Ma. del Rosario Sandoval Quintana

Expediente 2445/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2445/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Ma. del Rosario Sandoval Quintana
  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Sin realizar pronunciamiento alguno respecto del incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. De otra parte, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe con justificación, constantes en un legajo, por no ser necesarias. CAMBIO DE TITULAR. Finalmente, comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que en cumplimiento al oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 2445/2019 promovido por ******, por conducto de su apoderado especial ***************; en audiencia pública la licenciada ***********, Secretaria en Funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, quien actúa con la licenciada Maricruz Velázquez Márquez, secretaria que autoriza y da fe, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Además, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron presenciar la presente audiencia por videoconferencia en el equipo de cómputo que este juzgado destinó para ello, acorde con el Acuerdo General 21/2020; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico coinciden con las que obran en electrónico. Abierta la audiencia. La secretaria procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan las siguientes: a) Escrito de demanda y libelo aclaratorio (fojas 2 a 11 y 18 y 19). b) Informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad (foja 25). c) Constancia de emplazamiento a juicio del tercero interesado (fojas 141). A lo que la secretaria en funciones de juez determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta a la juez con las documentales que remitió la autoridad responsable, en apoyo a su informe con justificación, consistentes en diversas copias certificadas del juicio laboral 78/2019 de su índice (fojas 26 a 47), así como las enviadas a través del oficio 548/20-A (fojas 65 y 66). A lo que la secretaria en funciones de juez provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales referidas por la parte procesal citada, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. Sin que alguna de las partes los haya formulado. A lo que la titular determina: Al no haber alegatos que reproducir, se da por concluida la presente etapa, por lo que al encontrarse debidamente integrado el expediente y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se levanta la presente acta en términos del referido numeral 124 de la ley de la materia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 2445/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, Ma. del Rosario Sandoval Quintana, por conducto de su apoderado especial **********solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital. ACTUARIO NOTIFICADOR DEL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, con domicilio ampliamente conocido en esta ciudad capital." "IV.- ACTOS RECLAMADOS: DEL TRIBUNAL; La omisión de señalar fecha y desahogar audiencia estipulada en el numeral 134 y 136 de los Estatutos Jurídicos para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipio e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal." Asimismo, en su escrito aclaratorio indicó: "El acto reclamado es la omisión de señalar y celebrar audiencia estipulada en el numeral 136 de los Estatutos Burocráticos Estatales. El actuario notificador se desconocen porque el mismo ha sido omiso en notificarlos (sic) acuerdos que emite el Tribunal responsable a la parte que represento, señalándolo como autoridad responsable ejecutora de los acuerdos que emite al Tribunal responsable" Actos que consideró violatorio a sus derechos humanos previstos en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Mediante acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, previo cumplimiento a la prevención formulada en autos, admitió a trámite la demanda registrada con el número 2445/2019; entre otras cosas, solicitó informe justificado a la autoridad responsable; ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los dispositivos 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; asimismo, el 144, en relación con el 55, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que el acto omisivo se atribuye a una autoridad laboral que tiene su sede dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de lo establecido por los preceptos legales y Acuerdo General de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar, debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del precepto 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de garantías, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis y jurisprudencia de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías se observa, que la parte quejosa reclama en esencia: La omisión de señalar fecha y celebrar la audiencia de pruebas y alegatos y resolución prevista en el numeral 136 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit en el juicio laboral 78/2019, y la omisión de notificarla en tiempo y forma. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente Árbitro y Actuario Notificador, todos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, al rendir el informe con justificación, el primero de ellos en representación de ese tribunal, aceptaron los actos impugnados. Para acreditarlo remitieron copia certificada del juicio laboral 78/2019. Informe y constancias que poseen valor probatorio pleno dado su carácter de públicos al haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de su función pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio, por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Estudio y resolución del asunto. Al no advertirse alguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que la suscrita advierta alguna de oficio, procede abordar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El motivo de impugnación hecho valer resulta ineficaz, como se argumentará a continuación. La peticionaria del amparo aduce, en esencia, que las responsables vulneran el derecho de expedita administración de justicia que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, ya que no obstante que el seis de febrero de dos mil veinte se llevó a cabo la audiencia de conciliación en el juicio laboral 78/2019, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, no se ha señalado fecha para la celebración de audiencia de pruebas y alegatos y resolución prevista en el numeral 136 del estatuto aplicable; y por ende, no se ha notificado en tiempo y forma. Agrega, que esa situación ocasiona dilación en el juicio laboral, en virtud de que no se está actuando dentro de los términos que establece el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y la Ley Federal del Trabajo. Como se anticipó, el concepto de violación sintetizado resulta ineficaz, ya que la administración de justicia, como derecho fundamental protegido por el segundo párrafo del arábigo 17 constitucional, comprende cuatro aspectos: 1. Justicia pronta. Consiste en que las autoridades encargadas de su impartición deben resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes correspondientes. Lo anterior, se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. 2. Justicia completa. Se integra con la obligación de la autoridad que conoce del asunto de resolverlo de manera plena, es decir, considerando todos los puntos debatidos cuyo estudio sea necesario. 3. Justicia imparcial. Consiste en que los órganos jurisdiccionales deben resolver las controversias que ante ellos se planteen sobre bases razonables, es decir, sin que arbitrariamente se favorezca a una parte sobre la otra. 4. Justicia gratuita. Establece que por la administración de justicia, los órganos jurisdiccionales y sus integrantes se encuentran impedidos para cobrar contraprestación alguna. Es sustento de lo considerado, la jurisprudencia 2a. L/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo expuesto resulta relevante el aspecto relativo a la administración de justicia de manera pronta. Sobre ese tópico, en lo conducente, el dispositivo 17 constitucional dispone: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del texto constitucional transcrito se advierte que la prontitud en la administración de justicia consiste en que las autoridades jurisdiccionales tramiten y resuelvan las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En consecuencia, este derecho comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Luego, la consecuencia de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios implica una violación al numeral 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. En ese contexto, el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, resulta aplicable al presente asunto, ya que el juicio laboral se presentó el siete de enero de este año (antes de que fuera abrogado, a saber: treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve), mismo que dispone en lo que al asunto interesa: "Artículo 134.- Tan pronto reciba la primera promoción o demanda en su caso, relativa a un conflicto individual, colectivo o sindical, la junta citará a las partes dentro de las veinticuatro horas siguientes a una audiencia de conciliación, que deberá llevarse a cabo dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la citación. En esta audiencia procurará avenir las partes; de celebrarse convenio, se elevará a la categoría de laudo ejecutoriado. Si no se avienen remitirá el expediente a la Secretaría de Acuerdos del Tribunal para que se proceda al arbitraje de conformidad con el procedimiento que establece este capítulo. "Artículo 135.- En el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no se requiere forma o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes." "Artículo 136. El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá: a la presentación de la demanda respectiva, la que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la contestación, que se hará en igual forma y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del propio Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y una vez desahogadas se dictará laudo." "Artículo 139.- La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de tres días, contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos que comprenda la demanda y no sólo negándolos, asimismo ofrecerá pruebas en los términos de la fracción V del artículo anterior. Cuando el domicilio del demandado se encuentre fuera del lugar en que radica el Tribunal, se ampliará el término en un día más por cada sesenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad." "Artículo 140.- El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y en su caso, a los testigos y peritos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución." De lo anterior se desprende que una de las características esenciales del juicio laboral, además de su sencillez, es la prontitud con la cual se van desarrollando cada una de sus etapas, pues en éste rigen los principios de concentración, inmediatez y economía procesal. Asimismo, que el procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva, la que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la contestación, que se hará en igual forma y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución. Esto es, los juicios laborales tramitados ante los Tribunales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, constarán de las siguientes etapas: Presentación de la demanda. Contestación de demanda. Audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Lo anterior, siempre y cuando el tribunal no requiera la práctica de otras diligencias, pues en ese caso ordenará que se lleven a cabo y una vez desahogadas se dictará laudo. De lo anterior, se colige que el procedimiento laboral consta de diversas etapas que se encuentran vinculadas entre sí y en un orden de prelación; es decir, para que el tribunal laboral se encuentre en condiciones de emitir el laudo correspondiente debe agotar las fases previas; es decir, hasta en tanto no se desarrollen en su totalidad cada una de las citadas etapas se puede avanzar a la que sigue y así consecuentemente. En ese sentido, los juicios laborales se conforman por etapas y actos relacionados entre sí, que se desarrollan en forma lógica y sistematizada para resolver una controversia. De ahí que, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. Entonces, dada la íntima vinculación entre las etapas procesales que conforman los procedimientos laborales, cuando los Tribunales de Conciliación y Arbitraje infringen el derecho de impartición de justicia pronta de las partes, esta violación perdura hasta en tanto el juicio concluya. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Gaceta, tomo XXV, Novena Época, abril de dos mil siete, página trescientos setenta y tres, que dice: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS. El juicio ordinario laboral se conforma por etapas y actos concatenados entre sí, desarrollados en forma lógica y sistematizada, para obtener generalmente un laudo, los cuales deben realizarse dentro de los plazos y términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, debido a la conexión de esas etapas y actos, el retraso u omisión en la realización de los actos previos, indefectiblemente ocasiona que los subsecuentes ya no se efectúen con puntualidad, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio. De esta manera, si en el amparo se reclama la dilación u omisión en el trámite de un juicio laboral y durante la sustanciación de aquél, la autoridad responsable no agota cabalmente el procedimiento ni dicta laudo, sino que esa condición de retraso u omisión persiste también respecto de los actos subsecuentes a los reclamados y se proyecta a etapas ulteriores del proceso, no se actualizan las causales de improcedencia del juicio previstas en las fracciones V, X, XVI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque el quejoso conserva su interés jurídico para solicitar la tramitación expedita del juicio, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos; no opera un cambio de situación jurídica que tenga por consumadas irreparablemente las violaciones, porque sigue existiendo el estado de las cosas prevaleciente al momento de pedir el amparo, consistente en la falta de prontitud en la tramitación y resolución del juicio; no cesan los efectos de las dilaciones y omisiones reclamadas ni éstos quedan destruidos como si se hubiera otorgado la protección constitucional, sino que perduran hasta en tanto el juicio laboral continúe y concluya. Las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no son actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, es ineludible que ya no se desarrollará con prontitud. Además, la autoridad responsable no queda indefensa, porque las infracciones subsecuentes, además de que compartirían la misma naturaleza que las reclamadas, al tratarse de dilaciones u omisiones en la tramitación y resolución oportuna de la controversia, se generarían en el mismo expediente laboral, respecto del cual se promovió el juicio de garantías, del que ya tuvo noticia y manifestó lo conducente al rendir su informe con justificación y este conocimiento de los hechos, inclusive, le permitirá actuar con celeridad para no incurrir en mayores dilaciones". Ahora, del análisis de las constancias que integran el juicio laboral 78/2019, cuyo valor probatorio fue tasado con antelación, se advierte que el seis de febrero de dos mil veinte se llevó a cabo la audiencia de conciliación (foja 66); prevista en el artículo 134 del estatuto aplicable, sin la asistencia de las partes y se ordenó remitir el expediente a la Secretaría del Tribunal responsable para que se procediera al arbitraje; asimismo, se ordenó correr trasladado a la parte demandada con las copias simples de la demanda y anexos para que en el término de tres días más uno en razón de la distancia, contados al siguiente de su notificación diera contestación a la demanda y ofreciera pruebas; bajo apercibimiento que en caso contrario se tendría por contestada en sentido afirmativo y por precluido su derecho para ofrecer pruebas (foja 66). Sin que se hubiera efectuado el emplazamiento a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, a pesar de que en esa audiencia se ordenó. Por tanto, es menester que dicha diligencia se agote a fin de que se siga con la tramitación del juicio laboral en sus diversas etapas, pues mientras éste no se verifique no se podrá continuar con las subsecuentes actuaciones, lo que ocasionará una paralización del procedimiento y, por ende, una violación al derecho humano de pronta impartición de justicia del gobernado. De ahí que, a efecto de que la responsable pueda señalar fecha y celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y resolución que establece el artículo 136 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, es presupuesto indispensable que se emplace a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, y transcurra el término de tres días más uno en razón de la distancia, otorgado para que de contestación a la demanda y ofrezca pruebas. Por lo que la autoridad responsable no está en posibilidad de celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el juicio laboral 78/2019, como lo pretende la parte quejosa. Entonces, la omisión de la responsable de señalar y celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y resolución que establece el artículo 136 del estatuto invocado, en el juicio de origen, no es violatoria de derechos humanos en sí misma, por lo que es necesario que la impetrante acredite su inconstitucionalidad, esto es, que en el juicio laboral en que alega no se ha celebrado la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, a pesar de estar en estado procesal para ello, es decir, se hubiere emplazado a la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, y hubiere transcurrido el término de tres días más uno en razón de la distancia, otorgado para que diera contestación a la demanda y ofreciera pruebas, situación que, se reitera, en la especie no aconteció, ya que a la presentación de la demanda de amparo no se había emplazado a dicho ayuntamiento. Por tanto, la parte quejosa no demostró en esta instancia constitucional, que las responsables hubieran incurrido en demora al omitir celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, mucho menos que el expediente se encuentre en estado procesal para ello; y, por ende, que se conculque en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 constitucional. En efecto, la omisión de las autoridades laborales de desahogar el arbitraje, señalar fecha para la celebración de audiencia de pruebas y alegatos y resolución, así como la omisión de notificarla en tiempo y forma, está justificada desde el momento en que se acredita que el expediente de referencia no se encuentra en el estado procesal para ello. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informa, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 50/97, visible en la página 304, Tomo VI, Octubre de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Consecuentemente, al resultar ineficaz el concepto de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, se niega la protección constitucional solicitada. Respecto a las manifestaciones formuladas por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, en vía de alegatos, no se analizan en virtud de que no forman parte de la litis. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/94 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página catorce, del tomo ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 205449, del contenido literal siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.- Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Si bien el criterio invocado se generó con base en la interpretación de los preceptos 77, 79, 116, 147, 149 y 155 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también es aplicable en tanto que no se opone a las normas previstas en la ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de esos numerales se reproducen en esencia en el 74, 76, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 124 de la ley en cita. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra los actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, y al Actuario Notificador adscrito, consistentes en la omisión de señalar fecha y celebrar la audiencia de pruebas y alegatos y resolución prevista en el numeral 136 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit, en el juicio laboral 78/2019, y la omisión de notificarla en tiempo y forma. Atento a los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución de control constitucional.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdo en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia, por Ministerio de Ley, con sede en San Blas, Nayarit, a través del cual devuelve diligenciado el despacho número 116/2021-V, de veinte de julio de la anualidad actual, mismo que le fue enviado a efecto de que hiciera entrega de la comunicación oficial 4574/2021, al Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit aquí tercero interesado, por conducto del Síndico Municipal, por el que se le notificaba la reanudación de plazos y términos dentro del presente juicio, así como la hora y fecha señalada para el verificativo de la audiencia constitucional; en consecuencia, agréguese a sus autos el comunicado y anexos de cuenta para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y acúsese el recibo de estilo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que por proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, se ordenó girar atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en San Blas, Nayarit, a fin de que en auxilio de este Juzgado Federal, comisionara al actuario de su adscripción, para que se constituyera en las instalaciones del Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit, en su carácter de parte tercera interesada, e hiciera entrega del comunicado 4574/2021, por el cual se le hacía de su conocimiento la reanudación de plazos y términos del presente juicio de amparo, así como la hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin que a la data en que se actúa, se tenga noticia sobre la comunicación oficial de referencia ni obre el acuse de recibo de la pieza postal que lo contenía. Atento a lo anterior, se comisiona al Actuario Judicial para que a la brevedad posible ordene el envío de la comunicación oficial de que se trata, toda vez que su diligenciación resulta necesaria para la prosecución de éste sumario constitucional. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE PARA LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Luego, de la audiencia indicada se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, no es indispensable que concurran a ella las partes, aunque podrán alegar por escrito sin acudir físicamente a dicho acto. Si las partes quieren presenciar la celebración de la audiencia constitucional a través del sistema de videoconferencia en el equipo de cómputo de este juzgado destinado para ese propósito, los interesados deberán informarlo en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de estar en condiciones de realizar las gestiones que resulten necesarias. Comuníquese a las partes para los efectos legales conducentes que mediante oficio CCJ/ST/2822/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del once de agosto de dos mil veintiuno, designó a la licenciada Alva Miranda Ramírez como Secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit con motivo de la readscripción de la licenciada Isaura Romero Mena a diverso órgano jurisdiccional; lo anterior, hasta en tanto la citada comisión así lo determine, o bien, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal adscriba nuevo titular. NOTIFIQUESE

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