Ma. de Jesús Alemán Hernández

Expediente 360/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
360/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Ma. de Jesús Alemán Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de quince de octubre de dos mil dieciocho (fojas 231 a 238), emitida por este juzgado de distrito, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de quince de octubre de dos mil dieciocho, que sobreseyó el presente juicio de amparo 360/2018-4, promovido por Ma. de Jesús Alemán Hernández, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Asimismo, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (4)

  2. Principal

    VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 360/2018-4, promovido por Ma. de Jesús Alemán Hernández, por propio derecho; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, Ma. de Jesús Alemán Hernández, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se trascribe: "AUTORIDAD RESPONSABLE.- La H. Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado [.]. ACTO RECLAMADO.- La omisión de la Autoridad Responsable consistente en certificar que no existen pruebas pendientes por desahogar y conceder el término para formular alegatos dentro del expediente 609/7/2013." SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas; por acuerdo de diecisiete de septiembre de esta anualidad (fojas 7 a 9), se registró con el número 360/2018-4, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado es de carácter omisivo, imputado a una autoridad residente en esta ciudad, además que la demanda se presentó ante este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y en la diversa tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias del expediente laboral 609/7/2013 -remitidas en fotocopia certificada por la junta responsable- las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, a las que se les da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se concluye que la parte quejosa reclama: La omisión de proveer respecto a la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar y conceder el plazo a las partes para que formulen alegatos dentro del juicio laboral 609/7/2013 de la estadística de la junta responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado Como la existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, procede analizar los informes justificados rendidos por las responsables, así como las documentales remitidas en justificación de sus actos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Debe tenerse como cierta la omisión reclamada a las responsables Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta localidad, pues si bien fue imprecisa al rendir su informe justificado, de las manifestaciones realizadas y de las constancias que anexó a este juicio biinstancial, se advierte la existencia de la omisión impugnada. Se afirma lo anterior, pues basta imponerse de la documental que obra a foja 225, para advertir que efectivamente al momento de presentada la demanda de garantías (trece de septiembre de dos mil dieciocho), no se había proveído respecto a la existencia de las pruebas pendientes por desahogar y conceder el plazo a las partes para que realizaran alegatos dentro del procedimiento laboral del cual emana la omisión aquí reclamada, por lo que se reitera, es cierta la omisión impugnada en esa sede constitucional. Sobre el tema, cobra aplicación la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO OMISO O IMPRECISO. El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que la falta de informe, lo que debe lógicamente extenderse a los informes omisos, vagos o confusos, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, quedando a cargo del quejoso la prueba de su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías por sí mismo, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. En tales condiciones, cuando el acto reclamado es omiso, vago o confuso, en cuanto a los hechos en que se funda, y la parte quejosa en su demanda precisa con claridad las cuestiones de hecho relativas, narrando hechos en que han tenido intervención las autoridades, los hechos así precisados deben presumirse ciertos si las autoridades responsables no establecen claramente controversia al respecto en sus informes justificados, y en caso de que establezcan tal controversia, la carga de la prueba podrá corresponderle a la parte quejosa cuando no se trate de hechos negativos, o de hechos internos de las propias autoridades que no esté al alcance de la quejosa probar. Y sólo en lo que toca a las cuestiones de derecho, en principio corresponderá siempre a la quejosa argüir legalmente los motivos de inconstitucionalidad del acto reclamado, a menos que esa inconstitucionalidad surja en forma clara y manifiesta de las características mismas de dicho acto." CUARTO. Causas de improcedencia Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Quien esto resuelve advierte, de oficio, que el acto reclamado consistente en la omisión de proveer sobre la inexistencia de las pruebas pendientes por desahogar y conceder el plazo a las partes para que realicen alegatos, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del mencionado acto impugnado, como se explica a continuación. El precepto aludido dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De lo anterior se colige que el juicio de amparo será improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado; sin embargo, para que se actualice dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, que no haya dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así lo sostuvo la Segunda Sala del Tribunal Constitucional al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, en el presente caso se actualiza dicha causal de improcedencia, toda vez que la omisión materia de reclamo por parte de la quejosa, precisada al inicio de este considerando, ha cesado en sus efectos. Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, anexas a su informe justificado, de las que destacan, en lo que importa, las siguientes: a) Por escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil trece, Ma. de Jesús Alemán Hernández, como beneficiaria de los derechos del trabajador Benito Saldivar Ramírez, demandó a la moral Carnes Asadas La Palma y/o quien resulte responsable de la fuente de trabajo, de quienes reclamó indemnización de muerte del obrero, pago de gastos funerarios, entre otros (fojas 16 a 18). b) El veintiuno de noviembre de dos mil trece, la junta del conocimiento radicó la demanda laboral promovida por Ma. de Jesús Alemán Hernández, aquí quejosa, la registró bajo el número 609/7/2013, asimismo, ordenó el emplazamiento a juicio de los codemandados y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones (fojas 25 y 26). c) El quince de agosto de dos mil catorce, celebró la audiencia de ofrecimiento de pruebas y, mediante auto de veinticuatro de septiembre de ese mismo año, se pronunció sobre la admisión de las probanzas ofertadas por ambas partes de su intención -actor y demandados- (fojas 80 a 86 y 91 a 95). d) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la junta responsable un acuerdo que en la parte que interesa dice lo siguiente (foja 225): "así mismo y en virtud de que en el presente expediente no quedan pruebas pendientes por desahogar se les concede el término de TRES DÍAS HÁBILES para que formulen los alegatos de su intención, lo anterior con fundamento en el artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, para los efectos legales a que haya lugar [.]" Esta actuación provoca la cesación de efectos del acto reclamado precisado en el considerando segundo de este fallo. Así, de las constancias reseñadas se colige que el veinticinco de septiembre pasado, la junta responsable se pronunció sobre la inexistencia de las pruebas pendientes por desahogar y concedió a las partes el plazo de tres días para que realizaran alegatos en el juicio laboral 609/7/2013; circunstancia que hace evidente que ha cesado en sus efectos el acto reclamado. Esto, porque la autoridad responsable ha destruido todos los efectos de la omisión reclamada, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes, como si se hubiera otorgado el amparo. Se afirma lo anterior, ya que debe tomarse en consideración que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el trece de septiembre de dos mil dieciocho, esto es, con antelación a que se acordara respecto a la inexistencia de las pruebas pendientes de desahogar, y se otorgara a las partes el plazo para formular alegatos, cuya omisión se reclama en el presente controvertido constitucional, lo que aconteció hasta el veinticinco de septiembre de la presente anualidad, como se aprecia de las copias certificadas del expediente laboral 609/7/2013 del índice de la junta del conocimiento; lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó ha dejado de existir. De ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto impugnado, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese presentado en el mundo fáctico porque la autoridad responsable se dio a la tarea de proveer sobre la inexistencia de las pruebas pendientes a desahogar y otorgar a las partes el plazo para realizar alegatos. Por tanto, como la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, como aconteció en el presente caso, resulta indudable que respecto de la omisión que constituye el acto ya precisado que le fue reclamado a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en consecuencia, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías promovido por Ma. de Jesús Alemán Hernández, en términos de la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el informe justificado rendido por la junta responsable, no haya estado a la vista de las partes por el plazo de ocho días que dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte una causal de sobreseimiento de manera notoria, manifiesta e indudable, la cual con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, de ahí que a nada práctico conduciría diferir la audiencia a fin de respetar dicha vista, pues de cualquier manera el resultado sería el mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Tampoco se soslaya que en el presente juicio no se ordenó el emplazamiento de las personas a quienes pudiera resultarle el carácter de terceros interesados, toda vez que dado el sentido de la presente resolución, resulta innecesario dicho llamamiento, en virtud de que no se les ocasiona perjuicio alguno, por lo que sus emplazamientos no son ineludibles. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 531, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." QUINTO. Publicación de datos personales. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, hágase del conocimiento de las partes que sus datos personales se clasifican como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública -publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis-, por lo cual, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa lo tenga bajo su resguardo, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 215 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 360/2018-4, promovido por Ma. de Jesús Alemán Hernández, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, publíquese esta sentencia, con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ante Felipe de Jesús Cortés Carrasco, secretario que autoriza y da fe.(4)

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, las documentales que anexa a su informe, sin perjuicio de ser tomada en consideración en su momento procesal oportuno. Notifíquese. (4)

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con fundamento en los artículos 1, 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, 37, 107, 108, 110, 112, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite a trámite, fórmese expediente, y regístrese con el número 360/2018-4, que es el que cronológicamente le corresponde. Incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión en virtud de no haber sido solicitado. Audiencia constitucional Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo en este juzgado a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del quince de octubre de dos mil dieciocho. Agente del Ministerio Público Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Informe justificado De conformidad con los artículos 115 y 117, párrafos primero y cuarto, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir en un plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que se le notifique este acuerdo y con una anticipación de por lo menos ocho días en relación con la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; asimismo, para que remita las constancias completas y legibles necesarias para apoyarlo. Se apercibe que de no hacerlo, en la sentencia que se dicte en este asunto, se presumirá la certeza del acto reclamado y les será impuesta MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el transcurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp ello en virtud de que únicamente se harán de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial aquéllas notificaciones que por su importancia y trascendencia deban notificarse con las reglas de las que deban ser personales. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Causas de sobreseimiento Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la ley de la materia, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa de treinta a trescientos días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme a las disposiciones establecidas en la parte final del párrafo que antecede. Conocimiento previo Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este juzgado si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en este juicio constitucional, esto es, que haya sido promovido por la quejosa o que derive del mismo procedimiento del que emanan los actos reclamados; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Terceros interesados Ahora bien, este juzgado de distrito se reserva tener con el carácter de terceros interesados a las personas que indica la quejosa en su escrito de cuenta, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe con justificación, en el que se advierta datos que permitan a este órgano de control constitucional, constatar si les asiste o no tal carácter y, de ser el caso, estar en aptitud de emplazarlos al juicio de amparo que nos ocupa. Domicilio y autorizados Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su demanda de amparo, así como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que se señala para tales efectos. Habilitación de días y horas inhábiles En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Por último, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese. (3)

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 3,876 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano