Ma del Socorro Rodríguez Martínez

Expediente 177/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
177/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Ma del Socorro Rodríguez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, del estado que guardan los presentes autos se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de diecinueve de abril del año en curso (fojas 6 a 10), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ma. del Socorro Rodríguez Martínez, ha transcurrido sin que se haya interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Se declara que ha causado estado el proveído de diecinueve de abril del año en curso, en que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ma. del Socorro Rodríguez Martínez. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, además no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. En su oportunidad, intégrese al acta de baja documental que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por último, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 35, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales; se hace constar que tanto el expediente electrónico, como el impreso coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito signado por la quejosa Ma. del Socorro Rodríguez Martínez, a través del cual solicita la devolución del oficio dirigido al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tamaulipas (INFONAVIT), que en su momento ofreció como prueba; por tanto, con fundamento en el artículo 280, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase la devolución del mismo, previa copia certificada que se deje en autos, autorizando para recibirlo a la persona que menciona en su ocurso de mérito, previa identificación y razón de recibo que se asiente en autos. Notifíquese.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Promoción Téngase por recibido el escrito de demanda signado por Ma. del Socorro Rodríguez Martínez, contra actos de la Oficina del CECSI del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en esta ciudad. Formación de expediente y registro Fórmese expediente físico y electrónico; y regístrese en el libro uno de este juzgado, correspondiente a los juicios de amparo con el número 177/2023. DESECHAMIENTO DE DEMANDA A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para desechar de plano una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, es pertinente destacar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en el presente asunto consiste en: La omisión de la autoridad responsable Oficina del CESI del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de dar respuesta a su solicitud presentada el doce abril de dos mil veintitrés. Conforme a ello, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado contrario sensu. El primer precepto normativo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." En ese orden, la fracción XXIII, del artículo 61, de la ley de la materia establece la improcedencia del juicio de amparo cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley. Ahora, cabe precisar que el derecho de petición consignado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en que a toda petición formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, deberá recaer una contestación también por escrito y congruente con lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene todo individuo para acudir ante las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como derecho humano en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. Bajo esa óptica, la petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a los intereses del gobernado, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." Así como la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/27, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Ahora, si bien es cierto que el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. En efecto, el artículo 8 Constitucional, en el cual se reconoce el derecho fundamental de petición, no establece un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. En su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un "breve término", sin que se haya establecido un referente temporal definido. Ante tal indefinición, los Tribunales de la Federación han emitido diversos criterios en los que han sostenido que el plazo con que cuentan las autoridades para emitir una respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados es aquel en que racionalmente pueden estudiarse y acordarse, atendiendo a las particularidades del caso concreto y a la naturaleza de la petición. Se afirma lo anterior, pues la situación que regula el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en un breve término, guarda una relación de similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que deben atenderse las circunstancias específicas de cada caso. Además, la interpretación del contenido de los derechos humanos debe ir a la par de la evolución de los tiempos y las condiciones actuales de vida, por lo que sus alcances no se limitan al texto expreso de la norma en que se reconozcan aquéllos, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que hagan los tribunales de constitucionalidad nacionales, como intérpretes últimos de sus normas fundamentales, así como con la interpretación que hagan los organismos internacionales, intérpretes autorizados en relación con tratados específicos, en una relación dialéctica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.63 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD." Entonces, por los razonamientos expuestos, como se adelantó, de una interpretación progresiva, el silencio de la autoridad se encontrará determinado por la razonabilidad de las condiciones que, en su caso, hayan originado la dilación en la respuesta de la solicitud, para lo cual resulta útil atender al concepto de "plazo razonable". Por tanto, para establecer la omisión a dicho derecho fundamental, deben tomarse en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad, técnica jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que la autoridad haya llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. De modo que, si la parte quejosa presentó su petición ante la autoridad responsable el doce de abril de dos mil veintitrés, en tanto que la demanda de amparo fue recibida en este juzgado el dieciocho siguiente, es evidente que no ha transcurrido el término considerado como razonable a efecto de que la autoridad responsable dé contestación a su escrito de petición, ya que es evidente que a la fecha solo han transcurrido tres días hábiles desde su presentación; por tanto, se considera que el breve término a que alude el artículo 8 constitucional, aun no transcurre. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis I.1o.A.E.64 A (10a.) del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, de contenido siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en sentido contrario, SE DESECHA DE PLANO la demanda de derechos fundamentales, conforme a lo dispuesto por el ordinal 113 de la legislación de la materia. Autorizado y domicilio Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Habilitación de días y horas inhábiles Con apoyo en el artículo 17 Constitucional, y conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Se exhorta a las partes para que hagan uso del esquema de juicio en línea Se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; debiendo en su caso proporcionar el usuario respectivo, así como solicitar la notificación vía electrónica. Transparencia En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable; así como su derecho a oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. Expediente Electrónico Finalmente, se ordena al Secretario, así como a los Oficiales Judiciales "C" correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, asistida de José Luis Batres Antonio, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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