la promovente en dicha hipótesis de indefensión. Resulta orientadora al caso la tesis 1a. CXXXIII/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS MAYORES. Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se encuentre en un estado de vulnerabilidad." Análisis de los conceptos de violación La peticionaria de derechos fundamentales esgrimió como motivos de disenso, esencialmente, que la interlocutoria reclamada viola su derecho de seguridad jurídica por lo siguiente: Conceptos de violación Trasgrede su esfera jurídica al permitir la explotación del hombre por el hombre (usura) en su perjuicio, toda vez que la cantidad señalada por el actor en su planilla de liquidación rebasa la supuesta deuda hasta en tres veces, dado que el interés del 3.5% es usurario y, la actora tardó más de 69 y 134 meses para el cobro de los pagarés, el cual, uno de ellos ya se encontraba pagado. Es ilegal que se le condene al pago de los intereses moratorios, toda vez que el artículo 1556 del Código Civil del Estado de Michoacán, señala que el interés legal es el nueve por ciento anual; el interés convencional es el que fijan los contratantes y puede ser mayor o menor que el interés legal, pero no podrán señalar un interés usurario y, que es usurario el interés que exceda del dos por ciento mensual; Es obligación del juzgador pronunciarse acerca de la prevalencia de la cosa juzgada; siendo aplicable al caso, la tesis del rubro: "USURA EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CABE ESTABLECER UNA SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA.". Que los numerales 1º y 133 de nuestra Carta Maga, en relación con el artículo 21.3 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, prohíben la usura y la explotación del hombre por el hombre y, por ello, tanto el juez natural como el Magistrado responsable, inclusive, de oficio debieron declarar usurarios el interés del 3.5% mensual, siendo aplicable al caso la tesis de rubro: "USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SE ADVIERTA QUE, PESE A LA REDUCCIÓN EFECTUADA POR LA RESPONSABLE, LOS INTERESES AÚN SON USURARIOS.". Los conceptos de violación en estudio son inoperantes. En primer lugar, la inoperancia deriva del hecho de que los conceptos de violación en lo toral, son una reiteración de los agravios que la promovente del amparo hizo valer en apelación. En relación con el tema de la usura. Argumentos que fueron desestimados por la Sala Civil en el sentido de que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que resolvió la imposibilidad de analizar en el amparo ese tema si ya constituye cosa juzgada. Todo lo cual no fue combatido por la quejosa en los motivos de disenso. En segundo lugar, la inoperancia emerge porque, se insiste, de su análisis se observa que están encaminados a combatir un tema que ya no puede ser sujeto a discusión, ni reexaminarse, por existir cosa juzgada en el juicio del que deriva el acto reclamado, por las siguientes consideraciones. Como se expuso en el considerando cuarto de esta resolución, el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del toca I-308/2018, la Sexta Sala Civil revocó la sentencia de primer grado y declaró procedente el ejercicio de la acción, condenando a la parte demandada al pago de la cantidad de $870,000.00 (ochocientos setenta mil pesos 00/100 M.N.), en concepto de capital vencido, así como al pago de los intereses moratorios a razón del 3.5% tres punto cinco por ciento mensual, a partir del día siguiente al vencimiento de cada uno de los títulos de crédito, y los que se siguieran generando hasta la total liquidación del adeudo. Resolución que si bien fue impugnada por la demandada, aquí quejosa, le fue negado el amparo correspondiente (sin que de autos se advierte constancia de ello, ya que únicamente se encuentra el dicho del juez responsable en el sentido de que se le negó el amparo y la manifestación de la quejosa, en el escrito mediante el cual contestó la vista que se le dio respecto de la planilla de liquidación de sentencia formulada por su contraria, en el sentido de que no obstante de que se le negó el amparo por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, se encontraba en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), motivo por el cual, quedó firme, por lo que la condena en ella contenida constituye cosa juzgada. Una vez precisado lo anterior, del análisis la contradicción de tesis 284/2015, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación al tópico de la usura, se obtiene, en lo medular, lo siguiente: I. El derecho a la propiedad se encuentra protegido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ello, en cumplimiento a la protección de derecho, el juzgador está obligado a realizar un análisis respecto a los intereses moratorios pactados al momento de dictar sentencia. II. Una vez que la condena adquiere la categoría de cosa juzgada, ya sea porque no fue recurrida o, en su caso, confirmada, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva. III. Así, en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia, debido a que ya existe condena firme al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual; debe considerarse firme. IV. Consiguientemente, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. De lo anterior derivó la tesis 1a./J. 28/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." Entonces, con base el esquema presentado en párrafos que preceden y en los antecedentes expuestos en el considerando cuarto de esta resolución, se obtiene que el análisis del tema de la usura -del interés moratorio- propuesto por la parte quejosa, derivado del porcentaje con base en el cual se cuantificaron los intereses moratorios, no puede ser abordado en esta instancia constitucional porque la definición de dicho porcentaje constituyó materia de pronunciamiento en la sentencia emitida el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del toca I-308/2018, por la Sexta Sala Civil, la cual constituye cosa juzgada. De ahí la inoperancia de sus conceptos de violación. De ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de la usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, las determinaciones que condenaron al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, deben considerarse firmes, como lo sostuvo la autoridad responsable. Aunado a lo anterior, debe precisarse que los incidentes de liquidación aun cuando tienen objeto y contenido propios como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no pudieron dilucidarse en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, aunado a que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general. En consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación de lo que fue materia del juicio. Bajo esa óptica, la actividad del juzgador de origen no puede ir más allá de lo establecido en la parte considerativa del fallo definitivo, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta. De manera que la interlocutoria de liquidación de intereses moratorios no genera derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, porque ello equivaldría a inobservar la autoridad de la cosa juzgada como principio esencial de la seguridad jurídica. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DIRIGIDOS A COMBATIRLA. Los procesos de garantías constitucionales se rigen por el principio de cosa juzgada que conduce a impedir que lo resuelto en definitiva en un juicio de amparo pueda ser objeto de nuevo análisis y decisión en otro juicio de la misma clase, pues uno de los presupuestos procesales radica en que la materia de decisión subsista, lo cual no acontece cuando tal materia ya ha quedado resuelta en un procedimiento judicial previo. Este principio se refleja en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, donde se determina expresamente que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. La aplicación de este enunciado legal en sus términos, sólo tiene lugar en los casos en que el fallo reclamado se encuentre dictado en su totalidad en cumplimiento de una sentencia de amparo, caso en el cual debe desecharse la demanda, si tal situación se advierte al proveer sobre la admisión, o bien, decretar el sobreseimiento en la resolución terminal. Sin embargo, cuando el fallo reclamado contiene una parte de consideraciones emitidas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo y otra fundada en las propias atribuciones de la autoridad responsable, la primera porción no es susceptible de estudio en el nuevo juicio de amparo, por constituir cosa juzgada, y la porción restante sí puede ser analizada, razón por la cual no procede desechar la demanda ni decretar el sobreseimiento, pero sí declarar inoperantes los argumentos dirigidos a confrontar la parte de la resolución reclamada que ya fue juzgada por la jurisdicción constitucional." De ahí que si en la resolución de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por la Sexta Sala Civil, dentro de los autos del toca civil I-308/2018, de su índice, revocó la sentencia de primer grado y declaró procedente el ejercicio de la acción, condenando a la quejosa a pagar a la actora, entre otras cosas, los intereses moratorios a una tasa del 3.5% tres punto cinco por ciento mensual sobre la suerte principal hasta la total solución del juicio; por tanto, es incuestionable que dichos intereses deben liquidarse como se estableció en la resolución definitiva, al ser una consecuencia lógica jurídica de la condena al pago de la suerte principal. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. Ahora, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Salas, es obligatoria para Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como para los Juzgados de Distrito. Por ende, aquella jurisprudencia es de aplicación obligatoria para quien aquí resuelve y no pueden analizarse, en este amparo, la validez de sus consideraciones, como lo pretende la quejosa al invocar criterios de tribunales inferiores a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que resulten inaplicables los criterios invocados por la quejosa de rubros: "USURA EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CABE ESTABLECER UNA SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA" y "USURA. A FIN DE GARANTIZAR Y PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS, PROCEDE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SE ADVIERTA QUE, PESE A LA REDUCCIÓN EFECTUADA POR LA RESPONSABLE, LOS INTERESES AÚN SON USURARIOS.". Ello es así, pues de atender a esos criterios se estaría, prácticamente analizando el criterio del máximo Tribunal, lo cual no es permitido por el citado artículo 217 de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto, el criterio siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. NO ES RECLAMABLE A TRAVES DE UN JUICIO DE GARANTIAS. La jurisprudencia sentada por los tribunales de la Unión conforme a los artículos 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (jurisdicción ordinaria federal) y 192 a 197 B de la Ley de Amparo (jurisdicción constitucional), no es reclamable a través del juicio de amparo, pues la interpretación conjunta de los artículos 94, 103 y 107, fracción XIII, constitucionales permite sostener que el Constituyente ha dispuesto un mecanismo distinto para su establecimiento, reforma o revisión, en el cual se confía al legislador ordinario la determinación de los requisitos a observarse en cada caso, en el entendido de que tratándose de la derivada de los juicios de amparo, la propia Constitución determina los mecanismos para solucionar las contradicciones entre las sustentadas por Tribunales Colegiados o por las Salas de esta Suprema Corte; en este sentido, la regularidad de una tesis jurisprudencial frente al texto legal o constitucional sobre el que verse, o frente al ordenamiento jurídico, no puede ser examinada tantas veces como los particulares afectados por su aplicación promuevan juicios de amparo, pues ello sería contrario a la seguridad jurídica y crearía un caos en el sistema de administración de justicia. Dada la naturaleza de la jurisprudencia, su creación, interrupción o modificación, debe regirse por reglas distintas de las que determinan la procedencia del juicio de amparo en contra de cualquier acto del poder público, sin que ello signifique sostener que el contenido normativo de la jurisprudencia quede al margen de la Constitución, pues para el Constituyente la jurisprudencia de los tribunales federales es un producto de su labor como intérpretes supremos de la Carta Fundamental, leyes, tratados internacionales y, en general, de las normas jurídicas, cuyo criterio debe reputarse siempre acorde a los principios constitucionales; además, de estimar procedente la acción de amparo en contra de las resoluciones de esta Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito que sientan jurisprudencia, se admitiría la posibilidad de que se cuestionara implícitamente la corrección de fallos que son inatacables en términos de la propia Constitución y de la ley de la materia." En tales condiciones, es que resultan inoperantes los conceptos de violación, puesto que como se puso de manifiesto el tópico relacionado con la usura de acuerdo a las constancias es cosa juzgada, por tanto tiene su límite en dicha institución. Pensar de distinta manera equivaldría a que las partes permanecieran en un estado de incertidumbre permanente durante el periodo de ejecución lo cual no es acore a los principios emanados en la Constitución. A consecuencia de la ineficacia de los agravios e inexistir causa eficiente para suplir la queja, por inactualizarse alguno de los supuestos previstos por el artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia federal a la parte quejosa Por último, la Fiscal adscrita formuló los alegatos de su intención; sin embargo, al no formar parte de la litis, no se contestan de manera expresa, de conformidad a la jurisprudencia que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ma. del Socorro Saucedo Tinoco, por su propio derecho, contra los actos reclamados del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad y el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy cuatro de enero de dos mil veintidós, en que las labores del Juzgado permitieron concluir el engrose del mismo. Doy fe.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano