Ma. del Socorro Arroyo Cruz
Expediente 2826/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2826/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/12/2019
Partes del expediente
- Ma. del Socorro Arroyo Cruz
Actuaciones
- Principal
Tepic, Nayarit, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias de autos y certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***." En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dieciocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 38 a 55), se llevó a cabo el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la impetrante Eulalia Bonilla Huizar, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, consistentes en la expedición, aprobación, promulgación, publicación y aplicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente, los artículos 24, fracción XII, 11, 12 y 13, así como los arábigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. En diverso auto de diez de julio de este año (fojas 65 a 67) dicha determinación causó ejecutoria y por tanto se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días, siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: "1. Desincorporen de la esfera jurídica del amparista los artículos 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, así como los arábigos 24, fracción XII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen tales preceptos legales en el presente ni en el futuro. 2. En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva a la parte quejosa las contribuciones erogadas por motivo de la aplicación del arábigo 24, fracción XII de la ley declarada inconstitucional. 3. De igual manera, para que dicho recaudador no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; por tanto, deberá devolver al quejoso el pago que realizó por los impuestos previstos en los citados preceptos. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.. (.) Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa...". En ese contexto, de la sentencia definitiva de mérito se advierte que la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables, esencialmente, realizaran lo siguiente: Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en los artículos 24, fracción XII, 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Devolverle las contribuciones erogadas por motivo de la aplicación de los artículos 24, fracción XII, 11, 12 y 13 de la ley declarada inconstitucional. En la inteligencia de que la cantidad a devolver deberá estar debidamente actualizada. No obstante lo anterior, el Director General Jurídico Contencioso dependiente de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en representación de las responsable Secretario y Recaudador de Rentas de dicha secretaría, interpuso recurso de revisión contra dicha resolución de dieciocho de junio del año en curso (fojas 38 a 55); el cual, por razón de turno, conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, bajo el consecutivo 624/2019, el que desechó por extemporáneo el veintitrés de agosto de la presente anualidad (fojas 98 y 99; dejando firme dicha determinación el dieciséis de octubre siguiente (foja 101); por lo que, el dieciocho de octubre de la anualidad que cursa se requirió de nueva cuenta el cumplimiento a la ejecutoria de mérito (foja 102 y 103). En atención a lo anterior, mediante diversos comunicados se tuvo al recaudador responsable informando diversas gestiones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de autos, así hasta que por oficio registrado con número de folio 34021 (fojas 117 a 119) la delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve realizó la entrega del cheque número 0001552 (mil quinientos cincuenta y dos) por la cantidad de $7,017.38 (siete mil diecisiete pesos con treinta y ocho centavos 38/100 moneda nacional), cantidad que en su momento erogó la solicitante de amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y al efecto remitió el acuse de recibo respectivo (foja 118). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $6,988.92 (seis mil novecientos ochenta y ocho pesos con noventa y dos centavos 92/100 moneda nacional) por los siguientes conceptos: No. Concepto Cantidad 1 DERECHO DE REFRENDO $4,596.00 2 FOMENTO A LA EDUCACIÓN $1,149.00 3 ASISTENCIA SOCIAL $689.40 4 U.A.N. $551.52 5 COMISIÓN BANCARIA $3.00 TOTAL $6,988.92 Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa de $3.00 (tres pesos 00/100 moneda nacional), pagada por concepto de "comisión bancaria", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de $6,985.92 (seis mil novecientos ochenta y cinco pesos con noventa y dos centavos 92/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el treinta de abril de dos mil diecinueve y la entrega del cheque por el que se reintegró la suma en comento se realizó el veintiuno de noviembre del año en curso; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril al mes de noviembre, ambos de este año. No obstante lo anterior, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de marzo entre el índice para el de octubre, ambos del año actual (al ser los meses inmediatos anteriores de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril aún no se publicaba a la fecha en que se llevó a cabo la erogación reclamada; y, el del mes noviembre de dos mil diecinueve, aun no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues dicha devolución se llevó a cabo el veintiuno de noviembre de este año (foja 118) por lo que es evidente que al momento en que se realizó el pago referido todavía no se publicaba el citado índice, ni el diverso de octubre del mismo año; entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomarán en cuenta los diversos correspondiente al mes de marzo y octubre de la presente anualidad. Ahora, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil diecinueve fue de 103.476; y para el mes de octubre de la anualidad que cursa de 104.007; en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 1.0051. Consecuentemente, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la suma de $7,021.54 (siete mil veintiún pesos con cincuenta y cuatro centavos 54/100 moneda nacional). En suma, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el recaudador responsable devolvió a la parte quejosa dos cheques por la cantidad de $7,017.38 (siete mil diecisiete pesos con treinta y ocho centavos 38/100 moneda nacional)por motivo de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y la actualización correspondiente. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la parte quejosa era de $7,021.54 (siete mil veintiún pesos con cincuenta y cuatro centavos 54/100 moneda nacional);sin embargo, éste reintegró la diversa de $7,017.38 (siete mil diecisiete pesos con treinta y ocho centavos 38/100 moneda nacional), es decir, $4.16 (cuatro pesos con dieciséis centavos 16/100 moneda nacional), menos de lo correspondiente; no obstante, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la dimensión de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla, en razón de que los gastos administrativos que se realizarían a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación de cuenta se advierte, que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución emitida el once de noviembre del año en curso (fojas 47 a 50); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese tenor, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 214 de la Ley aplicable, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurra un plazo de cinco años contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción II, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el dispositivo 11 del citado Acuerdo. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable denominada Jefe de la Contraloría Social e Investigación del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, el legajo de constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación (foja 38 a 41), por no ser necesarias, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
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