MA. DILlA GARCIA NUNEZ

Expediente 920/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 35 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
920/2016
Año
2016
Actuaciones
35
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • MA. DILlA GARCIA NUNEZ

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. El Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del treinta y uno de marzo al dieciocho de abril del presente año (sin contar los días doce, trece y catorce por ser inhábiles); sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. Cuernavaca Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Conste.- En la misma fecha el Secretario da cuenta al Juez, con el estado de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste.- Cuernavaca, Morelos, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Y toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción del duplicado una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, siendo las diez horas con ocho minutos del veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, hora y día señalado para la celebración de la audiencia constitucional, estando en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria con quien legalmente actúa, se inició la Audiencia Constitucional del juicio de amparo número 920/2016, promovido por MA. DILIA GARCÍA NÚÑEZ, por su propio derecho. Abierta la misma, la Secretaria, hace constar la inasistencia de las partes, por lo que realizado lo anterior procedió a hacer relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio y proveído de siete de marzo de dos mil diecisiete; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A lo que el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Sin que existan promociones pendientes por acordar, se declara abierto el periodo probatorio, en esta etapa, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales allegadas por la quejosa con su escrito inicial de demanda, ello en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho; por lo cual, se procedió a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se concluye la presente audiencia, levantándose la presente acta, firmando para constancia legal los que en ella intervinieron y quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 920/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito, MA. DILIA GARCÍA NÚÑEZ, por su propio derecho, promovió demanda de amparo contra actos del Comité Activo del Agua Potable, Ampliación Emiliano Zapata, de Cuautla, Morelos, y otras autoridades, que hizo consistir en: "El inconstitucional corte del suministro de agua potable que realizó a la suscrita en mi hogar ubicado en calle Fresnos número 24, de la colonia Emiliano Zapata, de Cuautla, Morelos, el Comité Activo del Agua Potable Ampliación Emiliano Zapata, de Cuautla, Morelos, sobre mi toma a la que tenía acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible." Actos que estima violatorios en su perjuicio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías; por auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, se desechó la demanda por considerar que se trataba de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso queja de la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien mediante resolución emitida en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, consideró fundado el recurso de queja y ordenó admitir la demanda de garantías. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda registrada bajo el número 920/2016; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y forma parte integrante de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo, relación con los numerales 48 y 52, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación; además por tratarse de un asunto en materia administrativa en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados en el presente juicio, en cumplimiento además a los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los cuales se hacen consistir en: El corte del suministro de agua potable en el domicilio de la quejosa. TERCERO. Por auto de siete de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo como inexistente a la autoridad denominada por la quejosa como COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, con residencia en la ciudad de Cuautla, Morelos. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizarán las constancias de autos para advertir la actualización de las causales de improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte solicitante, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al impetrante en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." En efecto, en el presente asunto, se advierte la inexistencia del acto reclamado, actualizándose así, la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; ." En el caso, la impetrante reclama el corte en el suministro de agua potable en su domicilio, al respecto, las autoridades responsables Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente del Estado de Morelos y Comisión Nacional del Agua, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente el acto que se les imputa sin que la parte quejosa ofreciera pruebas para desvirtuar la negativa de las mencionadas autoridades responsables, consecuentemente, al haberse decretado la inexistencia de los actos reclamados, sin prueba en contrario, debe concluirse que no existe el acto reclamado para todos los fines procedentes. Por otra parte, después de varias gestiones y trámites para ubicar el domicilio de la diversa autoridad que la quejosa denominó como COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, con residencia en la ciudad de Cuautla, Morelos, sin éxito alguno, por auto de fecha siete de marzo de dos mil diecisiete se tuvo como inexistente a dicha autoridad ante la imposibilidad de ubicarla y por ende, notificarla. En las relatadas condiciones, si la parte quejosa no aportó dato alguno para desvirtuar la negativa expuesta por las autoridades responsables, resulta incuestionable que el acto reclamado es inexistente; actualizándose por tanto, la causal de sobreseimiento que contempla la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis visible a página 254, Tomo XIII, Enero 1994, del Semanario Judicial de Federación, Octava Época; Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito; que expone: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Consecuentemente, al no quedar acreditada la existencia de los actos que combate la parte reclamante mediante esta vía constitucional, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por MA. DILIA GARCÍA NÚÑEZ, por su propio derecho, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Salazar Martínez, que autoriza y da fe. Doy fe. ***Lupix*** Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil diecisiete. INC. 920/2016-8 En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las nueve horas con ocho minutos del día quince de marzo de dos mil diecisiete, hora y día fijados para que tenga verificativo la audiencia incidental derivada del juicio de amparo número 920/2016, ante la presencia de Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe, declaran abierta la audiencia sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario dio lectura de las constancias que obran en autos. A lo que el Secretario encargado del Despacho acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. Al declararse el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, así como las ofertadas por el apoderado legal de la Comisión Estatal del Agua, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al momento de rendir su informe previo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; procediéndose a cerrar dicho periodo. A continuación, sin pruebas pendientes por desahogar ni escrito pendiente de acordar, se da por terminada la presente diligencia, procediendo a dictar la siguiente resolución: V I S T O S, para resolver sobre la definitiva, los autos del cuaderno de suspensión derivado del juicio de amparo número 920/2016, y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- ******************** reclama del apoderado legal de la Comisión Estatal del Agua, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, en representación del Director General de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la ciudad de México, lo siguiente: "EL INCONSTITUCIONAL CORTE DEL SUSMISITRO DE AGUA POTABLE QUE REALIZO A LA SUSCRITA EN MI HOGAR UBICADO EN CALLE FRESNOS NÚMERO 24, DE LA COLONIA EMILlANO ZAPATA, DE CUAUTLA, MORELOS, EL COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE AMPLIACIÓN EMILlANO ZAPATA, DE CUAUTLA, MORELOS, SOBRE MI TOMA A LA QUE TENIA ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE." SEGUNDO.- Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se decretó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se difirió y celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO.- Las autoridades responsables apoderado legal de la Comisión Estatal del Agua, Organismo Público Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, en representación del Director General de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la ciudad de México, al rendir sus respectivos informes previos negaron categóricamente la existencia del acto que se les atribuye, sin que exista prueba en contrario de la parte quejosa que desvirtúe tal negativa; razón por la cual, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por lo que hace, a dichas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, lo dispuesto por los artículos 128 y 144 de la Ley de Amparo, así como la tesis jurisprudencial número 1008, visible en la página 1630, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que literalmente dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia rindan pruebas en contrario". Cabe precisar que de las pruebas documentales que exhibió la parte quejosa a su escrito inicial relativas a los recibos de pago de mantenimiento del agua potable y otros gastos, expedidos por el "COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA"; no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno, ello en razón de que el día siete de marzo del presente año, se tuvo por inexistente al citado comité, en virtud de que este Juzgado Federal, agotó las medidas necesarias para la localización de su domicilio, así como su verdadera denominación, sin haber logrado ese objetivo, por tanto, no se realiza pronunciamiento alguno. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E : ÚNICO.- Se NIEGA a ******************** la suspensión definitiva contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando único de esta resolución y en los términos y condiciones precisados en el propio considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese el telegrama enviado por el Gerente de lo Contencioso de la Comisión Nacional del Agua, en representación del Director General de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído nueve de febrero del presente año, informa que se desconoce el domicilio del COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, con residencia en la ciudad de Cuautla, Morelos, así como su existencia, ya que de acuerdo al Reglamento interior de la Comisión Nacional del Agua, la autoridad local en esa Entidad Federativa, no se encuentra contemplada en el organigrama de ese desconcentrado. Ahora, cabe señalar que para estar en condiciones de emplazar a juicio a la pretendida autoridad, este Juzgado Federal, agotó las medidas necesarias para la localización del domicilio del COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, así como su verdadera denominación, sin haber logrado ese objetivo, no obstante de que con fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se recibió el sobre cerrado que remitió el Administrador de Correos de esta ciudad, relativo al oficio número 7058-8, dirigido al "COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA", con sede en la ciudad de Cuautla, Morelos, con la leyenda "rehusado razón social errónea". En consecuencia, atendiendo a que la parte quejosa, exhibió en su escrito inicial de demanda, copia simple de los recibos de pago de mantenimiento del agua potable y otros gastos, expedidos precisamente por el "COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA", de lo que éste Juzgado Federal, presumió su denominación, por tanto, por la vía mexpost, se ordenó reexpedir el oficio de mérito; con resultados negativos, pues nuevamente el Administrador de Mexpost de esta ciudad, devolvió el citado oficio, con la leyenda: "rehusado razón social errónea"; con lo cual se ordenó dar vista a la parte quejosa. No obstante lo anterior, el trece de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la parte quejosa, insistiendo en la existencia de dicha responsable y ante los diversos intentos para notificar a la citada autoridad, se ordenó girar despacho al Juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, por conducto del fedatario de su adscripción, hiciera entrega del oficio en comento, con resultados negativos; toda vez que el veintisiete de febrero último, se tuvo al Director General del Sistema Operador del Agua Potable de Cuautla, Morelos, devolviendo la notificación dirigida al "COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA" de esa ciudad, realizada a través de la Oficialía de Partes de dicha dependencia, por haberse recibido de manera errónea, por resultar organismos totalmente distintos. Así, con fecha nueve de febrero del presente año, se requirió a la autoridad responsable Director General de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la ciudad de México, el nombre del Titular del COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA, con residencia en la ciudad de Cuautla, Morelos, así como el domicilio cierto, correcto y actual en el cual pueda ser localizado, con el mismo resultado. En consecuencia, lo procedente es tener por inexistente a la autoridad denominada como: "COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA". Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa haya exhibido en su escrito inicial de demanda, copia simple de los recibos de pago de mantenimiento del agua potable y otros gastos, expedidos precisamente por el "COMITÉ ACTIVO DEL AGUA POTABLE DE LA COLONIA AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA", en virtud de que, atendiendo a la data de los mismos, es de concluirse que dicha denominación pudo dejar de existe o haber cambiado su denominación; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna de su existencia o domicilio, toda vez que el único que indicó para su notificación, corresponde a diversa autoridad, como se desprende de los presentes autos. Aunado a que con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia); si estas no existen con la denominación que indica la parte quejosa en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación. Sirve de apoyo la tesis III.2o.P.36 K, visible en la página 2329, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de enero de 2006, sustentada por los Tribunales Colegiados, correspondiente a la Novena Época, la cual es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados." Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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