Ma. Dolores Naranjo Montenegro

Expediente 1487/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1487/2021
Año
2021
Actuaciones
16
Última actuación
21/06/2022

Partes del expediente

  • Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial
  • Ma. Dolores Naranjo Montenegro
  • Gerardo Severino Naranjo Montenegro
  • MA. DOLORES NARANJO MONTENEGRO y Otros.
  • Carolina Naranjos Montenegro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, la cual dice: S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1487/2021. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el doce de noviembre siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, *************, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la [1] Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial y [2] Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, ambos del Estado de Morelos, por los actos reclamados siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. Consistente en la ilegal sentencia interlocutoria de fecha 08 de octubre de 2021, dictada en relación con los recursos de revocación de fecha 05 de agosto de 2021, suscritos por el abogado de la parte actora en contra de los autos de fecha 21 de julio de 2021, en el cual se había ordenado admitir la reconvención hecha valer por los CC. *************, dentro del juicio ordinario civil *************del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, incoado por la C. *************, en su carácter de albacea y adjudicataria de la sucesión intestamentaria a bienes de *************, quien también fue conocido como *************." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocido como *************, por conducto de su albacea y adjudicataria *************, el cual se realizó mediante citatorio entregado el diecinueve de noviembre siguiente y se tuvo por legalmente hecho a través de la lista de estrados publicada el veinticuatro de noviembre siguiente; sin embargo, se apersonó al juicio mediante escrito recibido el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, en el que formuló alegatos. Asimismo, este juzgado hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, mediante auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó hacer del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que, en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis Juicio de amparo 1487/2021 de noviembre de dos mil veintiuno; y, el tres de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional de conformidad con lo asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado es la sentencia interlocutoria que declaró procedente el recurso de revocación y revocó los autos de admisión de la reconvención planteada, atribuida a autoridades civiles, con residencia en la circunscripción de este Juzgado Federal que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: De la [1] Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos: a) La sentencia interlocutoria de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión *************, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, promovido por la actora Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocido como *************, por conducto de su albacea y adjudicataria ************* -aquí tercera interesada-, en contra de los demandados ************* -aquí quejosos-, que declaró procedente el recurso de revocación interpuesto por la parte actora, en contra de los autos de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, que había admitido a trámite la reconvención planteada por los demandados en lo principal, para ahora desechar dicha reconvención, al no haber sido firmado el escrito por el que se subsanó la prevención de la reconvención, en forma personal por los demandados principales y actores reconvencionistas, sino que tal escrito fue signado por su abogado patrono. Del [2] Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos: b) La ejecución de dicha sentencia interlocutoria. lll. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial y [2] Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, ambas del Estado de Morelos, pues al rendir su informe justificado la primera aceptó la existencia del acto que se le reclama y el segundo se adhirió a lo informado por la Jueza responsable. Además, la autoridad señalada en primer término remitió copias certificadas del juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión *************, en las que entre otras actuaciones, obra el requerimiento formulado al escrito de reconvención presentado por los demandados principales y actores en reconvención, así como el recurso de revocación interpuesto y la sentencia interlocutoria reclamada, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. Es oportuna la presentación de la demanda de amparo, pues los quejosos fueron notificados de la resolución reclamada, en forma personal el doce de octubre de dos mil veintiuno (foja 468 reverso del anexo I); así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del trece de octubre al cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, descontando el dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre del año citado, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el uno y dos de noviembre de dos mil veintiuno, inhábiles de conformidad con la circular 9/2021, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por lo que si la demanda fue presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, decimoquinto día del plazo, es concluyente su oportunidad. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, éstas no hicieron valer alguna de ellas y no se advierte de oficio su actualización1. Además, porque conforme a la jurisprudencia P./J. 146/2000, con registro digital 190661, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la resolución que confirma el desechamiento de una reconvención, procede el juicio de amparo indirecto, pues con esa determinación se impide que se ejerza el derecho de acción, lo que afecta el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción; criterio que es de rubro y texto siguiente: 1 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como criterio general que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, los actos dentro de juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales previstas en la Constitución Federal, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En congruencia con tal criterio, debe decirse que contra el auto que confirma la resolución que desecha la reconvención planteada procede el juicio de amparo indirecto conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque dicho acto procesal debe considerarse como de ejecución irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, se comete una violación palmaria y sobresaliente que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 constitucional, pues la sentencia definitiva que se llegue a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituye en el derecho que le otorga la propia Constitución, en virtud de que no resolverá sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis. Por otro lado, en virtud del carácter especial y sui generis de la resolución que confirma aquella que desechó la reconvención, este Máximo Tribunal advierte que también, por excepción, es susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, esto es, de carácter procesal, como lo es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento se siga ante el mismo Juez y no ante otro, así como el derecho que tiene de que un solo Juez sea competente para resolver ambas acciones y que a través de una sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las pretensiones planteadas por las partes." En consecuencia, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio del asunto, es pertinente hacer una relación de las actuaciones que integran el juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión *************, en la forma siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte (fojas 2 a 7 del anexo I), la Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocido como *************, por conducto de su albacea y adjudicataria ************* -aquí tercera interesada-, demandó en la vía ordinaria civil, acción plenaria de posesión en contra de *********** Y **********, todos de apellidos ************ -aquí quejosos-, en la que reclamó las prestaciones siguientes: a) La declaración de que la actora tiene mejor derecho a la posesión del bien inmueble denominado "*************", ubicado en la *************, con superficie de *************m2 (************* metros cuadrados), con las medidas y colindancias que se describen en la demanda. b) La entrega real y material de la posesión del bien inmueble reclamado, a favor de la actora. c) El pago de gastos y costas del juicio. d) El pago de daños y perjuicios, consistente en el equivalente a una renta mensual por el tiempo que los demandados se han encontrado en el bien inmueble y hasta su entrega a la sucesión actora. La demanda se turnó al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, que en proveído de cinco de octubre de dos mil veinte (foja 20 del anexo I), previno a la parte actora para que acreditara la legitimación activa con la cual pretendía incoar el juicio, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento no se admitiría la demanda. 2. Mediante escrito de trece de octubre de dos mil veinte (foja 22 del anexo I), *************, bajo protesta de decir verdad, aclaró que promovía en calidad de albacea y adjudicataria de los bienes de su padre *************, también conocido como *************, como lo comprobaba con las copias certificadas del expediente *********** del índice del entonces Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos; por lo que en auto de veintidós de octubre siguiente (foja 24 del anexo I), la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, tuvo a la actora subsanando la prevención que le fue formulada, por lo que admitió a trámite la demanda con el número de expediente *************, y ordenó emplazar a los demandados. 3. Llevado a cabo el emplazamiento de los demandados, mediante escrito recibido el veintitrés de noviembre de dos mil veinte (fojas 48 a 86 del anexo I), la Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocida como *************, *************, ************* y *************., por conducto de su albacea ***************, así como *************, ************** Y ***********, todas de apellidos *************, presentaron contestación a la demanda e hicieron valer reconvención en contra de la actora principal Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocido como ************* y del Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en la que reclamaron como acción principal la prescripción positiva del bien inmueble denominado "*************", identificado como lote **************, situado entre las calles de ********* y ************, del Poblado de ****************, Municipio de ****************, respecto de la fracción con superficie, medidas y colindancias que se especificaron en el escrito de reconvención. 4. Por auto de uno de diciembre de dos mil veinte (foja 187 del anexo I), la Jueza responsable determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado por la Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocida como *************, *************, ************* y. *************., por conducto de su albacea *************, al no ser parte en el juicio, por lo que dejó a salvo sus derechos para que los hiciera valer como correspondiera y ordenó la devolución de los documentos exhibidos. 5. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte (fojas 206 a 240 del anexo I), *************, dio contestación a la demanda e hizo valer reconvención en contra de la actora principal Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocido como ************* y del Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, en la que reclamó como acción principal la prescripción positiva del bien inmueble denominado "*************", identificado como ****************, respecto de la fracción con superficie, medidas y colindancias que se especificaron en el escrito de reconvención. 6. Mediante auto de uno de diciembre de dos mil veinte (foja 368 del anexo I), se ordenó reservar el escrito presentado por *************, hasta en tanto fueran resueltos los incidentes de nulidad de emplazamiento promovidos por los demandados y que les fueron admitidos con suspensión del procedimiento. 7. En proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno (foja 369 del anexo I), se determinó la rebeldía en que incurrieron las demandadas ***************, todas de apellidos *************, al no haber dado contestación a la demanda en su contra, por perdido el derecho y por presumiblemente confesados los hechos que dejaron de contestar; y en el diverso auto de esa misma fecha catorce de abril de dos mil veintiuno (foja 371 del anexo I), se tuvo a *************, contestando en tiempo la demanda instaurada en su contra y por opuestas sus defensas y excepciones que hizo valer, por lo que se ordenó dar vista a la parte actora con tal contestación de demanda para que manifestara lo que a su interés conviniera, y por cuanto a la reconvención que hizo valer el demandado principal, se le previno para que en el plazo de tres días, exhibiera el certificado de libertad de gravamen del bien inmueble materia de la litis, a efecto de acreditar la legitimación pasiva de la prescripción demandada, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, no se tendría por presentada la reconvención. 8. El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno (fojas 384 a 386 del anexo I), se regularizó el procedimiento, por lo que se dejó sin efectos el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, en el que se determinó que las demandadas *************, ************* y *************, todas de apellidos *************, no habían dado contestación a la demanda, pues sí lo habían hecho en el mismo escrito presentado con la Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocida como *************, *************, ************* y *************., por conducto de su albacea *************; por tanto, se tuvo a *************, ************* y *************, todas de apellidos *************, contestando en tiempo la demanda instaurada en su contra y se ordenó dar vista con ésta a la parte contraria para que manifestara lo que a su interés conviniera. Asimismo, por cuanto a la reconvención presentada, se les hizo la prevención para que en el plazo de tres días exhibieran el certificado de libertad de gravamen del bien inmueble materia de la litis, a efecto de acreditar la legitimación pasiva de la prescripción demandada, o en su caso, exhibieran certificado expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, mediante el cual dicha autoridad administrativa certificara que el bien inmueble motivo de prescripción positiva reclamada en reconvención, no se encuentra inscrito, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, no se tendría por presentada la reconvención. 9. Por escrito presentado el seis de mayo de dos mil veintiuno (foja 387 y 388 del anexo I), *************, manifestó bajo protesta de decir verdad que el bien inmueble materia de la demanda reconvencional no se encontraba inscrito ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. En atención a lo manifestado en el citado escrito, por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno (foja 391 del anexo I), se requirió a *************, para que exhibiera certificado expedido por el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, mediante el cual dicha autoridad certificara que el bien inmueble motivo de la reconvención no se encuentra inscrito, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento, no se tendría por presentada la reconvención. 10. Mediante escritos presentados el uno de junio de dos mil veintiuno (fojas 401 a 402 y 405 a 406 del anexo I), los demandados *************, por propio derecho, solicitaron se les autorizara una prórroga de veinte días para exhibir el certificado de inexistencia de registro del bien inmueble reclamado en reconvención, toda vez que ya lo habían solicitado pero aún no les había sido entregado. Por acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno (foja 409 del anexo I), se concedió a los demandados en lo principal, una prórroga de diez días para exhibir el certificado de inexistencia de registro requerido. 11. A través de los escritos presentados el ocho de julio de dos mil veintiuno (foja 412 y 416 del anexo I), *************, en su carácter de abogado patrono de ************************** y de *************, ************* y *************, todos de apellidos *************, respectivamente, exhibió el certificado de inexistencia de registro que había sido requerido a los demandados en lo principal. Por autos de veintiuno de julio de dos mil veintiuno (fojas 414 a 415 y 418 a 419 del anexo I), la Jueza responsable tuvo por cumplido el requerimiento formulado a los demandados en lo principal y actores en reconvención, por lo que admitió a trámite la reconvención en los términos planteados, por conducto del actuario de la adscripción ordenó emplazar a la demandada en reconvención Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocido como ************* y mediante exhorto al Director del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, para que en el plazo de seis días dieran contestación a la demanda reconvencional. 12. Mediante escritos presentados el dos de agosto de dos mil veintiuno (fojas 429 y 431 del anexo I), el abogado patrono de la parte actora Sucesión intestamentaria a bienes de *************, también conocido como *************, interpuso recurso de revocación en contra de los autos de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, que admitieron a trámite las demandas reconvencionales de los demandados en lo principal y actores reconvencionales; por lo que en proveídos de cinco de agosto siguiente (fojas 430 y 432 del anexo I), se admitieron a trámite tales recursos de revocación, con los que se ordenó dar vista a la contraparte por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniera. 13. A través del escrito de quince de septiembre de dos mil veintiuno (fojas 445 a 449 del anexo I), las demandadas en lo principal y actoras en reconvención *************, ************* y *************, todas de apellidos *************, por conducto de su abogado patrono dieron contestación a la vista ordenada respecto del recurso de revocación, la cual se tuvo por desahogada en tiempo, mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno (foja 450 del anexo I), y se ordenó turnar los autos a resolver el recurso de revocación. 14. El ocho de octubre de dos mil veintiuno (fojas 463 a 468 del anexo I), la Jueza Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, dictó sentencia interlocutoria en la que declaró procedente el recurso de revocación interpuesto y revocó los autos de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en los que se había admitido la demanda reconvencional, para ahora decretar su desechamiento, esencialmente por considerar que el escrito por el cual se subsanó la prevención de la demanda reconvencional, no fue firmado por los directos demandados en lo principal y actores en reconvención, sino por conducto de su abogado patrono. Esta sentencia interlocutoria constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. VII. Estudio de los conceptos de violación. En una parte de los conceptos de violación los quejosos señalan que la resolución interlocutoria reclamada vulnera en su perjuicio los derechos de acceso a la justicia y legalidad, pues deja de cumplir con los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Federal, al revocar los autos de veintiuno de julio de dos mil veintiuno, que admitieron la reconvención planteada por los demandados -aquí quejosos- en el juicio de origen, por no cumplir con el requisito de la firma de los promoventes, para tener por subsanada la prevención formulada en autos de catorce de abril y dieciocho de mayo, ambos de dos mil veintiuno. Lo anterior, refieren los quejosos, porque el desechamiento de la reconvención por falta de firma de los actores reconvencionistas, respecto del escrito en el que se subsana la prevención, se funda de manera inadecuada en el artículo 350 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, pues no se analizan de manera íntegra los autos del juicio de origen, ya que se inobservó que los escritos de seis de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiuno, el primero en el que se solicitó se realizara pronunciamiento respecto a la reconvención y en el segundo se solicitó ampliación del término concedido para exhibir los certificados solicitados, sí fueron firmados por los aquí quejosos y únicamente el de ocho de julio de dos mil veintiuno, en el que se exhibió el certificado requerido, fue firmado por el abogado patrono *************. Agregan que, en los autos de dieciocho de mayo y siete de junio, ambos de dos mil veintiuno, no se señaló la carga impositiva de que la substanciación de la prevención tendría que realizarse de manera directa por los actores reconvencionales -aquí quejosos-, además de que el abogado patrono contaba con dicha personalidad desde los escritos de contestación de demanda y en estricto sentido sólo tenía que exhibir un documento para acreditar que las fracciones del bien inmueble que ostentan los reconvencionistas, no están inscritos ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos. Es infundado el concepto de violación expuesto. Lo anterior, porque como lo señaló la Jueza responsable en la resolución interlocutoria reclamada, la reconvención es el acto por el cual el demandado promueve nueva demanda sobre el demandante inicial en el mismo proceso; es decir, es un procedimiento por el cual un demandado, solicita en el mismo proceso una condena para el demandante, pues en su contestación no se limita a solicitar la absolución, sino que expresa sus pretensiones vinculadas a la demanda original. Asimismo, señaló la Jueza responsable que con motivo de la reconvención, las pretensiones de ambas partes se acumulan en un mismo proceso y el juez podrá declarar ambas sentencias; y que, la demanda reconvencional está contemplada en la ley, por motivos de economía procesal, para evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto de pretensiones conexas, para lo cual invocó la jurisprudencia I.8o.C. J/23, con registro digital 171937, de rubro: "RECONVENCIÓN, NATURALEZA DE LA."2 De igual forma precisó la Jueza responsable que, la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante la presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional y que, los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda y sus correspondientes aclaraciones y ampliaciones, si las hubiere, son exigibles al actor, al titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de la pretensión; lo que justifica que en tales casos se exija del propio interesado o de su representante legal, que los escritos estén signados por él, caso diferente cuando se trata de escritos de trámite para impulsar o proseguir el juicio, pues en ese supuesto no se estima indispensable, dado que puede hacerlo el interesado que legalmente esté facultado para ello. Asimismo, precisó la autoridad responsable que la titularidad de la acción es un derecho personalísimo y, por tanto, en principio no es disponible para que la ejerzan personas distintas a los promoventes y que, al ser la reconvención una nueva demanda, necesariamente tendrá que ser firmada en términos del artículo 350 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos; que por tanto, toda vez que los escritos mediante los cuales los actores 2 La cual es del texto literal siguiente: "La reconvención es la contrademanda que formula el demandado al dar contestación a la demanda, la cual está sujeta a las reglas señaladas por la ley, relativas a la forma de toda demanda. A través de la reconvención se hace valer una acción autónoma e independiente de aquella que dio origen al juicio, toda vez que el demandado, aparte de las defensas que le competen contra la acción que se deduce en su contra, ejercita a su vez una acción que trae como consecuencia que la relación procesal adquiera un contenido nuevo, que habría podido formar parte de una relación procesal separada, además de que por virtud de la reconvención, el demandado tiende ya no únicamente a neutralizar la acción y lograr la desestimación de la demanda, como sucede en tratándose de las excepciones, sino que persigue en favor propio una determinada prestación, declaración o condena, con independencia de la desestimación de la demanda del actor; de ahí que la reconvención esté sujeta a los términos y condiciones que para el ejercicio de cualquier acción fija la ley, sin que pueda considerarse como un acto meramente accesorio de la demanda principal." reconvencionales subsanan la prevención que les fue formulada, no se encuentran suscritos y firmados por *************, no había lugar a tener por subsanada la prevención; de allí que, la Jueza responsable determinó revocar los autos combatidos y desechar la reconvención planteada. Sin que en ese sentido se considere, como lo afirman los quejosos, que la resolución interlocutoria reclamada se encuentra indebidamente fundada en el artículo 350 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, el cual dispone lo siguiente: "ARTICULO 350.- Requisitos de la demanda. Toda contienda judicial, salvo los casos en que la Ley disponga otra cosa, principiará por demanda que deberá formularse por escrito legible en la que se expresarán: I.- El Tribunal ante el que se promueve; II.- La clase de juicio que se incoa; III.- El nombre del actor o del apoderado o representante legal y carácter con que se promueve, el domicilio que señale para oír notificaciones y el nombre de las personas que autorice para oírlas; IV.- El nombre del demandado y su domicilio; o la expresión de que es persona incierta o desconocida, o bien, que se ignora el domicilio; V.- Los hechos en que el actor funde su petición numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa; y que quede establecido cuál es el título o causa de la pretensión que se ejercite; VI.- Los fundamentos de Derecho y la clase de pretensión, procurando citar los preceptos legales, doctrinas o principios jurídicos aplicables; VII.- El valor de lo demandado si de ello depende la competencia del juzgado; VIII.- El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, con la enumeración precisa y concreta de las peticiones que se someten al fallo del tribunal; y, IX.- La fecha del escrito y la firma del actor." Lo anterior, porque de la trascripción anterior se advierte que el citado artículo señala como requisitos de la demanda, entre otros, que se indique el nombre del actor, apoderado o representante legal y carácter con el que se promueve, así como que esté firmada por el actor. En el caso, la Jueza responsable en la resolución reclamada explicó esencialmente que, al ser la reconvención una nueva demanda, en la que el demandado no solo se limita a solicitar la absolución de las pretensiones que le fueron reclamadas -lo que se hace a través de la contestación de la demanda y la oposición de defensas y excepciones-, sino que en tal reconvención se ejerce propiamente una acción -nueva demanda-, que si bien es en el mismo procedimiento, por motivos de economía procesal y para evitar una multiplicidad de juicios o que se haga un pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto de las prestaciones reclamadas, es por ello que resulta indispensable que la demanda se encuentre firmada por el actor directamente, así como las aclaraciones o ampliaciones que en su caso se hagan de tal demanda, pues mediante ese acto se define la debida formulación de la pretensión. Lo anterior, como se dijo, se considera adecuado, además de que resulta congruente, porque sólo de esa forma se tiene la certeza de que la intención de la parte actora es iniciar la acción en contra de la parte demandada; en este caso, la acción reconvencional de prescripción positiva en contra de la demandada en reconvención, respecto de las pretensiones reclamadas en el propio escrito de reconvención. En consecuencia, el hecho que señalan los quejosos de que no se tomó en consideración que sí firmaron los escritos de seis de mayo y uno de junio, ambos de dos mil veintiuno -el primero a través del cual se informó que el bien inmueble no estaba inscrito ante el instituto registral y los segundos mediante los cuales solicitaron prórroga para exhibir el correspondiente certificado de inexistencia de registro- y que solo el escrito de ocho de julio de dos mil veintiuno, en el que se exhibieron tales certificados fue firmado por el abogado patrono *************, no implica que se deba tener por cumplido el requerimiento que les fue formulado; porque precisamente la autoridad responsable señaló, que tanto los requerimientos o la ampliación de la demanda, en su caso, debían ser firmados directamente por los actores, por ser los titulares del derecho de acción instaurado en contra de la demandada reconvencional -aquí tercera interesada-, porque lo que está en juego es la debida formulación de la pretensión. Es así, porque no obstante que los quejosos refieren que en los autos en los que se les previno la demanda reconvencional y requirieron los certificados de inexistencia de registro del bien inmueble ante el Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, no se señaló la carga impositiva de que la substanciación de la prevención tendría que realizarse de manera directa por los actores reconvencionales -aquí quejosos-, además de que el abogado patrono contaba con dicha personalidad desde los escritos de contestación de demanda y, en estricto sentido, sólo tenía que exhibir un documento para acreditar que las fracciones del bien inmueble que ostentan los reconvencionistas, no están inscritos ante dicho instituto registral, ello no los exime de cumplir con lo establecido en el artículo 350 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos. Es así, porque en ninguna parte de la citada legislación se impone a la Jueza responsable la obligación de especificar que el escrito a través del cual se subsane la prevención de la demanda reconvencional deba ser firmada directamente por los actores -promoventes-, además de que en este asunto, como lo señalan los propios quejosos, se encuentran asesorados legalmente a través de su abogado patrono, de quien no se advierte que en términos de lo previsto en la fracción II del artículo 350 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, se haya acreditado que contaba con el carácter de apoderado o representante legal de los actores reconvencionales -aquí quejosos-, o que en la propia contestación de demanda o reconvención se le hubiera otorgado mandato judicial, caso en el cual sí estaba en condiciones de actuar en nombre y representación de los quejosos para subsanar la prevención de la reconvención. Además, con independencia de que se señale que la única carga que les fue impuesta a los aquí quejosos fue exhibir un documento para acreditar que el bien inmueble reclamado en reconvención no se encuentra inscrito ante el instituto registral del Estado de Morelos, lo que se deja de observar por los actores reconvencionales -aquí quejosos-, es que el documento que les fue requerido, como se explicará más detalladamente en párrafos posteriores, forma parte integral de la demanda reconvencional. Por lo que, si bien la Jueza responsable precisó que al ser el escrito por virtud del cual se subsana la prevención parte de la debida formulación de la pretensión -acción instaurada-, también es cierto que de conformidad con los artículos 3513 y 3524 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, también forman parte de la demanda los documentos en los que se funde o sustente ésta, los cuales no se admitirán después de la demanda -en este caso la reconvención- o de la contestación de la demanda; de allí que resulte infundado el concepto de violación que se analiza. Ahora bien, en otra parte de los conceptos de violación los quejosos señalan que con la sentencia interlocutoria se vulneran sus derechos constitucionales, porque no existe dispositivo legal en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos 3 "ARTÍCULO 351.- Documentos anexos a la demanda. A toda demanda deberán acompañarse: I.- El mandato que acredite la legitimación o representación del que comparece en nombre de otro; II.- Los documentos en que la parte interesada funde su derecho. Si el demandante no tuviere en su poder los documentos aludidos, deberá indicar el lugar en que se encuentren, solicitando las medidas tendientes a su incorporación a los autos o a la expedición de testimonios de los mismos para ser agregados. Se entiende que el actor tiene a su disposición los documentos, siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales. Si los documentos obran en poder del demandado, el actor podrá pedir en la demanda que los exhiba, y el Juez lo apremiará por los medios legales; si se resistiere a hacer la exhibición o destruyere, deteriorare u ocultare aquéllos, o con dolo o malicia dejare de poseerlos, satisfará todos los daños y perjuicios que se hayan causado, quedando, además, sujeto a la correspondiente responsabilidad penal por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad. Si alegare alguna causa para no hacer la exhibición, se le oirá incidentalmente; y, III.- Copias simples del escrito de demanda y de los documentos probatorios que se acompañen." 4 "ARTÍCULO 352.- Oportunidad para presentar documentos. Después de la demanda o contestación no se admitirán al actor otros documentos esenciales en que funde su derecho que los que sean de fecha posterior; y los anteriores, respecto de los cuales, protestando decir verdad, asevere la parte que los presente no haber tenido antes conocimiento de su existencia y los que no haya sido posible adquirir con anterioridad por causas que no le sean imputables, y siempre que se halle en los casos previstos en este artículo. Los no esenciales o complementarios sí le serán admitidos. En todo caso, los documentos que se presenten después de contestada la demanda se acompañarán con copia para que se corra traslado a la parte contraria, y ésta tendrá derecho de impugnarlos si su admisión no fuere procedente conforme a las reglas de este artículo." que establezca la obligación de exhibir el certificado de inexistencia de datos de registro, para acreditar la acción de prescripción positiva que se planteó en la reconvención y éste es un requisito adicional establecido por la Jueza de origen, máxime que desde el escrito inicial de la reconvención, se manifestó que el bien inmueble no se encontraba inscrito, por lo que resulta excesiva la sanción de desechar la reconvención. Asimismo, precisan los quejosos que se desechó la reconvención exigiendo un formulismo enervante y arcaico, coartando el derecho a obtener una sentencia que resuelva sobre la acción intentada en reconvención, por no cumplir con un requisito que no se encuentra establecido en el Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, pues se trata de un acto meramente procesal y no de un requerimiento de fondo y/o en donde se formule alguna aclaración o modificación o mutación de las prestaciones o de los hechos contenidos en la reconvención; y, entre diversos criterios, los quejosos invocan la tesis aislada XVI.1o.A.173 A (10a.), con registro digital 2018185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de rubro: "PREVENCIONES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO SE VINCULAN CON LA FORMULACIÓN DE LA PRETENSIÓN INICIAL Y NO CON LA MERA ENTREGA MATERIAL DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN, DEBEN CUMPLIRSE POR EL INTERESADO, SU REPRESENTANTE O SU AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS, CON LA CONDICIÓN DE QUE A ÉSTE SE LE HAYA RECONOCIDO, EXPRESA O TÁCITAMENTE, LA CALIDAD DE ABOGADO EN EL PROPIO ACUERDO EN QUE AQUÉLLAS SE FORMULAN (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 65/2010 A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)." De igual forma, aducen los quejosos en otra parte de los conceptos de violación expuestos, que el licenciado ************* -quien subsanó la prevención formulada al escrito de reconvención-, es abogado patrono de los reconvencionistas, por lo que actúa en el juicio como mandatario judicial en términos del artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, por lo que cuenta con diversas facultades de representación en beneficio directo de los quejosos, con excepción de los que impliquen derechos de litigio; y, de la resolución reclamada de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se observa que el desechamiento de la demanda reconvencional se produce porque los quejosos no suscribieron los escritos presentados el ocho de julio de dos mil veintiuno, sino su abogado patrono, pero sólo se exhibieron los certificados de inexistencia de datos registrales del bien inmueble, y la acción intentada no depende de la existencia de dicho certificado, sino de cumplir con los requisitos de la acción reclamada, contenidos en el artículo 1237 del Código Civil para el Estado de Morelos (prescripción positiva). Asimismo, aducen los quejosos, que si bien en términos del artículo 357 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, el Juez puede prevenir para que se aclare, corrija o complete la demanda reconvencional, dichos requerimientos se hacen necesarios para aclarar, corregir o modificar alguna prestación, hecho o elemento de la demanda, lo que sí implica la satisfacción de que ese requisito formal tenga que realizarse forzosamente por el actor reconvencionista en forma personalísima, ya que se trata de información relevante sobre la demanda y no es un acto en sí mismo de carácter procesal, como lo es exhibir un documento, como en el caso, el certificado de inexistencia de registro del bien inmueble, que fue requerido por la Jueza responsable. Es infundado el concepto de violación expuesto. Lo anterior, porque en el caso de considerar que no existía la obligación de exhibir el certificado de inexistencia de registro ante el instituto registral del Estado de Morelos, respecto del bien inmueble reclamado en reconvención, por no ser indispensable para acreditar la acción de prescripción positiva y que éste fue un requisito adicional establecido por la Jueza responsable, porque desde el escrito inicial se manifestó que no se encontraba inscrito dicho bien inmueble; en ese caso, los quejosos estuvieron en condiciones de inconformarse en contra de los autos de prevención de la reconvención de catorce de abril y dieciocho de mayo, todos de dos mil veintiuno (fojas 371, 384 a 386 y 391 del anexo I), a través de los medios de impugnación que resultaran procedentes y hacer valer dichas circunstancias en tales medios de impugnación. No obstante, los actores reconvencionales -aquí quejosos-, consintieron dicho requerimiento e incluso solicitaron se les concediera una prórroga a efecto de estar en condiciones de exhibir la documental que les fue precisada. Ahora bien, por cuanto a que se trata de un formulismo enervante y arcaico, que coarta su derecho a obtener una sentencia que resuelva sobre la acción intentada en reconvención, pues se trata de un acto meramente procesal y no de un requerimiento de fondo y/o en donde se formule alguna aclaración o modificación o mutación de las prestaciones o de los hechos contenidos en la reconvención, dicho argumento resulta igualmente infundado. Es así, porque como se advierte de los autos de prevención de la demanda reconvencional, dicho certificado de inexistencia de registro les fue requerido a los aquí quejosos, previo a admitir la demanda reconvencional y, se estableció por la Jueza responsable, que resultaba indispensable para acreditar la legitimación pasiva de la prescripción reclamada; es decir, como documento fundatorio de la propia acción intentada y, como se dijo, en caso de no ser considerado así por los actores reconvencionistas -aquí quejosos-, estuvieron en condiciones de impugnar tales determinaciones a través de los recursos procedentes, lo cual no hicieron. Así, como se dijo, de conformidad con lo previsto en los artículos 351 y 352 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, en relación con el 350 de dicho ordenamiento legal, los documentos fundatorios de la demanda, también forman parte integrante de ésta y no se admitirán después de presentada tal demandada -reconvención en este caso-; por tanto, no se trata de un acto meramente procesal, como en forma equivocada lo señalan los quejosos, sino de un documento fundatorio de la demanda, esto es, de la acción de prescripción positiva reclamada en reconvención. Sin que lo anterior implique que no deba considerarse así solo porque no se trate de una aclaración o modificación de las prestaciones o de los hechos contenidos en la reconvención planteada, pues como se dijo, los documentos fundatorios de la demanda, también son parte integrante de ésta y deben exhibirse al momento en que se presenta y no con posterioridad. Asimismo, no se inobserva que los quejosos, entre otros criterios señalan en la demanda de amparo la tesis aislada XVI.1o.A.173 A (10a.), con registro digital 2018185, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de rubro: "PREVENCIONES EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO SE VINCULAN CON LA FORMULACIÓN DE LA PRETENSIÓN INICIAL Y NO CON LA MERA ENTREGA MATERIAL DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN, DEBEN CUMPLIRSE POR EL INTERESADO, SU REPRESENTANTE O SU AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS, CON LA CONDICIÓN DE QUE A ÉSTE SE LE HAYA RECONOCIDO, EXPRESA O TÁCITAMENTE, LA CALIDAD DE ABOGADO EN EL PROPIO ACUERDO EN QUE AQUÉLLAS SE FORMULAN (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 65/2010 A LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)", de la cual se advierte que se consideró por el Tribunal Colegiado de referencia, que la sola circunstancia de que la prevención formulada tenga como uno de sus objetivos cumplir con algunos de los requisitos del escrito de demanda, es suficiente para considerar que se vincula con la formulación de la pretensión inicial y no con la mera entrega material de documentos e información, por ende, debe cumplirse por el interesado, su representante o su autorizado en términos amplios, con la condición de que a éste se le haya reconocido, expresa o tácitamente, la calidad de abogado en el propio acuerdo en que se formula la prevención. Sin embargo, lo anterior no acontece en el caso, porque el requerimiento formulado a los aquí quejosos por la Jueza responsable, en la prevención de la reconvención, fue con el objeto de cumplir con un requisito del escrito de la demanda, pues se especificó que se requería a fin de acreditar la legitimación pasiva de los promoventes, además de que como se advierte del contenido literal del criterio antes señalado, éste deriva de la interpretación que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, realizó a la jurisprudencia P./J. 65/2010, con registro digital 164163, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 28 DE ENERO DE 2010. CASOS EN LOS QUE ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES. El citado precepto señala que los particulares podrán autorizar a un licenciado en derecho para que a su nombre, entre otras cosas, haga promociones de trámite, y dentro de este concepto se encuentra la formulación y presentación del escrito por virtud del cual se desahoga el requerimiento de exhibir los documentos que debieron acompañarse a la demanda en términos del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por tanto, sólo el inicio de la acción, marcado por la presentación del escrito de demanda, es exigible directamente al actor (y en su defecto, a su representante legal), pero las irregularidades en su presentación, al ser de índole formal, podrá subsanarlas el autorizado en términos amplios, a quien se conceden facultades tendentes a facilitar los derechos de defensaMde quien lo autoriza. Por ello, en el caso de los requisitos previstos en las fracciones I a V del artículo 15 citado, no debe exigirse al autorizado que acredite su condición de licenciado en derecho, habida cuenta que se está en presencia de actos que si bien suponen la satisfacción de un trámite procesal, se traducen únicamente en la entrega material de documentos; en cambio, en el caso de los requisitos previstos en el artículo 15, fracciones VI a IX, el autorizado en términos amplios puede cumplir la prevención respectiva, siempre y cuando en el auto de requerimiento se le reconozca su carácter de licenciado en derecho, ya sea expresa o tácitamente." Del criterio transcrito se advierte que éste se refiere a los requerimientos de mero trámite, pero no a los documentos fundatorios de la acción, como se deriva de las fracciones I a V del artículo la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo5, analizado en dicho criterio; además de que, se refiere a una legislación distinta a la civil que es materia del juicio de origen, por lo que no es aplicable a este asunto. Es así, porque como se señaló, de una interpretación sistemática de los artículos 351 y 352 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Morelos, en relación con el 350 de dicho ordenamiento legal, se advierte que los documentos fundatorios de la demanda, también forman parte integrante de ésta y no se admitirán después de presentada tal demandada -reconvención-; asimismo, que en su caso, en la demanda se señalará el nombre del actor, apoderado o representante legal de éste, quien sí cuenta con facultades para actuar en su nombre y representación, esto es, iniciar la acción mediante la presentación de la demanda, previa acreditación de la representación o poder que en su caso le hubiere sido otorgado, o cuando se le haya otorgado al abogado patrono facultades expresas de mandatario judicial en términos del artículo 208 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado 5 "ARTÍCULO 15.- El demandante deberá adjuntar a su demanda: I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes. II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio. III. El documento en que conste la resolución impugnada. IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad. V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada. (.)" de Morelos6, que no es lo mismo que designarlo como abogado patrono. Lo anterior, porque el citado precepto legal es específico en señalar que los abogados patronos, por el solo hecho de su designación podrán llevar a cabo directamente en beneficio de la parte que los designe todos los actos procesales que correspondan a sus representados, con excepción de los que impliquen disposición del derecho en litigio, de los que requieran poder o cláusula especial y los que estén reservados personalmente a los interesados o parte material en el litigio; y, en el caso, no se acreditó que el abogado patrono de los actores reconvencionales -aquí quejosos-, tuviere reconocido el carácter de apoderado o representante legal de los promoventes, o en su caso, que en la propia demanda o reconvención se le hubieren otorgado expresamente facultades de mandatario judicial. Máxime que, como se dijo, el certificado de inexistencia de registro del bien inmueble ante el instituto registral del Estado de Morelos, no es un acto procesal, sino que constituye un documento fundatorio de la demanda, como así se precisó en el acuerdo de prevención; por tanto, debía exhibirse directamente por los actores reconvencionales, como lo precisó la Jueza responsable en la resolución interlocutoria reclamada; razón por la cual resulta infundado el concepto de violación analizado. En otra parte de los conceptos de violación, los quejosos señalan que en caso de que la Jueza responsable hubiese encontrado la necesidad de dictar acuerdo alguno diverso a la admisión de la reconvención, tenía la obligación de requerir a los 6 "ARTÍCULO 208.- Designación y revocación de mandatarios. Los abogados patronos o representantes judiciales por el solo hecho de su designación, podrán llevar a cabo, directamente en beneficio de la parte que los designe todos los actos procesales que correspondan a sus representados, con excepción de aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio; de los que requieran poder o cláusula especial y los que estén reservados personalmente a los interesados o parte material del litigio. Las partes podrán limitar, ampliar o revocar en cualquier tiempo la designación de abogados y los poderes que les hubieren otorgado y, a su vez, los profesionales tendrán siempre el derecho de renunciar al mandato, debiendo continuar la defensa hasta la designación de substituto o notificación a las partes." reconvencionistas -aquí quejosos-, para que ratificaran o en su caso, formularan el escrito presentado por su abogado patrono, en aras de salvaguardar sus derechos, atendiendo a que son personas adultas mayores (de la tercera edad), lo cual vulnera el principio pro persona y pro acción. Es infundado el concepto de violación. Lo anterior, porque la circunstancia de que los quejosos refieran que son personas adultas mayores, no implica que deban dejar de observarse los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales para el acceso a la jurisdicción, pues su calidad de adultos mayores, no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; máxime si en el caso, como se advierte del juicio ordinario civil de origen, los actores reconvencionales -aquí quejosos-, se encuentran debidamente asesorados. Sirve de aplicación la tesis 1a. CXXXIV/2016 (10a.), con registro digital 2011524, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE"7, así como por analogía y mayoría de 7 Criterio que es del texto literal siguiente: No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja." razón la tesis XXIV.1o.3 K (11a.), con registro digital 2024122, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, de rubro: "ADULTO MAYOR. SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NO JUSTIFICA QUE DEJEN DE OBSERVARSE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y LOS REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO ES LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD."8 Además de que, con lo determinado por la autoridad responsable en la sentencia interlocutoria reclamada, no se advierte que se deje inauditos a los quejosos en cuanto a la acción de prescripción positiva que reclamaron en reconvención, pues con el desechamiento de ésta, no implica que en automático se les prive del derecho de posesión que aducen tener respecto del bien inmueble en controversia, pues ello dependerá del resultado del juicio en el que son parte y de que la actora en lo principal acredite la acción plenaria de posesión que hizo valer en contra de los aquí quejosos, lo que como se dijo, será materia de estudio de la sentencia definitiva que en su momento se llegue a dictar en el juicio de origen, previo desahogo del procedimiento correspondiente en el que los quejosos están ejerciendo su derecho de defensa. No obstante lo anterior, tampoco se vulnera su derecho pro acción, toda vez que como lo señaló la Jueza responsable, si bien la reconvención está contemplada en la ley por motivos de economía procesal, para evitar una multiplicidad de juicios y el 8 Cuyo Texto es el siguiente: "Hechos: En una demanda de amparo directo, la parte quejosa solicita que se aplique en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues aduce que, si bien la autoridad ante quien instó la acción pudiera no ser competente, al ubicarse en una situación de vulnerabilidad, dada su condición de adulto mayor, repercute en que se vea limitado su derecho humano de acceso a la justicia, pues se le obligaría a acudir ante una diversa autoridad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la condición de adulto mayor del quejoso y su derecho humano de acceso a la justicia no se ven transgredidos, porque su situación de vulnerabilidad no justifica que dejen de observarse los presupuestos procesales de la acción y los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como es la competencia de la autoridad (ante quien se insta la acción). Justificación: Lo anterior, pues si bien es cierto que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por los órganos del Estado, también lo es que su derecho de acceso a la justicia no es ilimitado, pues para que puedan ejercerlo es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, entre ellos, que la autoridad ante quien se inste la acción sea legalmente competente; es por ello que su situación de adulto mayor no constituye una justificación válida para dejar de observar los presupuestos procesales de la acción ni los requisitos legales mínimos para el acceso a la jurisdicción, como lo es la competencia de la autoridad, toda vez que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las leyes establecen una eximente en ese sentido, sobre todo, porque las cuestiones de procedencia son de interés general y se rigen por el derecho público que reglamenta el orden general del Estado en sus relaciones con las personas." pronunciamiento de sentencias contradictorias, también es cierto que no implica que los actores reconvencionales -aquí quejosos-, no puedan ejercer en juicio distinto dicha acción de prescripción positiva reclamada en la demanda reconvencional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 9/2001, con registro digital 189627, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRESCRIPCIÓN POSITIVA O ADQUISITIVA. DEBE DEDUCIRSE MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN CORRESPONDIENTES, SIN QUE PUEDA PROSPERAR A TRAVÉS DE UNA EXCEPCIÓN. Desde un punto de vista general el término "excepción" consiste en un derecho de defensa, y constituye la facultad legal que tiene el demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha aducido ante los órganos jurisdiccionales. Cabe precisar, que las excepciones que opone el demandado en el juicio natural, tienden a destruir la acción que se ejerce, pero no pueden constituir un derecho, es decir, no conducen a obtener una declaración a favor de la excepcionante. Ahora bien, de la lectura de los artículos 1157 y 1155, del Código Civil para el Distrito Federal y Código Civil del Estado de Sinaloa, respectivamente, se advierte que la prescripción adquisitiva sólo puede deducirse como acción, porque esos numerales aluden al caso de que sea procedente la acción, y no, cuando se declara procedente la excepción, por lo que no puede ampliarse el contenido de dichos preceptos legales, para incluir esta última hipótesis. La excepción de prescripción como tal, no debe confundirse con la facultad que otorga la ley al demandado de reconvenir a su contraria, en tanto que la figura jurídica de la reconvención, es la actitud que adopta el demandado, en la que aprovechando que la relación procesal ya se encuentra establecida, formula nuevas pretensiones contra el actor. Siguiendo este orden de ideas, exigir que la prescripción se deduzca como acción o en vía reconvencional y no como simple excepción, es sencillamente respetar el derecho de defensa de la parte actora, en virtud de que con las excepciones que se opongan no se corre traslado al actor para que dentro de un plazo a su vez oponga excepciones y ofrezca pruebas. En cambio, cuando se ejerce un derecho como acción o en vía reconvencional, sí se corre traslado a la contraria para que pueda excepcionarse, es decir, de este modo la contraria tendría la oportunidad de contradecir. Lo expuesto no implica que el demandado forzosamente tenga que hacer valer la reconvención, ya que el hecho de omitirla, no hace que precluya su derecho, para ejercer, en juicio por separado, alguna acción derivada de la misma causa o título que dio origen a la demanda principal." Razones por las cuales no resulta procedente suplir la deficiencia de la queja, como lo solicitan los quejosos, toda vez que se trata de un asunto civil, en el que es aplicable el principio de estricto derecho; y, como se señaló, no se advierte que haya habido en contra de los quejosos una violación evidente de la ley que los haya dejado sin defensa ni tampoco que se encuentren en un estado de vulnerabilidad que lo haga procedente. Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas por las partes tercera interesada y quejosa, en vía de alegatos; tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis9. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación, procede negar el amparo. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al [2] Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a *************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. ...Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por la tercera interesada, por medio del cual designa como apoderado a ******, ofrece pruebas y hace manifestaciones. Atento su contenido, no obstante que exhibe copia simple del instrumento notarial en el que otorga el carácter de apoderado a *****, del informe justificado que rindió la autoridad responsable Jueza Segunda Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, se advierte que dicho instrumento fue remitido en copia certificada, y que dicha personalidad la tiene reconocida en el juicio de origen; por tanto, se le tiene reconocido el carácter de apoderado de la tercera interesada. Por otra parte, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas las documentales que adjunta a su escrito, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, por lo que hace a las manifestaciones que realiza respecto a las sanciones que establece el artículo 261 de la Ley de Amparo, por afirmar hechos falsos en relación a los quejosos, deberá estarse a lo decretado en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se acordó lo conducente. Y por cuanto a las manifestaciones que hace del maltrato inhumano donde casi pierde la vida Humberto Barreto López, apoderado de la aquí tercera interesada, en manos de la policía de la cual se encuentra abierta una carpeta de investigación, dígase que se encuentra en aptitud de hacer valer lo que a su derecho corresponda ante la autoridad competente y por la vía procedente. De igual manera, agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista ordenada el diez de febrero de dos mil veintidós; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de tomarlas en consideración al momento en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de febrero de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. ...Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el INFORME JUSTIFICADO que rinde la Jueza Segunda Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos; con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que exhibe en el informe de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia constitucional relativa. Atendiendo al volumen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con las mismas se ordena formar el anexo I, respetándose folio, rúbrica y entresello que contengan, ello para su mejor manejo. Notifíquese.

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